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El Gobierno aprueba una ayuda extraordinaria para beneficiarios de pensiones no contributivas y de la PCI

Serán beneficiarios de esta ayuda única de 250 euros los actuales perceptores de la PNC y la PCI, algo más de 50.700 personas

La ayuda se dará de oficio, sin tener que presentar solicitud, y se hará efectivo el pago antes del 15 de enero de 2021

 

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha aprobado el decreto ley impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que aprueba la concesión de una prestación social finalista, única y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ante la situación de crisis social motivado por la COVID-19. El pago se realizará antes del 15 de enero de 2021.

Según se especifica en el decreto ley, uno de los colectivos más afectados por la actual situación de pandemia son las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.

Con el fin de apoyar a los perceptores de estas ayudas, el decreto ley crea una prestación social, finalista, personal e intransferible destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia de la COVID-19.

Se trata de una prestación única de carácter extraordinario con una cuantía individual de estas ayudas que se fija en 250 euros. El pago se efectuará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las administraciones públicas canarias.

Para hacer frente a ese pago único, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará una partida presupuestaria que asciende a 13.767.750 euros, a través del cual se pretende llegar a dar cobertura a un total de 50.747 personas beneficiarias.

Perfil del beneficiario

Serán beneficiarias de esta ayuda única las personas que reciben una pensión no contributiva en Canarias (a fecha de noviembre, un total de 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación), así como las 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (dato de octubre de 2020), que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, hay que tener en cuenta que en Canarias el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. De hecho, del total de pensiones no contributivas 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.

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Derechos Sociales abonará a partir de la próxima semana el segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia

La ayuda llegará a más de 28.000 personas que recibirán la misma cuantía que el primer pago, que van de los 367 euros a los 478 euros, dependiendo de la unidad familiar de convivencia

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud realizará a partir de la próxima semana el segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia (ICE) a los mismos beneficiarios que lo recibieron con anterioridad. Este mismo viernes se ha formalizado la Resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración por la que se ordena este segundo pago. El ingreso en sus cuentas bancarias se espera esté materializado durante la próxima semana para aquellos solicitantes que han aportado número de cuenta corriente.

Tal y como había anunciado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras su aprobación en el Parlamento, este segundo pago permitirá que las 16.000 familias que recibieron el primer abono de esta ayuda económica vuelvan a recibir un segundo abono que paliará en parte la situación de muchas familias que no cuentan con ingresos. Recordar que Canarias es la única comunidad autónoma de todo el Estado español que ha impulsado y aprobado un ingreso de emergencia de este tipo.

Los solicitantes que han proporcionado las cuentas bancarias para el ingreso de la ayuda, empezarán a recibirlas durante la próxima semana en el mismo número de cuenta corriente. Los solicitantes que no han proporcionado cuenta corriente, se les abonará mediante una tarjeta bancaria monedero, para ello, se contactará vía teléfono o correo electrónico con la persona solicitantes y se divulgará por redes sociales, tablón de anuncios, etc. a los efectos de informar sobre el sistema de recogida.

Este segundo pago del ICE mantendrá las mismas cuantías del primer pago, que varían en función del número de personas que componen las unidades de convivencia familiar (y que suponen el 75% de la actual Prestación Canaria de Inserción): de 1 persona, 367,02 euros; de 2 personas, 415,30 euros; de 3 personas, 453,94 euros, y de 4 o más personas, 478,09 euros.

El Ingreso Canario de Emergencia (ICE) se otorgó a un total de 28.023 personas, lo que supone unas 16.000 familias residentes en las Islas, que cumplían con todos los requisitos para poder ser perceptoras de esta ayuda económica, es decir, no contar con ingresos desde el mes de marzo incluido y contar con un patrimonio inferior a 50.000 euros.

