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La Consejería de Presidencia convoca a los sindicatos para evaluar implantación de los tribunales de instancia

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia estudiará las cargas de trabajo de los primeros meses y el anuncio por el Ministerio de la incorporación de nuevas plazas judiciales para analizar los aspectos a mejorar

La Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha convocado una mesa de trabajo con las organizaciones sindicales el 21 de julio para evaluar la implantación de los tribunales de Instancia desde la puesta en marcha de la Ley Orgánica1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La reunión también servirá para analizar los aspectos a mejorar tras el anuncio de ampliación de la planta judicial por el Ministerio.

Esta revisión, que se enmarca dentro de los compromisos a los que llegó la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y los sindicatos en la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), tiene como finalidad analizar el funcionamiento real de la nueva estructura judicial una vez puesta en marcha y contrastar las previsiones iniciales con los datos obtenidos durante los primeros meses de funcionamiento de las fases 1 y 2. Para valorar las necesidades, se estudiarán las cargas de trabajo efectivamente asumidas por los Tribunales de Instancia, las Oficinas Generales del Registro Civil y las Oficinas de Justicia en los Municipios, con el objetivo de determinar si las dotaciones actuales se ajustan a las necesidades reales del servicio y, en su caso, proponer las modificaciones oportunas de las RPT.

Asimismo, el análisis tendrá en cuenta el incremento de plazas judiciales aprobado recientemente por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, que prevé para Canarias 33 nuevas plazas judiciales. La incorporación de estos nuevos efectivos exigirá analizar nuevamente la distribución de tareas, la organización interna de las oficinas judiciales y la adecuación de las plantillas de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, de forma que el crecimiento de la planta judicial se traduzca en una mejora efectiva de la prestación del servicio público.

La evaluación continua se asume como un proceso participativo con los operadores jurídicos para garantizar que la implantación de la Ley Orgánica 1/2025 vaya acompañada de una adecuada planificación de los recursos humanos y materiales, incorporando la experiencia adquirida durante la implantación y las necesidades detectadas tras su análisis.

La fase 1 comprende los partidos judiciales de Arucas, Granadilla de Abona, La Orotava, Icod de los Vinos, Güímar, Puerto de la Cruz, Los Llanos de Aridane, San Sebastián de La Gomera y Valverde. Por su parte, la fase 2 incluye los partidos judiciales de Arona, San Cristóbal de La Laguna, Telde y San Bartolomé de Tirajana. Posteriormente se iniciará la fase 3 y última.

El proceso se desarrollará mediante el diálogo con las organizaciones sindicales y con el objetivo común de garantizar una Justicia más eficiente, moderna, cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía canaria.

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La Consejería y los sindicatos inician la negociación de las 26 RPT de la 1ª fase de la Ley de eficiencia judicial

Nieves Lady Barreto expuso en el Pleno los trabajos desarrollados por la Administración canaria y los operadores jurídicos para su implantación, “sin contar con ficha financiera por parte del Estado»

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado hoy en el Pleno del Parlamento que mañana llevará a la mesa de negociación las propuestas de los modelos de oficina judicial y las 26 relaciones de puestos de trabajo (RPT) que se necesitan para la implantación de la primera fase de la Ley de Eficiencia Judicial. Nieves Lady Barreto recordó el gran esfuerzo que están haciendo todos los operadores judiciales, los representantes de los trabajadores y la comunidad autónoma para poder cumplir los plazos “sin que exista ficha financiera por parte del Estado y no tener contemplado este gasto en los Presupuestos autonómicos por haberse aprobado en enero de este año”.

