El programa está cofinanciado con 292.355 euros del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y da cobertura a una población de referencia de 26.282 niñas, niños y adolescentes

Durante el encuentro organizado por la Dirección General Planificación y Presupuesto de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la comitiva pudo conocer y evaluar el trabajo realizado por la Unidad desde su puesta en marcha en octubre del 2025

El recurso cuenta con un equipo formado por una psiquiatra, una enfermera, un terapeuta ocupacional y una trabajadora social, que coordinan su labor con la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil, las familias y otros recursos sanitarios, sociales y educativos.

La Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, recibió este jueves, 1 de octubre, la visita de una comitiva formada por responsables de la gestión del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) Canarias 2021-2027, con el objetivo de conocer el trabajo desarrollado en la isla por la Unidad de Atención Domiciliaria de Salud Mental Infantojuvenil.

Puesta en marcha en octubre de 2025, la financiación de esta unidad ha contado con una aportación de 292.354 euros procedentes de este fondo, 39.206 en el último trimestre de 2025 y 253.148 euros para el presente ejercicio.

En el encuentro organizado por la Dirección General Planificación y Presupuesto de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, como órgano de gestión del Programa en Canarias, la comitiva europea compuesta por Diogo Silva y Mariam Raduta, tuvo la oportunidad de conocer y evaluar de primera mano el trabajo de atención domiciliaria desarrollado por los profesionales sanitarios con menores que presentan patologías de salud mental.

La unidad está conformada por un equipo con alta disponibilidad que se desplaza por toda la isla, lo que permite intensificar la intervención y el seguimiento de pacientes complejos que requieren un seguimiento más estrecho y para los que la atención habitual en consultas externas no resulta suficiente. Desde su puesta en marcha, el equipo de profesionales sanitarios ha atendido a 24 menores, con una edad media de 14 años.

A esta visita técnica acudieron representantes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como el gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguia. Por parte de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones participaron su jefe de Servicio, Eugenio Chinea, y la psicóloga de la Unidad de Apoyo, Adelaida Gutiérrez. También se sumaron a la presentación del programa la jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, Sandra Villanueva, y la coordinadora de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil, Ana Madrigal.

Según explicaron a los delegados europeos, el objetivo principal de la creación de esta Unidad de Atención Domiciliaria para menores ha sido garantizar una atención sanitaria de calidad a las niñas, niños y adolescentes de la isla con patologías complejas de salud mental, favoreciendo la equidad territorial, reduciendo las demoras en la atención sanitaria y descentralizando la atención hospitalaria hacia el domicilio y el entorno escolar.

De este modo, Lanzarote, como isla no capitalina, dispone de un dispositivo especializado y autónomo que evita desplazamientos interinsulares a los pacientes que requieren este tipo de atención.

Un paso más: llevar la atención al entorno del menor

La Unidad de Atención Domiciliaria Infantojuvenil se sumó en 2025 a la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil (USMIJ) de la Gerencia de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, localizada en el Centro de Salud de Tías, como un recurso específico financiado con fondos europeos FSE+.

Atiende a una población de referencia de 26.282 menores de entre 6 y 18 años con psicopatología aguda y riesgo de descompensación, que mantienen cierto nivel de contención familiar y son derivados desde la propia USMIJ. Su principal particularidad es que la intervención se desarrolla, cuando las características del caso lo requieren, en el propio entorno del menor, lo que permite trabajar con las familias y los centros educativos sobre las circunstancias cotidianas que forman parte de su proceso de recuperación.

La visita permitió dar a conocer a los representantes europeos la experiencia desarrollada en Lanzarote desde la puesta en marcha de esta unidad y el trabajo que se realiza de forma coordinada con la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil para ofrecer una atención más personalizada e intensiva.

Desde su puesta en marcha, la unidad ha atendido a 24 menores, con una edad media de 14 años. El paciente más joven tenía once años y el de mayor edad, diecisiete. La duración media de los tratamientos ha sido de 4,6 meses, con una media de treinta sesiones por caso; y de los pacientes atendidos, quince han finalizado el tratamiento por mejoría.

El recurso cuenta con un equipo formado por un psiquiatra, una enfermera, un terapeuta ocupacional y una trabajadora social, que coordinan su labor con la USMIJ, las familias y otros recursos sanitarios, sociales y educativos.

Una nueva forma de abordar la salud mental

El trabajo comienza con la derivación desde la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil y continúa con una valoración individualizada del caso, la definición de objetivos y la planificación de un programa de intervención en función de las necesidades de cada paciente. El equipo determina la frecuencia y duración de las intervenciones y mantiene un seguimiento conjunto con la unidad de referencia.

La intervención incluye desde el seguimiento psicopatológico y farmacológico hasta el acompañamiento familiar, el control de la salud física, el trabajo sobre las capacidades funcionales y las habilidades para la vida diaria o la coordinación con recursos sociales y educativos.