Para la financiación de este primer pago del ICE, Derechos Sociales destinó una partida económica que ascendió a 6.324.183,96 euros. Tras realizar el pago previsto a las familias en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, los remanentes, hasta llegar a los 16 millones de euros que se han destinado a esta medida, se les hará entrega a los municipios para que los destinen a ayudas de emergencia.

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Derechos Sociales presenta el anteproyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias

Noemí Santana: “Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, cumplimos con el Estatuto de Autonomía y cumplimos con la ciudadanía canaria”

El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses y se mantendrá hasta que la situación de exclusión social persista

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ha presentado este miércoles el anteproyecto de ley de la Renta de Ciudadanía Canarias que pasará la semana que viene a Consejo de Gobierno y, posteriormente, al Parlamento de Canarias para su tramitación. “Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, cumplimos con el Estatuto de Autonomía y cumplimos con la ciudadanía canaria”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en la presentación ante los medios de comunicación del cuerpo normativo del anteproyecto de Ley que regulará la futura renta de ciudadanía en el Archipiélago.

“Lo que presentamos hoy es un borrador del anteproyecto de Ley que esperamos que entre en junio de 2021 en el Parlamento para su debate y aprobación posterior, con lo calculamos que las familias podrán contar con esta ayuda a partir del cuarto trimestre del próximo año”, aclaró Santana.

La consejera destacó dos aspectos importantes de la propuesta. Por un lado, que la prestación se mantendría mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social. Y por otro lado, las cuantías de la misma que se equiparan a las del Ingreso Mínimo Vital.

La renta de ciudadanía es una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible, que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social, y la cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias. Se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en el anteproyecto.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronamiento durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida; acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.

El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a algunos de los requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

Simplificación en la tramitación y plazo para dictar resolución

Con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la Renta, la persona interesada presentará su solicitud de manera telemática, podrán ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. Además, las solicitudes también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso. Con respecto al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.

El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El texto, que salió a información pública el pasado 9 de noviembre, se puede consultar AQUI.

 

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Derechos Sociales repartirá 100.000 mascarillas entre las familias sin recursos de Canarias

“Nuestro objetivo es que ninguna persona ni ninguna familia en situación de exclusión social o en riesgo no pueda protegerse correctamente frente al virus de la COVID-19 por carecer de recursos económicos para acceder a la compra de mascarillas”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el transcurso de una reunión con la Plataforma del Tercer Sector en la que se les informó de la medida y que contó con la presencia del representante de Cruz Roja, Antonio Rico y de la Once, Miguel Déniz.

En total, se distribuirán 100.000 mascarillas del modelo Fpp2 (50.000 mascarillas en cada provincia). El objetivo, insistió la consejera ante las entidades sociales, es “garantizar la protección de toda la ciudadanía, pero muy especialmente de todas aquellas personas que por su situación social y económica no se pueden permitir destinar parte de sus menguados ingresos a la compra de mascarillas que les protejan ante una situación tan complicada de pandemia como la que vivimos en la actualidad”.

Esta medida da respuesta a la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular y aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias el pasado mes de junio en la que se instaba al Gobierno de Canarias a que evaluara la distribución gratuita de mascarillas entre colectivos vulnerables.

Tarjetas para combustibles

Durante la reunión también se ha puesto a disposición de las entidades tarjetas virtuales de combustibles Cepsa, repartidas en diversas cantidades (20, 50, 100 €). En total, 10.000 euros que la empresa Cepsa donará a las asociaciones a través de la Consejería de Derechos Sociales con el fin de contribuir a sufragar sus gastos de transporte relacionados con la situación que estamos atravesando causada por la pandemia.

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Noemí Santana solicita que las pruebas de ADN de menores migrantes se realicen en Canarias

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha solicitado en sede parlamentaria que la Fiscalía provincial de Las Palmas no separe a los menores de los adultos con los que vienen acompañados y que se deriven a recursos específicos para familias a la espera de los resultados de las pruebas de ADN

“Pedimos la agilización de las pruebas que determinan la filiación de los menores que llegan a las costas canarias a bordo de cayucos y pateras acompañados de adultos que aseguran ser sus madres o padres”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en sesión parlamentaria tras una pregunta de la diputada del grupo Sí Podemos Canarias, María del Río.

