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Espaldarazo del Consejo General de Servicios Sociales a la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia

El órgano también ha informado positivamente el reglamento que desarrolla los programas de inclusión social de la Renta Canaria de Ciudadanía

El Consejo General de Servicios Sociales, reunido hoy, ha informado positivamente el anteproyecto de la futura Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, una regulación de 192 artículos que reordena por completo el sistema autonómico de protección. El proyecto no se limita a modificar la Ley 1/1997: la sustituye por un nuevo marco integral que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y ciudadanía activa, y refuerza la prevención, la participación, la coordinación y la protección especializada. El texto se ha elaborado de manera compartida con administraciones, entidades sociales y colegios profesionales, sumando además una consulta de UNICEF Canarias en la que participaron 1.201 menores de entre 3 y 17 años.

Esta transformación legal sitúa la posición jurídica del menor en el centro del sistema e integra de forma transversal la discapacidad, la accesibilidad universal y la parentalidad positiva. Entre sus principales novedades, la norma incorpora la lógica de la ley estatal LOPIVI para crear entornos seguros en los ámbitos educativo, sanitario, deportivo y social. Asimismo, el texto prioriza el acogimiento familiar frente a la institucionalización, regula la creación de recursos residenciales de emergencia y garantiza programas de apoyo a la vida independiente para jóvenes extutelados que superen la mayoría de edad.

En el plano administrativo y de gestión, la ley elevará las exigencias organizativas y de cooperación entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. Para modernizar la tramitación y evitar la fragmentación institucional, se implementará un expediente administrativo digital y un sistema de información compartido en colaboración con el ISTAC. Además, la participación infantil quedará institucionalizada de manera estable a través de la creación de nuevos órganos de consulta social, entre los que destaca el futuro Consejo Canario de la Infancia y la Adolescencia.

La implantación real del articulado se realizará de forma escalonada, ya que sus disposiciones adicionales estipulan que su aplicación progresiva estará condicionada por la disponibilidad presupuestaria de las islas. Como balance final de este nuevo modelo de atención autonómica, el proyecto configura un sistema integral, gradual, compartido, participado y sostenible. Su principal valor es desplazar el centro de gravedad desde la mera protección administrativa hacia la garantía efectiva de derechos, la prevención, el buen trato y la participación. Su principal desafío será convertir ese diseño ambicioso en recursos, coordinación, interoperabilidad y capacidad profesional suficientes en todas las islas.

La ley seguirá ahora su trámite administrativo habitual hasta ser aprobada en Consejo de Gobierno y ser remitida al Parlamento para su aprobación antes del final de esta legislatura.

Renta Canaria de Ciudadanía

El Consejo General de Servicios Sociales también ha informado favorablemente el proyecto de reglamento que desarrolla el derecho de acceso a los programas y servicios de inclusión social y de inserción laboral previstos en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, una norma trascendental que permitirá reforzar el acompañamiento social de las personas beneficiarias y avanzar hacia un modelo centrado en la inclusión y la autonomía personal.

Este desarrollo reglamentario completa uno de los aspectos esenciales previstos en la Ley 5/2022, al establecer los procedimientos y herramientas que permitirán a los servicios sociales diseñar itinerarios individualizados de intervención, adaptados a las necesidades de cada persona o unidad de convivencia.

El reglamento no crea nuevas prestaciones económicas, sino que desarrolla los instrumentos necesarios para hacer plenamente efectivo el derecho reconocido por la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía, reforzando el papel de los servicios sociales como eje del acompañamiento a las personas en situación de vulnerabilidad.

Entre las principales novedades del reglamento destaca la regulación del diagnóstico social como instrumento técnico para valorar la situación de vulnerabilidad de cada persona; del Plan de Atención Personalizado, que fijará objetivos y actuaciones orientadas a favorecer la inclusión social y laboral; y del informe social acreditativo, documento que servirá de soporte técnico para la concesión, seguimiento, revisión o, en su caso, extinción de la prestación.

