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Industria pide actualizar las ayudas del REA para amortiguar el alza de costes del sector, cifrado en un 20%

Gobierno de Canarias y Asinca analizan la situación de las empresas industriales en las Islas y las medidas a activar para no poner en peligro producciones y evitar el encarecimiento de los productos frente al consumidor final

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, el presidente y el vicepresidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa y Raúl García, respectivamente, se han reunido esta mañana para analizar las posibles soluciones que se pueden aplicar para combatir los efectos económicos que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania está provocando entre las empresas del sector en el Archipiélago, y que se suman a las secuelas causadas por la pandemia.

Entre las medidas para paliar esta situación, ambas partes acordaron defender la actualización e incremento de las ayudas de consumo industrial del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) de forma que se compense el incremento de los costes energéticos, de las materias primas y del transporte que arrastra el sector desde hace 14 meses, cifrado ya en un promedio de 20% y 30% de media y con una clara perspectiva de mayor afección por la guerra y por la gran dependencia de las islas  del exterior.

En este sentido, Yaiza Castilla considera urgente que “desde el Gobierno de Canarias pongamos todos nuestros esfuerzos para analizar la situación del sector y buscar posibles soluciones que ayuden a mantener la pervivencia y competitividad del sector sin elevar los precios finales de los consumidores”.

Así mismo, recuerda que “la crítica situación del sector parte de los efectos de un largo periodo de pandemia, a lo que ahora se suma una situación bélica con consecuencias aún por determinar, por los actores que intervienen, porque no se sabe cuánto durará el conflicto y cuánto se tardará en volver a la situación anterior”.

Desde que se iniciara el conflicto bélico de Rusia con Ucrania, tanto Gobierno como patronal están siguiendo muy de cerca su evolución y monitorizando los efectos que tiene para las industrias canarias.

En este sentido, Asinca informa de que las principales consecuencias que están padeciendo en estos momentos los industriales son: el incremento de las materias primas y de los productos sustitutivos, las dificultades para encontrar proveedores alternativos o el incumplimiento de las condiciones acordadas con los proveedores antes del conflicto bélico.

Sobre ello, Virgilio Correa explica que “existen dificultades para encontrar proveedores alternativos, por ejemplo, para sustituir los cereales de Ucrania por los de otros países, pues los cereales producidos por terceros países como los de EEUU requerirían de una autorización excepcional de la UE, debido a que utilizan productos fitosanitarios no autorizados actualmente en la UE. Esto provoca que actualmente la industria canaria y europea no tenga una alternativa fácil de sustitución”.

A ello se suman, además, el retraso en las operativas logísticas, el encarecimiento de los precios del gasóleo, el gas y los fletes de barcos, el incremento del coste de la energía y la subida del IPC, que ha repercutido, a su vez, en los costes salariales.

Con todo ello, Correa señala que “debemos poner en marcha acciones inmediatas para paliar este incremento de costes y evitar la pérdida de tejido productivo, ya que muchas empresas se plantean parar líneas de producción”.

Así, además de incrementar las ayudas de consumo industrial en el REA, desde Asinca proponen flexibilizar el acceso a la importación de materias primas procedente de otros estados, así como sobre el control del etiquetado de los alimentos; actualizar los costes tipo de las compensaciones al transporte para que se compense de forma efectiva los costes adicionales que asumen las industrias canarias en la importación de sus inputs y en los envíos entre islas, introducir medidas que contribuyan a contrarrestar la subida desorbitada de los precios energéticos para todas las empresas, reducir los impuestos sobre los combustibles derivados del petróleo, posibilitar que las empresas industriales puedan acogerse a un ERTE por causas de fuerza mayor, y la creación de ayudas directas y de liquidez para las empresas del sector que se vean afectadas gravemente en su capacidad productiva y de comercialización, entre otras.

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Gobierno canario y Ministerio abordan la Ley de Cadena Alimentaria en un foro telemático seguido por 200 personas

La consejera Alicia Vanoostende aseguró que «estas jornadas son un primer paso para abordar la normativa y explicar y matizar al público en general los pormenores de la ley»

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abordaron en la tarde de hoy, jueves 18 de febrero, la Ley de Cadena Alimentaria en el marco de unas jornadas telemáticas para resolver las dudas y principales cuestiones de índole jurídica y económica como los precios y costes de producción que contempla el documento.

Las ponencias, que tuvieron un seguimiento de más de 200 personas conectadas, fueron inauguradas por la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, quien abordó en la presentación la necesidad “de mantener este tipo de ponencias online ante las restricciones de la pandemia para avanzar en la interpretación de una Ley que en general es positiva para el sector”.

Por parte del Ministerio, la primera intervención corrió a cargo del director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, que realizó un recorrido inicial por la política de la Ley de Cadena Alimentaria desde su origen como instrumento para evitar la opacidad y los abusos en la cadena.

En esta línea, apuntó que “el plátano es un producto valorado por su vinculación con el origen y que aporta calidad y diferenciación dentro de los alimentos de España”.

Asimismo, Herrero incidió que “los precios se fijarán acorde a lo que se establece en el contrato”, además de explicar que la ley “obliga a establecer el procedimiento de liquidación a los socios de las cooperativas”.

Por su parte, la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, abrió el segundo turno de intervención con una explicación sobre el papel de esta institución dependiente del Ministerio y a través de la cuál se realiza el sistema de control del fraude y de las malas prácticas.

Hernández abordó “el coste efectivo de producción como uno de los factores a tener en cuenta junto con la calidad del producto para dotar de flexibilidad a la negociación”, y recalcó que “la ley protege al eslabón más débil que es el agricultor, por lo que se trata de un elemento indispensable para asegurar el equilibrio”.

Durante el turno de preguntas de las personas conectadas en el foro, los ponentes contestaron a cuestiones relacionadas con los costes de producción, los tipos de venta, las situaciones excepcionales del plátano dentro de la ley o las sanciones por el incumplimiento de la norma.

Por último, la consejera Alicia Vanoostende aseguró que “estas jornadas son un primer paso para abordar la normativa y explicar y matizar al público en general los pormenores de una ley que repercute en la mejora de las condiciones del sector primario”.

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