Los datos de actividad de la unidad muestran además una distribución prácticamente equilibrada en cuanto a la procedencia de los pacientes: el 54 por ciento procede de zonas urbanas y el 46 por ciento de zonas rurales.

En la mayoría de los casos atendidos se han identificado disfunciones relevantes en la dinámica familiar y en todos los casos ha sido necesaria la coordinación con Servicios Sociales y Equipos de Orientación Escolar, poniendo de manifiesto la importancia de un abordaje que trascienda el ámbito estrictamente sanitario.

El gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, Pablo Eguia, señaló durante la visita, que “la atención a la salud mental infantojuvenil necesita recursos que permitan adaptar la asistencia a la realidad de cada menor. La Unidad de Atención Domiciliaria nos permite dar un paso más y acercar la intervención al entorno familiar y cotidiano del paciente, reforzando además la coordinación entre los profesionales sanitarios y los recursos sociales y educativos”.

Una actividad que crece

La atención especializada a la salud mental de niños y adolescentes del Área de Salud de Lanzarote ha incrementado su actividad durante el último año, al tiempo que se ha incorporado nuevos recursos para ofrecer una atención más intensiva y próxima a los menores y sus familias.

Entre enero y agosto de 2026, la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil realizó un total de 7.729 consultas, frente a las 5.445 registradas durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento notable del 42 por ciento.

La asistencia se articula a través de un equipo multidisciplinar en el que participan profesionales de Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Terapia Ocupacional y trabajadores sociales, adaptando la intervención a las necesidades de cada menor.

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El acto ‘Responsabilidades que transforman’, enmarcado en el programa Urdimbre, pone en valor la colaboración entre Administración, empresas y entidades sociales para favorecer la autonomía y la inclusión sociolaboral. El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez, destacan que se haya atendido a 2.000 jóvenes a través de esta iniciativa

El Gobierno de Canarias ha reconocido hoy (jueves 1) el compromiso de las empresas y entidades que colaboran en la integración sociolaboral de jóvenes extutelados que han pasado por el sistema de protección de Canarias, ofreciéndoles formación, oportunidades laborales y acompañamiento para avanzar hacia una vida autónoma. El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez, participaron hoy en el acto Reconocimiento de Canarias al Compromiso Social · Responsabilidades que transforman, celebrado en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en el marco del programa Urdimbre. Retos hacia el empleo.

Durante la jornada se puso de manifiesto que la integración de estos jóvenes requiere de la colaboración de las administraciones, las entidades sociales y, de manera especialmente importante, del tejido empresarial. El programa Urdimbre del Gobierno de Canarias impulsa la formación y el acceso al empleo de menores y jóvenes que están o han estado bajo la tutela de la Administración autonómica, con el objetivo de facilitar su transición hacia la vida adulta y la construcción de un proyecto de vida propio.

Francis Candil destacó que “hay una diferencia enorme entre acoger a una persona y ayudarla a construir una vida propia”, y señaló que Urdimbre trabaja precisamente en esa segunda parte, a través de la formación, el acompañamiento y el acceso al empleo. “El objetivo último no es que una persona dependa indefinidamente de una Administración. El objetivo es que pueda ser autónoma, trabajar, tener ingresos, cotizar, relacionarse con sus compañeros y construir su propio proyecto de vida”, afirmó. En este proceso, añadió, “las empresas tienen un papel que ninguna Administración puede sustituir”, ya que son las que hacen posible que la formación y el acompañamiento se traduzcan en una oportunidad laboral real.

El viceconsejero de Bienestar Social agradeció la implicación de las empresas que han decidido incorporar a sus plantillas a jóvenes vinculados al sistema de protección y defendió que la responsabilidad social corporativa también implica “participar en la construcción de una sociedad más cohesionada”. Así, Candil destacó que el programa Urdimbre ha permitido atender a 2.000 jóvenes, de los cuales 1.200 han recibido formación y se han realizado 840 inserciones laborales.

Por su parte, Sandra Rodríguez, indicó que “es importante poner el foco precisamente en quienes hacen posible el siguiente paso tras la llegada de esos niños y niñas a Canarias: empresas y entidades que convierten la responsabilidad social en oportunidades concretas y que contribuyen a que estos jóvenes puedan dejar atrás una etapa de protección y avanzar hacia un proyecto de vida autónomo”.

Empresas que generan oportunidades

El acto contó con una mesa redonda en la que representantes de empresas, entidades sociales y jóvenes participantes en el proyecto compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre el impacto que la integración sociolaboral tiene en sus vidas.

La mesa, moderada por Juan Carlos Lorenzo de Armas, coordinador de CEAR Canarias, contó con la participación de Pedro García Peraza, coordinador de DEMENAS de la Asociación Coliseo; Antonio Molina Torres, director de la Fundación Canaria MAIN; Sonia Álvarez Martín, directora de Recursos Humanos de Barceló Canarias/Cabo Verde y Madeira; Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, director de Talento y Cultura de Domingo Alonso Group; y Judith Vega Martínez, directora de Personas y Equipo del Grupo SATOCAN. También tomaron la palabra Mohamed Samba y Awa Touray, jóvenes beneficiarios del proyecto, que pudieron trasladar su experiencia de acompañamiento, formación e incorporación al mercado laboral.

