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El Servicio Canario de Empleo ayuda con diez millones la contratación y formación de 5.000 personas en La Palma

Visita al PFAE Sabor Saucero

Las consejeras de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, visitan en San Andrés y Sauces y Barlovento tres proyectos para la capacitación profesional de la ciudadanía desempleada

Las titulares autonómicas se reúnen con los responsables del Cabildo para abordar diversos asuntos como el Plan de Empleo de Transición Ecológica en el marco del Plan de Reactivación frente a la crisis por la pandemia de COVID-19

Las consejeras de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende; visitaron este martes junto a la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, tres programas de formación en alternancia con la contratación en los municipios de San Andrés y Sauces y de Barlovento en el marco de las políticas activas desarrolladas por el organismo autónomo en colaboración con las corporaciones locales por un importe cercano a diez millones de euros y con un alcance superior a 5.000 personas beneficiarias durante el actual ejercicio en la isla de La Palma.

“En mi primera visita institucional como consejera autonómica fuera de las islas capitalinas, a causa de las limitaciones de movilidad por la pandemia de COVID-19, es una gran satisfacción pisar el terreno para conocer de primera mano las dificultades y necesidades porque en este contexto de crisis sanitaria con impacto social y económico resulta fundamental la colaboración entre las administraciones”, destacó Elena Máñez junto al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, antes de una reunión para abordar diversos asuntos conjuntos como el Plan de Empleo de Transición Ecológica (PETE), dotado con cinco millones para la contratación de 500 personas desempleadas en cumplimiento del Plan de Reactivación en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

A lo largo de 2020, en concreto, el SCE distribuyó fondos entre los ayuntamientos y el Cabildo de La Palma para la actual ejecución de actuaciones de orientación por valor de 241.558 euros en beneficio de 605 personas, programas de formación por importe de 3.273.940 euros a favor de 3.192 personas, de oportunidades de empleo por 4.292.030 euros para 481 personas, y de ayuda al emprendimiento por 1.519.636 euros para 827 personas.

Con 3.910 personas trabajadoras en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de 917 empresas palmeras, el mercado laboral de la isla bonita contabilizó 8.892 personas desempleadas tras reducir el paro el pasado septiembre un 2,47% con respecto al mes anterior, un periodo clave para afrontar el actual proceso de recuperación económica como consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

PFAE Barlovento
Visita al PFAE Te Cuida II, en Barlovento.

La capacitación, clave fundamental

“La capacitación siempre es clave ante la tasa importante de desempleo estructural que tenemos en Canarias, pero más ahora en este contexto de dificultades porque contribuye a la tan necesaria recuperación económica”, subrayó Elena Máñez junto al alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Paz, durante la visita al programa de formación en alternancia con el empleo (PFAE) Sabor Saucero, con una inversión de 311.326 euros del SCE y una aportación de 17.000 euros del Ayuntamiento para la cualificación en servicio de bar y cafetería y contratación durante once meses de 15 personas desempleadas.

Acompañadas del alcalde de Barlovento, Jacob Qadri, las consejeras de Economía y Agricultura también conocieron los PFAE Te Cuida II, por valor de 311.326,85 euros para 15 personas desempleadas sobre atención sociosanitaria; y Barlovento Florence, por el mismo importe y alumnado acerca de jardinería y restauración del paisaje.

Para Alicia Vanoostende, “las inversiones en el ámbito rural tanto en infraestructuras como en formación, son importantísimas para que los habitantes de las zonas rurales puedan acceder a los mismos servicios que en una ciudad, como centros de salud o guarderías, para seguir luchando contra esa España vaciada y contra el cambio climático”.

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El Servicio Canario de Empleo ofrece lengua de signos para la formación e inserción laboral de personas sordas

Firma convenio Fasican

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias firma un convenio de colaboración durante cuatro años con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), Óscar Hernández, firmaron este lunes un convenio de colaboración para prestar apoyo mediante la utilización de lengua de signos a la ciudadanía con dificultades auditivas en las acciones de formación y otros trámites del Servicio Canario de Empleo (SCE) con el objetivo de mejorar la inserción laboral del colectivo.