La consejera informó que ya se está trabajando en coordinación con la viceconsejería de Justicia y con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con el fin de que las muestras de ADN se procesen en Canarias, ya sea en el Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Toxicológico. “El objetivo es agilizar la obtención de los resultados y, además, minimizar los tiempos de separación de los menores de sus adultos de referencia o, en el caso de que la Fiscalía desista de esta práctica, resolver la cuestión lo antes posible”.

Es una de las actuaciones que pidió hoy la consejera tras la decisión de la Fiscalía provincial de Las Palmas de separar a los menores de los adultos con los que llegan a Canarias. “Nos oponemos frontalmente a esta actuación y pedimos que se deriven a las familias a recursos específicos para familias”, aseguró Noemí Santana.

Unos recursos que ya están disponibles y habilitados por la Secretaría de Estado de Migraciones, según informó la consejera. En concreto, ya están operativos dos recursos alojativos, con capacidad para 90 plazas, que permite albergar a familias completas y/o mixtas.

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Aprobada la modificación de la PCI para facilitar su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital

El Parlamento dio luz verde a la aprobación por unanimidad de los grupos políticos del decreto ley que modifica la ley de la PCI para permitir que las familias puedan seguir cobrando la ayuda hasta recibir el Ingreso Mínimo Vital

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables” con la aprobación de esta medida, asegura la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables con la aprobación de este decreto que modifica la Prestación Canaria de Inserción, siendo una de las primeras comunidades autónomas en actuar para que las personas más desfavorecidas estén protegidas”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy por unanimidad de los grupos políticos parlamentarios de la modificación de la norma base que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“Esta modificación permitirá a las familias que peor lo están pasando en esta situación de crisis social, poder seguir cobrando esta ayuda hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado”, explicó Santana, quien añadió “que, aunque el IMV es una herramienta poderosa que, cuando se despliegue en su totalidad, será un cambio sustancial en Canarias, también reconocemos que ha tenido dificultades en estos primeros meses para su implantación”.

A este respecto, la consejera indicó que Canarias ha impulsado dos medidas, por un lado, aprobar un segundo pago del ICE para personas sin ingresos y que ha dado cobertura económica a 16.000 familias, y por otro, sacar este decreto ley que facilita la convivencia de las dos prestaciones, la estatal (el IMV) y la PCI, la autonómica, “con la que estamos llegando a unas 8.000 familias al mes”.

Modificaciones de la normativa

El objeto del Proyecto de Decreto ley, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, es adaptar esta ayuda al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo el carácter complementario de la misma hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria.

De esta forma, las familias podrán seguir cobrando la PCI durante el periodo de espera del ingreso del IMV, permitiendo, además, que no tengan que devolver las cuantías recibidas de la PCI una vez reciban el Ingreso Mínimo Vital. Para ello, las personas solicitantes tendrán que acreditar que han pedido el IMV con carácter previo para poder hacer su solicitud, sin tener que esperar a una resolución de la ayuda estatal.

Además, durante el tiempo de espera en que se resuelva el IMV, las personas beneficiarias de la PCI podrán seguir cobrándola. Una vez que la solicitud del IMV se resuelva, se pueden dar dos situaciones: por un lado, que la resolución del IMV sea positiva, en cuyo caso, la persona recibirá el IMV con efecto retroactivo a fecha de su solicitud sin tener que devolver las cuantías recibidas por la renta autonómica. Por otro lado, si la resolución del IMV sea negativa, la persona beneficiaria deberá comunicarlo a su trabajadora social y podrá continuar percibiendo la PCI.

