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Espaldarazo del Consejo General de Servicios Sociales a la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia

El órgano también ha informado positivamente el reglamento que desarrolla los programas de inclusión social de la Renta Canaria de Ciudadanía

El Consejo General de Servicios Sociales, reunido hoy, ha informado positivamente el anteproyecto de la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, una regulación de 192 artículos que reordena por completo el sistema autonómico de protección. El proyecto no se limita a modificar la Ley 1/1997: la sustituye por un nuevo marco integral que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y ciudadanía activa, y refuerza la prevención, la participación, la coordinación y la protección especializada. El texto se ha elaborado de manera compartida con administraciones, entidades sociales y colegios profesionales, sumando además una consulta de UNICEF Canarias en la que participaron 1.201 menores de entre 3 y 17 años.

Esta transformación legal sitúa la posición jurídica del menor en el centro del sistema e integra de forma transversal la discapacidad, la accesibilidad universal y la parentalidad positiva. Entre sus principales novedades, la norma incorpora la lógica de la ley estatal LOPIVI para crear entornos seguros en los ámbitos educativo, sanitario, deportivo y social. Asimismo, el texto prioriza el acogimiento familiar frente a la institucionalización, regula la creación de recursos residenciales de emergencia y garantiza programas de apoyo a la vida independiente para jóvenes extutelados que superen la mayoría de edad.

En el plano administrativo y de gestión, la ley elevará las exigencias organizativas y de cooperación entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. Para modernizar la tramitación y evitar la fragmentación institucional, se implementará un expediente administrativo digital y un sistema de información compartido en colaboración con el ISTAC. Además, la participación infantil quedará institucionalizada de manera estable a través de la creación de nuevos órganos de consulta social, entre los que destaca el futuro Consejo Canario de la Infancia y la Adolescencia.

La implantación real del articulado se realizará de forma escalonada, ya que sus disposiciones adicionales estipulan que su aplicación progresiva estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria de las islas. Como balance final de este nuevo modelo de atención autonómica, el proyecto configura un sistema integral, gradual, compartido, participado y sostenible. Su principal valor es desplazar el centro de gravedad desde la mera protección administrativa hacia la garantía efectiva de derechos, la prevención, el buen trato y la participación. Su principal desafío será convertir ese diseño ambicioso en recursos, coordinación, interoperabilidad y capacidad profesional suficientes en todas las islas.

La ley seguirá ahora su trámite administrativo habitual hasta ser aprobada en Consejo de Gobierno y ser remitida al Parlamento para su aprobación antes del final de esta legislatura.

Renta Canaria de Ciudadanía

El Consejo General de Servicios Sociales también ha informado favorablemente el proyecto de reglamento que desarrolla el derecho de acceso a los programas y servicios de inclusión social y de inserción laboral previstos en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, una norma trascendental que permitirá reforzar el acompañamiento social de las personas beneficiarias y avanzar hacia un modelo centrado en la inclusión y la autonomía personal.

Este desarrollo reglamentario completa uno de los aspectos esenciales previstos en la Ley 5/2022, al establecer los procedimientos y herramientas que permitirán a los servicios sociales diseñar itinerarios individualizados de intervención, adaptados a las necesidades de cada persona o unidad de convivencia.

El reglamento no crea nuevas prestaciones económicas, sino que desarrolla los instrumentos necesarios para hacer plenamente efectivo el derecho reconocido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, reforzando el papel de los servicios sociales como eje del acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad.

Entre las principales novedades del reglamento destaca la regulación del diagnóstico social como instrumento técnico para valorar la situación de vulnerabilidad de cada persona; del Plan de Atención Personalizado, que fijará objetivos y actuaciones orientadas a favorecer la inclusión social y laboral; y del informe social acreditativo, documento que servirá de soporte técnico para la concesión, seguimiento, revisión o, en su caso, extinción de la prestación.

Asimismo, la futura norma desarrolla los supuestos excepcionales previstos en la ley para facilitar el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía a personas que atraviesen situaciones de urgencia o emergencia social o circunstancias sobrevenidas que justifiquen una respuesta inmediata por parte de la Administración.

El reglamento también establece mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas implicadas en la gestión de los servicios sociales, así como modelos normalizados para la elaboración del diagnóstico social, los planes personalizados, los convenios de inclusión y los informes sociales, con el objetivo de garantizar una actuación homogénea, transparente y eficaz en todo el territorio de Canarias.