Con una vigencia de cuatro años, el documento permite, por primera vez, que el SCE financie los gastos de Fasican para proporcionar una persona intérprete de lengua de signos española con la finalidad de facilitar la completa participación del colectivo con dificultades auditivas en las políticas activas de empleo y en la asistencia directa a la plantilla del organismo público de cara a la correcta atención de la ciudadanía con necesidades especiales.

“Es una demanda de hace mucho tiempo y ahora tenemos la oportunidad de corregir una discriminación, porque cuando desde la administración no facilitamos la eliminación de estas barreras no respetamos los derechos de este colectivo”, destacó Elena Máñez antes de informar de la constitución de una mesa de seguimiento para introducir próximas mejoras en el acuerdo de colaboración.

También Óscar Hernández se mostró “muy satisfecho” con la firma del convenio, realizada en la capital grancanaria, al argumentar que “la formación en materia de empleo es fundamental ya que sin un puesto de trabajo no se puede conseguir una vida digna, por lo que este es un gran paso”.

Además de la consejera de Economía y el presidente de Fasican, participaron en el acto la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, y el presidente de la Asociación de Personas Sordas de Las Palmas (Asorlaspalmas), Javier Pérez, con la asistencia de una intérprete de lengua de signos española del colectivo.

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El Consejo de Relaciones Laborales alcanza un acuerdo sobre la posición canaria para la prórroga de los ERTE

Consejo Canario de Relaciones Laborales

El órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo traslada el documento para la negociación estatal en la Comisión Tripartita Laboral

La consejera Elena Máñez destaca “el papel fundamental que juega el diálogo social en estos momentos para la reactivación económica”

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, un órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, alcanzó este viernes un acuerdo sobre la posición del Archipiélago ante la negociación estatal para la próxima prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Integrado por la administración autonómica junto a las confederaciones empresariales y las organizaciones sindicales con mayor representatividad (CCE, CEOE-Tenerife, CCOO y UGT), el Consejo Canario de Relaciones Laborales ya trasladó el documento a la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral para que el órgano colegiado estatal contemple las singularidades isleñas, ya reflejadas en la disposición adicional undécima del real decreto ley para la prolongación de los ERTE hasta el 30 de septiembre.

“Es un acuerdo desde el diálogo social en Canarias para elevar al diálogo social en Madrid, es decir, pone en valor el papel fundamental que juega el diálogo social en estos momentos para la reactivación económica”, destacó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, antes de recordar que la anterior propuesta isleña “sirvió de inspiración para el modelo estatal de protección laboral, por lo que ahora volvemos a trabajar juntos para que prevalezca nuestra posición en la comisión tripartita”

Aunque el acto público de firma y presentación se convoca para la próxima semana, la propuesta consensuada por el Ejecutivo autonómico con los agentes económicos y sociales considera, entre otras cuestiones, que las empresas y personas trabajadoras de todos los sectores deben continuar con protección y que las prestaciones deben mantenerse en el nivel actual.

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El SCE aprueba el acuerdo marco con la Fecam para los planes extraordinarios de empleo frente a la COVID-19

Reunión Consejería Economía

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo contempla 30 millones para la contratación de 5.250 personas paradas por los municipios con cargo a los fondos estatales del PIEC 2020 y en el marco del Pacto para la Reactivación ante la pandemia por coronavirus

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este martes el acuerdo-marco de colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para el desarrollo de los planes extraordinarios durante el periodo 2020-2021 por importe de 30 millones de euros en favor de la contratación de 5.250 personas en riesgo de exclusión social, paradas de larga duración o como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Bajo la presidencia de la consejera de Economía, Elena Máñez, el órgano colegiado de participación y programación del SCE, integrado por las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad junto a la administración autonómica, avaló el documento para su posterior firma con la Fecam en el marco de las acciones financiadas con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), aprobado por el Consejo de Ministros con 42 millones a mediados de julio.