Asimismo, la modificación incluye otro cambio importante y es que, a efectos de la determinación de recursos de la PCI, no se contabilizarán las pensiones alimenticias, entendiendo estas últimas como un derecho de la infancia que no se puede restar a las familias que requieran los ingresos de la PCI. “Es decir, hasta ahora si una familia cobraba de PCI 500 euros y recibía una pensión alimenticia de 150, esta cantidad se restaba de su prestación quedando en 350 euros. Con este cambio, podrán cobrar la prestación completa”, indicó Santana.

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana:

 

 

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Canarias plantea un nuevo modelo de atención a los mayores “más humanizado y diverso”

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, anunció que se trabajará con Sanidad para la próxima apertura de la red de 24 centros de día para mayores “con todas las garantías sanitarias”

“Queremos escuchar de voz de los propios mayores posibles líneas de trabajo hacia un nuevo modelo más humanizado y diversificado de las políticas de atención a las personas mayores, ya que se trata de un colectivo que no es un colectivo monolítico sino diverso y con diferentes necesidades”, explicó de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el marco de la celebración del Consejo Canario de las Personas Mayores, que se reactiva después de dos años de la celebración de su última sesión en pleno. Los mayores de 65 años en Canarias representan el 16,5% de la población.

“Este nuevo modelo, indicó, apuesta por la humanización, por el impulso del envejecimiento activo, promoviendo espacios hacia las personas mayores no dependientes y apostando, por ejemplo, por un modelo de cohousing”, afirmó Noemí Santana.

El Consejo abordó también el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en el colectivo de personas mayores, sobre todo, en cuestiones como la gestión y control de residencias, la soledad no deseada que se ha visto incrementada o la brecha digital que les afecta a las personas mayores.

A este respecto, el Consejo de Mayores solicitó a las diferentes administraciones públicas que se elabore un protocolo de apertura, con todas las medidas de control y protección, de los diferentes centros de día y club sociales donde los mayores realizan actividades de envejecimiento activo y recreativas ya que “ayudará a prevenir la soledad y fomentar su ocio, manteniendo la realización de muchas de las actividades que son fundamentales para su desarrollo individual y colectivo”.

Por su parte, sobre esta cuestión, la consejera anunció que ya se está trabajando para agilizar la apertura de la red de 24 centros de día para mayores “con todas las garantías sanitarias”. En Canarias, en torno a unas 46.000 personas mayores hacen uso de la red de centros de día dirigidos a la atención de personas mayores, de los cuales siete son gestionados directamente por la Dirección General de Derechos Sociales.

Estos fueron algunos de los asuntos abordados en el seno del Consejo, donde también se estudió la elaboración una nueva Estrategia global de Envejecimiento Activo, de acuerdo a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reconozca la enorme contribución social, cultural, económica y política de las personas de edad, e introduzca un nuevo modelo de cuidados en la Comunidad Autónoma de Canarias centrado en la persona y sus necesidades.

En su intervención, la consejera del área indicó que “el desarrollo de esta nueva Estrategia debe ir unido necesariamente a una nueva economía de los cuidados, que fomente, por ejemplo, las nuevas formaciones para profesionales relacionados con la atención a las personas mayores”

El Consejo Canario de los Mayores es un órgano colegiado, de carácter consultivo y de información permanente, con representación del Gobierno de Canarias, Fecai, Fecam así como representantes de las distintas asociaciones y federaciones de personas mayores existentes en Canarias.

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El Gobierno destina 500.000 euros a proyectos dirigidos a promocionar la igualdad y la diversidad

Derechos Sociales ha publicado, por concurrencia competitiva, las bases de las convocatorias de ayudas destinadas a proyectos de planificación y promoción de la diversidad LGBTI y a la promoción de la igualdad

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del 7 de octubre, dos convocatorias de subvenciones para el año 2020, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la financiación de proyectos y programas que tengan como objetivo, por un lado,  la planificación y promoción de la diversidad LGBTI, y por otro, la ejecución de proyectos de planificación y promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad en Canarias.

