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El Ingreso Canario de Emergencia llega a más de 28.000 personas

Entre la PCI y el ICE, 43.390 personas en situación de vulnerabilidad social han recibido ayuda económica en junio

La gestión de la ayuda vía telemática facilitó que los solicitantes no tuvieran que desplazarse ni entregar la documentación en papel

Un total de 28.023 personas se beneficiaron del Ingreso Canario de Emergencia que concedió la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con el fin de dar cobertura a las familias que carecían de recursos económicos suficientes para subsistir con motivo de la situación de alarma sanitaria generada por el Covid-19.

“Se trata de unidades de convivencia que cumplieron con todos los requisitos para poder ser perceptoras de esta ayuda, es decir, no contar con ingresos desde el mes de marzo incluido y contar con un patrimonio menor de 50.000 euros”, explica la consejera del área, Noemí Santana, quien señala que las familias beneficiarias han recibido ya sus ingresos en cuenta, estableciéndose el abono de las mismas con una periodicidad semanal comenzando el primero el 22 de mayo y finalizando el 26 de junio, justo un mes después desde que se cerró el plazo de solicitud. Para la atención de estas ayudas el Gobierno destinó una partida económica de 6.324.183,96 euros.

“Nunca antes la Comunidad autónoma había resuelto un volumen tan elevado de solicitudes en un período de tiempo tan corto”,  indica la consejera de Derechos Sociales, quien señala que “el conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para dar cobertura a las familias en situación de vulnerabilidad social cuya situación se ha agravado por la crisis sanitaria del Covid-19, ha permitido que, sumando a las personas perceptoras del ICE y de la PCI, hemos llegado 43.390 personas atendidas en el mes de junio”.

De hecho, a cierre de junio de 2020, la Prestación Canaria de Inserción se ha concedido a 8.100 unidades convivencia (15.390 personas), “lo que supone un 40% más que antes del confinamiento y un 43% que en el mismo mes del año pasado, con un gasto medio mensual de 4 millones de euros”, señala la responsable regional de Derechos Sociales.

Para gestionar el ICE, el Gobierno creó un aplicativo informático específico para el proceso que contó con la implicación de más de 100 técnicos en el proceso de resolución, siendo la primera vez que una ayuda social ha podido ser solicitada sin que la persona solicitante tuviera que desplazarse dado que todos los datos se han comprobado de forma telemática.

Tipología de familias y ayudas concedidas por municipios

El Ingreso Canario de Inserción (ICE) llegó a un total de 28.023 personas, de las cuales 8.593 conforman familias de un solo miembro, 8.078 de 2 miembros, 6.366 de 3 miembros y 4.986 de 4 miembros o más.

Por municipios, los diez municipios que más ayudas recibieron fueron Las Palmas de Gran Canaria, con 3.408 ayudas concedidas; Santa Cruz de Tenerife con 2.282 ayudas; La Laguna con 1.505;  Arona con 720; Telde con 643; Santa Lucía de Tirajana con 520; Adeje con 400; Granadilla de Abona con 388; Arrecife de Lanzarote con 303 y Tacoronte con 205.

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Unas 30.000 familias recibirán ayudas sociales este mes de junio

“Entre la PCI y el ICE, unas 30.000 familias en situación de vulnerabilidad social recibirán ayuda en junio” aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en sede parlamentaria

El Ejecutivo ya ha resuelto 25.000 solicitudes correspondientes al Ingreso Canario de Emergencia, de las que el 62% han resultado favorables

“Proteger a las familias más vulnerables siempre ha sido objetivo prioritario de esta consejería y de este Gobierno, por eso, ampliamos en un 40% el número de familias que perciben la Prestación Canaria de Inserción desde que llegamos al Gobierno y adelantamos el abono de estas ayudas durante el Estado de Alarma”, afirmó hoy en sede parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, a respuesta parlamentaria sobre la modificación de la PCI.

“Desde esta Consejería éramos conscientes de que la situación de alarma traería consigo una grave situación de crisis social y, por eso, de forma inmediata diseñamos diversas medidas dirigidas a proteger a las familias en mayor situación de vulnerabilidad social o en riesgo de exclusión social. Entre estas medidas está el Ingreso Canario de Emergencia que acabaremos de abonar esta semana, estando ya resueltas unas 25.000 solicitudes de las más de 30.000 que se presentaron”.

Si sumamos ambas prestaciones, durante el mes de junio, las ayudas sociales dirigidas a atender a la población más vulnerable de las Islas, unas 30.000 familias canarias que no contaban con ingreso recibirán algún tipo de protección, adelantó Santana, quien subrayó que “estas cifras no responden ni a la casualidad ni a la suerte sino que es fruto del gran esfuerzo realizado por el departamento de Derechos Sociales y, sobre todo, de una buena gestión”.