Asimismo, la futura norma desarrolla los supuestos excepcionales previstos en la ley para facilitar el acceso a la Renta Canaria de Ciudadanía a personas que atraviesen situaciones de urgencia o emergencia social o circunstancias sobrevenidas que justifiquen una respuesta inmediata por parte de la Administración.

El reglamento también establece mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones públicas implicadas en la gestión de los servicios sociales, así como modelos normalizados para la elaboración del diagnóstico social, los planes personalizados, los convenios de inclusión y los informes sociales, con el objetivo de garantizar una actuación homogénea, transparente y eficaz en todo el territorio de Canarias.

Además, incorpora un enfoque transversal de protección de los colectivos más vulnerables. En este sentido, contempla medidas específicas para favorecer la inclusión de personas con discapacidad, menores y familias en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas LGTBIQ+, integrando la perspectiva de género y el enfoque interseccional en los procesos de valoración e intervención social.

Tras su paso por el Consejo General de Servicios Sociales, el texto continuará su tramitación administrativa, incluyendo los correspondientes periodos de información pública y audiencia antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias.

Otros asuntos

Durante el Consejo también se conocieron los decretos de acreditación y centros de dependencia y el que regula el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a víctimas de violencias sexuales prevista en el Artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la libertad sexual, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Consejo General de Servicios Sociales de Canarias es el máximo órgano consultivo y de participación social de la comunidad autónoma en esta materia. Su objetivo principal es fomentar y facilitar la participación activa de las administraciones públicas, colectivos de usuarios, profesionales del sector, entidades de iniciativa social y agentes socioeconómicos. A través de esta colaboración, el órgano busca intervenir directamente en la determinación, planificación, implantación, seguimiento, evaluación y mejora continua de la gestión del sistema público de servicios sociales de las islas.

La estructura organizativa y de componentes del Consejo está encabezada por la Presidencia, a cargo de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y una Vicepresidencia. Sus vocalías se dividen en tres grandes bloques representativos: las Administraciones Públicas (incluyendo direcciones generales, el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de la Salud y delegaciones de cabildos y municipios); las organizaciones de usuarios, entidades del Tercer Sector y colectivos sociales (como drogodependencias, infancia, discapacidad, mayores y colectivos LGBTI); y, finalmente, el bloque de colegios profesionales (trabajo social, psicología, educación social, politología), organizaciones empresariales y sindicatos más representativos, contando además con una secretaría técnica.

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Bienestar Social destina más de 6,1 millones de euros a programas de justicia juvenil en Canarias

Los convenios con la Fundación Diagrama y Asociación Opción 3 permitirán ejecutar medidas judiciales en medio abierto y reforzar la atención terapéutica y familiar a menores infractores del Archipiélago

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias destinará más de 6,1 millones de euros a la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad dirigidas a menores y jóvenes en el ámbito de la justicia juvenil, a través de dos convenios de colaboración publicados este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Los acuerdos, formalizados con la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial y la Asociación Opción 3, tendrán vigencia desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de mayo de 2028 y permitirán reforzar la atención educativa, terapéutica, social y familiar a menores sometidos a medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor.

La directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, ha destacado que “este modelo de colaboración con entidades sociales especializadas permite consolidar un sistema de justicia juvenil orientado a la reeducación, la integración social y la protección integral de la infancia y adolescencia, bajo mecanismos permanentes de supervisión, control e inspección por parte de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias”. “Se trata de seguir reforzando un modelo en el que prima el trabajo para que los y las menores se reintegren en sus familias y tengan oportunidades de futuro, que no queden marcados de por vida por comportamientos disruptivos que pueden haber sido propiciados por entornos poco favorecedores”, asegura.

En total, el Ejecutivo autonómico destinará 6.120.511,77 euros para desarrollar programas de intervención en medio abierto en Canarias. El convenio con Asociación Opción 3 contará con una financiación máxima de 3.438.969,22 euros y se centrará principalmente en Tenerife y en programas especializados de violencia filioparental en Gran Canaria y el resto de islas no capitalinas. Por su parte, el acuerdo con Fundación Diagrama supondrá una inversión de 2.681.542,55 euros para la ejecución de medidas judiciales en Gran Canaria.