La participación de las empresas en Urdimbre permite, además, conectar las capacidades y la formación de estos jóvenes con las necesidades reales del mercado laboral. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha desarrollado acuerdos con distintos sectores empresariales y entidades para favorecer tanto la cualificación profesional como la contratación. Al respecto, Candil subrayó que “el Gobierno de Canarias solo no habría podido hacer esto” y defendió la necesidad de seguir construyendo alianzas que permitan que los jóvenes que han pasado por el sistema de protección encuentren oportunidades reales una vez que afrontan su transición a la vida adulta.

“Necesitamos empresas que den oportunidades reales y que entiendan que la responsabilidad social también significa participar en la construcción de una sociedad más cohesionada”, señaló.

De la protección a la autonomía

El programa Urdimbre parte de una idea central: la protección debe ir acompañada de herramientas que permitan a los jóvenes desarrollar progresivamente su autonomía. La formación y el empleo constituyen, en este sentido, elementos fundamentales para facilitar una transición a la vida adulta con mayores garantías.

Desde su puesta en marcha, el programa ha permitido desarrollar acciones formativas y de acceso al empleo en distintos sectores y mediante la colaboración con empresas y entidades de Canarias. En septiembre de este año, el Gobierno cifraba en alrededor de 1.200 los menores y jóvenes que habían recibido formación sociolaboral y en 840 los que habían accedido al mercado laboral a través de Urdimbre.

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La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, anuncia que el Gobierno de Canarias continuará la vía jurídica ante la falta de acuerdo sobre quién debe realizar este procedimiento y reclama que se concrete también la figura del defensor del menor. El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que la competencia del triaje corresponde a la Administración competente en la gestión de fronteras

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado que asuma el triaje de los menores migrantes previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo y ha advertido de que el Gobierno de Canarias continuará recurriendo a la vía judicial para defender las competencias de la Comunidad Autónoma y, sobre todo, los derechos de los menores.

Delgado realizó estas declaraciones tras la reunión mantenida hoy (lunes 7) con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que se abordaron, entre otras cuestiones, el proceso de regulación y el sistema de acogida del Ministerio de Inclusión en Canarias. Delgado estuvo acompañada por el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la secretaria técnica general, Ángeles Bogas.

Delgado señaló que la reunión no permitió avanzar en la principal cuestión de discrepancia: quién debe asumir el triaje de los menores durante el control fronterizo, tal y como establece el Pacto Europeo de Migración y Asilo. “El triaje es competencia del Estado. El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que debe realizarlo la Administración del Estado miembro competente en la frontera exterior y, en España, esa competencia no ha sido delegada a las comunidades autónomas”, afirmó.

La consejera de Bienestar Social insistió en que el Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el triaje es competencia de aquella Administración competente en territorios fronterizos porque lo que se pretende hacer con ese triaje es defender el territorio nacional. “Eso evidentemente es competencia del Estado. La frontera exterior no es territorio de una comunidad autónoma en aplicación del artículo 172.1 del Código Civil, que expresa que esa competencia es exclusiva del Estado”.

La consejera de Bienestar Social insistió en que Canarias no se opone a colaborar con el Estado, pero considera imprescindible que esa colaboración sea previamente definida y acordada. “El Pacto dice que las administraciones de cada territorio pueden colaborar, pero colaborar no es asumir el peso de una competencia ni supone una delegación de competencias”, explicó. En este sentido, Candelaria Delgado reclamó que se convoquen las reuniones necesarias para determinar cómo se articularía esa colaboración, qué Administración asumiría cada función y con qué medios, algo que, según indicó, Canarias lleva solicitando desde antes de la entrada en aplicación del nuevo marco europeo.

“No estamos hablando de dinero, sino de competencias”

Candelaria Delgado rechazó que la solución pueda limitarse a que el Estado financie los gastos derivados de la atención a estos menores. “No es una cuestión de dinero”, subrayó, recordando que el Decreto-ley aprobado establece que, mientras Canarias permanezca en situación de contingencia migratoria, el Estado debe asumir los gastos derivados de la atención a los menores en esa situación. “Lo que queremos es que se aplique el Decreto-ley y que estos menores tengan garantizados sus derechos”, afirmó Delgado, que consideró que Canarias no puede asumir “otra competencia más del Estado sin ninguna negociación previa”.

La consejera también reclamó que se concrete la figura del defensor del menor contemplada en el procedimiento de triaje europeo. Aclaró que no se trata de la persona que posteriormente ejerce la tutela o la guarda, sino de una figura de representación destinada a garantizar que los derechos del menor sean respetados durante el procedimiento. “Todavía no se ha definido quién va a ser esa figura, qué perfil va a tener o qué funciones concretas va a desarrollar”, señaló, reclamando al Estado que concrete estos aspectos.