Esta medida se suma al incremento del número de familias beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), indicó la consejera quien explicó que “cuando llegamos al Gobierno, un total de 5.600 unidades familiares recibían esta ayuda, mientras que en la actualidad esta cifra es de más de 8.000 familias, un 40% más”.

En su intervención, Santana recordó que en enero, el Ejecutivo firmó el Protocolo General de Actuación del Plan Concertado de Servicios Sociales por el que se incrementó la financiación de la PCI en un 10%, “un acuerdo cuya firma se vio anticipada en varios meses con respecto a años anteriores”.

Además, indicó que su departamento modificó en enero la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción “con el fin dar cobertura social a las familias con hijos e hijas a cargo, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión”.

“Ahora toca redoblar esfuerzos”, indicó, “por eso, ya estamos trabajando junto al Ministerio de Inclusión Social para implementar el Ingreso Mínimo Vital, que va a suponer una revolución histórica para Canarias y que vendrá a sustituir a la actual PCI y será complementa por la Renta Ciudadana, en cuyo diseño seguimos trabajando”.

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Derechos Sociales abrirá sus Escuelas Infantiles tras aprobar un protocolo de seguridad

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, asegura que el objetivo es garantizar la seguridad de las niñas y los niños, del personal de las Escuelas y de las familias, y permitir la conciliación familiar y laboral priorizando a los hogares más vulnerables

El programa contempla una reapertura escalonada de las escuelas. El proceso finalizará el 9 de julio

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de las Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, ha diseñado un detallado protocolo de seguridad para poder abrir las escuelas infantiles que dependen de la Consejería. En un principio, se abrirán solo 6 de las 13 escuelas durante 15 días. Tras este periodo, se evaluará la situación y, si es positiva, se procederá a la reapertura escalonada de las demás escuelas infantiles dependientes del Gobierno regional. Para seleccionar a las escuelas que abrirán en un primer lugar se han priorizado aquellas que están situadas en zonas con bajo porcentaje de Covid-19.

“El objetivo garantizar la seguridad de las niñas y niños, del personal de los centros y de las familias, y permitir la conciliación familiar y laboral de los hogares más vulnerables”, aseguró la consejera del área, Noemí Santana.

En la primera fase (8 al 18 de junio) se pondrán en marcha dos centros en Gran Canaria (EI La Fuente y EI Aridamán) y cuatro en Tenerife (EI Añaza, EI Anaga, EI Aguamansa y EI Niño Jesús). Si esta primera fase, tras la evaluación, es positiva, será posible establecer una segunda fase de otros 10 días, aumentando centros/zonas y familias a las que pueden asistir.

En la segunda fase (19 al 28 de junio), se podría aumentar la ratio hasta 12 en menores de 2 a 3 años, siempre que las aulas sean espaciosas. También se podrían incluir los siguientes nuevos centros: en Gran Canaria, EI La Atalaya; en Tenerife, EI Virgen del Carmen, y en La Palma, EI San Miguel de Arcángel.

En la tercera fase (29 de junio al 12 de julio), se realizará una valoración y se elaborará el informe de resultados que sirvan de referencia para programar el próximo curso 2020-2021.

Priorización de las familias y protocolos de seguridad

Para el regreso a las escuelas, se ha priorizado a aquellos menores cuyos progenitores puedan certificar la incompatibilidad de su horario laboral con el cuidado del menor, a las familias monoparentales y las que tengan necesidades extremas que le impidan la conciliación.

Los grupos deberán ser estables, evitando entrada/salida de nuevos miembros. Cada grupo tendrá una educadora asignada, su propio espacio en el centro y habrá dos educadoras por cada 8 menores. Los grupos de menores tendrán un único turno de un máximo de seis horas. Además, se establecerán diferentes turnos de entrada y salida por grupos con el fin de evitar aglomeraciones y asegurar las distancias de seguridad, para ello, se utilizarán diferentes accesos a las escuelas infantiles.

En la medida de lo posible, se realizarán todas las actividades al aire libre (patios del centro). En este sentido, se recomienda el establecimiento de turnos con el fin de que el patio exterior esté ocupado por algún grupo durante las 6 horas que dura la jornada.

Con respecto a las medidas higiénicas, no se puede acceder al centro con zapatos de calle, en su lugar se deben utilizar calcetines antideslizantes o zapatillas específicas para la escuela. Los menores y el personal deben lavarse las manos cuando lleguen a las escuelas, una acción que se repetirá de manera frecuente. Se debe evitar el uso de joyas, relojes y otros accesorios prescindibles y el personal deberá llevar el pelo recogido en todo momento. El personal se cambiará de ropa en el centro. Los uniformes de trabajo serán embolsados y cerrados, y se trasladarán diariamente hasta el punto donde se haga su lavado habitual.