A principios de agosto, dos meses antes con respecto al pasado año, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, suscribieron el convenio para la transferencia de los fondos del PIEC con el objetivo de impulsar las políticas activas de empleo necesarias ante la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus, en cumplimiento así también del conjunto de medidas previstas en el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

En concreto, el Consejo General de Empleo emitió el preceptivo informe favorable al acuerdo-marco para que los ayuntamientos, mancomunidades o entidades dependientes realicen proyectos con una duración máxima de doce meses correspondientes a una nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social, dotado con 20 millones, y a un nuevo Plan Extraordinario de Empleo COVID-19 (Pecovi), provisto con 10 millones para prevenir la expansión del coronavirus en los municipios canarios.

Además de Elena Máñez, participaron en la sesión ordinaria del órgano colegiado a través de medios telemáticos el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, junto a representantes de las patronales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO).

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Elena Máñez presenta a los cabildos un plan de empleo para la transición ecológica por cinco millones de euros

Reunión con la Fecai

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo aborda con la Federación Canaria de Islas un proyecto piloto para la contratación de personas desempleadas en proyectos de economía verde y circular

“Es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo y hay que hacerlo generando actividad en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, presentó este miércoles a la Federación Canaria de Islas (Fecai) un Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE), por importe de cinco millones de euros a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2020, que permitirá la contratación por parte de los cabildos de 520 personas en situación de desempleo durante este año para la ejecución de proyectos vinculados al desarrollo sostenible y las economías verde y circular. “Para Canarias es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo, más en estos momentos de crisis económica, y hay que hacerlo desde el ámbito económico, generando actividad en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”, afirmó.

Según Máñez, este “proyecto piloto”, impulsado a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), permitirá avanzar en el cumplimiento tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas como de los compromisos adquiridos en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Así, la consejera afirmó que el plan, que tendrá una duración de unos 6 meses, ha sido puesto en valor por todos los cabildos, “que comparten la importancia de una iniciativa de estas características y de avanzar en la diversificación económica de las Islas”.

Margen a los cabildos

En este sentido, detalló que se contempla que cada corporación insular “tenga el margen suficiente a la hora de diseñar los proyectos”, poniendo como único requisito que estos “estén orientados a actividades de transición ecológica, economía circular o economía verde”. “Cada isla es una realidad distinta, con sus propios proyectos de desarrollo económico”, afirmó. Esta nueva propuesta se viene a sumar a otras que el SCE ya tiene en marcha en colaboración con los cabildos y que suponen 16,9 millones de euros y 3.600 personas desempleadas beneficiarias.

Por su parte, el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, afirmó que la transición ecológica supone “otro nicho de empleo importante, al igual que el resto de los sectores” y, en este sentido, destacó la importancia de “iniciar proyectos piloto para generar empleo, una prioridad importante en estos momentos de grave crisis”. “En definitiva, diversificar la economía y el empleo”, concluyó.

La consejera estuvo acompañada en la reunión por el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, mientras que por parte de la Fecai, además de Juan Díaz, el resto de representantes políticos de las corporaciones participó de manera telemática.

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Máñez presenta a los ayuntamientos tres planes de empleo para la reactivación económica por importe de 40 millones

Reunión con la Fecam

Consejería, SCE y Fecam abordan la puesta en marcha de un plan de empleo social, un plan para personas desempleadas como consecuencia de la COVID-19 y otro para personas desempleadas de municipios turísticos o de afluencia turística

La consejera afirma que junto a los planes para personas paradas de larga duración y para desarrollo de la actividad económica, ya en marcha, los ayuntamientos recibirán en 2020 más de 50 millones de euros para políticas activas de empleo

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, presentó este lunes a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) tres planes de empleo para la contratación de personas desempleadas en los ayuntamientos del Archipiélago, por un importe cercano a los 40 millones de euros. Los tres planes, que se pondrán en marcha a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), comprenden una nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES), dotado con 20 millones de euros a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y el Fondo Social Europeo (FSE); un plan de empleo para personas desempleadas como consecuencia de la COVID-19, dotado con 10 millones de euros; y un plan de empleo para los municipios turísticos o de afluencia turística más afectados, dotado con 9,8 millones de euros. Las tres medidas vienen a dar cumplimiento a los compromisos recogidos en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias.

