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El Instituto Canario de Seguridad Laboral prorroga hasta 2021 la Estrategia canaria de salud en el trabajo

Consejo Rector del Icasel

El Consejo Rector del Icasel analiza la reducción de la siniestralidad como consecuencia del confinamiento de la población por la pandemia de COVID-19

El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este lunes la prórroga hasta el próximo año de la Estrategia canaria de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020 para ejecutar las acciones pendientes tras su obligada modificación como consecuencia de la pandemia de COVID-19, además de negociar con las patronales y sindicatos el siguiente documento acorde a las nuevas circunstancias sanitarias.

Presidida por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, la sesión plenaria del órgano de gobierno y de participación institucional del Icasel extendió la vigencia hasta 2021 del texto autonómico para su completa culminación, por tanto, en sintonía con las prórrogas de los documentos homólogos con rango superior en los ámbitos comunitario y estatal, la Estrategia Europea Global EU2020 y la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020.

Además de la actual ampliación, el Icasel trabaja desde primeros de mayo en la necesaria actualización de las medidas de prevención de riesgos en el trabajo tras la crisis sanitaria generada por la enfermedad del coronavirus mediante la convocatoria desde la Comisión Permanente de las mesas técnicas en hostelería y construcción, con representación de las patronales sectoriales y los sindicatos mayoritarios en el Archipiélago.

Fruto del diálogo social, por ejemplo, el Icasel ya dispone del nuevo documento Criterios orientativos frente a la COVID-19 en las obras de construcción, de acceso libre en su web institucional (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) tras la elaboración conjunta entre la administración autonómica, Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Federación Provincial de Entidades de la Construcción en Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife y Fepeco), Confederación Canaria Empresarios y Asociación Empresarios Constructores de Las Palmas (CCE y AECP), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

Además de Elena Máñez, participaron en la sesión ordinaria del Consejo Rector el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; y el director del Icasel, Elirerto Galván; entre otros representantes de la administración autonómica, además de diversos dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Miles de accidentes menos

Igualmente, el órgano de gobierno del Icasel recibió la información sobre el descenso de la siniestralidad laboral en Canarias durante los cinco primeros meses de 2020 como consecuencia del confinamiento de la población española y la suspensión de la actividad económica por el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria por la COVID-19.

En concreto, el Archipiélago registró 3.103 accidentes menos con respecto al mismo periodo de 2019 hasta un total de 6.556 siniestros entre los pasados enero y mayo (6.493 leves, 55 graves y 8 mortales), además de una reducción del 30,29% en el índice de incidencia (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 personas de alta en la Seguridad Social) tanto por el cese puntual de empresas como por el auge paralelo del teletrabajo durante el último trimestre.

Además, los representantes de patronales y sindicatos informaron al pleno del Consejo Rector del Icasel sobre la ejecución de los proyectos subvencionados durante el pasado año, acciones con las que se asesoró a 608 empresas y a 1.308 delegados de personal acerca de seguridad laboral.

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La Consejería de Economía refuerza la prevención de riesgos laborales para hacer frente a la COVID-19

Seguridad laboral

El Icasel amplía hasta los 920.000 euros las ayudas a sectoriales empresariales, sindicatos y asociaciones de personas autónomas para contratar personal técnico con el objetivo de asesorar en la adaptación de los empleos a la pandemia

Máñez subraya la importancia de las acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables en tiempos de la COVID-19 para “una desescalada y reactivación económica seguras para las personas trabajadoras y empresas”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), ha aumentado hasta los 920.000 euros las subvenciones de este año para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En coincidencia con la conmemoración, este 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la consejería dirigida por Elena Máñez anuncia este refuerzo, orientado a mejorar el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena ante la nueva situación generada por la emergencia sanitaria.

El Plan de Actuación del Icasel contaba inicialmente con un presupuesto de 400.000 euros para 2020 destinado a subvenciones a organizaciones sectoriales para la contratación de técnicos en prevención de riesgos laborales. Dada la situación generada por la emergencia sanitaria, se ha aumentado esta cuantía hasta los 920.000 euros para llegar a más organizaciones y, por lo tanto, a un mayor número de pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena, impulsando la formación en políticas preventivas para combatir la COVID-19. Por otro lado, el Plan incluye también líneas de apoyo al mantenimiento financiero de las acciones a realizar por las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales de las confederaciones empresariales y sindicatos más representativos, con subvenciones por importe de 1.000.000 de euros.

Como explica Elena Máñez, aumentar los esfuerzos para la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la COVID-19 “es fundamental de cara a una desescalada y reactivación progresiva de la actividad económica segura para nuestros trabajadores y trabajadoras”. Para ello, apunta, este refuerzo del Plan de Acción en Prevención de Riesgos Laborales del Icasel permitirá acometer “medidas encaminadas a prevenir y controlar el coronavirus en los lugares de trabajo a través de la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas”. “Estas acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables durante la crisis de la COVID-19 nos permitirán garantizar que la reincorporación progresiva a los puestos de trabajo se produce con garantías de seguridad para las personas trabajadoras y las empresas”, afirma.

