Lugar, fecha y hora del incidente:
En Avenida Archipiélago esquina con la calle Lanzarote, Yaiza
11/03/2024
18:22 horas (más…)
Lugar, fecha y hora del incidente:
En Avenida Archipiélago esquina con la calle Lanzarote, Yaiza
11/03/2024
18:22 horas (más…)
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de alerta por fenómenos costeros en el archipiélago, a partir de las 20:00 horas de hoy lunes, 11 de marzo.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Ámbito territorial:
Comunidad autónoma de Canarias.
Observaciones: Habiendo finalizado las condiciones de mal estado de la mar que justificaron la declaración de la situación de alerta, se da por finalizada la misma, quedando desactivado el PEFMA.
Francisco Rodríguez, director general de Función Pública, señala que las pruebas selectivas se llevaron a cabo sin incidencias en los campus universitarios de La Laguna y Tafira
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Función Pública, celebró el pasado fin de semana los ejercicios de los procesos selectivos para optar en turno libre al Cuerpo Auxiliar (Grupo C – Subgrupo C2) y al Cuerpo Administrativo (Grupo C – Subgrupo C1) de la Administración pública canaria.
En la convocatoria del Cuerpo Auxiliar se inscribieron un total de 8.724 aspirantes, de los cuales 4.357 eran de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 4.367 de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. En la convocatoria del Cuerpo Administrativo había un total de 6.780 aspirantes inscritos, de los que 3.562 eran de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 3.227 de Las Palmas de Gran Canaria.
El número de personas que efectivamente se presentaron a ambas convocatorias no se conocerá hasta dentro de unos días cuando la Dirección General de Función Pública convoque a los tribunales y se proceda a la apertura de los sobres de registro, donde constan los listados con el número de personas que entraron a las aulas, las que se retiraron y las que entregaron el examen.
El director general, Francisco Rodríguez, señala que las pruebas selectivas se han desarrollado sin incidencias destacables en los campus universitarios de La Laguna y de Tarifa, respectivamente.
Cabe recordar que la prueba selectiva para el acceso al Cuerpo Administrativo ya se había celebrado el pasado 1 de octubre de 2023, pero fue anulada por la Dirección General de Función Pública al apreciar irregularidades que, finalmente, fueron puestas en conocimiento de los juzgados. Por otro lado, la prueba selectiva para el Cuerpo de Auxiliares es la que estaba prevista para celebrarse el 14 de octubre y que quedó suspendida, también por decisión de la Dirección General, a la espera de nombrar un nuevo tribunal calificador.
Transición Ecológica informa a la Mesa, en una de sus reuniones periódicas, sobre las acciones en las que trabaja la Consejería para fomentar la penetración de energías renovables, actualmente de solo un 20%
Entre esas cuestiones, explicar alguna de las modificaciones previstas para la Ley de Cambio Climático, detallar las nuevas instrucciones para la aplicación del artículo 6-Bis, relacionado con nuevos parques eólicos y fotovoltaicos y plantear acciones que acerquen a la ciudadanía los beneficios de las energías limpias
La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, convoca nuevamente la Mesa de la Energía Renovable en un encuentro celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de seguir avanzando en acciones y estrategias definidas para acelerar la penetración de energías limpias y la descarbonización de las islas.
Sobre esta nueva reunión de la Mesa, convocada y liderada por este área de Gobierno el pasado año 2023, el consejero Zapata informó a todos sus integrantes sobre los avances y modificaciones en los que trabaja la Consejería, con el objetivo de “simplificar procesos burocráticos, clarificar acciones y dar una mayor seguridad jurídica”.
“Trabajamos e informamos sobre las modificaciones de la Ley de cambio Climático que ya hemos venido anunciando, y que incluirán un apartado específico para potenciar la instalación de renovables en espacios ya en uso, conocidos como antropizados”.
Asimismo, el consejero explicó que en esta Mesa, “clarificamos cuestiones relacionadas con las instrucciones que regulan el artículo 6-Bis, para el que llevamos a cabo trabajos de simplificación administrativa, además de informar sobre la situación actual del parque de renovables en Canarias, y posibles acciones que podamos tomar para acercar a la ciudadanía los beneficios de esta fuente de energía limpia”.