Como explicó la consejera, a estos planes se suman otros ya en marcha, como el Reincorpora-T para personas paradas de larga duración, dotado con 9 millones de euros, y el destinado a Proyectos de Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica (Prodae), con unos 2 millones de euros, con lo que “este año llegarán directamente a los ayuntamientos de Canarias más de 50 millones de euros para políticas activas de empleo”. En este sentido, la consejera destacó la coordinación y el trabajo conjunto con la Fecam como una cuestión “clave”, pues los ayuntamientos son, afirmó, “las administraciones públicas más cercanas, las que ponen rostro y vida a las personas desempleadas”.

Por su parte, la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, consideró que la reactivación social y económica de Canarias “no será posible sin los ayuntamientos”, corporaciones que calificó de “actoras principales a la hora de colaborar con el SCE para implementar estas políticas activas de empleo”. “Ahora mismo, la disposición es seguir coadyuvando a que estas políticas activas se materialicen y lleguen al mayor número posible de personas desempleadas”, manifestó.

Fotografía de grupo en el SCE
Los participantes en la reunión, momentos antes del encuentro.

En el encuentro participaron, además de Máñez y Brito, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, por parte de la Consejería; mientras que por parte de la Fecam estuvieron también presentes el presidente de la Comisión de Formación y Empleo, Antonio Ramón Chinea, y la vicepresidenta de este órgano, Macarena Fuentes.

Pecovi y plan en municipios turísticos o de afluencia turística

El Plan extraordinario de empleo para personas trabajadoras afectadas por la COVID-19 (Pecovi) dispone de 10 millones de euros con cargo el PIEC para la contratación, preferentemente, de personas con cargas familiares y en hogares monoparentales sin trabajo a causa del cierre de sus empresas por la crisis sanitaria. Las personas beneficiarias efectuarán trabajos relacionados directamente con los efectos de la pandemia en el ámbito de la limpieza y la desinfección, construcción y acondicionamiento de vías urbanas, zonas verdes o edificios públicos; la atención social a personas mayores o afectadas por la crisis del COVID-19; o el apoyo y asesoramiento al comercio de proximidad o empresas en crisis. Por su parte, el Plan extraordinario de empleo para los municipios turísticos o de afluencia turística afectados por la COVID-19 cuenta con 9,8 millones para la contratación de personas sin trabajo debido a la pandemia o en busca de su primer empleo.

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Gobierno, patronales y sindicatos defienden el diálogo social como vía para proteger la singularidad canaria

El Consejo Canario de Relaciones Laborales valora el reconocimiento de las especificidades del Archipiélago en el Real Decreto-ley 24/2020 y subraya la importancia de la unidad de acción entre los agentes

Dará traslado de las necesidades de los sectores económicos de Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, integrado por la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo y las organizaciones patronales y sindicales más representativas (CEOE Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios, CCOO y UGT Canarias), hizo este martes un balance positivo en términos generales del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales, de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, un documento que recuerda que es “fruto del dialogo social, una cuestión con la que este órgano está plenamente comprometido” y que incluye, en su parte normativa, una disposición adicional que reconoce la condición ultraperiférica de Canarias, sus condiciones de lejanía e insularidad, al tiempo que garantiza que se tendrán en cuenta las particularidades canarias hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional.

El órgano tripartito, presidido por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, se reunió este martes en sesión extraordinaria para analizar, entre otros asuntos, el contenido de este Real Decreto-ley, que contempla la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y abre la puerta a otra ampliación en el caso de Canarias. Así, el Consejo seguirá siendo “exigente y reivindicativo” para garantizar que se respetan las singularidades de las Islas y, para ello, seguirá la evolución de la situación económica en el Archipiélago, en especial en el sector turístico y las actividades vinculadas a este, y dará traslado de las principales necesidades de los sectores de actividad en Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19.

Asimismo, para poder hacer una evaluación actualizada y ajustada a la realidad del tejido productivo en cada momento, el Consejo Canario de Relaciones Laborales se dirigirá al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que le de traslado puntual de los datos sobre la afección y desafección de trabajadores y trabajadoras sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Canarias.

