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El Gobierno de Canarias y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF alcanzan un preacuerdo sobre el crédito horario

Las tres organizaciones sindicales presentan a la Administración una propuesta conjunta y reclaman un marco actualizado que garantice una interlocución social estable

Fernando Clavijo destaca que “una representación sindical fuerte es clave para una Administración más eficiente”

El Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y CSIF han alcanzado un preacuerdo sobre el crédito horario sindical que permitirá actualizar y homogeneizar los criterios para el ejercicio de la representación de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y establecer un nuevo marco regulatorio de otros derechos sindicales.

Esta propuesta será elevada a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos para su estudio, debate y, en su caso, aprobación, para ser luego remitida y aprobada por el Consejo de Gobierno. De alcanzarse el acuerdo, será de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias con independencia de la naturaleza de su vínculo —funcionario, laboral o estatutario—, en los ámbitos de la Administración General, Justicia, Educación y Sanidad.

El borrador que se llevará a la Mesa General ha sido refrendado hoy viernes, 2 de octubre, por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; el consejero de Educación, Poli Suárez, y el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, en un acto celebrado en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, que contó con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Por parte de las organizaciones sindicales firmaron el presidente autonómico de CSIF Canarias, César Martínez Araque; el coordinador del Área Pública de CCOO Canarias, Pedro Costeras Nebreda; y Francisco Bautista Yanes, secretario general de UGT servicios públicos.

“Hemos sido capaces de cumplir con el compromiso que adquirimos de iniciar este trámite que debe conducirnos, mediante el correspondiente proceso de negociación, a disponer de una representación sindical fuerte. Esto es clave para una Administración más eficaz y eficiente, y supone una inversión en calidad democrática”, destacó el presidente Fernando Clavijo.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, subrayó que “la representación de los empleados públicos es una pieza fundamental para conocer de primera mano la realidad de nuestra Administración, anticipar problemas y buscar soluciones que permitan mejorar tanto las condiciones de trabajo como la calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía”.

Las tres organizaciones sindicales reclaman un marco común para el ejercicio del crédito horario sindical, adaptándolo a la realidad actual del empleo público y a la normativa vigente. Su objetivo es proporcionar mayor claridad y seguridad en la asignación y utilización de estas horas, así como garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de representación de los trabajadores.

La iniciativa plantea que los criterios de asignación y utilización del crédito horario se actualicen de acuerdo con la normativa vigente y que su aplicación sea homogénea en el conjunto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los sindicatos defienden que disponer de tiempo suficiente para desarrollar las funciones de representación resulta imprescindible para que los representantes de los trabajadores puedan atender las demandas de las plantillas, participar en los procesos de negociación y trasladar a la Administración los problemas que afectan al personal público.

La propuesta busca, además, compatibilizar el ejercicio de la actividad sindical con la garantía de los servicios públicos, evitando que la representación de los trabajadores suponga una merma en la atención que reciben los ciudadanos.

UGT, CCOO y CSIF subrayan que el crédito horario sindical no debe contemplarse únicamente como un recurso destinado a la actividad sindical, sino como una herramienta que contribuye al funcionamiento de la propia Administración.

Una representación sindical organizada y con capacidad para ejercer sus funciones permite, según las organizaciones, detectar y abordar los conflictos antes de que se conviertan en problemas mayores, trasladar las necesidades de las plantillas y aportar el conocimiento directo de quienes trabajan diariamente en los servicios públicos.

Asimismo, consideran que una interlocución estable puede contribuir a mejorar la toma de decisiones, favorecer la implicación de los empleados públicos y reforzar la transparencia en la gestión de los recursos humanos.

Para las tres organizaciones, la actualización del crédito horario sindical supondría un paso adelante en la consolidación de las relaciones laborales en la Administración Pública Canaria, al reforzar la participación de los empleados públicos y favorecer una interlocución más estructurada entre la Administración y sus representantes.

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Oferta de estabilización para 1.500 interinos y temporales: acuerdo de la Comisión de Función Pública

Alejandro Rodríguez, durante la celebración hoy, 31 de julio de 2020, de la Comisión de la Función Pública Canaria

El órgano consultivo, en el que participan Gobierno y sindicatos, aprobó hoy los criterios que se fijarán en Decreto de Estabilización del Empleo, para reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero Julio Pérez resalta el compromiso alcanzado: “Seguiremos negociando”, dijo, “con el propósito de hacer las Ofertas de Empleo antes del 31 de diciembre de 2020”, dirigidas al personal funcionario interino y laboral temporal

La Comisión de la Función Pública, órgano consultivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, integrado por Gobierno y sindicatos, informó hoy favorablemente sobre el Proyecto de Decreto de Estabilización del Empleo Temporal, que incorpora los criterios que deberán reunir las plazas que conformarán la Oferta Extraordinaria de Estabilización con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta oferta podría ser aplicable a unos 1.500 empleados y empleadas de la administración canaria, actualmente en situación de interinidad.