También se ha explicado a la mesa el reciente anuncio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), referido a la compatibilidad de subvenciones públicas convocadas por distintos organismos estatales con el REF de Canarias. “Una demanda histórica, que fue una de las primeras peticiones que escuchamos al conformar esta mesa, y que tiene ya por fin, una respuesta favorable”, apuntó Zapata.
El consejero del área, Mariano H. Zapata, agradeció a los asistentes su participación y señaló que la ruta de la Consejería sigue siendo la de “llegar más lejos y más rápido a nuestros objetivos de descarbonización del archipiélago”, que tiene como reto número uno “el aumento de la penetración de renovables, de actualmente solo un 20%”. Todo ello, según explicó, “en coordinación con los agentes del sector, para lo que, precisamente, decidimos conformar esta mesa de trabajo al comienzo de legislatura”.
A esta reunión asistieron representantes de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), la Asociación Eólica Canaria (AEOLICAN), Endesa, Red Eléctrica y la Confederación Regional de Empresas del Metal (CREM). Por parte de la Consejería, estuvieron presentes el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, la viceconsejera Julieta Schallenberg, el director general de Energía, Alberto Hernández y personal técnico.
Lugar, fecha y hora del incidente:
En el Mirador del Queso, Valle Gran Rey
11/03/2024
11:06 horas (más…)
El archipiélago atendió en 2023 a 6.000 nuevos dependientes, lo que supone un 17,29% más que en el ejercicio anterior, un porcentaje muy superior al 7,49% efectuado por la media del resto de comunidades autónomas
El número de personas en el “limbo” descendió en 2.073, es decir, un 14,56%, mientras que la media nacional de reducción fue del 10,49%
Canarias ha reducido en un total de 330 días el tiempo medio de espera desde que se solicita la dependencia hasta que se accede a la prestación: se ha pasado de 977 días de plazo en 2022 a 647 días en 2023, es decir, casi un año menos, según datos del XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, hechos públicos hoy, relativos al año 2023.
Según se expone en el XXIV Dictamen, Canarias atendió a 6.000 nuevos dependientes el pasado año, lo que supone un 17,29% más que en el ejercicio anterior, un porcentaje muy superior al 7,49% efectuado por la media del resto de comunidades autónomas.
Además, el número de personas en el “limbo” descendió en 2.073, es decir, cayó un 14,56%, mientras la media nacional de reducción de este limbo fue de un 10,49%. Aun así, Canarias situó su tasa limbo en el 26,15%, muy alejada de la media estatal que está fijada en un 11,44%.
“Tenemos que seguir trabajando para que acabemos la legislatura cumpliendo lo que marca la ley, que en seis meses se resuelva una solicitud de dependencia. Ese es nuestro objetivo y para eso seguimos trabajando cada día en la Dirección General de Dependencia. Es una prioridad acortar los plazos y, al mismo tiempo, incorporar nuevos recursos para atender mejor a las personas beneficiarias de la ley”, señaló Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.
Asimismo, recoge el dictamen, en 2023 se crearon 1.300 nuevos empleos en la comunidad autónoma como consecuencia “de la utilización de recursos altamente generadores de empleo como la atención residencial o los centros de día”, pero, sobre todo, con el desarrollo de las prestación económicas vinculadas al servicio (PEVS), que representan el 30,4% de la cartera de servicios y que destina en su mayor parte a Ayuda a Domicilio y Atención Residencial.
En cuanto a la financiación, el informe destaca que los costes directos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) estimados por la gestión de las prestaciones y servicios durante el año 2023 se elevaron a un total de 261,59 millones de euros, de los cuales el 47% corrió a cuenta de la comunidad autónoma, el 33,3% al Estado y el 19,6 % a la persona usuaria del sistema.
Incremento de las prestaciones
En cuanto a las prestaciones, la Asociación de Directores y Gerentes recoge que el Archipiélago cerró el ejercicio “con un fuerte incremento de 7.292 nuevas prestaciones”, de las cuales la mayor parte de las mismas se destinó a las Prestaciones para el Cuidado en el entorno Familiar y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales (PECEF), un 40%; y a prestaciones económicas vinculadas al Servicio (PVS), un 27%. El porcentaje restante se distribuye en tasas de reposición respecto al ejercicio precedente, a excepción del aumento del 10% en la teleasistencia.