Nieves Lady Barreto enumeró las reuniones mantenidas desde los primeros días de febrero con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ); la Comisión Mixta de Letrados de la Administración de Justicia; sindicatos representados en la Mesa sectorial; la Fiscalía y también la FECAM, además de las internas con el Ministerio y destacó la coordinación existente para poder aplicar una “ley transformadora de la Administración de Justicia, que viene para mejorar el servicio, modernizarlo y para darle un sello de calidad, pero sin ficha financiera y con una enorme carga de trabajo,

Según manifestó, Canarias lleva trabajando meses, desde que se aprobó la ley orgánica, manteniendo reuniones con todos los operadores jurídicos para cumplir a pesar de los plazos “inabordables” (el 1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre), que conllevan cambios en la estructura organizativa con la creación de 19 Tribunales de instancia, uno por cada partido judicial, como sistema de organización colegiada que no altera el ejercicio de la función jurisdiccional, ni las competencias de los órganos de enjuiciamiento unipersonales.

Nieves Lady Barreto también explicó que se deberá constituir una Oficina Judicial (OJ) que deberá dar soporte y apoyo a esos Tribunales de Instancia. Estas oficinas tendrán un servicio común de tramitación obligatoriamente y, potestativamente, podrán tener un servicio común general y un servicio común de ejecución. A su vez podrán estructurarse en áreas, equipos y grupos.

A su vez, con la ley se procederá a la transformación de los juzgados de paz en Oficinas de Justicia Municipal, que además de apoyar a la OJ, servirán para prestar determinados servicios a los ciudadanos. Esta nueva estructura entrará en funcionamiento paralelamente a los Tribunales de Instancia. En este sentido, los juzgados de paz pasarán a ser Oficina Judicial Municipal y que eso conlleva una dotación de medios técnicos y de sistemas de información y comunicación y jefaturas de servicio, “con otro importante coste”.

La consejera detalló que esta ley está imponiendo obligaciones económicas a la Comunidad Autónoma pues esta transformación organizativa supondrá que hay que adaptar determinados edificios judiciales, cambiar la señalética, adaptar el sistema de gestión procesal Atlante II y dotar a las oficinas de justicia en el municipio de los sistemas y equipos informáticos. Además, hay que dar formación y crear y abonar los complementos específicos que deban establecerse como consecuencia de las nuevas jefaturas que deberán desempeñar los cuerpos generales de la Administración de Justicia.

Otro aspecto que se tiene que abordar es la introducción de los denominados medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional (MASC). Al respecto, Nieves Lady Barreto recordó la apuesta decidida del Gobierno de Canarias por la mediación como medida alternativa de reducir la litigiosidad, pero también apunto que esta medida supone asumir el acompañamiento en justicia gratuita. “Para ello tenemos que cambiar la Orden que establece los módulos y bases de compensación para el abono de la justicia gratuita a los abogados”.

Por último, Nieves Lady Barreto señaló las medidas de agilización procesal, destacando la transcendencia social, la creación de las secciones de violencia sobre la mujer de los Tribunales de Instancia.

La consejera informó que estas reuniones han permitido tener una hoja de ruta clara, para no duplicar recursos y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo y tener un borrador de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) que se va a negociar para alcanzar un consenso. “De cualquier forma, no renunciaremos a exigir una financiación”, concluyó.

Los partidos judiciales de la primera fase son nueve: Valverde, San Sebastián de la Gomera, Los Llanos de Aridane, Icod de los Vinos, Arucas, Güímar, Granadilla de Abona, La Orotava y Santa Lucía de Tirajana.

También el 1 de julio entran 34 Oficinas de Justicia Municipal: El Paso, Fuencaliente, Garafía, Puntagorda, Tazacorte, Tijarafe, Frontera, El Pinar, Artenara, Firgas, Teror, Tejeda, Valleseco, Arico, San Miguel de Abona, Vilaflor, Arafo, Candelaria, Fasnia, Buenavista del Norte, El Tanque, Garachico, La Guancha, Los Silos, La Matanza de Acentejo, La victoria de Acentejo, Los Realejos, San Juan de la Rambla y Santa Úrsula, Valle Gran Rey, Vallehermoso; Agulo, Alajeró y Hermigua.