La decisión contó con los votos favorables de tres (UGT, CSIF y CCOO) de las cinco organizaciones sindicales que integran el órgano consultivo. Otras dos (Intersindical Canaria y Sepca) votaron en contra. En la reunión participaron por el Gobierno el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de la Función Pública, Laura Martín.

El texto aprobado define los criterios que deben reunir las plazas que conformarán dicha OPE en el marco de los Acuerdos para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, 2018 y 2019 y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, así como la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. El proceso abarcará las plazas que vengan siendo ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida durante, al menos, los tres últimos años entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

No obstante, Gobierno y sindicatos manifestaron también en la Comisión su compromiso para la ampliación de ese periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, si es legalmente posible y así lo dicen los informes jurídicos que se reclamen, y asimismo expresaron su acuerdo sobre la necesidad de incorporar al proceso las plazas delegadas de los Cabildos Insulares y de otros entes públicos dependientes que cumplan los criterios de estabilización.

Estas adiciones permitirían alcanzar la suma de unos 2.000 interinos e interinas, que podrían beneficiarse de las condiciones particulares en que se producirá la oferta extraordinaria.

Además, el acuerdo establece que las plazas ofertadas estarán incluidas en las correspondientes plantillas orgánicas o relación de puestos de trabajo y dotadas económicamente en los respectivos presupuestos anuales, por lo que no se derivará, en ningún caso, incremento de gasto público. Las plazas ocupadas a tiempo parcial, además, serán ofertadas a tiempo parcial, y en iguales condiciones a las que se están ejecutando en la actualidad.

Por otra parte, en la Comisión tanto el Gobierno como los sindicatos mostraron su compromiso de abrir un período de negociación antes del 31 de diciembre de 2020 para lograr la aprobación y publicación, conjuntamente con esta oferta extraordinaria de estabilización, de otra Oferta de Empleo Público, también extraordinaria, para la situación de consolidación, pues estos dos conceptos y situaciones (estabilización y consolidación) no son sinónimos ni afectan a las mismas personas.

Con este fin se formará una Mesa Técnica de Trabajo el próximo mes de septiembre de 2020, para la confección de esta otra Oferta Extraordinaria de Consolidación del Empleo de los puestos y plazas de carácter estructural de los distintos cuerpos, escalas o categorías que se vinieran desempeñando interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, para que pueda ser publicada ser publicada de forma conjunta con la OPE de estabilización, y ambas, antes del 31 de diciembre de 2020.

De la misma manera, se constituirá de manera inmediata la mesa de negociación para la regulación de las bases de la convocatoria, que definirán y regularán el desarrollo de los procesos selectivos.

Proseguirá la negociación, anuncia el Viceconsejero

Alejandro Rodríguez afirma que este acuerdo refleja la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas de negociar con la representación sindical para cumplimiento al mandato recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de aprobar un Plan de estabilización de empleo temporal a fin de reducir la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Entre los compromisos expuestos en la Comisión, que serán objeto de una próxima formalización por Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, y al que podrán adherirse el resto de centrales sindicales, también se incluye el de referenciar las plazas afectadas a los correspondientes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), posibilitando de esta forma, que los futuros procesos de concursos de méritos no afecten a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, “blindado” las plazas para ser ofertadas en exclusividad a los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación.

La aprobación inicial de la OPE extraordinaria de estabilización conllevará un periodo de publicidad y notificación individualizada a cada una de las trabajadoras y trabajadores que vengan ocupando estas plazas para su conocimiento, comprobación de los datos ofrecidos y reclamaciones que procedan.

Por último, la formalización del acuerdo podrá servir de marco de referencia para su utilización en las distintas entidades locales canarias.

Julio Pérez: “Tratamos de cumplir las promesas y anuncios del Gobierno y de la Consejería”.

La reducción de la inestabilidad laboral fue el primer objetivo de los que se expuso el consejero en su prima comparecencia parlamentaria, al iniciar su mandato, junto a la digitalización, la medición y evaluación basada en datos, y la transparencia, como ejes de su actuación y de la política anunciada por el presidente Torres en su investidura.

Por ello, el consejero se congratuló del paso dado hoy, que permite avanzar en el camino anunciado y prometido, sometiéndose a la obligada negociación sindical y procurando encontrar tantos puntos de acuerdo como sea posible con los sindicatos de empleados públicos.

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