A este respecto, el dictamen explica que el sistema canario sigue apostando, principalmente por las prestaciones económicas, frente a los servicios de centro de día, residencia, teleasistencia o ayuda a domicilio que, en conjunto, representan el 30% del sistema canario, cuando en la media nacional el conjunto de estas prestaciones se sitúa en el 55%.
A este respecto, hay que añadir que Canarias ha impulsado diversas iniciativas entre las que se encuentran reuniones con todas las empresas acreditadas por el Gobierno de Canarias con la finalidad de poder disminuir las listas de espera que actualmente existen para el Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.
Y, además, en materia de ayuda a domicilio, se han firmado ya acuerdos con 24 ayuntamientos de las distintas islas para prestar este servicio, lo que permitirá que las corporaciones locales ofrezcan ayuda a domicilio especializada y que esta se integre en el sistema de dependencia del Gobierno de Canarias, de forma que se amplíe la oferta y se homogeneicen estos servicios en toda la comunidad autónoma.
La Mesa del Agua de Canarias reúne a todas las administraciones con competencias en la materia, y reclama la renovación del Convenio de Obras Hidráulicas con el Estado
El presidente Fernando Clavijo apela a la necesidad de “flexibilizar la regla de gasto” para hacer frente a las inversiones extraordinarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este mediodía que el problema de la sequía en Canarias es inabordable sin el compromiso del Estado, y ha apelado a la necesidad de flexibilizar la regla de gasto para afrontar las inversiones más urgentes de cara al verano. Clavijo ha realizado estas manifestaciones en el marco de la primera Mesa del Agua de Canarias, un foro institucional promovido por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias en el que el propio Gobierno, cabildos y ayuntamientos han analizado la situación actual respecto al ciclo del agua, al tiempo que han propuesto diferentes líneas de trabajo común para mitigar los efectos de la sequía y su consecuencia en el abastecimiento de agua.
Fernando Clavijo ha asegurado que la sequía “es uno de los mayores retos a los que se enfrenta de manera inmediata nuestro archipiélago” y ha recordado que los datos muestran que la temperatura media es tres grados superior a la media histórica y que en lo que llevamos de año ha llovido solo un 18% de lo habitual.
El presidente de Canarias ha explicado que estamos en “déficit hídrico, lo que ha motivado que apretemos filas todas las administraciones porque la situación en verano, si no cambia la situación, puede afectar al abastecimiento en algunas zonas, tanto a la población como al sector primario”. “Este reto”, ha añadido, “lo debemos afrontar unidos, Gobierno, cabildos y ayuntamientos una situación complicada”.
Fernando Clavijo ha recordado que Canarias necesita un nuevo convenio de obras hidráulicas con el Estado, que “estaba comprometido en 2019 pero no se llegó a firmar, y que nos permitiría afrontar todos los retos, desalación, mejora de redes, captación, aumento de capacidad de reserva… ya que se trata de infraestructuras muy costosas que requieren del compromiso del Estado”.
“El Gobierno de Canarias va a estar siempre para ayudar”, ha anunciado, “pero para hacer real esa ayuda necesitamos activar dos vías, por un lado, la eliminación de la regla de gasto, que nos permitiría liberar, de entrada, 283 millones de euros para invertir en diferentes retos que tiene Canarias, incluyendo el del agua; por otro lado, necesitamos que los presupuestos de España reflejen partidas que contribuyan a ejecutar esas obras necesarias”.
En el encuentro, además de Fernando Clavijo, han estado presentes el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda; el de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; una representación de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), encabezada por su presidenta, María Concepción Brito; y los consejeros de agua de los siete cabildos insulares.
Gobierno, cabildos y ayuntamientos han coincidido en la urgente necesidad de activar cuanto antes un proceso negociador con el Estado para la firma de un nuevo convenio de obras hidráulicas Estado-Canarias, “que está pendiente desde 2019 y que nos ha llevado a un déficit en los últimos cuatro años de unos 900 millones de euros en la financiación del Estado para obras hidráulicas en las islas”, ha recordado Manuel Miranda.