Con respecto a la limpieza y desinfección del centro, se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y por espacio de cinco minutos como mínimo. No está permitida la entrada de carritos/sillas ni mochilas al centro. Se limpiarán los aseos como mínimo tres veces al día. Todas las superficies y elementos de contacto deben limpiarse y desinfectarse al menos dos veces al día. También se lavarán los juguetes al menos dos veces al día por lo que se quitarán todos aquellos que no sean susceptibles a limpieza y desinfección rápida.

En relación al comedor y las actividades, no está permitido traer juguetes de casa y se evitará que los menores compartan juguetes, así como el uso de parques infantiles, como toboganes y columpios. Se limitará el empleo de documentos en papel y su circulación y la comunicación con las familias se realizará por vía telemática. En la zona de comedor, se establecerán turnos de comidas por aula y grupo. Como medida de prevención de contagio, cada grupo debe ser una “burbuja” aislada de las demás.

Como medidas educativas y de responsabilidad social, se hará especial hincapié en las medidas de autoprotección y prevención ante el Covid-19, lo que incluye la higiene adecuada de manos adecuada y frecuente y el uso de mascarillas, así como el mantenimiento de la distancia social.

Ante la aparición de síntomas en un menor en un centro educativo, se le llevará a un espacio separado para uso individual, elegida previamente (sala específica para aislamientos), que cuente con ventilación adecuada y se notificará a la familia de las recomendaciones a seguir y evitar contactos y siempre cumplimiento las medidas de autoprotección. Si es una persona trabajadora, se retirará a un espacio separado, con mascarilla, y seguirá las instrucciones establecidas.

Red de Escuelas Infantiles en Canarias

En la actualidad, Canarias cuenta con una red de 13 Escuelas Infantiles dependiente del Ejecutivo regional, con capacidad para 978 niñas y niños de 0 a 3 años. En la isla de Gran Canaria, las EEII Aridamán, Las Folias y La Fuente, ubicadas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y la EEII La Atalaya, ubicada en el municipio de Guía.

En la isla de Tenerife, a las Escuelas Infantiles de Anaga, Añaza, Asunción y Bentenuya, situadas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife; la de Niño Jesús, en La Laguna, y las de Aguamansa y El Drago, en el Puerto de la Cruz, y la de Virgen del Carmen, en Los Realejos. Y, por último, en la isla de La Palma, a la Escuelas Infantil San Miguel Arcángel, ubicada en Santa Cruz de La Pal

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El Gobierno de Canarias articula un protocolo para que las personas en residencias puedan recibir visitas

El objetivo de esta Orden es poder conciliar la seguridad para los residentes y el personal con la necesaria visita de sus familiares

La instrucción, elaborada de forma conjunta por la consejería de Derechos Sociales y Sanidad, articula un protocolo para las visitas de familiares, así como para los paseos y desplazamientos, y el retorno de residentes con derecho de reserva de plaza y nuevos ingresos

Las personas que viven en residencias de mayores, dependientes y discapacidad de Canarias podrán volver a recibir visitas de sus familiares. Para ello, el Gobierno de Canarias ha elaborado un protocolo conjunto cuyo máximo objetivo es priorizar y garantizar, como se ha hecho hasta ahora, la seguridad de los residentes y del personal. Hay que recordar que la tasa de mortalidad de las personas de más de 70 años por COVID-19 es de las más elevadas y, por ello, se ha querido tener un especial cuidado para que Canarias siga siendo la comunidad autónoma con menos fallecidos entre este colectivo – hasta ahora se han registrado 18 fallecimientos-. La Orden está previsto que sea publicada en el BOC este mismo sábado 30 de mayo y entrará en vigor ese mismo día.

Las visitas serán organizadas por la dirección del centro y se harán siempre con cita previa, una vez por semana, por un tiempo limitado no superior a una hora, solo un familiar por residente (preferentemente siempre la misma persona) y evitando el contacto físico. No se admitirán las visitas de menores de 14 años.

Cuando sea posible, las visitas se realizarán en espacios exteriores que se adecuarán para cumplir con la exigencia de distancia de seguridad, además, si la infraestructura del centro lo permite, se realizarán en dependencias con acceso directo desde el exterior a fin de evitar la deambulación por el centro.

Las personas visitantes acudirán con mascarilla y dispondrán de gel hidroalcohólico en la entrada para la higiene de manos. Las personas usuarias también mantendrán, si la toleran, mascarilla correctamente colocada durante el tiempo que dure la visita y realizarán también frecuente higiene de las manos.