Además, incorpora un enfoque transversal de protección de los colectivos más vulnerables. En este sentido, contempla medidas específicas para favorecer la inclusión de personas con discapacidad, menores y familias en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas LGTBIQ+, integrando la perspectiva de género y el enfoque interseccional en los procesos de valoración e intervención social.

Tras su paso por el Consejo General de Servicios Sociales, el texto continuará su tramitación administrativa, incluyendo los correspondientes periodos de información pública y audiencia antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias.

Otros asuntos

Durante el Consejo también se conocieron los decretos de acreditación y centros de dependencia y el que regula el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a víctimas de violencias sexuales prevista en el Artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la libertad sexual, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Consejo General de Servicios Sociales de Canarias es el máximo órgano consultivo y de participación social de la comunidad autónoma en esta materia. Su objetivo principal es fomentar y facilitar la participación activa de las administraciones públicas, colectivos de usuarios, profesionales del sector, entidades de iniciativa social y agentes socioeconómicos. A través de esta colaboración, el órgano busca intervenir directamente en la determinación, planificación, implantación, seguimiento, evaluación y mejora continua de la gestión del sistema público de servicios sociales de las islas.

La estructura organizativa y de componentes del Consejo está encabezada por la Presidencia, a cargo de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y una Vicepresidencia. Sus vocalías se dividen en tres grandes bloques representativos: las Administraciones Públicas (incluyendo direcciones generales, el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de la Salud y delegaciones de cabildos y municipios); las organizaciones de usuarios, entidades del Tercer Sector y colectivos sociales (como drogodependencias, infancia, discapacidad, mayores y colectivos LGBTI); y, finalmente, el bloque de colegios profesionales (trabajo social, psicología, educación social, politología), organizaciones empresariales y sindicatos más representativos, contando además con una secretaría técnica.

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Luz verde al decreto que simplificará los trámites de la Dependencia para reducir el tiempo de espera

El Consejo General de Servicios Sociales informa favorablemente la nueva norma, que prevé unificar los pasos y acortar los plazos del procedimiento para la concesión de las ayudas

El decreto continúa ahora la tramitación hasta su aprobación en Consejo de Gobierno

El Consejo General de Servicios Sociales -celebrado el jueves 19 de diciembre- ha dado su voto favorable a la continuación de la tramitación de nuevo decreto por el que se regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en la Comunidad Autónoma de Canarias. La nueva normativa continuará ahora la tramitación hasta su aprobación final en Consejo de Gobierno.

Una vez que entre en vigor, el decreto supondrá un paso adelante y un avance notable en la mejora del sistema de ayuda a las personas dependientes y sus familias, pues prevé la simplificación de los trámites, el acceso a la vía telemática y, en consecuencia, la reducción de los tiempos de espera en el reconocimiento de los derechos y ayudas que les corresponden.

En esencia, la norma establece que con una sola visita del equipo profesional de la Dirección General de Dependencia se podrá determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA), mientras que, hasta el momento, cada uno de estos procedimientos llevaba un trámite e informe distintos, y los plazos entre ellos son, a juzgar por las listas de espera actuales, muy largos. Tal y como establece la normativa que regula el reconocimiento de la situación de dependencia (Real Decreto 174/2011 de 11 de febrero) y recomienda el IMSERSO, las personas profesionales que integran estos equipos de valoración tienen perfil sociosanitario.

“Esta medida -afirma la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado- logrará reducir las listas de espera en Dependencia, porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, de la disminución del tiempo en más de un 30%, no era suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir de forma notable el tiempo en que se concede el grado de dependencia y la ayuda para atenderla, y establecer el procedimiento monofásico es una de las medidas que impulsará la consecución de unos plazos más razonables para que las personas tengan una atención digna y dejen de morir en una lista de espera antes de recibir su ayuda”.

Por su parte, la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, considera que este paso “era ineludible”. Ramírez recuerda que ya que otras comunidades autónomas han modificado sus decretos con éxito, como Madrid y Cantabria, que están solo un poco por encima de los seis meses exigidos por ley, o País Vasco y Castilla León, cuyos tiempos reducen incluso el tiempo mínimo establecido por ley, “que es nuestro objetivo final”, apostilla.

Hay que recordar que, en el último mes, Canarias mejoró notablemente en los indicadores de atención a la Dependencia, según los informes estadísticos que están a disposición en la web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España.

La Dirección General de Dependencia otorgaba a finales de noviembre 58.771 prestaciones, lo que supone más de 15.000 incorporaciones con respecto al dato del inicio de legislatura. Este guarismo es aún más relevante si nos fijamos en que entre los años 2019 y 2023 se incorporaron apenas 20.000 prestaciones. El ritmo de concesión de ayudas del anterior ejecutivo era de unas 5.000 al año, mientras que en la actual legislatura se acelera y llega a casi 8.000 más anualmente.