Canarias continuará la vía jurídica

Ante la falta de acuerdo, Candelaria Delgado anunció que el Gobierno de Canarias continuará con las actuaciones jurídicas iniciadas. “Ya hemos presentado un primer escrito al delegado del Gobierno con toda la información elaborada por nuestros servicios jurídicos. El siguiente paso será realizar un requerimiento al Estado y, si es necesario, elevaremos esta cuestión al Tribunal Supremo”, explicó.

La consejera de Bienestar Social lamentó que la discrepancia tenga que acabar nuevamente en los tribunales y reclamó al Estado una respuesta urgente. “Mientras tanto volvemos a tener hacinamiento en Canarias, volvemos a aumentar los números de atención de menores y eso es algo que Canarias no puede tolerar”, afirmó.

Delgado recordó que el Pacto Europeo de Migración y Asilo fue aprobado en 2024 y que sus disposiciones son de obligado cumplimiento para los Estados miembros desde el pasado 12 de junio. “El Estado ha tenido dos años para adecuar su normativa a esta nueva realidad europea”, señaló. La consejera insistió finalmente en que la prioridad debe ser garantizar la protección de los menores. “Mientras tanto, los derechos de estos menores se siguen vulnerando y Canarias no lo va a permitir”, concluyó.

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La entrada y registro se llevó a cabo durante la jornada de hoy en una vivienda del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria

La investigación, dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Plaza n.º 3, permanece bajo secreto de las actuaciones para garantizar su correcto desarrollo y la protección de las personas menores de edad afectadas

El Grupo de Denuncias e Investigación de la Policía Autonómica —Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido hoy, miércoles 29 de julio, a una persona en el marco de la operación denominada ‘Panmesh’, relacionada con la investigación de un presunto delito contra la libertad sexual de menores.

La actuación está dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Plaza n.º 3, anteriormente Juzgado número 3 de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

El dispositivo policial se desarrolló en el barrio de La Isleta, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, donde los agentes del Grupo de Denuncias e Investigación practicaron una entrada y registro previamente autorizada por la autoridad judicial.

Como resultado de las actuaciones practicadas, se procedió a la detención de una persona presuntamente relacionada con los hechos investigados y a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales y judiciales.

La investigación continúa abierta. Las actuaciones judiciales han sido declaradas secretas con el fin de preservar el adecuado desarrollo de la investigación y proteger especialmente la identidad, la intimidad y los derechos de las personas menores de edad afectadas.

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La Consejería de Bienestar Social destaca el compromiso de los profesionales, el funcionamiento de los protocolos de seguridad y el trabajo permanente para reforzar las plantillas y mejorar las condiciones laborales

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destaca la labor que desarrollan diariamente los centros de internamiento educativo para menores que cumplen medidas judiciales, unos recursos especializados que desempeñan una función esencial en los procesos de reeducación, intervención socioeducativa y reinserción de jóvenes con perfiles de especial complejidad.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, indicó durante el Pleno del Parlamento de Canarias celebrado hoy (martes 7) que “en estos centros permanecen menores y jóvenes por decisión judicial, lo que exige una intervención altamente especializada, desarrollada por equipos multidisciplinares que trabajan cada día en un entorno de gran exigencia profesional. Educadores, psicólogos, trabajadores sociales, personal de seguridad y resto de profesionales desempeñan una labor fundamental para garantizar tanto la atención educativa como la convivencia y la seguridad dentro de los centros”.

Delgado reconoció el compromiso y la profesionalidad de estos equipos, “cuya labor resulta imprescindible para ofrecer nuevas oportunidades a los menores, acompañarlos en sus procesos de cambio y favorecer su futura integración social”, señaló durante su intervención.

La consejera de Bienestar Social también reafirmó el compromiso del Gobierno de Canarias con un modelo basado en el diálogo permanente, el apoyo a los profesionales y la mejora continua de los recursos, convencida de que el trabajo que se desarrolla en los centros de internamiento educativo constituye una pieza esencial del sistema de justicia juvenil y de la protección de la sociedad.

“Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo unos servicios que desempeñan una función social de enorme responsabilidad, garantizando tanto la seguridad como la intervención educativa que permita a estos jóvenes construir un proyecto de vida alejado de la delincuencia y plenamente integrado en la sociedad”, explicó Delgado.

En materia de personal, Delgado señaló que cualquier incidente que afecte al personal es analizado con la máxima atención. Todas las situaciones son objeto de seguimiento y se abordan mediante los protocolos establecidos, manteniendo una comunicación constante con la dirección de los centros y con los representantes de los trabajadores.

En paralelo, el departamento continúa avanzando en la mejora de las condiciones laborales del personal de la Fundación IDEO. En las últimas reuniones mantenidas con la representación sindical se ha informado del estado de tramitación de la recuperación del 5 % salarial, así como de las actuaciones que se están impulsando para reforzar las bolsas de empleo, facilitar la cobertura de plazas y abordar otras reivindicaciones como el plus de insularidad.