Por último, el Consejo hizo un reconocimiento a todas las personas empleadas públicas de la Dirección General de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo por “el enorme esfuerzo realizado en la tramitación de los ERTE durante la crisis de la COVID-19 y la gestión llevada a cabo durante estos últimos meses”.

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El Consejo General de Empleo aprueba ayudas por 7,5 millones para formar y contratar a personas jóvenes

El Servicio Canario de Empleo agiliza las subvenciones al trabajo autónomo en cumplimiento del Pacto de Reactivación Social y Económica tras la COVID-19

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este miércoles el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil para 2020 por un importe de 7,5 millones de euros (7.519.703,98), cofinanciado al 91,89% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General de Empleo avaló la propuesta de resolución con las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar los proyectos destinados a incrementar la cualificación profesional y la inserción laboral de personas desempleadas de 16 a 30 años en el Archipiélago.

Como novedad, la duración de las actuaciones en la convocatoria de 2020 se reduce de once a nueve meses y la excepcionalidad se debe a la finalización del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo, según argumenta el documento aprobado por el órgano colegiado del SCE, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de los sindicatos y patronales con mayor representatividad.

Además de Elena Máñez, la sesión ordinaria del Consejo General de Empleo contó con la participación del viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la directora del SCE, Dunnia Rodríguez; y el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas; entre otros responsables de la administración autonómica, junto a representantes de las confederaciones empresariales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT).

Más plazo y menos trámite

También emitió un informe favorable a la modificación del procedimiento de subvenciones directas para la promoción del empleo autónomo en cumplimiento con el compromiso para “el impulso decidido de la agilidad y la simplificación administrativa” adquirido en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la pandemia de COVID-19.

Entre otras cuestiones, la orden elimina para las personas beneficiarias el requisito de inscripción en el servicio de promoción del empleo autónomo de las oficinas del SCE y amplía el plazo de solicitud de ocho meses a un año desde su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Igualmente, el Consejo General de Empleo informó a favor del convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Fuerteventura para para la puesta en marcha de los proyectos de apoyo a la empleabilidad en la isla majorera derivados de la situación sobrevenida de la declaración del estado de alarma por el COVID-19.

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El SCE prepara la contratación reservada de la jardinería de sus sedes a personas con discapacidad

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo proyecta unas jornadas para impulsar en las administraciones públicas las licitaciones limitadas a los colectivos de muy difícil inserción laboral

El organismo autonómico concede subvenciones por encima de 19 millones de euros durante el último año para incluir a más de 6.000 personas en el mercado de trabajo del Archipiélago

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, prepara por primera vez la contratación reservada del mantenimiento y limpieza de los jardines de sus sedes en Gran Canaria y Tenerife a las entidades con plantillas integradas por personas con discapacidad.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, analizó la novedosa iniciativa del SCE durante la reunión este martes de la Comisión Asesora en Materia de Integración de Colectivos de Muy Difícil Inserción Laboral, un órgano de consulta de la administración autonómica con las entidades representativas de intereses sociales.

Más allá de los futuros pliegos en favor de los centros especiales de empleo o de las empresas de inserción laboral para la prestación del servicio de jardinería en las instalaciones capitalinas del SCE, Elena Máñez anunció la organización de unas jornadas este año para el impulso de la contratación reservada en otras administraciones públicas del Archipiélago.

“También acordamos la convocatoria de reuniones trimestrales de esta comisión con dos mesas de trabajo específicas para abordar la situación de las personas con discapacidad y   en riesgo de exclusión de cara a su inserción en el mercado laboral y más en este contexto de crisis, con especial impacto en los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad”, destacó la consejera autonómica al término de la sesión, que también estableció el análisis de las próximas líneas de trabajo ante el nuevo programa operativo del Fondo Social Europeo 2021-2027.

Además de Elena Máñez, participaron en la Comisión Asesora en Materia de Integración de Colectivos de Muy Difícil Inserción Laboral el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, entre otros representantes de la administración autonómica.

También asistieron al encuentro, desarrollado por medios telemáticos, responsables de la Red Anagos, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Canarias), de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (Adeican) y de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social de Canarias (Arceescan).