Los programas permitirán ejecutar medidas como libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, asistencia a centro de día, permanencias de fin de semana en domicilio y tratamientos ambulatorios de carácter psicológico y psiquiátrico.

Entre ambos convenios se habilitarán más de 500 plazas simultáneas de atención en medio abierto para menores y jóvenes con medidas judiciales, incluyendo recursos especializados en atención terapéutica, intervención familiar, formación e inserción sociolaboral.

Uno de los aspectos más relevantes de ambos acuerdos es el refuerzo de los programas especializados en violencia filioparental, especialmente a través del Programa Ancla desarrollado por Asociación Opción 3, que incorpora servicios terapéuticos y socioeducativos específicos para menores y familias afectados por situaciones de violencia en el ámbito familiar.

Asimismo, ambos convenios incluyen programas de acompañamiento y apoyo terapéutico para jóvenes y familias una vez finalizada la medida judicial, con el objetivo de consolidar los procesos de reinserción social, prevenir recaídas y reforzar el acompañamiento educativo y emocional.

Los equipos profesionales adscritos a estos recursos estarán integrados por personal especializado en intervención socioeducativa, psicología, salud mental, inserción laboral y mediación intercultural, garantizando una atención individualizada y coordinada con los recursos educativos, sanitarios y sociales del entorno.

 

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Bienestar Social y Opción 3 refuerzan las políticas de prevención de infancia y adolescencia en Canarias

Sandra Rodríguez y Marina Criado

La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias atiende a más de 4.000 menores, adolescentes y jóvenes a través de los programas ‘Rumbo’ y ‘Alondra’ en los dos últimos años. El 94,5% de las chicas y chicos que llegan al programa en situación de vulnerabilidad terminan su proceso con un éxito parcial o total, lo que significa que permanecen con sus familias de origen

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias refuerza su apuesta por la prevención como una herramienta eficaz para acompañar a la infancia, la adolescencia y sus familias. Esa línea de trabajo se concreta, entre otras actuaciones, en los programas Rumbo y Alondra, desarrollados junto a la Asociación Opción 3, que entre 2024 y 2025 han permitido atender a más de 4.000 menores, adolescentes y jóvenes en el Archipiélago.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, y la representante de la Asociación Opción 3, Marina Criado Rivas, presentaron hoy (jueves 3) los resultados de ambos programas. Sandra Rodríguez indicó que “prevenir es la mejor medida de protección que podemos tener y la labor que hemos desarrollado en Canarias junto a Opción 3 pone de relieve que la prevención no es solo una línea necesaria dentro de las políticas públicas, sino una apuesta que ofrece resultados concretos: favorece la permanencia de niños, niñas y adolescentes en sus familias, refuerza la detección temprana, mejora la formación de los equipos profesionales y abre oportunidades de futuro para cientos de jóvenes”.

Por su parte, Marina Criado indicó que “nosotros nos adaptamos a las demandas de las entidades, ya que disponemos de un equipo multidisciplinar que da respuesta a sus necesidades”. En ese sentido, destacó los resultados del Programa Rumbo, “que muestra un impacto muy significativo en la transición a la vida adulta, donde el 85 % de los jóvenes finalizan con éxito sus procesos de inserción formativa o laboral, alcanzando 406 inserciones laborales en dos años. Para ello, ha sido clave el trabajo conjunto con el tejido empresarial, con un total de 42 convenios de colaboración con empresas, que permiten generar oportunidades reales de acceso al empleo”.