Precisamente la actualización de las obras e inversiones necesarias ha sido uno de los puntos tratados en esta Mesa del Agua, que por primera ver incorpora al debate sobre la gestión del agua en Canarias a los ayuntamientos, que ostentan buena parte de las competencias en el abastecimiento en sus respectivos territorios.
Manuel Miranda ha recordado la necesidad de poner de nuevo sobre la mesa los proyectos pendientes de financiación, “evaluarlos, actualizarlos, establecer prioridades y reclamar del Estado la urgente financiación mediante un nuevo Convenio de Obras Hidráulicas para poner al día las infraestructuras y garantizar el abastecimiento de agua en las ocho islas, tanto para el consumo humano, como para el sector agrícola o como para la producción industrial”.
Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó que las aportaciones realizadas por este departamento en el marco del encuentro recogen la propuestas de las Organizaciones Profesionales Agrarias y recordó lo recogido en el artículo 36 de la Ley de Aguas, “que establece que ante la necesidad de tener que realizar restricciones en relación a este recurso, los últimos sectores a limitar son los de la población y el sector primario”.
Asimismo, el miembro del Ejecutivo canario señaló que desde su área se está trabajando en la agilización de las obras de regadío previstas en este ejercicio, así como en la convocatoria de las subvenciones para iniciativas de regadío, ayuda al coste energético de producción de agua para riego y ayuda a los cultivos de medianías por la sequía.
La Presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, destacó la preocupación de los ayuntamientos por el déficit hídrico. Así, reivindicó la declaración de la emergencia hídrica en la totalidad de las Islas, que venga acompañada de una hoja ruta y con una priorización de las obras a acometer.
En este sentido, demandó que se ejecute la planificación que esta prevista en el marco de las competencias que les corresponden a cada uno, Gobierno de Canarias y Cabildos insulares, así como de los ayuntamientos, poniendo de relieve una vez más la imprescindible cooperación interadministrativa.
Brito agradeció la invitación del Ejecutivo autonómico a formar parte de la Mesa del Agua y solicitó que se amplíe este foro con la incorporación del sector privado, actor también principal en el escenario actual y futuro, señalando que es éste un problema de todos y la solución debe ser conjunta.
Las tres administraciones con competencias en materia de aguas en Canarias se han comprometido además a hacer un esfuerzo coordinado para afrontar las inasumibles pérdidas en las redes de distribución, la mejora de la capacidad de producción de agua desalada, y la ampliación del almacenamiento y reservas de cara al verano.
Miranda, además, ha destacado la importancia de que “trabajemos junto a los siete consejos insulares en la integración y digitalización de toda la información relacionada con el ciclo integral del agua en Canarias, una herramienta definitiva que permitirá planificar y tomar decisiones respecto al futuro del agua en nuestro archipiélago”.
Por último, las instituciones autonómica, insulares y locales han acordado sumar esfuerzos para desarrollar, cada una en su ámbito territorial, cuantas campañas de sensibilización sea necesarias para promover entre la ciudadanía, no solo la que reside en Canarias, sino también la que nos visita, un consumo responsable del agua.
Las personas o asociaciones interesadas pueden obtener más información en las sesiones online organizadas para el 13 de marzo y 2 de abril. La fecha límite para solicitar estas ayudas finaliza el próximo 9 de mayo
La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias ha informado hoy de que ya está abierta la convocatoria de ayudas que Europa destina a jóvenes que residen en regiones ultraperiféricas y de las que se puede beneficiar Canarias YOUTH40RS.
El director general de Juventud, Daniel Morales, recuerda que “Canarias es la comunidad coordinadora y representante del Estado en el Consejo de Políticas de Juventud de la Unión Europea y, por esta razón, tenemos línea directa y relaciones fluidas que nos facilitan el acercamiento de convocatorias de interés para la juventud canaria”.