En concreto, la convocatoria de subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos que fomenten la planificación y la promoción de la diversidad LGBTI, convocadas por la Dirección General de Diversidad, cuentan con una cuantía total que asciende a 315.000 euros, y abarca seis líneas de subvención:

1.      Línea de apoyo a la diversidad para la promoción del respeto a la diversidad sexual y de género en las islas no capitalinas a través de acciones formativas, de visibilidad, de reflexión y de impacto en el territorio, con un crédito total que asciende a la cantidad 50.000 euros

2.      Línea de prevención LGBTIfobia en ámbitos novedosos de actuación consistentes en la realización de acciones destinadas a formar y/o sensibilizar sobre diversidad sexual y de género en ámbitos novedosos de actuación, llegando a población que no haya recibido sensibilización hasta el momento, con un crédito total que asciende a la cantidad 75.000 euros.

3.      Línea de recuperación y dignificación de la memoria histórica LGBTI+ de Canarias con el objetivo de la generación de materiales, espacios o propuestas artísticas y culturales para la divulgación y conocimiento de los hechos, datos o sucesos acaecidos en la historia de la represión y movilización del colectivo LGBTI+ de Canarias, con un crédito de 40.000 euros.

4.      Línea de Apoyo a las familias LGBTI+, con un crédito total de 60.000 euros.

5.      Línea de erradicación de la discriminación en los ámbitos educativos, proyectos de charlas formativas destinadas al alumnado de los diversos niveles educativos, profesorado, AMPAS y resto de comunidad educativa sobre diversidad sexual y de género destinadas a prevenir y/o combatir estereotipos y prejuicios al respecto y la discriminación derivada de ellos, con un crédito total que asciende a la cantidad 65.000 euros.

6.      Línea de actividades divulgativas y formativas y apoyo a la diversidad LGBTI+ con el objetivo de generar materiales y/o espacios o actividades para la formación y sensibilización sobre diversidad sexual y de género con la finalidad de reducir la LGBTIfobia en distintos ámbitos, con un crédito total que asciende a la cantidad 25.000 euros.

 

Por su parte, la convocatoria de ayudas la ejecución de proyectos de planificación y promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad en Canarias, por un montante que asciende a 150.000 euros, están destinadas a financiar la puesta en marcha y promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad en Canarias, estableciéndose tres líneas de actuación:

1.      Línea de promoción de la igualdad, con un crédito total que asciende a la cantidad de 50.000 euros, para proyectos que tengan como objeto desmontar las raíces de la desigualdad de género desde la reflexión, la formación y la acción para la promoción de la igualdad en espacios mixtos o masculinizados, abordando también la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

2.      Línea de conciliación, cuidados, tiempo y corresponsabilidad, con un crédito total que asciende a la cantidad de 60.000 euros, a través de proyectos para el fomento de los cuidados en igualdad, entendiendo la familia más allá del entorno nuclear, promocionando y reflexionando sobre la redistribución de los tiempos, los cuidados, la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

3.      Línea de igualdad y diversidad en el deporte a través de la generación de acciones para trabajar la deconstrucción de la desigualdad y el sexismo en el ámbito deportivo, con un crédito total que asciende a 40.000 euros

A estas ayudas podrán acceder las asociaciones y federaciones de asociaciones sin ánimo de lucro, constituidas como tales, y que cuenten, entre sus fines estatutarios la lucha contra la discriminación por razón de sexo o género y/o la promoción de la igualdad, y tener establecido su domicilio social en Canarias.

En la línea de recuperación y dignificación de la memoria histórica del colectivo LGBTI podrán, además, presentarse fundaciones y universidades públicas, mientras que por lo que respecta a la línea de actividades divulgativas y formativas y apoyo a la diversidad podrán ser beneficiarias, exclusivamente, los Cabildos y Entidades Públicas vinculadas o dependientes de estos.