Programa Rumbo.-

El Programa Rumbo, centrado en la prevención y la preservación familiar, ha atendido a más de 2.000 menores y jóvenes. Más allá del volumen de atención, los resultados del Programa Rumbo muestran con claridad el alcance real de la prevención. El 94,5 % de los chicos y chicas que llegan al programa en situación de vulnerabilidad terminan su proceso con un éxito parcial o total, lo que significa que permanecen con sus familias de origen. En los casos de mayor gravedad, aquellos que acceden con un expediente de riesgo declarado, el 62 % finaliza también con éxito: se cierra ese expediente y los menores continúan en su entorno familiar, sin entrar en la red de centros de protección.

Se trata de un dato especialmente relevante, ya que muchas de estas situaciones de vulnerabilidad podrían derivar, sin una intervención temprana y sostenida, en una entrada en el sistema de protección. La prevención demuestra así su capacidad no solo para detectar a tiempo, sino también para sostener a las familias, reducir el deterioro de las situaciones y ofrecer respuestas ajustadas antes de que el daño sea mayor.

Uno de los datos más relevantes es que, en el área de prevención y preservación, se ha logrado garantizar la permanencia en el entorno familiar en hasta un 85% de los casos en 2025, mejorando los resultados del año anterior, incluso en un contexto en el que aumentan las situaciones de riesgo.

Además, el programa muestra un impacto muy significativo en la transición a la vida adulta, donde el 85% de los y las jóvenes finalizan con éxito sus procesos de inserción formativa o laboral, alcanzando 406 inserciones laborales en dos años. Para ello, ha sido clave el trabajo conjunto con el tejido empresarial, con un total de 42 convenios de colaboración con empresas, que permiten generar oportunidades reales de acceso al empleo.

Programa Alondra.-

El Programa Alondra está especializado en la prevención de las violencias sexuales, entre ellas la explotación sexual, y ha llegado a 2.083 menores, adolescentes y jóvenes en los dos últimos años. El trabajo desarrollado ha reforzado la prevención frente a las violencias sexuales y la explotación sexual, al tiempo que ha contribuido a mejorar la detección precoz, la sensibilización y la intervención especializada ante nuevos riesgos que afectan a la infancia y la adolescencia.

Sandra Rodríguez señaló que “a comienzos de este año hemos puesto en marcha un nuevo servicio para atender a las menores migrantes, ya que son potenciales víctimas de violencia sexual. Hablamos de chicas que ya pueden haber sufrido violencia sexual en sus países, que pueden ser captadas por redes de tratas o incluso sufrir la ablación y que no tienen una figura paterna o materna que las proteja porque llegan solas. Nuestra obligación es atenderlas de la mejor manera posible y por eso, de la mano de Opción 3, estamos dando respuesta a esa necesidad”.

La política preventiva impulsada desde la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias también se refleja en la formación de quienes intervienen cada día en los ámbitos que abarcan los programas Rumbo y Alondra. Durante los dos últimos años, 650 profesionales del tercer sector han sido formados en prevención de violencias sexuales, detección precoz y nuevos riesgos en entornos digitales, fortaleciendo así la capacidad de respuesta de los recursos que trabajan en contacto directo con menores, adolescentes y familias.

A ello se suma el trabajo que Asociación Opción 3 desarrolla en el área de formación y empleo, donde se han firmado más de 50 convenios con empresas y entidades canarias y se ha logrado la inserción laboral de más de 400 jóvenes. Son cifras que amplían el sentido de la prevención: no se trata solo de intervenir ante una dificultad, sino también de generar oportunidades reales de futuro, autonomía e inclusión.

“La experiencia acumulada confirma además el valor del trabajo en red, la coordinación entre recursos y el papel clave de ámbitos como el educativo, el comunitario y el social para detectar señales de alerta y activar respuestas a tiempo. Esa capacidad de llegar antes, acompañar mejor y sostener procesos en el tiempo es, precisamente, una de las principales fortalezas de las políticas de prevención dirigidas a la infancia y la adolescencia.

