Ángel Víctor Torres emplaza a todas las partes implicadas en dar estabilidad a empleados y empleadas públicos del archipiélago a cumplir los plazos que establece la Ley 20/2021 una vez que hay acuerdo en los puntos básicos
Las fuerzas sindicales agradecen la oferta de diálogo y coordinación lanzada por el Ejecutivo canario y se muestran dispuestas a buscar una solución a un problema que afecta a miles de familias en Canarias
Una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, a la que se han inscrito ya casi 800 personas, analiza mañana la evolución y marco jurídico del empleo público
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido este jueves el compromiso adquirido durante el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de constituir una mesa de negociación en la que estuvieran presentes, además del Ejecutivo, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y las principales fuerzas sindicales (UGT, CCOO, SEPCA, CSIF e IC), para establecer las líneas maestras y consensuar los mecanismos a aplicar con el fin de reducir el alto grado de temporalidad que afecta a empleadas y empleados públicos del Archipiélago.
Durante dicha reunión, en la que Torres ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, el jefe del Ejecutivo canario ha emplazado a quienes han participado en la mesa de negociación a cumplir los plazos concretos fijados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una vez que hay acuerdo en los puntos básicos y se ha alcanzado el consenso en la necesidad de resolver un problema muy grave que afecta a miles de familias en Canarias.
Según ha recordado Torres, dicha norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024. Tenemos un problema, ha dicho, que “nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución”.
Al igual que el presidente, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la importancia de poner en marcha un espacio de diálogo y entendimiento en el que se fijen los procedimientos necesarios que deben llevarse a cabo y ha subrayado que “la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, ha señalado la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.
Por parte de la Fecai, la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, ha agradecido al presidente del Gobierno la oferta de coordinar los criterios que se van a aplicar para solucionar un problema tan importante y que se lleva tanto tiempo tratando de resolver. Ha abogado por buscar un común denominador que beneficie a todas las partes, partiendo de que la ley impone unas medidas y crea unas obligaciones.
En nombre de la Fecam, su presidenta, María Brito, que ha estado acompañada del alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, ha hecho hincapié en la necesaria coordinación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, ya que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y ha destacado la necesidad de unificar criterios para evitar dar pie a agravios entre administraciones.
Fuerzas sindicales
Fran Bautista, en representación de UGT, ha agradecido la puesta en marcha de una mesa de diálogo, por la necesidad de que todas las administraciones se coordinen para solucionar una situación tan grave que sufren tantos trabajadores y trabajadoras, y ha pedido evitar pelearse por criterios razonables. Ha animado a aprovechar las ventajas que da la ley para estabilizar empleo público y ha recordado que existen miles de trabajadores y trabajadoras -unos 25.000 solo en la Administración autonómica, incluyendo Educación y Sanidad-, y familias esperando una solución.
Para CCOO, “no se puede perder esta oportunidad de crear seguridad donde hay inseguridad”, según su representante Juan Miguel Suárez; por eso, ha apuntado que “toca ponerse las pilas para llegar a tiempo”. Desde una actitud positiva, ha comentado que “esta es la ley que tenemos y el marco a utilizar para que al final del camino se pueda resolver un problema que padecemos. Hoy estamos dando un paso importante y necesario”, ha resaltado.
Desde SEPCA, José Mascarell ha ofertado al presidente su colaboración para buscar una solución a un problema de gestión de recursos humanos en la administración pública que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. “Nos va a tener a su lado”, ha dicho, a la vez que ha propuesto aprovechar la flexibilidad del marco jurídico en el que hay que trabajar y evitar las restricciones.
Por parte del CSIF, Francisco Elías Martín ha agradecido el encuentro, ya que “hacía falta llegar a un entendimiento entre todas las partes implicadas”, y ha explicado que la ley da derecho a estabilizar, pero hay que explicar qué sistema se va a aplicar y aclarar las interpretaciones que puedan surgir, con el fin de dar garantía jurídica a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a estabilizar.
Pedro Pablo Medina, en nombre de Intersindical Canaria (IC), se ha mostrado abierto a buscar una salida que dé solución a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, la mejor posible, y ha recalcado que “se trata de dar solución a miles de situaciones personales que nunca han sido responsabilidad de quienes las padecen”. Ha celebrado que se coordinen todos los procesos y ha manifestado su interés en buscar la manera de dar respuesta al problema que nos enfrentamos.
A la mesa de negociación convocada por Ángel Víctor Torres siguió otra reunión, de carácter más técnico, en este caso encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, en la que estuvieron presentes representantes de Fecai, Fecam y los sindicatos antes citados.
Jornada empleo público
Por otra parte, mañana está prevista la celebración de una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9:00 horas, a la que, hasta el momento, se han inscrito ya casi 800 personas, y en la que se pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público.
Inauguradas por Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.
Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.
En la primera participarán representantes de los sindicatos CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT. En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.
La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.