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Justicia encarga informes periciales a empresas especializadas y contrata más psicólogos

Justicia encarga informes periciales a empresas especializadas y contrata más psicólogos

La plantilla tradicional descansaba casi solo en médicos y ahora hacen falta más psicólogos y trabajadores sociales

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, reconoce en el Parlamento las carencias y enumera las actuaciones en marcha para remediarlas

La viceconsejera de Justicia del gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha explicado esta semana que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está absolutamente comprometida con dar una respuesta definitiva para dimensionar la plantilla de los institutos de medicina legal a la realidad y a las necesidades actuales de la sociedad y la Administración de Justicia. Para ello, ha apuntado, su departamento propondrá una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), una vez resueltos otros compromisos como el concurso de méritos o la estabilización y consolidación de personal público.

Carla Vallejo ha expuesto en el Parlamento de Canarias las acciones que se están desarrollando con relación a la plantilla del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que consta de 26 profesionales de Medicina Forense, 11 de Psicología y 6 de Trabajo Social, el mismo número de personas desde hace más de 15 años. Una plantilla que, para la viceconsejera, no está adaptada a la práctica forense actual y cuyo trabajo se ha visto afectado por situaciones de incapacidad temporal de algunos profesionales de Psicología.

Ha detallado las acciones que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad está desarrollando, tanto de forma inmediata como a medio plazo, para revertir esta situación. Así, y con carácter inmediato, según ha relatado, se ha reforzado la cooperación externa que se realiza a través de empresas especializadas, a las que se ha encomendado la realización de pruebas periciales de carácter urgente.

Del mismo modo, ha indicado, se ha llevado a cabo un proceso de licitación extraordinaria, para reforzar dicha colaboración externa con un programa de nombramiento de profesionales de Psicología con especialización en la atención de víctimas de violencia de género y atención de la infancia víctima de violencia, con cargo a los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

La viceconsejera ha señalado que otra de las actuaciones es la solicitud y obtención de financiación suficiente para contar con personal interino de refuerzo para cubrir la situación de incapacidad temporal de profesionales y la acumulación de carga de trabajo.

“Si bien la justicia de hace unos años, en lo que tiene que ver con la práctica forense, se centraba mucho en la actuación del personal médico forense, la sociedad y los delitos han cambiado mucho y también las necesidades de la Administración de Justicia”, ha remarcado Vallejo, para quien es fundamental la incorporación de profesionales de Psicología y Trabajo Social, así como de personal de laboratorio en los institutos de medicina legal.

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El Portal de Transparencia publica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Pública canaria

La información, también disponible en el Portal de Datos Abiertos de Canarias, está en formatos PDF y reutilizables

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha hecho pública, en los portales de Transparencia y Datos Abiertos de Canarias, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración Pública de las Islas. Además, la información divulgada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias se federa automáticamente con datos.gob.es, por lo que está, a su vez, publicado en el portal de datos abiertos nacional.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo autonómico publica las RPT en formato editable, además de PDF. En concreto, la Dirección General de la Función Pública aporta la información de los 11 departamentos del Ejecutivo autonómico, así como de sus organismos autónomos. También está disponible información de las entidades públicas y las entidades públicas empresariales del Gobierno de Canarias.

La directora general de la Función Pública, Laura Martín, explica que esta publicación está en la línea de dotar de la mayor transparencia toda la actividad que está realizando su centro directivo, poniendo el eje de atención en los trabajadores y trabajadoras públicos y la ciudadanía en general.

Entre la información hecha pública, se muestra las funciones del puesto, a qué departamento, organismo autónomo y centro directivo pertenece, la unidad orgánica, el código de reglamento o la escala del mismo.

No obstante, en las RPT no figura la identidad del personal que ocupa los puestos al estar pendiente la definición y cumplimentación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos personales, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Se puede acceder a estas listas de las RPT en los siguientes enlaces:

https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/empleadospublicos/rpt/

https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset/relaciones-de-puestos-de-trabajo-de-la-comunidad-autonoma-de-canarias

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