Con respecto a los paseos y desplazamientos, por norma general no se permite la salida de las personas residentes a cualquier vía o espacio de uso público, salvo en el caso de paseos terapéuticos de personas con discapacidad, Trastornos del Espectro Autista o con casuísticas de Salud Mental. Con esta salvedad, las salidas al exterior de los centros y demás establecimientos residenciales solo están permitidas, por motivos terapéuticos, para el caso de personas que no puedan soportar confinamientos indefinidos, siempre y cuando se realice acompañadas, se utilicen las medidas de protección adecuadas y se evite el contacto y la interacción con otras personas.

Para el retorno de las personas usuarias que se trasladaron a domicilios de familiares a consecuencia de la declaración del estado de alarma y para los nuevos ingresos, el centro tendrá no contará con diagnósticos confirmados de COVID-19 positivos 14 días previos al momento de producirse tanto el retorno como el nuevo ingreso. Además, debe existir constatación de ausencia de sintomatología sospechosa de COVID-19 con realización previa de PCR y, en caso negativo, se producirá el ingreso en el centro residencial en el plazo de 24 horas, permaneciendo en cuarentena 14 días desde el ingreso. Otra opción sería el ingreso en cuarentena y realización de PCR en el centro; si el resultado de la prueba fuera negativo continuará en cuarentena 14 días desde el ingreso y si el resultado fuera positivo se valorará su traslado a otros recursos específicos.

Para hacer seguimiento de residentes y personal del centro se contará con la colaboración y seguimiento de los Centros de salud de Atención Primaria para la detección, el diagnóstico y derivación por COVID-19 de las personas residentes en los centros. Medidas que deberán adoptar los centros

Los centros deberán elaborar y aprobar un protocolo de actuación adaptado a sus características estructurales y de personal para evitar la transmisión del SARS CoV 2. Este protocolo debe incluir los siguientes aspectos:

1. Debe designarse una persona de referencia que coordine y supervise en cada centro que se cumplen los requisitos necesarios para mantener las medidas preventivas y de seguridad.

2. Se informará al personal del centro o del establecimiento residencial, a las personas residentes y a visitantes de todas las medidas adoptadas, así como las razones que las justifican.

3. La dirección debe proporcionar para el personal del centro acceso a agua y jabón o dispensadores de productos de base alcohólica para una correcta higiene de manos y elementos básicos de protección (mascarillas, y guantes desechables cuando sean necesarios).

4. En el exterior del centro se colocará un cartel informativo sobre las condiciones del régimen de visitas, haciendo especial énfasis en que si la persona visitante presenta síntomas sospechosos de COVID-19 no podrá acceder al centro y deberá ponerse en contacto con los servicios sanitarios.

5. Se habilitarán circuitos específicos de entrada y salida para las personas visitantes, evitando aglomeraciones en pasillos, salas o espacios comunes. Si fuera necesario, se habilitarán horarios de visita diferenciados.

6. Para las personas visitantes se colocarán dispensadores de producto de base alcohólica en número suficiente a la entrada del centro, en espacios comunes y a la entrada de las habitaciones de cada residente en casos de personas encamadas o con condiciones que desaconsejen su traslado a espacios comunes.

7. Al menos dos veces al día se procederá a una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, grifos, y otros elementos de similares características. Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al finalizar el día.

 

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Dependencia reactiva las valoraciones a domicilio con un estricto protocolo de seguridad

“Somos conscientes de vulnerabilidad de la población a la que se va a visitar, por eso, somos estrictos tanto en las medidas de autoprotección del equipo que valora como de las personas solicitantes”, asegura la consejera del área, Noemí Santana

Las valoraciones se reanudarán desde mañana 2 de junio y al personal se le ha realizado test de diagnóstico de COVID-19

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, ha aprobado un protocolo conjuntamente con Sanidad diseñado para garantizar la seguridad tanto para el solicitante de reconocimiento de la situación de Dependencia como del personal valorador que realiza las visitas a domicilio. “Es prioridad de este Gobierno asegurar que tanto personas usuarias como valoradoras cuenten con la protección necesaria frente al Covid-19, especialmente en un sector de población tan vulnerable al virus como es la población dependiente”, aseguró la consejera del área, Noemí Santana.

Este medida afecta a las 44 valoradoras y trabajadoras sociales, 22 por provincia, que pueden desde mañana martes 2 de junio retomar la actividad que se paralizó hace 11 semanas debido a la situación de estado de alarma sanitaria. Las valoraciones comenzarán por La Gomera mañana martes, 2 de junio, mientras que en el resto de las Islas, será a partir del viernes, 5 de junio. El personal compatibilizará las valoraciones con el teletrabajo ya que muchas de las valoradoras tienen cargas familiares y, por tanto, para poder conciliar se han establecido turnos de trabajo que permita compatibilizar la reanudación de las visitas, que necesariamente deben ser presenciales, con la conciliación familiar.

