El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias aprueba las subvenciones en favor de la economía social durante 2002, que incluyen como novedad las acciones de difusión y fomento

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprueba la convocatoria de subvenciones para la contratación de personas socias trabajadoras y para la formación en economía social por parte de cooperativas o sociedades laborales del Archipiélago durante el ejercicio 2022.

Acordada por unanimidad en el seno del Consejo General de Empleo del SCE, órgano colegiado de las administraciones junto a patronales y sindicatos con mayor representatividad, la nueva edición de las ayudas autonómicas se tramita justo después de la aprobación también sin discrepancias la pasada semana en el Parlamento de Canarias de la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, en el marco del impulso otorgado a la economía social durante la actual legislatura con la publicación antes del verano de la norma homónima como primer hito.

En concreto, la convocatoria del organismo presidido por la consejera Elena Máñez contempla subvenciones por importe de 300.000 euros para las incorporaciones con carácter indefinido de personas desempleadas o trabajadores y trabajadores de las cooperativas y sociedades laborales como socios y socias de las diversas entidades (100.000 euros) y, como novedad, una línea para las actividades de formación y fomento de la economía social (200.000 euros).

Entre otras, se incluyen las acciones de formación para iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del cooperativismo y de la economía social tanto a personas socias o trabajadoras como a la ciudadanía con interés en la creación o funcionamiento de este tipo de empresas, incluidos aspectos de la transformación productiva mediante las economías verde o azul; y las actividades de fomento del sector mediante congresos, simposios, jornadas o seminarios.

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El Parlamento autonómico aprobó hoy la primera norma canaria de Cooperativas, impulsada por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para flexibilizar, agilizar y potenciar el funcionamiento y la creación de este tipo de sociedades, que generan empleo estable y de calidad en las islas

El Parlamento de Canarias aprobó hoy la primera ley específica para sociedades cooperativas del archipiélago, que impulsó el Gobierno autonómico a través de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. La nueva norma facilita tanto la constitución, como la gestión de este tipo de sociedades: reduce el número de personas socias necesarias para constituir una sociedad cooperativa a tan solo dos y simplifica numerosos trámites de la gestión diaria y algunos menos frecuentes, como los requisitos para la escisión o la fusión de las cooperativas.

La consejera del área, Elena Máñez, agradeció en su intervención final “el interés y el esfuerzo de los diputados y diputadas que formaron parte de la ponencia de la ley para alcanzar acuerdos, transaccionar y, finalmente, incluir mejoras en el texto inicial”. Un texto que ya venía respaldado por el “diálogo exhaustivo que se mantuvo con toda la representación del sector, presente hoy en el Parlamento y a quienes agradezco especialmente su capacidad para aportar siempre en los debates”.

Máñez explicó cómo es la tercera Legislatura en la que se intenta sacar adelante la regulación de las cooperativas en Canarias y destacó el esfuerzo de todo el equipo de la Subdirección de Economía Social del Servicio Canario de Empleo, que fue capaz de refundir las anteriores propuestas en un texto consensuado, para solventar los reparos puestos a los anteriores anteproyectos de ley de sociedades cooperativas, tanto por el Consejo Económico y Social de Canarias, como por el Consejo Consultivo.

La nueva Ley propicia que se puedan constituir cooperativas de vivienda colaborativa, las llamadas cohousing, y genera un importante impulso en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito de este tipo de sociedades. Las TIC están presentes en esta Ley con la regulación de su uso para las relaciones externas, bien sea la presentación de cuentas u otras gestiones administrativas, y para las relaciones internas, donde se autoriza, por ejemplo, el voto telemático en las asambleas.

“De este modo” -enfatizó la consejera-, “pretendemos que esta Ley logre, sin perder la perspectiva social que caracteriza a las cooperativas, dotarlas de estructuras modernas y ágiles, que les permitan ser competitivas y, a través de las nuevas tecnologías, puedan localizarse mejor en zonas rurales y alejadas, con lo que pueden convertirse en una fórmula mucho más efectiva que la actual para todo el sector primario”.

Para el departamento de Empleo del Gobierno de Canarias, esta ley, conjuntamente con la ley de economía social, aprobada el pasado mes de junio, dará un salto en la estrategia para el desarrollo de la economía social, con una clara apuesta por empleo estable y de calidad que suele acompañar al modelo de gestión cooperativo.

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La consejera Alicia Vanoostende aseguró que «estas jornadas son un primer paso para abordar la normativa y explicar y matizar al público en general los pormenores de la ley»

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abordaron en la tarde de hoy, jueves 18 de febrero, la Ley de Cadena Alimentaria en el marco de unas jornadas telemáticas para resolver las dudas y principales cuestiones de índole jurídica y económica como los precios y costes de producción que contempla el documento.

Las ponencias, que tuvieron un seguimiento de más de 200 personas conectadas, fueron inauguradas por la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, quien abordó en la presentación la necesidad “de mantener este tipo de ponencias online ante las restricciones de la pandemia para avanzar en la interpretación de una Ley que en general es positiva para el sector”.