De acuerdo con el lema Detengamos la pandemia: La seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas, elegido este año para la jornada mundial por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Icasel centra su esfuerzo en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el mercado laboral, no solo con la sensibilización general de la ciudadanía sino mediante la adopción de prácticas concretas para la recuperación y adaptación de la actividad económica a lo largo de las próximas semanas.

Precisamente, la entidad dependiente de la Dirección General de Trabajo también difunde en su web (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) las nuevas directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores, elaboradas por el Gobierno de España con la colaboración de las comunidades autónomas. Ya publicó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSTT) los documentos correspondientes a la construcción, el comercio, el transporte o la industria, entre otros sectores, con las orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19.

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Trabajo y la Policía Canaria acuerdan colaborar en la investigación de la economía sumergida

El índice de incidencia de la accidentalidad en Canarias descendió más de 16 puntos en el último trimestre

Cristina Valido asegura que “el consenso constante con sindicatos y empresas ha dado un gran espaldarazo a todas las actuaciones que impulsa el Gobierno de Canarias para mejorar las condiciones laborales”

La Dirección General de Trabajo coordinará con la Policía Canaria el acompañamiento en operativos para preservar la seguridad en intervenciones de prevención de riesgos laborales. Asimismo, colaborarán en la investigación de accidentes y de intervenciones referentes a la detección de situaciones de economía sumergida, tal y como se acordó en el encuentro mantenido esta mañana entre el director general de Trabajo, José Miguel González y el comisario de la Policía Canaria, Luis Santos.

Este es uno más de los contactos mantenidos por la Dirección General de Trabajo para conseguir un mejor engranaje mejorar las condiciones laborales de los empleados de cualquier empresa en Canarias. Entre los últimos logros, se puede destacar que el último dato del índice de incidencia de la accidentalidad laboral registrada en Canarias, correspondiente al primer trimestre del año, supone un descenso de 16,14% respecto al mismo periodo del año anterior. La incidencia bajó en todos los sectores económicos, en especial en Servicios donde bajó un 20,6%, en agricultura (-12,96%), Industria,(-4,5%) y Construcción (-1,7%).

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, recuerda que “desde agosto de 2017, y a pesar del importante crecimiento de población ocupada de los dos últimos años, el índice de incidencia ha ido bajando mes a mes, marcando una tendencia que en estos primeros meses del año se consolida como muestra el dato y que nos permite afirmar que el constante consenso con sindicatos y empresas ha dado un gran espaldarazo a todas las actuaciones que impulsa el Gobierno de Canarias para mejorar las condiciones laborales”.

“La clave está -argumentó- en que todos los agentes que intervienen incorporen cultura preventiva en todas sus actuaciones, por eso es tan importante la formación, la información y estudiar con rigor los accidentes que ocurren y las enfermedades reincidentes de los trabajadores, debemos detectar los motivos que originan estas situaciones, diagnosticar correctamente enfermedades profesionales y analizar lo que hay que cambiar para que no vuelva a ocurrir”.

Valido alude al logro de la Dirección General de Trabajo y el ICASEL que han sido pioneros en la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales, elaborando un catálogo que ha servido de base para que a nivel nacional se reconozcan problemas como la epicondilitis o el túnel carpiano como dolencias asociadas a la labor profesional, y recordó el intenso trabajo que se ha realizado para mejorar las condiciones laborales en el sector de la Hostelería.

Así se refiere a la redacción de la Guía de Buenas Prácticas en Hostelería, elaborada con el consenso unánime de los agentes económicos y sociales, única en todo el Estado y que servirá de referencia en la Mesa de Hostelería Nacional para mejorar la prevención de enfermedades en el sector.

En estos dos últimos años, el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) ha formado a 3.342 personas en más de un centenar de acciones formativas programadas.

La consejera se refiere también a la mejora en Canarias de las relaciones laborales y la intensa labor que se realiza en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para vigilar la legalidad de los contratos y el cumplimiento de las condiciones que plantean.

Solo durante el pasado año se transformaron en indefinidos un total de 12.208 contratos temporales, una cifra récord jamás conseguida en un año en Canarias y que supuso un incremento del 31% con respecto al año anterior. En este mismo periodo, se incrementó la jornada laboral que recogía el contrato a tiempo parcial a 2.528 personas y afloraron 4.725 empleos.

Una actuación inspectora que se desarrolla a través del convenio que anualmente establece el Gobierno de Canarias con la administración del Estado.

En materia de igualdad la consejera expone la relevancia de los planes de igualdad implementados con el objetivo de conseguir la equidad en el cumplimiento de los derechos laborales entre mujeres y hombres y se refiere al acuerdo alcanzado con el Instituto Canario de Igualdad para la puesta en marcha del Buzón Lila.

En este primer año, el buzón Lila, una herramienta que permite a cualquier persona comunicar de forma anónima cualquier situación de desigualdad de la que pueda ser testigo, ha recibido cerca de un centenar de denuncias que en algunos casos han sido trasladadas como denuncias a la Inspección.

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