Morales explica que esta convocatoria europea forma parte de la estrategia de la Unión Europea (UE) a través de la cual se ofrece apoyo financiero para sufragar “las propuestas juveniles que vayan destinadas a desarrollar ideas y soluciones que permitan abordar los desafíos a los que se enfrenta Canarias”. El objetivo es que la nueva generación de jóvenes “sea la que impulse el cambio para un desarrollo inclusivo y sostenible en nuestra comunidad”.
Requisitos
Las ayudas van dirigidas a jóvenes residentes. Pueden optar jóvenes a título individual, grupos de jóvenes y asociaciones o instituciones educativas cuyos miembros tengan edades comprendidas entre los 15 y 24 años. Los proyectos deben enfocarse a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía que vive en las islas, así como a estimular la recuperación y el crecimiento sostenible.
Información adicional
Se han organizado dos sesiones informativas online para el próximo miércoles,13 de marzo y el jueves 2 de abril, ambas a las 15:30 horas. Para participar es preciso realizar la inscripción previa en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlKueZQVxxNvRlpiTLejVBfkme2DPmz9UmmECoNUQkXPJLag/viewform.
Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el decreto ley en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de La Palma, que facilitará y agilizará la construcción de este tipo de viviendas tanto en los tres municipios afectados por el volcán, para dar solución habitacional a quienes no pueden acogerse a las opciones de reconstrucción de su casa, como en el resto de la isla para dar respuesta a las personas demandantes de vivienda protegida. Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios.
Con respecto a las personas que perdieron su vivienda por la erupción, cabe señalar que este decreto viene a dar respuesta a las personas afectadas que no pueden acogerse a alguna de las opciones que se han articulado el Decreto-Ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística, que regula la reconstrucción de las edificaciones que existían antes de la erupción volcánica en el espacio hoy ocupado por la colada, ni tampoco pueden acogerse a lo dispuesto en el Decreto-Ley 1/2022 para permitir la construcción de lo destruido en parcelas fuera del ámbito de la colada.
A estos efectos, el decreto establece que las personas cuyas viviendas resultaron destruidas o afectadas estructuralmente por la lava tienen preferencia para acceder a las viviendas que se construyan en el ámbito de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, de acuerdo con los criterios de renta (IPREM) de general aplicación en la adjudicación de esta clase de viviendas.
En este caso, la adjudicación está condicionada a la entrega de la propiedad de la vivienda que tuvieran en el ámbito de la colada, teniendo la vivienda protegida otorgada en régimen de propiedad la condición de compensación en especie de su derecho como persona afectada.
En cuanto a las viviendas en el ámbito del Valle de Aridane que no se adjudiquen y las que se construyan en otros municipios de la isla de La Palma se adjudicarán a las personas demandantes inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda conforme a las reglas generales de la legislación de vivienda.
Interés general
El decreto declara todas las actuaciones como obras públicas de interés general, declaración que se extiende, si fuera necesario, a las obras de urbanización que sea preciso ejecutar.
Igualmente, teniendo en cuenta la diversidad de planeamiento urbanístico vigente en los municipios afectados, las parcelas cedidas por los ayuntamientos se clasifican, directamente, como suelo urbano consolidado.
Por otro lado, para garantizar la máxima celeridad en la tramitación de los diferentes procedimientos, se declara su urgencia, con la consiguiente reducción de plazos, y se establece la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra.
El objetivo del texto es recuperar la máxima superficie de cultivo y que el mayor número de agricultores retomen la actividad, así como su protección económica hasta que vuelvan a disponer de sus fincas
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 11 de marzo, el decreto ley de medidas agrarias para la recuperación de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja, a propuesta de las Consejerías de Presidencia, Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, y de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. El objetivo de dicho documento es recuperar la máxima superficie de cultivo y que el mayor número de agricultores afectados, que se cifra en unos seiscientos, retomen la actividad, así como posibilitar la protección económica a los afectados hasta que vuelvan a disponer de sus fincas, dando continuidad a las ayudas del POSEI (propuesta por el Gobierno de Canarias y aceptada por Bruselas hasta diciembre de 2025) y por pérdida de renta.