El protocolo diseñado establece como medida preventiva la realización de los test de diagnóstico de COVID-19 al personal que hace las visitas domiciliarias. Así mismo, las valoradoras deberán realizar una autovigilancia cuidadosa de síntomas sospechosos dadas las características de vulnerabilidad de la población visitada.

Según explica el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, el protocolo concreta el conjunto de medidas que el personal valorador debe de cumplir al acudir al domicilio de los solicitantes del reconocimiento de la situación de Dependencia para la entrevista con la persona solicitante y/o con la persona cuidadora.

“El trabajo de este personal consiste en acceder a todas las estancias, comunes y no comunes, de la vivienda para la observación y aplicación del baremo de valoración para el reconocimiento de la situación de dependencia y para la elaboración del informe social. Y hay que tener en cuenta, asimismo, que frecuentemente se encuentran en el domicilio, en el momento de la visita, no solo la persona solicitante y su cuidador, sino otras personas del núcleo familiar, por tanto, es necesario definir un conjunto de medidas para que el personal pueda realizar el baremo de valoración de dependencia o el informe social, en un espacio con las garantías de protección”.

El personal valorador deberá contar con un equipo de protección que incluya la utilización de mascarilla higiénica para evitar contaminar el entorno y pantalla facial para proteger el rostro, además, deberá guardar la norma del mantenimiento de la distancia física de 2 metros siempre que sea posible, así como haber realizado higiene de manos.

En el hogar de la persona que se va a valorar, en el momento de concertar la cita para la visita a domicilio, se indicará a los interesados los requisitos que se deben cumplir en la medida de lo posible, como son ventilación del hogar, habilitación de un espacio de trabajo desinfectado donde poder ubicar el portátil y desarrollar la entrevista, mantenimiento de la distancia de 2 metros el mayor tiempo que resulte posible y que esté presente durante la entrevista solo la persona solicitante, su cuidador/a, así como el uso obligatorio de mascarillas por parte de la persona solicitante y su cuidador/a, y del resto de personas que se encuentren en el domicilio.

“Hay que tener en cuenta, indicó Montero, que el técnico valorador invierte una media de una hora u hora y media en realizar su trabajo y la mayoría de los solicitantes son de edad, muchos con de patologías previas, de ahí la importancia de extremar las medidas de protección en la atención con este colectivo de población tan sensible”.

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Derechos Sociales destina medio millón de euros a la atención de las personas sin hogar

Noemí Santana visitó hoy uno de los ocho recursos alojativos puestos en marcha junto a los Ayuntamientos con el fin de garantizar la atención de las personas sin hogar ante la situación de alarma provocado por el Covid-19

“Desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus, desde el Gobierno teníamos claro que nuestra prioridad era atender y proteger a las personas más vulnerables, entre ellas a las que menos recursos cuentan como son las personas sin hogar. No podíamos abandonarlas a su suerte en un momento de Estado de Alarma y no lo hemos hecho” afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la visita que realizó hoy a uno de los recursos alojativos de Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, Santana explicó que desde la Consejería de Derechos Sociales se han destinado un global de 400.000 euros a financiar un total de ocho recursos alojativos – dos en Santa Cruz de Tenerife, 3 en Las Palmas de Gran Canaria y uno en La Laguna, Arona y Granadilla- “que han garantizado la atención y acogida a un total de 280 personas sin hogar”.

“Para esta actuación, ha sido fundamental la implicación de los Ayuntamientos, ya que sin su colaboración no habría sido posible” señaló la responsable regional del área de Derechos Sociales quien enfatizó que “en la complicada situación sanitaria y social que estamos viviendo, la colaboración entre administraciones es clave para atender de la mejor forma posible a las personas que más lo necesitan”.

A estos recursos alojativos hay que sumar la partida de 100.000 euros que Derechos Sociales ha destinado a la Obra Social de Acogida y Desarrollo que ha permitido financiar el programa de servicio de comedor y de atención social a un total de 278 personas en situación de extrema vulnerabilidad que son atendidas por la Obra Social en Las Palmas de Gran Canaria.

Noemí Santana durante la visita al recurso alojativo

Estas medidas se suman a las que el Ejecutivo regional ha puesto en marcha durante las últimas semanas desde que se iniciara el estado de Alarma sanitaria por el Covid-19, con el objeto de “crear un escudo social canario, con el fin de ampliar y reforzar el escudo social estatal para llegar a donde no se llegaba, para proteger lo que este no puede proteger”, tal y como explicó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud recientemente en comparecencia parlamentaria.

Entre este abanico de medidas se incluyen el protocolo de actuación, junto a la consejería de Educación, para cubrir al alumnado de ‘cuota cero’ que permitió entregar tarjetas para alimentos a más de 13.000 escolares de las Islas, así como la puesta en marcha del Ingreso Canario de Emergencia, la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción, llegando a las 7.000 familias en Canarias, y el adelanto del pago de las prestaciones durante la situación del estado de alarma, tanto las de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) como de las prestaciones de cuidados en el entorno familiar en el ámbito de atención a la dependencia y la renovación de los grados de discapacidad de forma automática durante un año.