En este contexto, el Ejecutivo regional trabaja de manera constante para responder a los retos que afrontan estos recursos. Entre ellos figura la dificultad para cubrir determinadas vacantes derivada del absentismo laboral y de la complejidad para incorporar nuevos perfiles profesionales especializados, una situación que obliga a mantener activos de forma permanente los mecanismos de selección y contratación.

Pese a estas dificultades, la actividad de los centros continúa desarrollándose con normalidad. Las incidencias que puedan producirse forman parte de la realidad propia de unos recursos que atienden a menores con medidas judiciales y cuentan con protocolos de actuación específicos que se activan siempre que resulta necesario.

La coordinación permanente entre la Fundación IDEO, las direcciones de los centros, la Consejería y los cuerpos y fuerzas de seguridad permite dar una respuesta inmediata ante cualquier situación que requiera intervención, garantizando la seguridad de los profesionales y de los propios menores. Ejemplo de ello ha sido la reciente actuación desarrollada en el centro de Valle Tabares, donde la coordinación entre el personal del centro y la Policía Canaria permitió impedir la entrada de sustancias estupefacientes en las instalaciones gracias a un dispositivo preventivo en el que participaron los guías caninos. Actuaciones como esta evidencian el correcto funcionamiento de los mecanismos de prevención y colaboración existentes.

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La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias atiende a más de 4.000 menores, adolescentes y jóvenes a través de los programas ‘Rumbo’ y ‘Alondra’ en los dos últimos años. El 94,5% de las chicas y chicos que llegan al programa en situación de vulnerabilidad terminan su proceso con un éxito parcial o total, lo que significa que permanecen con sus familias de origen

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias refuerza su apuesta por la prevención como una herramienta eficaz para acompañar a la infancia, la adolescencia y sus familias. Esa línea de trabajo se concreta, entre otras actuaciones, en los programas Rumbo y Alondra, desarrollados junto a la Asociación Opción 3, que entre 2024 y 2025 han permitido atender a más de 4.000 menores, adolescentes y jóvenes en el Archipiélago.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, y la representante de la Asociación Opción 3, Marina Criado Rivas, presentaron hoy (jueves 3) los resultados de ambos programas. Sandra Rodríguez indicó que “prevenir es la mejor medida de protección que podemos tener y la labor que hemos desarrollado en Canarias junto a Opción 3 pone de relieve que la prevención no es solo una línea necesaria dentro de las políticas públicas, sino una apuesta que ofrece resultados concretos: favorece la permanencia de niños, niñas y adolescentes en sus familias, refuerza la detección temprana, mejora la formación de los equipos profesionales y abre oportunidades de futuro para cientos de jóvenes”.

Por su parte, Marina Criado indicó que “nosotros nos adaptamos a las demandas de las entidades, ya que disponemos de un equipo multidisciplinar que da respuesta a sus necesidades”. En ese sentido, destacó los resultados del Programa Rumbo, “que muestra un impacto muy significativo en la transición a la vida adulta, donde el 85 % de los jóvenes finalizan con éxito sus procesos de inserción formativa o laboral, alcanzando 406 inserciones laborales en dos años. Para ello, ha sido clave el trabajo conjunto con el tejido empresarial, con un total de 42 convenios de colaboración con empresas, que permiten generar oportunidades reales de acceso al empleo”.

Programa Rumbo.-

El Programa Rumbo, centrado en la prevención y la preservación familiar, ha atendido a más de 2.000 menores y jóvenes. Más allá del volumen de atención, los resultados del Programa Rumbo muestran con claridad el alcance real de la prevención. El 94,5 % de los chicos y chicas que llegan al programa en situación de vulnerabilidad terminan su proceso con un éxito parcial o total, lo que significa que permanecen con sus familias de origen. En los casos de mayor gravedad, aquellos que acceden con un expediente de riesgo declarado, el 62 % finaliza también con éxito: se cierra ese expediente y los menores continúan en su entorno familiar, sin entrar en la red de centros de protección.

Se trata de un dato especialmente relevante, ya que muchas de estas situaciones de vulnerabilidad podrían derivar, sin una intervención temprana y sostenida, en una entrada en el sistema de protección. La prevención demuestra así su capacidad no solo para detectar a tiempo, sino también para sostener a las familias, reducir el deterioro de las situaciones y ofrecer respuestas ajustadas antes de que el daño sea mayor.

Uno de los datos más relevantes es que, en el área de prevención y preservación, se ha logrado garantizar la permanencia en el entorno familiar en hasta un 85% de los casos en 2025, mejorando los resultados del año anterior, incluso en un contexto en el que aumentan las situaciones de riesgo.