Las entidades interesadas cuentan con un plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOC, teniendo que cumplimentar y presentar la documentación necesaria a través de la sede electrónica de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en este enlace para la convocatoria de Diversidad y en este enlace para la convocatoria de Igualdad.

 

 

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Derechos Sociales incrementa en 8,5 millones la financiación de los recursos sociosanitarios

El incremento de la financiación del coste plaza, el mayor que se ha hecho hasta la fecha, se realizará tras el acuerdo alcanzado hoy entre el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos insulares que han celebrado en un encuentro al que ha asistido la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero

El coste plaza se incrementa entre un 13,8% y un 6%, dependiendo del tipo de plaza

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud destinará casi 8,5 millones de euros más a la financiación de los recursos de atención a la dependencia y discapacidad . Esto supone un importante incremento de las aportaciones a los convenios plurianuales que se firman con los Cabildos insulares para la financiación de los recursos de atención a las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, con el fin de incrementar la aportación precio/plaza. En total, el Gobierno de Canarias destinará – incluido el incremento- 147.051.635,70 euros a estos convenios, mientras que los Cabildos insulares aportarán 67.481.621 euros, tras un incremento del 4,4 millones de euros.

“Este incremento viene a paliar una deuda histórica con las entidades que gestionan los recursos de personas dependientes, discapacidad y mayores. Se trata de la mayor subida del coste plaza realizada hasta la fecha. Nuestro compromiso es que de forma progresiva se cubra todo el coste e, incluso, ir más allá en la financiación para asegurar una atención de calidad para las personas dependientes”, manifestó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras el encuentro con los Cabildos.

La consejera también agradeció el compromiso de las corporaciones insulares con la ciudadanía más vulnerables y reconoció el esfuerzo de los Cabildos para que este incremento histórico sea haga realidad. Hay que tener en cuenta que hasta este momento, en 2016 se produjo un aumento global del 7,5% de las plazas de discapacidad; en 2017 aumenta de forma global el 6,75% de las plazas de discapacidad; en 2018 se incrementaron todas las plazas un 1,1% (IPC 2017), y el año 2019 en el que la subida se centró en discapacidad intelectual.

Con este incremento en el fondo, el Gobierno va acercando el precio de la plaza al coste real de las mismas, que aumenta entre un 13,8 y un 6% función del tipo de plaza, residencial o centro de día. Así, con respecto al sector de la discapacidad las plazas residenciales aumentan un 10%, las plazas diurnas un 7,5%, un 10% crecen los servicios de promoción de la autonomía personal y un 13,8% el mantenimiento de funciones adquiridas. Con respecto al sector de mayores, el incremento de plazas residenciales se sitúa en un 6%.

El acuerdo alcanzado por unanimidad con los siete Cabildos supone un incremento de las aportaciones por islas que queda de la siguiente manera: al Hierro se destinan 51.590,32 euros más; a Fuerteventura, 224.510,88; a Gran Canaria, 3.298.858,72; a La Gomera, 102.568,57; a La Palma, 537.485,93; a Lanzarote, 460.428,61, y a Tenerife, 3.840.997,39 euros más.

 

 

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana:

 

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El Gobierno de Canarias reconoce la lucha de las personas mayores y su necesaria contribución a la sociedad actual

Gemma Martínez y Sylvia Jaén

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias desarrolla una campaña bajo el lema ‘Son mayores, son mejores’

La campaña ha sido presentada hoy en rueda de prensa por las viceconsejeras de Derechos Sociales e Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez y Sylvia Jaén y se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores

“Presentamos una campaña positiva, valiente, resiliente porque nuestras personas mayores lo son”, de esta forma se manifestó la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén, en el acto de presentación de la campaña de comunicación puesta en marcha bajo el lema de la campaña ‘Son mayores, son mejores’, por la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra mañana 1 de octubre.