Además, el Ejecutivo transfirió a los municipios los 12 millones de euros del programa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y destinó una partida de 600.000 euros para las entidades sociales que se dedican a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, medidas a las que se suma la puesta en marcha de la iniciativa Mascarilla 19, dirigida a la atención de mujeres víctimas de violencia machista.

Asimismo, hay que recordar la incorporación del Colegio de Trabajadores Sociales y la Plataforma del Tercer sector al trabajo de coordinación realizado en el marco de la mesa de reconstrucción, junto al Presidente y al Comité de Emergencia social.

 

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Derechos Sociales diseña un protocolo para la apertura ‘segura’ de los centros de día para dependientes

Según explicó la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, “el objetivo es garantizar una vuelta escalonada de la población usuaria y del personal a los centros dando prioridad a los que más lo necesitan”.

La instrucción, elaborada de forma conjunta con Cabildos insulares y Sanidad, recoge un amplio abanico de medidas dirigidas a garantizar la protección y de seguridad de usuarios, personal y familias

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Viceconsejería de Derechos Sociales, ha elaborado un documento en el que se establecen las condiciones mínimas que se deben cumplir en la apertura de los centros de estancia diurna en aplicación de lo que habilitaba a las comunidades autónomas que se encontraban en la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Estas medidas afectarán a las más de 5.000 plazas en centros de estancia diurna existentes en Canarias.

Según explica la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, el objetivo de esta instrucción, elaborada de forma conjunta con los siete Cabildos insulares y la Consejería de Sanidad, “es establecer un conjunto de medidas que proporcionen una atención de forma adecuada a la población usuaria de los centros de día para personas en situación de dependencia y que garantice la seguridad de la misma y del personal que trabaja en los centros ante la situación del Covid-19”.

El objetivo es que el regreso a los centros de día se realice de forma escalonada, según las condiciones de cada centro y dando prioridad a los usuarios con mayor grado de dependencia y a las familias que cuenten con mayores dificultades para poder conciliar el cuidado de su familiar con las responsabilidades laborales.

“Desde que se publicó la Orden por parte del Estado el pasado 9 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 1, desde la Consejería hemos estado trabajando de forma muy directa con los Cabildos insulares, que son los que gestionan los centros, así como con el servicio de Inspección de la Consejería y la Dirección general de Salud Pública del Ejecutivo, con el fin de elaborar una instrucción con recomendaciones para la apertura de los centros de día con todas las garantías sanitarias”, aclaró Martínez, quien aseguró que los centros “deben disponer de planes de contingencia adaptados a las características de cada uno y dirigidos a la prevención de la transmisión de SARS CoV 2 entre los trabajadores, entre los usuarios y entre trabajadores y usuarios”.

La Instrucción contempla un amplio conjunto de medidas previas  a la apertura de los centros que incluyen, entre otras, la limpieza exhaustiva de las instalaciones, la formación al personal sobre la nueva organización de la actividad en los centros y las medidas de protección de la salud así como el establecimiento de una programación de forma escalonada del personal con el fin de que se respeten las distancias mínimas de seguridad.

Además, contempla que los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales evaluarán los riesgos a los que se puede enfrentar cada trabajador o trabajadora en el desarrollo de sus tareas y, en función de esos riesgos, establecerá si es necesario el EPI adecuado, si fuera el caso, y en todas las actividades en los centros se llevarán a cabo respetando las medidas de prevención de la transmisión (higiene muy frecuente de manos, distancia física, limpieza y desinfección del entorno, uso de mascarillas y etiqueta respiratoria, y de guantes).

Igualmente, la instrucción indica que cada centro contará con un protocolo de entrada y salida de usuarios del centro, no se permitirán el acceso de personas con síntomas respiratorios o fiebre y se tomará la temperatura a toda persona que vaya a acceder al centro.

“Lo fundamental es garantizar la salud pública de usuarios, personal y familias, para ir, poco a poco, recuperando la normalidad y minimizar al máximo el riesgo de este colectivo de población que es de los más vulnerables”,  concluyó Martínez.

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Noemí Santana defiende el esfuerzo hecho en Canarias para ampliar el escudo social del Estado

«Todas nuestras actuaciones han estado dirigidas a asegurar que, en la actual situación de crisis, nadie se quede atrás”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud en comparecencia parlamentaria

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha defendido hoy en el Parlamento de Canarias el esfuerzo que se ha realizado desde el Ejecutivo regional para ampliar el escudo social desplegado por el Estado para que nadie quede atrás en esta crisis sanitaria provocada por la COVID-19. “Las medidas adoptadas han ido encaminadas a crear un escudo social canario y ampliar y reforzar el escudo social estatal para llegar a donde no se llegaba, para proteger lo que este no puede proteger. Lo hemos hecho de forma coordinada entre las direcciones generales que conforman la Consejería, pero también de forma transversal entre otros departamentos del Gobierno como Educación, Sanidad o Vivienda”.