Además, el programa muestra un impacto muy significativo en la transición a la vida adulta, donde el 85% de los y las jóvenes finalizan con éxito sus procesos de inserción formativa o laboral, alcanzando 406 inserciones laborales en dos años. Para ello, ha sido clave el trabajo conjunto con el tejido empresarial, con un total de 42 convenios de colaboración con empresas, que permiten generar oportunidades reales de acceso al empleo.

Programa Alondra.-

El Programa Alondra está especializado en la prevención de las violencias sexuales, entre ellas la explotación sexual, y ha llegado a 2.083 menores, adolescentes y jóvenes en los dos últimos años. El trabajo desarrollado ha reforzado la prevención frente a las violencias sexuales y la explotación sexual, al tiempo que ha contribuido a mejorar la detección precoz, la sensibilización y la intervención especializada ante nuevos riesgos que afectan a la infancia y la adolescencia.

Sandra Rodríguez señaló que “a comienzos de este año hemos puesto en marcha un nuevo servicio para atender a las menores migrantes, ya que son potenciales víctimas de violencia sexual. Hablamos de chicas que ya pueden haber sufrido violencia sexual en sus países, que pueden ser captadas por redes de tratas o incluso sufrir la ablación y que no tienen una figura paterna o materna que las proteja porque llegan solas. Nuestra obligación es atenderlas de la mejor manera posible y por eso, de la mano de Opción 3, estamos dando respuesta a esa necesidad”.

La política preventiva impulsada desde la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias también se refleja en la formación de quienes intervienen cada día en los ámbitos que abarcan los programas Rumbo y Alondra. Durante los dos últimos años, 650 profesionales del tercer sector han sido formados en prevención de violencias sexuales, detección precoz y nuevos riesgos en entornos digitales, fortaleciendo así la capacidad de respuesta de los recursos que trabajan en contacto directo con menores, adolescentes y familias.

A ello se suma el trabajo que Asociación Opción 3 desarrolla en el área de formación y empleo, donde se han firmado más de 50 convenios con empresas y entidades canarias y se ha logrado la inserción laboral de más de 400 jóvenes. Son cifras que amplían el sentido de la prevención: no se trata solo de intervenir ante una dificultad, sino también de generar oportunidades reales de futuro, autonomía e inclusión.

“La experiencia acumulada confirma además el valor del trabajo en red, la coordinación entre recursos y el papel clave de ámbitos como el educativo, el comunitario y el social para detectar señales de alerta y activar respuestas a tiempo. Esa capacidad de llegar antes, acompañar mejor y sostener procesos en el tiempo es, precisamente, una de las principales fortalezas de las políticas de prevención dirigidas a la infancia y la adolescencia.

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El programa Urdimbre da respuesta formativa y de acceso al empleo a 1.500 jóvenes extutelados/as. Hasta la fecha, 650 jóvenes han accedido al mercado laboral y otros 860 han recibido formación para el empleo a través de este programa

La Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias y la Asociación Industrial de Canarias, ASINCA, han firmado este viernes un acuerdo de colaboración para promover la inclusión social, formativa y laboral de menores migrantes sin referente familiar y jóvenes ex-tutelados/as, para su inserción en las empresas del sector industrial asociadas a ASINCA. El objetivo es mejorar su cualificación profesional, facilitar su integración sociolaboral, crear oportunidades laborales inclusivas alineadas con los principios de la responsabilidad social corporativa y contribuir a cubrir las vacantes de personal en las industrias Canarias.

«Desde la puesta en marcha del programa Urdimbre, en enero de 2025, un total de 1.495 jóvenes que han estado bajo la tutela del Gobierno canario se han visto beneficiados por el mismo, tanto accediendo a las distintas iniciativas de formación para el empleo, 860 jóvenes, como incorporándose directamente a un trabajo, 650 jóvenes, lo que nos indica no solo de la implicación de las empresas sino de la necesidad de seguir apostando por esta línea de trabajo de cara a facilitar a estos jóvenes un camino de vida», aseguró el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, durante la firma del convenio de colaboración establecido con Asinca, en el marco del programa Urdimbre. Retos hacia el empleo.

El viceconsejero de Bienestar Social enfatizó la importancia de establecer acuerdos de colaboración como el rubricado con la asociación industrial de Canarias, Asinca, ya que, indicó, «a través del programa Urdimbre se logra combinar la necesidad de las empresas de contar con mano de obra formada y facilitar a las personas jóvenes que han estado bajo la tutela del Ejecutivo canario la posibilidad de especializarse en una determinada profesión y, de esta forma, acceder al mercado laboral y desarrollar un proyecto de vida una vez cumplen su mayoría de edad».

Por su parte, el presidente regional de ASINCA, Virgilio Correa, indicó que “la industria canaria requiere incorporar a personal cualificado en diferentes áreas técnicas, y sin duda este acuerdo va a posibilitar la incorporación de jóvenes en las industrias que podrán desarrollar su carrera profesional en un sector que requiere de más trabajadores cualificados para seguir creciendo y asumiendo nuevos proyectos de inversión”.