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Delgado: “La violencia sexual y el consumo de pornografía atentan contra nuestra juventud»

Consejera Candelaria Delgado en comisión parlamentaria

La consejera de Bienestar Social presenta en el Parlamento las principales acciones del Gobierno de Canarias para proteger a la juventud canaria

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, intervino este viernes en comisión parlamentaria para informar sobre las medidas que está desarrollando el Gobierno de Canarias para prevenir la violencia sexual contra chicas jóvenes y combatir el impacto del consumo precoz y desregulado de pornografía, al que definió como “una forma más de violencia estructural en la sociedad actual. Combatir la violencia sexual entre jóvenes requiere prevención, compromiso y políticas sostenidas”, dijo.

La consejera alertó del crecimiento preocupante de los casos de violencia sexual en la adolescencia, en especial en edades cada vez más tempranas, según datos del 1-1-2 y del Instituto Canario de Igualdad. “Es un fenómeno que se agrava con la accesibilidad masiva a contenidos pornográficos en línea, que distorsionan las relaciones afectivas, consolidan el machismo y normalizan el control y la agresión”, señaló.

En su intervención destacó que esta lucha forma parte del borrador de la nueva Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, que ya ha superado la fase de consulta pública, e incluye un título específico sobre los derechos de la infancia y la protección frente a todas las formas de violencia.

La intervención de Delgado hizo especial hincapié en el carácter transversal y coordinado de la estrategia del Ejecutivo, que involucra a la Dirección General de Juventud, la Dirección General de Protección a la Infancia, la Viceconsejería de Igualdad y el Instituto Canario de Igualdad (ICI).

Entre las principales medidas y programas, la integrante del Ejecutivo autonómico destacó la creación de los Centros de Crisis 24 horas con una apertura progresiva en todas las islas para “garantizar la atención psicológica, jurídica y social a víctimas de violencia sexual”.

Asimismo, hizo referencia a campañas de sensibilización como “Si hay truco, hay trata” y materiales como la guía “Ni trato ni trata”, dirigidas a jóvenes en entornos educativos y comunitarios. O la formación adaptada a mujeres y niñas con discapacidad a través de las Guías MAPA y encuentros formativos.

La consejera también mencionó los programas financiados con fondos ASI en cinco islas, centrados en planes personalizados de apoyo a víctimas.

En un momento de su respuesta al Grupo Nacionalista Canario se refirió a la importante tarea en materia de formación especializada, explicando que durante 2024, más de 1.200 personas han recibido formación impulsada por el ICI y otras direcciones generales de la Consejería: 169 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 490 trabajadores de Radio Televisión Canaria, más de 400 profesionales del sector empresarial y social que se formaron sobre protocolos frente al acoso y las violencias sexuales.

Asimismo, en colaboración con las universidades canarias también se ha impulsado formación específica en violencia sexual contra la infancia, con cursos y talleres insulares y online.

Desde la Dirección General de Juventud, se desarrollan proyectos que promueven una educación sexual integral, crítica y respetuosa, como “Los protocolos salvan vidas”, sobre puntos violetas en espacios juveniles; “Por-No Hablar”, proyecto pionero para fomentar el pensamiento crítico frente a la pornografía; “Consexus”, con acciones educativas, artísticas y digitales en torno a la igualdad y la prevención de violencias o “Sexplotación”, talleres con testimonios de mujeres supervivientes de trata y prostitución.

Asimismo, Delgado subrayó la formación en masculinidades igualitarias y la campaña #CeroCómplices, con el apoyo de artistas, personas influyentes y deportistas de Canarias para visibilizar el rechazo a la violencia sexual desde los entornos digitales y la cultura juvenil.

“Frente a un problema estructural, no caben respuestas aisladas. Canarias debe ser una tierra donde nuestras chicas y chicos crezcan libres, con seguridad y respeto”, concluyó la consejera.

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Importante paso de la Policía Autonómica con la creación de la primera Unidad Especializada de Violencia e Infancia

Importante paso de la Policía Autonómica con la creación de la primera Unidad Especializada de Violencia e Infancia

Sus miembros, con una formación específica en esta materia y dedicación exclusiva, están adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

Practicarán las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento y las averiguaciones necesarias para esclarecer aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia

Julio Pérez subraya el valor de esta iniciativa con la que el Gobierno cumple el mandato de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de poner en marcha una policía especializada en esta materia

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha dado un importante paso con la puesta en marcha de su Unidad Especializada de Violencia e Infancia. Así lo ha resaltado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, con motivo de su presentación en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, pues, según ha dicho, además de ser la primera que se crea en España, una de las razones de ser de este Cuerpo es prestar servicios específicos como estos.

