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Julio Pérez analiza con el teniente coronel de la UME en el Sur de España su situación y proyectos en Canarias

Julio Pérez analiza con el teniente coronel de la UME en el Sur de España su situación y proyectos en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad agradece los últimos despliegues realizados por la Unidad Militar de Emergencia con motivo del incendio en el norte de Tenerife y el ciclón tropical Hermine

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido esta semana en su despacho, junto con el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas, al teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el Sur de España, José Alberto Gallego, quien estuvo acompañado por el comandante jefe de la UME en Canarias, Enrique Gregory, y el cabo mayor Reinaldo Estévez.

Durante el encuentro, han analizado la actual situación de la UME en las islas, así como sus proyectos, y el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha agradecido el esfuerzo y dedicación constante en todos los servicios prestados, de forma especial los últimos despliegues efectuados con motivo del incendio registrado este verano en el norte de Tenerife y como consecuencia del ciclón tropical Hermine.

En estos momentos, la UME dispone de dos bases en el archipiélago, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, desde donde se trasladan al resto de las islas siempre que es necesario porque se genera algún riesgo.

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Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Ángel Víctor Torres emplaza a todas las partes implicadas en dar estabilidad a empleados y empleadas públicos del archipiélago a cumplir los plazos que establece la Ley 20/2021 una vez que hay acuerdo en los puntos básicos

Las fuerzas sindicales agradecen la oferta de diálogo y coordinación lanzada por el Ejecutivo canario y se muestran dispuestas a buscar una solución a un problema que afecta a miles de familias en Canarias

Una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, a la que se han inscrito ya casi 800 personas, analiza mañana la evolución y marco jurídico del empleo público

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido este jueves el compromiso adquirido durante el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de constituir una mesa de negociación en la que estuvieran presentes, además del Ejecutivo, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y las principales fuerzas sindicales (UGT, CCOO, SEPCA, CSIF e IC), para establecer las líneas maestras y consensuar los mecanismos a aplicar con el fin de reducir el alto grado de temporalidad que afecta a empleadas y empleados públicos del Archipiélago.

Durante dicha reunión, en la que Torres ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, el jefe del Ejecutivo canario ha emplazado a quienes han participado en la mesa de negociación a cumplir los plazos concretos fijados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una vez que hay acuerdo en los puntos básicos y se ha alcanzado el consenso en la necesidad de resolver un problema muy grave que afecta a miles de familias en Canarias.

Según ha recordado Torres, dicha norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024. Tenemos un problema, ha dicho, que “nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución”.

Al igual que el presidente, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la importancia de poner en marcha un espacio de diálogo y entendimiento en el que se fijen los procedimientos necesarios que deben llevarse a cabo y ha subrayado que “la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, ha señalado la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.

Por parte de la Fecai, la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, ha agradecido al presidente del Gobierno la oferta de coordinar los criterios que se van a aplicar para solucionar un problema tan importante y que se lleva tanto tiempo tratando de resolver. Ha abogado por buscar un común denominador que beneficie a todas las partes, partiendo de que la ley impone unas medidas y crea unas obligaciones.

En nombre de la Fecam, su presidenta, María Brito, que ha estado acompañada del alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, ha hecho hincapié en la necesaria coordinación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, ya que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y ha destacado la necesidad de unificar criterios para evitar dar pie a agravios entre administraciones.

Fuerzas sindicales

Fran Bautista, en representación de UGT, ha agradecido la puesta en marcha de una mesa de diálogo, por la necesidad de que todas las administraciones se coordinen para solucionar una situación tan grave que sufren tantos trabajadores y trabajadoras, y ha pedido evitar pelearse por criterios razonables. Ha animado a aprovechar las ventajas que da la ley para estabilizar empleo público y ha recordado que existen miles de trabajadores y trabajadoras -unos 25.000 solo en la Administración autonómica, incluyendo Educación y Sanidad-, y familias esperando una solución.

Para CCOO, “no se puede perder esta oportunidad de crear seguridad donde hay inseguridad”, según su representante Juan Miguel Suárez; por eso, ha apuntado que “toca ponerse las pilas para llegar a tiempo”. Desde una actitud positiva, ha comentado que “esta es la ley que tenemos y el marco a utilizar para que al final del camino se pueda resolver un problema que padecemos. Hoy estamos dando un paso importante y necesario”, ha resaltado.