Asimismo, las solicitudes, que durante la anterior legislatura quedaron prácticamente paradas, sin relevantes incorporaciones al sistema, hoy en día se atienden de forma mucho más ágil. Solo en estos últimos 16 meses se han incorporado casi 17.000 solicitudes más, mientras que en el cuatrieno anterior sobrepasaron escasamente las 8.000. Hay que reseñar en este punto que los derechos de las personas no empiezan a reconocerse si estas solicitudes no se incorporan a los procesos de gestión, por lo que la agilización de estas inscripciones también favorece la consecución de los derechos de las personas.

 

Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad

 

En la misma sesión, el Consejo General de Servicios Sociales apoyó la creación de la Tarjeta Acreditativa del Grado de Discapacidad y la normativa que regula el procedimiento para su obtención. Este es un avance decisivo para continuar mejorando la situación de las personas con alguna discapacidad ya que, en un solo paso y a través de su teléfono móvil podrán acreditar su condición de persona con una discapacidad reconocida y acceder así a todos sus derechos. La tarjeta será una app que se podrá descargar en el teléfono móvil de la persona con discapacidad o, en su caso, el de su acompañante o tutor/a.

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Noemí Santana: “Esta legislatura marcará un antes y un después para los derechos sociales en Canarias”

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, presidió hoy la primera sesión ordinaria del Consejo General de Servicios Sociales de la presente legislatura

“Esta legislatura marcará un antes y un después para los derechos sociales en Canarias”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el marco de la primera reunión del Consejo General de Servicios Sociales, máximo órgano consultivo y de participación en materia de servicios sociales de Canarias, de la presente legislatura.

“En Canarias, el denso e intenso trabajo que se está haciendo en materia de servicios sociales supone toda una revolución”, manifestó Santana quien explicó que “desde luego, queda mucho por avanzar en un trabajo que, además, se ha visto ralentizado por la situación generada por la pandemia, pero vamos por el buen camino”.

A este respecto señaló que “en apenas un año y medio hemos puesto en marcha el Decreto de Conciertos, que ya ha pasado a consulta pública; el Catálogo de Servicios Sociales, que ya ha finalizado el trabajo conjunto con Cabildos y Ayuntamientos; y hemos puesto en marcha la Ley de Renta Ciudadana, que entrará para su debate en el Parlamento en las próximas semanas”.

Momento de la celebración del Consejo general de servicios sociales.

“Gracias al Catálogo de servicios y prestaciones de servicios sociales vamos a pasar de un modelo ‘de ayuditas’ a un modelo real y serio ‘de derechos’, subrayó la consejera, quien enfatizó que el concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias, en la que ya se está avanzando, posibilitará a las Administraciones públicas concertar prestaciones y servicios con entidades privadas sin ánimo de lucro, garantizando dar prestaciones de calidad a las personas y familias en mayor situación de vulnerabilidad social”.

“Estamos en una legislatura clave, que marcará las bases de los derechos y políticas sociales del presente y del futuro de Canarias”, concluyó la consejera, quien afirmó que, cuando la Renta Ciudadana sea una realidad, sumada al Ingreso Mínimo Vital, nos permitirá llegar a 50.000 personas en situación de riesgo de exclusión social”.

La valoración del informe sobre el Anteproyecto de Ley de Renta Ciudadana así como del proyecto de Decreto por el se que aprueba el reglamento del concierto social en el ámbito de los servicios sociales especializados de Canarias y el análisis del estado de desarrollo del Catálogo de servicios y prestaciones de servicios sociales, así como el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales y de otros proyectos normativos, como la Ley Canaria de Juventud y el anteproyecto de la Ley de Infancia y Familia, fueron algunos de los asuntos abordados en esta sesión ordinaria del Consejo General de Servicios Sociales.

El Consejo general de Servicios Sociales es un máximo órgano consultivo y de asesoramiento al sistema público de servicios sociales. Cuenta con representación de las Administraciones públicas (Derechos Sociales e Inmigración, Dependencia y Discapacidad, Infancia y la Familia, Instituto Canario de Igualdad, Instituto Canario de la Vivienda, Servicio Canario de Empleo, Servicio Canario de la Salud, Federación Canaria de Islas y Federación Canaria de Municipios), de las entidades integrantes del Tercer Sector de Acción Social y de los colegios profesionales y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Canarias con materia en este ámbito.

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