El documento establece medidas para la recuperación en condiciones de seguridad de las explotaciones agrarias afectadas por la colada de lava, así como de las construcciones e instalaciones que existían en dichos espacios, permitiendo que cada uno de los afectados pueda tomar la iniciativa de la recuperación sin perjuicio de las ayudas públicas y de la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios. Para lograr dicha recuperación, el Gobierno de Canarias adoptará aquellas medidas económicas que sean necesarias, las cuales serán compatibles con las compensaciones por daños materiales causados a activos agrarios por el volcán.
El texto recoge también que los propietarios afectados podrán proponer a la Administración competente en materia de agricultura la tramitación y aprobación de concentraciones parcelarias de carácter privado y reconoce a las cooperativas agrarias iniciativa para, en nombre de sus miembros, plantear estas actuaciones. Estas concentraciones privadas de tres o más afectados contarán con apoyo jurídico y financiero (del 100% de su coste). Asimismo, se prevé la compensación económica, basada en el valor real de las propiedades, para aquellas personas que no deseen continuar con la actividad agraria.
Durante su intervención en rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó que esta normativa da respuesta a las necesidades expuestas por los agricultores afectados “y pretende no dejar a nadie atrás”. “Constituye una estrategia que puede iniciarse ya, desde fuera hacia dentro, a medida que se recuperan caminos y conexiones de aguas, y que permite acortar plazos en la recuperación; todo ello con solidez jurídica “, agregó el titular del área.
El mencionado documento forma parte de la hoja de ruta que el Gobierno de Canarias se ha marcado para la recuperación de La Palma y que comprende una parte normativa y otra económica. Se suma, por tanto, al decreto urbanístico y territorial aprobado en diciembre y se completa con el de vivienda, el de suelos estratégicos para recuperar la actividad comercial e industrial, y el plan de pagos, cuya primera anualidad comprende 150 millones de euros (50 aportados por Canarias y 100 que corresponden al Estado).
Dicha norma delimita distintas zonas, una en la que ya es posible la reconstrucción de áreas de cultivo y construcciones, otra en la que es factible la recuperación del terreno de cultivo y pequeñas instalaciones mientras que la de las infraestructuras de mayores dimensiones precisará de un informe técnico, y una tercera en la que debido al riesgo de colapso se deberá contar con un informe científico que avale la seguridad de dichos espacios. Existe otra zona, de pequeñas dimensiones, que corresponde al antiguo acantilado y nunca ha sido cultivada, que no podrá utilizarse debido a la pronunciada pendiente que presenta el terreno.
La zona de cultivo preexistente se ha determinado a partir del mapa de cultivos de La Palma, que recoge una superficie total de 365 hectáreas desde la costa hasta la antigua carretera de Todoque a Las Manchas. Así, se establece que todas aquellas parcelas que, en función de las condiciones del terreno, sean aptas para la recuperación del uso agrario, pueden restablecerse en el mismo lugar y en las mismas condiciones preexistentes. Para ello será necesario depositar sobre la superficie de la colada un relleno (sorriba) para que actúe como capa de baja o muy baja conductividad térmica (tierra vegetal, biomasa, etc.), con el fin de asegurar la viabilidad de las plantaciones que se realicen.
El decreto ley aprobado hoy determina que en aquellas zonas incluidas en el ámbito agrario en que las que se han detectado determinados elementos geomorfológicos susceptibles de sufrir colapso, su recuperación estará condicionada a la comprobación previa de la seguridad de estas zonas mediante un informe geotécnico que verifique la estabilidad del terreno. Las personas titulares de explotaciones localizadas en esos espacios podrán reubicarse en otras parcelas distintas dentro de la colada donde las condiciones del suelo lo permitan. Ante esta situación y con el propósito de recuperar la producción agraria previa a la erupción, la Administración podrá adquirir aquellas parcelas cuyos titulares, por las razones que sean, decidan no llevar a cabo la recuperación de su capacidad productiva, con el fin de permutarlas con aquellos que quieran continuar con la actividad.
Regula también la recuperación de explotaciones ganaderas, concediendo a los ayuntamientos la autorización mediante la correspondiente licencia de la implantación de dicho uso en distintas categorías de suelo rústico: de protección agraria, común ordinario, y de protección paisajística (en este caso en determinadas parcelas y previo informe del Cabildo insular).