En este sentido, Santana se refirió al protocolo de actuación para cubrir al alumnado de ‘cuota cero’ que, junto a la consejería de Educación, posibilitó la entrega de alimentos y tarjetas para más de 13.000 escolares. Con Sanidad, “hemos trabajado de forma coordinada desde el primer día, para garantizar la máxima seguridad y cuidados de nuestras residencias sociosanitarias, tanto de personas mayores como con diversidad funcional, un trabajo que ha permitido que Canarias sea la comunidad autónoma con menor número de fallecidos en sus residencias”. En coordinación con la consejería de Obras Públicas y Vivienda, la consejera regional señaló la publicación de un decreto-ley que contempla la exoneración del pago del alquiler de viviendas públicas.

Con respecto a las medias adoptadas, la consejera de Derechos Sociales se refirió a iniciativas como el Ingreso Canario de Emergencia, una ayuda “puente” previa al Ingreso Mínimo Vital estatal. “En la actualidad, a falta de casi una semana para finalizar la primera parte del proceso, hemos recibido más de 27.000 solicitudes y en los próximos días se realizarán los primeros pagos del Ingreso Canario de Emergencia”, aseguró Noemí Santana en sede parlamentaria durante su comparecencia para explicar el conjunto de medidas puestas en marcha por su departamento ante la situación de alarma sanitaria.

“De forma paralela, Derechos Sociales amplió la Prestación Canaria de Inserción con el fin de dar cobertura y atención a 1.500 familias perceptoras más, llegando a las 7.000 familias en Canarias”, aseguró la consejera. A estas medidas hay que sumar otras como el adelanto del pago de las prestaciones durante el estado de alarma, tanto las de la PCI como de las prestaciones de cuidados en el entorno familiar en el ámbito de atención a la dependencia, “garantizando esos ingresos a más de 20.000 familias”; la renovación de los grados de discapacidad de forma automática durante un año, para que nadie pierda derechos adquiridos; el refuerzo del teléfono de atención al mayor y la puesta en marcha de la aplicación Covida, “para que ningún mayor se quede solo o sin atender”, así como la apertura de una línea de ayudas de carácter extraordinario para entidades que realizan a domicilio atención a la dependencia y discapacidad.

Asimismo, la consejera se refirió la transferencia a los municipio de los 12 millones de euros del programa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, así como una partida de 600.000 euros para las entidades sociales que se dedican a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad”.

“Para la atención de las mujeres víctimas de violencia machista, se puso en marcha la iniciativa Mascarilla 19, que ha sido imitada en todo el mundo y que ha logrado que se hable de Canarias como un lugar innovador en cuanto a medidas de protección de víctimas de violencias machistas”, subrayó la responsable regional del área.

En su intervención, Santana hizo referencia a las reuniones constantes con el resto de Administraciones públicas y las entidades del Tercer Sector “con el fin de conocer de primera mano su situación y sus necesidades”. De esta forma, se incorporó a la mesa de reconstrucción, junto al Presidente y al Comité de Emergencia social, al Colegio de Trabajadoras Sociales y a la Plataforma del Tercer sector, “porque somos totalmente conscientes de la importancia de la labor que realizan especialmente en los complicados y difíciles momentos a los que nos enfrentamos”, concluyó la consejera de Derechos Sociales.

Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Durante el Pleno del Parlamento que tuvo lugar previamente a la comparecencia, y a respuesta de una pregunta de la diputada María del Río (GP Sí Podemos), la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias se refirió a los 5,9 millones de euros que recibe Canarias este año a cargo de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En ese sentido, señaló que se ha logrado que los fondos que no se ejecutaron de 2018 se devuelvan sin intereses y se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2020 el uso de los remanentes de 2019. “De los 18 millones de euros que Canarias tenía que recibir de estos fondos, hemos perdido ya 6 por no usarlos de manera eficiente. Nuestro compromiso es trabajar, como hasta ahora, para que ese dinero no se pierda y llegue a las mujeres que lo necesiten”, aseguró la consejera.

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Tenerife recibe más de 13 millones de euros de fondos autonómicos para la atención de las familias vulnerables

La isla ha recibido una partida global de 8,5 millones de euros en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales y más de 4,5 millones de euros de fondos del Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

El Gobierno de Canarias ha destinado este año un total de 13.178.937,57 euros en programas y líneas financieras de atención dirigida a la población en situación de mayor vulnerabilidad social. En porcentaje, esto supone un incremento del 62% al haberse incluido los fondos provenientes de Plan de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social.