“En base a este acuerdo -añadió- ASINCA se compromete a promover el conocimiento de las acciones desarrolladas por la Consejería de Bienestar entre sus empresas asociadas a través de la celebración de acciones formativas e informativas para promover la inserción profesional de migrantes sin referente familiar y jóvenes ex-tutelados/as, destacando el interés de las industrias asociadas en apoyar el desarrollo laboral de estos jóvenes y la generación de nuevas oportunidades”.

«La incorporación de jóvenes extutelados al mercado laboral pasa por abrir puertas y crear alianzas con las diferentes asociaciones empresariales de las islas, como es el caso de la Asociación Industrial de Canarias, que aglutina a un importante número de empresas del sector industrial canario por lo que las posibilidades de ampliar el abanico de programas formativos y de inserción al mercado laboral se incrementan notablemente», subrayó Candil, quien indicó que con la firma de este acuerdo de colaboración, la Consejería de Bienestar Social avanza en su apuesta por procurar la formación para el acceso al empleo de jóvenes que han estado bajo la tutela de la administración.

El acuerdo contempla, entre otras acciones, mejorar la cualificación profesional de las y los jóvenes extutelados, facilitar su integración sociolaboral, contribuir a la cobertura de vacantes en sectores con déficit de mano de obra en Canarias y crear oportunidades laborales inclusivas alineadas con los principios de la responsabilidad social corporativa así como promover el conocimiento de las acciones contenidas en este acuerdo de colaboración con sus empresas asociadas a través de la celebración de acciones formativas e informativas.

Hasta la fecha, se han cerrado acuerdos con una veintena grupos y asociaciones empresariales con el fin de potenciar la cualificación de jóvenes extutelados/as y promover su inclu­sión social, formativa y laboral, a la par que se da respuesta a la necesidad de mano de obra cualificada en sectores empresariales claves del tejido empresarial canario.

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La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, precisó que de las denuncias activas sobre las desapariciones de menores de los recursos de la administración, algunas se refieren a ausencias de horas o retrasos

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, precisó este miércoles que no todas las denuncias por desapariciones de menores de los centros y recursos del Gobierno tienen el mismo nivel de gravedad e insistió en la importancia de averiguar qué hay detrás de las desapariciones reincidentes. “Hablamos de 3.330 denuncias activas -matizó- que afectan a las desapariciones de 1.140 menores que efectivamente, en algún momento, han podido desaparecer, un fin de semana, llegan tarde, unas horas, días… Al no entender lo que hay detrás de las cifras se puede generar alarma”.

La responsable de Infancia realizó estas declaraciones antes de la inauguración de las de la jornada de formación sobre personas desaparecidas celebrada este miércoles con el personal de los centros y recursos de Tenerife y que el pasado martes tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria.

Sandra Rodríguez destacó la importancia del nuevo Protocolo Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y organizada por la Dirección general de Protección a la Infancia y Familias y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), que se ha trasladado a cada responsable de los centros de acogida, y en el que se establece un conjunto de medidas que buscan ofrecer una respuesta ágil a las desapariciones de personas, en este caso, menores, diferenciando entre si se trata de una desaparición consciente o voluntaria, involuntaria o delictiva.

“Con este protocolo único -manifestó- contamos con un formulario para distinguir los riesgos de cada denuncia con lo que tendremos un feedback inmediato desde el momento que se presenta la denuncia. Es un paso muy importante para diferenciar qué situación se da en cada caso ya que no es lo mismo una ausencia o un retraso”. La directora también resaltó la agilidad de esta coordinación inmediata, que se va actualizando a medida que pasan las horas, y entre otras cosas permite comunicar también de manera inmediata cuando el menor ha regresado al recurso alojativo.

La iniciativa formativa, impartida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y organizada por la Dirección general de Protección a la Infancia y Familias y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), ha tenido como objetivo formar a cada responsable de los centros de acogida y protección de menores y facilitarles las herramientas para determinar la tipología de ausencia en que se encuentra la persona menor así establecer los canales de comunicación con las Fuerzas y cuerpos de Seguridad a través del formulario único de denuncias previsto en nuevo ‘Protocolo Unificado de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de Personas Desaparecidas’, aprobado mediante la Instrucción 13/2025, de fecha 13 de noviembre, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Sandra Rodríguez recordó que “esta jornada forma parte de las estrategias del Gobierno de Canarias para formar a los trabajadores y trabajadoras de las entidades en diversos aspectos de la guarda de los menores. Así como se hacen cursos de prevención y detección de situaciones de vulnerabilidad como las violencias sexuales; en este caso se facilitan herramientas de actuación de cara a las posibles fugas. La colaboración con las distintas fuerzas del orden siempre ha estado presente, y esta organización conjunta de la jornada es una muestra más de ello”, aseguró.

En el transcurso de la jornada, dirigida a responsables de los centros de acogida de menores, se abordó los datos del Informe Anual de Personas Desaparecidas en España relativo al año 2024, así como se explicaron los procedimientos de desaparición de personas menores en el ámbito de las fuerzas de seguridad estatal y canaria, entre otros temas.