“Con esta campaña no solo queremos reconocer la lucha que nuestros mayores han protagonizado a lo largo de sus vidas si no que también queremos recordarles, a ellos y al resto de la sociedad, que son necesarios y hacerlo además desde el humor, que buena falta nos hace en los extraños tiempos en que vivimos” explicó Jaén, quien enfatizó que “nuestros mayores son unos auténticos super-vivientes y que son muy necesarios en y para nuestra sociedad”.

Sylvia Jaén y Gemma Martínez, viceconsejeras de Igualdad y de Derechos Sociales

“Además, buscamos redirigir la mirada de otras generaciones hacia las y los mayores con el fin de favorecer el diálogo intergeneracional completamente necesario”, aseguró la viceconsejera de Igualdad quien quiso aprovechar la ocasión para recordar la valentía de las personas mayores “especialmente estos tiempos en los que ha sido precisamente este colectivo el que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia”.

Por su parte, la viceconsejera de Derechos Sociales subrayó que, en la actualidad, el 16,54% de la población de Canarias es mayor de 65 años, una cifra que se ha incrementado en 4 puntos desde el año 2008. “Se trata, pues, de un dato que nos habla del envejecimiento de nuestra pirámide poblacional y que nos ha obligado a poner en marcha un conjunto de medidas y acciones dirigidas a garantizar su atención y cuidados”.

Entre estas medidas, Martínez señaló la ampliación del plazo de ejecución del II Plan de Infraestructuras sociosanitarias e inclusión del mismo en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, “lo que permitirá contar con 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad, unos recursos con los que priorizamos las necesidades sociales de nuestra población mayor, desarrollando un modelo, en colaboración con los Cabildos insulares, en el que se combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño con atención más personalizada”.

En materia de inversión, la viceconsejera de Derechos Sociales señaló que destinado este año unos 4 millones de euros a centros de día y proyectos a través de las distintas convocatorias de subvenciones para personas mayores para el desarrollo de actividades para propiciar unas condiciones de vida saludables “que les permita estar activos y saludables física y emocionalmente, promocionando un envejecimiento activo, y hemos reforzado el Teléfono del mayor”. En relación a este servicio de 24 horas, dirigido a personas mayores de 65 años, Martínez señaló que, a través de él se han atendido 6.700 llamadas, lo que supone un incremento del 146 % en lo que va de año, llegándose a incrementar en un 268 % durante el intervalo correspondiente a los primeros quince días de Estado de Alarma.

Igualmente, se destacó la puesta en marcha de la APP Covida durante el estado de alarma para ayudar a las personas que no podían salir de sus casas y necesitaba ayudas con cuestiones como hacer la compra, medicamentos, etc, una iniciativa que cuenta en la actualidad con 1.353 personas mayores registradas y 956 personas voluntarias. Asimismo, se adelantó que, en las próximas fechas, se presentará una nueva APP enfocada especialmente a la conciliación de las personas cuidadoras de personas mayores que son, sobre todo, mujeres.

De cara a medio plazo, la viceconsejera de Derechos Sociales anunció la convocatoria del Consejo del Mayor de Canarias para el próximo 20 de octubre y la inclusión en el borrador de la Ley de Renta Ciudadana un posible complemento a las prestaciones no contributivas que, en las Islas, alcanza a las 43.000 personas.

 

1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores

La campaña consistirá en la emisión durante todo el mes de octubre de un spot televisivo, así como el desarrollo de diversas iniciativas dirigidas a la visibilización de las personas mayores en todos los ámbitos sociales en colaboración con la Radio Televisión Canaria además de un amplio apoyo en cartelería en zonas públicas y de exterior.

El Día Internacional de las Personas Mayores, se celebra a nivel mundial cada 1 de octubre, fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar a nivel internacional el reconocimiento de este colectivo así como garantizar su participación en el ámbito social, político y económico y hacer una llamamiento sobre las desigualdades a las que se enfrentan.

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