En concreto, la Consejería de Derechos Sociales ha aportado a la globalidad de municipios de la isla un total de 8.593.536,35 euros en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables del municipio. A estos fondos, hay que sumar la partida de 4.585.401,22 euros correspondiente al programa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ha contado este año con una partida global que asciende a 2.756.204,54 euros, de los cuales 2.051.201,20 euros se enmarcan dentro del Plan Concertado de Prestaciones Básica y 705.003,34 euros al Programa de Lucha contra la Pobreza. Esto supone un incremento del 41% con respecto a los fondos que se recibieron en la anualidad anterior.

Con respecto a La Laguna, uno de los municipios con más población de la isla, el montante total de fondos destinados alcanza 1.861.189,42 euros, lo que supone un incremento del 49% con respecto al año anterior.

Por municipios, Arico ha contado con una partida global, sumando los dos programas, que asciende a 442.526,81 euros; Arafo, 153.847,23 euros; Buenavista, 176.509,34 euros; Candelaria, 319.373,11 euros; Fasnia, 131.568,13 euros; Garachico, 201.321,56 euros; Granadilla, 568.692,08 euros; La Guancha, 212.617,92 euros; Guía de Isora, 290.095,15 euros; Güimar, 315.561,45 euros; Icod, 450.142,39 euros; La Laguna, 1.861.189,42 euros;  La Matanza, 243.856,20; euros La Orotava, 680.455,95 euros; Puerto de la Cruz, 452.060,82 euros; Los Realejos, 574.608,13 euros; El Rosario, 253.288,49 euros; San Juan de la Rambla, 156.680,09 euros; San Miguel, 221.482,32 euros; Santa Úrsula, 246.362,48 euros; Santiago del Teide, 180.219,23 euros; El Sauzal, 173.534,27 euros; Los Silos, 149.936,90; euros Tacoronte, 350.663,01 euros; El Tanque, 130.059,90 euros; Tegueste, 214.647,08 euros; Victoria de Acentejo, 202.202,53 euros; y Vilaflor, 120.245,03 euros.

 

A través de estos fondos se financian los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias que más lo necesitan, como PCI, ayuda a domicilio, centros de servicios sociales, centros de día o atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, así como se ofrece la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en la isla.

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Gran Canaria recibe 12 millones de euros de fondos autonómicos para la atención de las familias vulnerables

La isla ha recibido una partida global de 8,1 millones de euros en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales y más de 4,5 millones de euros de fondos del Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

El Gobierno de Canarias ha destinado este año un total de 12.168.766,34 euros en programas y líneas financieras de atención dirigida a la población en situación de mayor vulnerabilidad social. En porcentaje, esto supone un incremento del 57% al haberse incluido los fondos provenientes de Plan de Lucha contra la Pobreza y Excusión Social.

En concreto, la Consejería de Derechos Sociales ha aportado a la globalidad de municipios de la isla un total de 8.161.395,04 euros en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables del municipio. A estos fondos, hay que sumar la partida de 4.007.371,30 euros correspondiente al programa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

La capital, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, ha contado este año con una partida global que asciende a 4.513.370,76 euros, de los cuales 3.256.098,30 euros se enmarcan dentro del Plan Concertado de Prestaciones Básica y 1.257.272,46 euros al Programa de Lucha contra la Pobreza. Esto supone un incremento del 45% con respecto a los fondos que se recibieron en la anualidad anterior.

Con respecto a Telde, uno de los municipios con más población de la isla de Gran Canaria, el montante destinado en este 2020 es de cerca de un millón y medio de euros, lo que supone un incremento del 43% con respecto a los fondos que se recibieron el año pasado.

Por municipios, Agaete ha recibido un total de 183.255,35 euros; Agüimes, 421.701,28 euros; Artenara, 120.469,16 euros; Arucas, 502.277,83 euros; Firgas, 185.513,77 euros; Gáldar, 454.279,36 euros; Ingenio, 475.323,08 euros; Mogán, 372.896,12 euros; Moya, 207.833,58 euros; San Bartolomé de Tirajana, 722.818,55 euros; La Aldea, 211.830,82 euros; Santa Brígida, 240.730,47 euros; Santa Lucía, 854.577,04 euros; Guía, 239.876,94 euros; Tejeda, 170.778,15 euros; Telde,  1.491.975,08 euros; Teror, 220.552,77 euros; Valsequillo, 229.947,19 euros; Valleseco, 170.220,92 euros y Vega de San Mateo, 178.538,12 euros.

A través de estos fondos se financian los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias que más lo necesitan, como PCI, ayuda a domicilio, centros de servicios sociales, centros de día o atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, así como se ofrece la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en la isla.

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