Por parte del Ministerio, la primera intervención corrió a cargo del director general de Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, que realizó un recorrido inicial por la política de la Ley de Cadena Alimentaria desde su origen como instrumento para evitar la opacidad y los abusos en la cadena.

En esta línea, apuntó que “el plátano es un producto valorado por su vinculación con el origen y que aporta calidad y diferenciación dentro de los alimentos de España”.

Asimismo, Herrero incidió que “los precios se fijarán acorde a lo que se establece en el contrato”, además de explicar que la ley “obliga a establecer el procedimiento de liquidación a los socios de las cooperativas”.

Por su parte, la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, abrió el segundo turno de intervención con una explicación sobre el papel de esta institución dependiente del Ministerio y a través de la cuál se realiza el sistema de control del fraude y de las malas prácticas.

Hernández abordó “el coste efectivo de producción como uno de los factores a tener en cuenta junto con la calidad del producto para dotar de flexibilidad a la negociación”, y recalcó que “la ley protege al eslabón más débil que es el agricultor, por lo que se trata de un elemento indispensable para asegurar el equilibrio”.

Durante el turno de preguntas de las personas conectadas en el foro, los ponentes contestaron a cuestiones relacionadas con los costes de producción, los tipos de venta, las situaciones excepcionales del plátano dentro de la ley o las sanciones por el incumplimiento de la norma.

Por último, la consejera Alicia Vanoostende aseguró que “estas jornadas son un primer paso para abordar la normativa y explicar y matizar al público en general los pormenores de una ley que repercute en la mejora de las condiciones del sector primario”.

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El proceso administrativo de participación ciudadana de las dos iniciativas legislativas durante los próximos quince días coincide con una ronda de encuentros con los agentes económicos y sociales

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias publicó esta semana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el inicio del periodo de consulta pública previa de los anteproyectos de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias y de Economía Social de Canarias para recabar la opinión de las personas y organizaciones con mayor representatividad e interés por las dos normas.

Junto al trámite previsto en las leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (39/2015) y de Fomento a la Participación Ciudadana (5/2010), el departamento dirigido por Elena Máñez celebrará una ronda de encuentros durante las próximas semanas con los agentes económicos y sociales del Archipiélago concernidos por ambas iniciativas.

Según el anuncio incluido este jueves en el BOC, el Servicio Canario de Empleo (SCE) fija un plazo de quince días naturales a partir del 21 de febrero para realizar las correspondientes aportaciones a la memoria justificativa de la Ley de Economía Social de Canarias, disponible en el Portal de Participación Ciudadana.

Hasta el 6 de marzo, por tanto, la ciudadanía podrá presentar las alegaciones, observaciones o sugerencias pertinentes a través del formulario establecido en el portal participativo, en los registros presenciales del SCE o en la sede electrónica del organismo autónomo, un proceso previo a la tramitación definitiva en el Parlamento de Canarias.

Amplio consenso

Para la Ley de Cooperativas de Canarias, el periodo de consulta se sitúa del 20 de febrero al 5 de marzo por idénticas vías administrativas, de acuerdo con el anuncio publicado el miércoles por el SCE.

Ya adelantada la víspera ante el pleno parlamentario, la consulta pública pretende conseguir “un amplio consenso” en la sociedad isleña alrededor de la iniciativa legislativa sobre las empresas cooperativas, según la consejera autonómica, “una reivindicación histórica”. “Creemos profundamente en la economía social y si alguien representa ese modelo, esas son las cooperativas”, destacó Elena Máñez.

“En nuestra aspiración de avanzar en un modelo de sociedad más justa, más equitativa y con más cohesión social en el marco de la Agenda 2030, impulsar estas leyes es vital”, concluyó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.

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La consejera, Elena Máñez, adelanta que el anteproyecto se someterá en breve a información pública y se abrirá una consulta con los agentes sociales y económicos para contar con una norma “de máximo consenso»

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este martes que el Gobierno de Canarias está agilizando la tramitación del Anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, que en breve saldrá a información pública y que, a partir de ese momento, se abrirá una ronda de consultas con los agentes sociales y económicos implicados para lograr “un amplio consenso” en torno a la nueva norma, que recordó que es “una reivindicación histórica”. “Este Gobierno cree profundamente en la economía social y si alguien representa ese modelo, esas son las cooperativas”, afirmó.

Máñez recordó que las cooperativas “encarnan las ideas de solidaridad, cooperación, igualdad y progreso social que defiende este Gobierno de progreso”.

La consejera, tras considerar que “urge que Canarias cuente con esta ley”, explicó que el anterior anteproyecto, iniciado la pasada legislatura y que no llegó a tramitarse en el Parlamento de Canarias, “fue objeto de reparos del Consejo Económico y Social de Canarias” (CES). Unas cuestiones, detalló, que ahora “hay que analizar de manera rigurosa”.

Una vez efectuada la consulta pública y subsanadas las apreciaciones hechas por el CES, la Consejería remitirá al Parlamento un Proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias “actualizado y que cuente con un amplio consenso de la sociedad canaria y de los agentes sociales y económicos”.

“En nuestra aspiración de avanzar en un modelo de sociedad más justa, más equitativa y con más cohesión social, impulsar esta ley es vital”, concluyó la consejera.

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