Desde SEPCA, José Mascarell ha ofertado al presidente su colaboración para buscar una solución a un problema de gestión de recursos humanos en la administración pública que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. “Nos va a tener a su lado”, ha dicho, a la vez que ha propuesto aprovechar la flexibilidad del marco jurídico en el que hay que trabajar y evitar las restricciones.

Por parte del CSIF, Francisco Elías Martín ha agradecido el encuentro, ya que “hacía falta llegar a un entendimiento entre todas las partes implicadas”, y ha explicado que la ley da derecho a estabilizar, pero hay que explicar qué sistema se va a aplicar y aclarar las interpretaciones que puedan surgir, con el fin de dar garantía jurídica a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a estabilizar.

Pedro Pablo Medina, en nombre de Intersindical Canaria (IC), se ha mostrado abierto a buscar una salida que dé solución a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, la mejor posible, y ha recalcado que “se trata de dar solución a miles de situaciones personales que nunca han sido responsabilidad de quienes las padecen”. Ha celebrado que se coordinen todos los procesos y ha manifestado su interés en buscar la manera de dar respuesta al problema que nos enfrentamos.

A la mesa de negociación convocada por Ángel Víctor Torres siguió otra reunión, de carácter más técnico, en este caso encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, en la que estuvieron presentes representantes de Fecai, Fecam y los sindicatos antes citados.

Jornada empleo público

Por otra parte, mañana está prevista la celebración de una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9:00 horas, a la que, hasta el momento, se han inscrito ya casi 800 personas, y en la que se pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público.

Inauguradas por Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de los sindicatos CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT. En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

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El Gobierno firma con los interinos en huelga y anuncia que quiere incorporar a todos los sindicatos en la solución

Escudo Gobierno Canarias Múltiples II SC Tenerife

El documento firmado hoy por SEPCA, CO.BAS e Intersindical Canaria incorpora el informe jurídico que define su alcance y lo delimita como instrumento de negociación política y sindical

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha llevado a cabo hoy la firma material de un acuerdo con las organizaciones sindicales SEPCA, CO.BAS e Intersindical Canaria que completa el contenido del primer acuerdo para acabar con el abuso de temporalidad en el sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias que estaba previsto que se firmara el pasado mes de abril, al incluir, además, dos incorporaciones respecto al original: aclara su alcance jurídico y anuncia el propósito del Gobierno de crear un espacio de diálogo y estudio al que se sumen todos los sindicatos.

En relación al primer aspecto, el nuevo acuerdo ratifica el alcance definido en el informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, que da margen al Ejecutivo autonómico y las organizaciones que representan al personal público para impulsar las actuaciones de carácter político y sindical que crean convenientes para abordar y encontrar soluciones al abuso de temporalidad que sean posible y en el ámbito competencial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En relación a lo segundo, el acuerdo suscrito hace constar el propósito el Gobierno de sumar al resto de organizaciones sindicales del Archipiélago en ese análisis de la situación y en el diseño de una solución al abuso de la temporalidad a través de la creación del denominado Grupo de Diálogo y Estudio del conjunto del problema de la temporalidad en el empleo público, del que participen todos los sindicatos que tienen representación en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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Oferta de estabilización para 1.500 interinos y temporales: acuerdo de la Comisión de Función Pública

Alejandro Rodríguez, durante la celebración hoy, 31 de julio de 2020, de la Comisión de la Función Pública Canaria

El órgano consultivo, en el que participan Gobierno y sindicatos, aprobó hoy los criterios que se fijarán en Decreto de Estabilización del Empleo, para reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero Julio Pérez resalta el compromiso alcanzado: “Seguiremos negociando”, dijo, “con el propósito de hacer las Ofertas de Empleo antes del 31 de diciembre de 2020”, dirigidas al personal funcionario interino y laboral temporal

La Comisión de la Función Pública, órgano consultivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, integrado por Gobierno y sindicatos, informó hoy favorablemente sobre el Proyecto de Decreto de Estabilización del Empleo Temporal, que incorpora los criterios que deberán reunir las plazas que conformarán la Oferta Extraordinaria de Estabilización con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta oferta podría ser aplicable a unos 1.500 empleados y empleadas de la administración canaria, actualmente en situación de interinidad.