Programas y proyectos

Entre otros puntos del orden del día, el órgano asesor analizó la situación de las convocatorias de subvenciones para la mejora de la empleabilidad de colectivos de muy difícil inserción laboral durante el ejercicio 2020, además de la concesión de ayudas por el SCE en este ámbito a lo largo del pasado año.

Durante 2019, los programas de subvenciones para la integración laboral de la ciudadanía con discapacidad superaron los nueve millones de euros (9.002.757,97) para beneficiar a 4.582 personas de 170 entidades, y las iniciativas con ayudas a empresas de inserción rebasaron los dos millones y medio (2.608.847,92) para favorecer a 472 personas de 20 compañías.

A lo largo del último ejercicio, los 34 proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral para la ciudadanía por exclusión social, migración o discapacidad rondaron los cinco millones (4.753.159) y beneficiaron a 498 mujeres y hombres, mientras que los 15 programas experimentales rozaron los tres millones (2.850.346,44) para insertar a 473 personas.

Por último, la intermediación laboral del SCE contabilizó 637 ofertas dirigidas con preferencia a personas con discapacidad en 2019 (6,6% del total), con 919 puestos de trabajo cubiertos (5,1% del total).

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Elena Máñez expone las medidas a favor de las personas trabajadoras autónomas ante la crisis de la COVID-19

Reunión con UPTA

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias se reúne con las principales asociaciones del colectivo profesional en el Archipiélago

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, expuso este martes al secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de España, Eduardo Abad, y al coordinador del colectivo en Canarias, César García, el conjunto de medidas del Ejecutivo autonómico para impulsar la actividad empresarial de este colectivo en el escenario de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Las iniciativas se incluyen tanto en la estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y profesionales por cuenta propia que elabora el departamento dirigido por Máñez como en el Pacto para la Reactivación Social y Económica impulsado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y que, afirmó la consejera, ponen de manifiesto que “este Gobierno no va a dejar caer a las personas trabajadoras autónomas”.

Con la participación de los viceconsejeros de Empleo, Gustavo Santana; y Economía e Internacionalización, Almudena Estévez; junto al director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, la reunión telemática completa la ronda mantenida con el colectivo en el Archipiélago tras el encuentro celebrado a principios de mayo con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, Juan Carlos Arricivita.

La consejera señaló que la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización para los autónomos y autónomas que han cesado su actividad debido a la declaración del estado de alarma, cuyo plazo de solicitudes se abrió el 6 de mayo, “es la primera de estas medidas que se pone en marcha” y explicó que está orientada a “dar garantías durante la crisis a las personas de este colectivo con más dificultades, que son aquellas que han cesado completamente su actividad”.

Así, explicó que “esta primera ayuda vendrá seguida de otras medidas”, relativas a asesoramiento y formación, como la creación de un gabinete de información en el SCE para pymes y personas autónomas; mantenimiento del empleo, como la citada prestación adicional del 30% o incentivos a la contratación; apoyo a la actividad empresarial, con ayudas extraordinarias para la compensación de gastos corrientes fijos, entre ellos la cuota a la Seguridad Social; y medidas de liquidez para pymes y personas trabajadoras autónomas, con una línea de apoyo a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de los autónomos y autónomas de las Islas, así como instrumentos financieros en la forma de préstamos para la creación y desarrollo de pymes innovadoras, I+D+i y ahorro, eficiencia energética y renovables.

De hecho, algunas de ellas ya forman parte del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, junto a otras destinadas al aplazamiento tributario, a potenciar la participación de los autónomos y autónomas de las Islas en las líneas de financiación abiertas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o por el Banco Europeo de Inversiones, así como la puesta en marcha de mecanismos propios de financiación con instrumentos autonómicos, en especial a través de Aval Canarias. Algo que demuestra, a juicio de Máñez, “el compromiso incondicional del Gobierno autonómico con las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago”.

También se informó a ATA y UPTA del aumento hasta casi un millón de euros en 2020 de las subvenciones del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las patronales sectoriales, organizaciones sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

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