Integrada, de momento, por cuatro agentes, dotados de una formación específica, esta unidad está adscrita al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España dedicado exclusivamente a la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo titular es el magistrado Tomás Luis Martín. Para él, Canarias está dando pasos muy importantes en esta cuestión y se va constituyendo en un lugar referente a nivel mundial en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, pues junto a ser la primera comunidad autónoma con una unidad policial especializada en violencia e infancia, la asistencia gratuita a las víctimas menores de edad está funcionando de una forma ejemplar.

La Unidad Especializada de Violencia e Infancia del CGPC tiene dedicación exclusiva a esta materia y está dotada de un alto grado de especialización. Los agentes cuentan con un conocimiento profundo de la Ley Orgánica 8/2021, de 3 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el tratamiento con personas menores de edad y la toma de declaración de estos. Además, son conocedores de la importancia de dicha declaración, pues puede ser tomada sin la presencia de adulto alguno y, en aras de evitar segundas victimizaciones, ser la única válida para todo un proceso judicial.

Los agentes adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria son los encargados de practicar las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento, con independencia del origen, informando al magistrado del resultado, con el fin de determinar si procede efectuar o no una investigación por existir indicios delictivos.

En aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia, practican las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos, asegurando la protección de la víctima e involucrando a cuantas administraciones sea necesario. Todo ello bajo el amparo de las instrucciones dictadas por el magistrado, al que tienen que entregar un dossier final para que determine si procede realizar una investigación exhaustiva y qué cuerpo policial debe actuar.

La citada unidad también lleva a cabo las investigaciones y participa en los procedimientos que le sean asignados directamente por el juez, interviene en la formación de primer nivel a otros agentes no integrantes de la unidad, para instruirles en la detección y en los protocolos de actuación en casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, asesora al CGPC y a la autoridad judicial en aquellos aspectos de mejora que permitan una mejora aplicación de la normativa y que se encaminen a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Enorme satisfacción

Durante la presentación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con esta iniciativa el Gobierno de Canarias cumple el mandato de la LOPIVI a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de poner en marcha unidades especializadas en esta materia, lo que, a su juicio, además de ser una enorme satisfacción, tiene una importancia superlativa para el CGPC, que no es una policía integral, sino especializada, a la que se le demandan competencias o funciones específicas como esta.

Del mismo modo, Julio Pérez ha relacionado el paso dado con esta unidad con el papel fundamental que desempeña la Administración de Justicia en su apoyo a los órganos jurisdiccionales, como proveedora de medios para que puedan ejercer mejor su trabajo. También ha vuelto a felicitar al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por poner en primer plano la naturaleza singular de sus últimos destinatarios, niñas y niños víctimas de una agresión.

Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha felicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por esta iniciativa, que supone una dotación de medios a un área tan sensible como la protección de menores y a un juzgado que es referente no solo a nivel nacional, sino también internacional. En su opinión, este recurso va a servir para garantizar mayores niveles de protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier actuación violenta.

El comisario jefe del CGPC, Luis Santos, ha mostrado también su satisfacción al ver a esta unidad especializada colaborar en una línea estratégica como la que desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y comprobar los resultados que está provocando el aumento de efectivos a la hora de prestar un servicio público a la ciudadanía como el que lleva a cabo el CGPC.

Por su parte el titular del Juzgado ha incidido en la idea de que sea la primera unidad policial especializada en violencia e infancia, y solo eso, adscrita a un Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuyo cometido no está compartido con otras materias.

