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La Consejería de Economía refuerza la prevención de riesgos laborales para hacer frente a la COVID-19

Seguridad laboral

El Icasel amplía hasta los 920.000 euros las ayudas a sectoriales empresariales, sindicatos y asociaciones de personas autónomas para contratar personal técnico con el objetivo de asesorar en la adaptación de los empleos a la pandemia

Máñez subraya la importancia de las acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables en tiempos de la COVID-19 para “una desescalada y reactivación económica seguras para las personas trabajadoras y empresas”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), ha aumentado hasta los 920.000 euros las subvenciones de este año para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En coincidencia con la conmemoración, este 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la consejería dirigida por Elena Máñez anuncia este refuerzo, orientado a mejorar el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena ante la nueva situación generada por la emergencia sanitaria.

El Plan de Actuación del Icasel contaba inicialmente con un presupuesto de 400.000 euros para 2020 destinado a subvenciones a organizaciones sectoriales para la contratación de técnicos en prevención de riesgos laborales. Dada la situación generada por la emergencia sanitaria, se ha aumentado esta cuantía hasta los 920.000 euros para llegar a más organizaciones y, por lo tanto, a un mayor número de pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena, impulsando la formación en políticas preventivas para combatir la COVID-19. Por otro lado, el Plan incluye también líneas de apoyo al mantenimiento financiero de las acciones a realizar por las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales de las confederaciones empresariales y sindicatos más representativos, con subvenciones por importe de 1.000.000 de euros.

Como explica Elena Máñez, aumentar los esfuerzos para la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la COVID-19 “es fundamental de cara a una desescalada y reactivación progresiva de la actividad económica segura para nuestros trabajadores y trabajadoras”. Para ello, apunta, este refuerzo del Plan de Acción en Prevención de Riesgos Laborales del Icasel permitirá acometer “medidas encaminadas a prevenir y controlar el coronavirus en los lugares de trabajo a través de la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas”. “Estas acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables durante la crisis de la COVID-19 nos permitirán garantizar que la reincorporación progresiva a los puestos de trabajo se produce con garantías de seguridad para las personas trabajadoras y las empresas”, afirma.

De acuerdo con el lema Detengamos la pandemia: La seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas, elegido este año para la jornada mundial por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Icasel centra su esfuerzo en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el mercado laboral, no solo con la sensibilización general de la ciudadanía sino mediante la adopción de prácticas concretas para la recuperación y adaptación de la actividad económica a lo largo de las próximas semanas.

Precisamente, la entidad dependiente de la Dirección General de Trabajo también difunde en su web (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) las nuevas directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores, elaboradas por el Gobierno de España con la colaboración de las comunidades autónomas. Ya publicó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSTT) los documentos correspondientes a la construcción, el comercio, el transporte o la industria, entre otros sectores, con las orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19.

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