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Bienestar Social refuta así los datos ofrecidos en rueda de prensa por Ángel Víctor Torres, que incluye mayorías de edad y aquellos que siguen en Canarias en centros del Estado
Delgado y Rodríguez han asistido a la última reunión de la comisión interdepartamental de este 2025

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, han participado hoy [30 de diciembre] en la última reunión de 2025 que ha mantenido la comisión interdepartamental de negociación para la salida de los menores migrantes con protección internacional que tutela Canarias.

Canarias ha aprovechado para matizar y refutar algunos datos ofrecidos por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró ayer que había “alrededor del millar de menores que han sido distribuidos en el conjunto de todo el país”. La realidad es que, desde Canarias, a través de la vía del asilo impuesta por el Tribunal Supremo, solo han sido trasladados a la Península 410 menores; mientras que por la vía ordinaria y la exprés solo lo han hecho 171 menores. Esto hace un total de 581 menores migrantes que ya no están en el Archipiélago, mientras que se han registrado 370 nuevas llegadas.

Canarias recuerda la necesidad de seguir aliviando los recursos locales, y que esperar a que los chicos y chicas cumplan los 18 años también es incumplimiento. En este sentido, desde marzo, 260 menores cumplieron la mayoría de edad esperando a que se reconociera su derecho a proseguir con su proyecto migratorio en centros de la red de protección internacional del Estado, mientras que 99 han renunciado a este derecho porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, que no reúnen condiciones. Además, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León; mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.

“Lo que no puede hacer Ángel Víctor Torres es sumar todos los menores en el mismo contingente y decir que han salido 1.000, cuando la realidad es que, de Canarias, solo han salido 581 por las diferentes vías de reubicación que existen. Esto es: por protección internacional, que han sido trasladados 410; por la vía exprés, que han entrado 370 y han sido reubicados en la Península solo 85; y por la disposición adicional primera -aquellos que estaban aquí cuando se declaró la contingencia- solo 86 salidas”, aseguró Sandra Rodríguez.

“Es fácil querer distorsionar la percepción y jugar con los números para hacer creer que el Estado está cumpliendo con su obligación”, aseguró la consejera “pero resulta que no son números, son personas, menores que ven conculcados sus derechos, mientras que Canarias sigue asumiendo una responsabilidad que excede de sus competencias. La realidad es que ese juego no beneficia a nadie, y contrasta con el espíritu de colaboración que existe en las comisiones interdepartamentales”.

“¿De dónde saca esos números?”, se pregunta Delgado, “Si se refiere a Canarias, creemos que también suma las 260 mayorías de edad que se han cumplido desde el inicio de este proceso con los menores con protección internacional, y aquellas mayorías de edad que se producen antes de los traslados de la vía exprés y ordinaria, que de aquí al 31 de diciembre serán unas 300, pero es que los canarios y canarias nos merecemos datos reales y precisos, y no vaguedades destinadas a mejorar la imagen del ministro”.

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El músico tinerfeño Dactah Chando dirige este taller en el que han participado 23 menores del centro tinerfeño con el objetivo de fomentar una reflexión crítica y consciente sobre este tipo de música y sus mensajes

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha puesto en marcha un taller socioeducativo orientado a fomentar el pensamiento crítico y la creación de referentes positivos en torno al fenómeno cultural del reguetón que en la actualidad se está impartiendo en los centros de Internamiento Educativo para Menores. En el taller, organizado en colaboración con la Fundación Ideo que gestiona los centros, han participado 23 menores del centro tinerfeño de Valle Tabares.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, asegura que “la juventud necesita herramientas con las que alimentar su pensamiento crítico, máxime en el caso de estos menores que tienen medidas judiciales”. “Es fundamental ofrecerles diferentes puntos de vista desde los que puedan cuestionar valores y conductas que, en muchas ocasiones, llegan preestablecidas por distintos movimientos socioculturales. Estos talleres forman parte de los programas educativos con los que se trabaja en el centro”, añade.

El músico tinerfeño Dactah Chando dirige este taller en el que a través de la música y la historia se aborda el género del reguetón como fenómeno cultural, contextualizando su origen en el reggae y promoviendo valores como el respeto y la convivencia.

Como se describe en el programa, “la música es un elemento central en la vida de la adolescencia, influye en la identidad, valores y formas de relacionarse con lo que le rodea” por lo que resulta de gran utilidad para ayudarles a realizar “un análisis crítico y diferenciar entre entretenimiento musical y realidad”.

La actividad se ha organizado en cuatro sesiones que se impartieron el pasado 23 de diciembre en horario de mañana y tarde.

Sandra Rodríguez considera que “con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso institucional con la educación en valores y el acompañamiento educativo de la infancia y la adolescencia, en este caso, aquella en la que tenemos que incidir más dada su situación”.

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