A su juicio, es a lo que se tiende en estos momentos, a la hiper especialización de un grupo policial para trabajar las competencias que tiene atribuidas el juzgado, que en este caso son la violencia intrafamiliar, todos los delitos contra la libertad sexual y contra la libertad, y la trata de seres humanos siempre que concurra el requisito de que una de las partes sea menor de edad.

La aprobación de la LOPIVI ha supuesto un grana avance en el ámbito de las garantías legales y defensa de los derechos de los menores ante cualquier acto que pueda atentar contra su integridad física, psicológica o moral. En su capítulo X se centra en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concepto al que hace mención en una treintena de ocasiones, dotando a todas las instituciones policiales de las mismas obligaciones para con la referida norma.

En uno de los dos artículos de este capítulo, el 49 se refiere a las unidades especializadas y obliga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), a contar con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia contra personas menores de edad y que cuenten con protocolos que permitan una correcta y adecuada actuación ante tales casos, exigiendo que los agentes que la integren reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

Julio Pérez ha estado acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas. Entre las autoridades presentes, además del presidente del TSJC, se encontraban la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el titular del Juzgado de Instrucción número 3 y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y la fiscal jefa provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

Por parte del CGPC, han asistido, junto al comisario jefe, el comisario José Luis de los Reyes; el subcomisario David Pino; el inspector Ramón García; y el subinspector Ángel Acosta.

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Julio Pérez felicita al Juzgado de Violencia contra la Infancia de la capital grancanaria por el galardón del CGPJ

Julio Pérez felicita al Juzgado de Violencia contra la Infancia de la capital grancanaria por el galardón del CGPJ

El órgano de gobierno de los jueces otorga a este juzgado uno de los X Premios Calidad de la Justicia, por garantizar de forma más eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños y adolescentes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad muestra su satisfacción porque se reconoce la labor llevada a cabo a través de este proyecto puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha trasladado su felicitación al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, y al titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, por el galardón concedido a este órgano judicial por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Julio Pérez ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento del CGPJ a la labor llevada a cabo a través de este proyecto, puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento, en lo que se refiere a medios humanos y materiales, y de forma especial a través del trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, como apuntó recientemente el propio Tomás Martín, con motivo de la presentación de la Guía de actuación del propio Juzgado.

El galardón del CGPJ, uno de los Premios Calidad de la Justicia de esta edición, en concreto a la Justicia más accesible, distingue al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de la capital grancanaria por constituir “una iniciativa pionera que ha logrado garantizar de forma eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños, niñas y adolescentes”. Para ello, según explica el jurado, se han dedicado instrumentos y recursos que “facilitan el acceso a la justicia de los y las menores víctimas de violencia, generando espacios de tranquilidad, confianza y seguridad en la realización de las actuaciones judiciales que evita su victimización secundaria”.

Entre los principales hitos de este proyecto figuran la creación de una sala Gesell telemática, la creación de una unidad de valoración forense integral, la incorporación de un dispositivo móvil de video grabación para la práctica de pruebas constituidas, protocolos de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado o la puesta en marcha del programa “Vente con tu mascota”, junto con el uso del “kit de bienvenida” para la práctica de citaciones judiciales.

Julio Pérez ha insistido en la importancia de esta iniciativa, cuyas actuaciones han permitido ofrecer una protección especial a más de 400 niños, niñas y adolescentes a lo largo del último año, porque ha demostrado, en opinión del consejero, que se puede humanizar la justicia, envuelta tradicionalmente de aspereza. “Con la misma ley y las mismas personas, los mismos medios, han hecho realidad un procedimiento, una justicia, que no es áspera”, ha dicho.

A su vez, ha hecho hincapié, citando el texto de la Memoria del juzgado de este primer año, en que ese proceso de humanización de la justicia “es un camino de excelencia enfocado hacia la eficiencia y eficacia del trabajo que realizan los trabajadores del juzgado”, y ha defendido que, como proyecto ejemplar, en el sentido literal de la palabra, “debemos proponernos, entre todos, extender el modelo a otros partidos judiciales”.

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