La decisión contó con los votos favorables de tres (UGT, CSIF y CCOO) de las cinco organizaciones sindicales que integran el órgano consultivo. Otras dos (Intersindical Canaria y Sepca) votaron en contra. En la reunión participaron por el Gobierno el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de la Función Pública, Laura Martín.

El texto aprobado define los criterios que deben reunir las plazas que conformarán dicha OPE en el marco de los Acuerdos para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, 2018 y 2019 y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, así como la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. El proceso abarcará las plazas que vengan siendo ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida durante, al menos, los tres últimos años entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

No obstante, Gobierno y sindicatos manifestaron también en la Comisión su compromiso para la ampliación de ese periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, si es legalmente posible y así lo dicen los informes jurídicos que se reclamen, y asimismo expresaron su acuerdo sobre la necesidad de incorporar al proceso las plazas delegadas de los Cabildos Insulares y de otros entes públicos dependientes que cumplan los criterios de estabilización.

Estas adiciones permitirían alcanzar la suma de unos 2.000 interinos e interinas, que podrían beneficiarse de las condiciones particulares en que se producirá la oferta extraordinaria.

Además, el acuerdo establece que las plazas ofertadas estarán incluidas en las correspondientes plantillas orgánicas o relación de puestos de trabajo y dotadas económicamente en los respectivos presupuestos anuales, por lo que no se derivará, en ningún caso, incremento de gasto público. Las plazas ocupadas a tiempo parcial, además, serán ofertadas a tiempo parcial, y en iguales condiciones a las que se están ejecutando en la actualidad.

Por otra parte, en la Comisión tanto el Gobierno como los sindicatos mostraron su compromiso de abrir un período de negociación antes del 31 de diciembre de 2020 para lograr la aprobación y publicación, conjuntamente con esta oferta extraordinaria de estabilización, de otra Oferta de Empleo Público, también extraordinaria, para la situación de consolidación, pues estos dos conceptos y situaciones (estabilización y consolidación) no son sinónimos ni afectan a las mismas personas.

Con este fin se formará una Mesa Técnica de Trabajo el próximo mes de septiembre de 2020, para la confección de esta otra Oferta Extraordinaria de Consolidación del Empleo de los puestos y plazas de carácter estructural de los distintos cuerpos, escalas o categorías que se vinieran desempeñando interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, para que pueda ser publicada ser publicada de forma conjunta con la OPE de estabilización, y ambas, antes del 31 de diciembre de 2020.

De la misma manera, se constituirá de manera inmediata la mesa de negociación para la regulación de las bases de la convocatoria, que definirán y regularán el desarrollo de los procesos selectivos.

Proseguirá la negociación, anuncia el Viceconsejero

Alejandro Rodríguez afirma que este acuerdo refleja la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas de negociar con la representación sindical para cumplimiento al mandato recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de aprobar un Plan de estabilización de empleo temporal a fin de reducir la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Entre los compromisos expuestos en la Comisión, que serán objeto de una próxima formalización por Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, y al que podrán adherirse el resto de centrales sindicales, también se incluye el de referenciar las plazas afectadas a los correspondientes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), posibilitando de esta forma, que los futuros procesos de concursos de méritos no afecten a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, “blindado” las plazas para ser ofertadas en exclusividad a los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación.

La aprobación inicial de la OPE extraordinaria de estabilización conllevará un periodo de publicidad y notificación individualizada a cada una de las trabajadoras y trabajadores que vengan ocupando estas plazas para su conocimiento, comprobación de los datos ofrecidos y reclamaciones que procedan.

Por último, la formalización del acuerdo podrá servir de marco de referencia para su utilización en las distintas entidades locales canarias.

Julio Pérez: “Tratamos de cumplir las promesas y anuncios del Gobierno y de la Consejería”.

La reducción de la inestabilidad laboral fue el primer objetivo de los que se expuso el consejero en su prima comparecencia parlamentaria, al iniciar su mandato, junto a la digitalización, la medición y evaluación basada en datos, y la transparencia, como ejes de su actuación y de la política anunciada por el presidente Torres en su investidura.

Por ello, el consejero se congratuló del paso dado hoy, que permite avanzar en el camino anunciado y prometido, sometiéndose a la obligada negociación sindical y procurando encontrar tantos puntos de acuerdo como sea posible con los sindicatos de empleados públicos.

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