El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo publica las nuevas subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la cualificación y recualificación profesional de personas ocupadas y desempleadas

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias las bases para la convocatoria de subvenciones por valor de 4.534.682,01 euros a empresas, agrupaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar acciones de formación para la cualificación y recualificación (‘reskilling’ y ‘upskilling’) de la población activa, con un alcance previsto en torno a las seis mil personas.

Firmada por la consejera en funciones Elena Máñez, como presidenta del SCE, la resolución se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal estrategia del Gobierno de España para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 a través del instrumento Next Generation EU, por lo que se dirigen a la adquisición no formal de competencias recogidas en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones y orientadas a mejorar la capacidad de la población activa para acometer la transformación necesaria en sectores estratégicos y para la transición ecológica.

Con cargo al ejercicio presupuestario de 2023, las ayudas públicas disponen un máximo de 300.000 euros a empresas (hasta el 30% del importe total del presupuesto disponible) y entidades sin ánimo de lucro (hasta otro 30%) o de 500.000 euros a grupos empresariales (hasta el 40% restante) para el desarrollo de acciones formativas desde 30 a 60 horas en modalidad presencial o mixta (presencial y telemática) entre trabajadoras y trabajadores o personas desempleadas. Es este caso, con preferencia para mujeres, menores de 30 años, mayores de 45, ciudadanía con baja o sin cualificación, con discapacidad y colectivos de difícil inserción o vulnerables como parados y paradas de larga duración.

Con prioridad a los sectores emergentes del Plan de Modernización de la Formación Profesional (hostelería y turismo, tecnologías de la información, fabricación mecánica y robótica, equipos aeronáuticos, vehículos con nuevas energías, maquinaria agrícola, nuevos materiales, biofarmacia y productos médicos, servicios de atención a personas, o cadena de consumo), la próxima formación también puede corresponder a otros ámbitos transversales del documento estatal como la digitalización aplicada o la sostenibilidad ambiental, por lo que el SCE se centra tanto en las actividades estratégicas para la economía canaria de hostelería y comercio como en el empleo verde para contribuir a la diversificación productiva y a la progresiva consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

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Noticia actualizada el 15/11/2023 por obligación de comunicación de proyectos financiados con  fondos europeos

El Gobierno inicia la digitalización y metadatación del Archivo General de la Administración Pública autonómica

Permitirá, por un lado, sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente, y, por otro, fomentar la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos, que estarán recogidos en un entorno abierto gracias a la metadatación

Se trata de un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de 14 meses

Todo ello en el marco del componente 11 e inversión 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que impulsa el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la línea estratégica 1, relativa a la Administración orientada a la ciudadanía

Durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales

El objetivo, además de la conservación permanente de la documentación del Archivo General, es su posterior integración en el archivo electrónico único, para su puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y la ciudadanía en general

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado, a propuesta de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, la digitalización del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y el proceso de digitalización de documentación con vigencia administrativa, un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

Esta iniciativa tiene como objetivo ejecutar la primera fase de la transición del actual Archivo General de la Administración Pública autonómica al Archivo General Digital, mediante la implementación de actuaciones masivas de digitalización y metadatación –los datos relevantes se registran en un entorno abierto– de una parte de la documentación conservada de forma permanente en el citado archivo, y su posterior importación e integración en el archivo electrónico único, para que actúe como unificador y conservador del patrimonio documental de la Administración Pública de la CAC.

Con ello también se persigue facilitar la puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y de la ciudadanía en general de este patrimonio, fomentando, de este modo, la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos –que estarán recogidos en un entorno abierto–, con la previsión de sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente en el Archivo Electrónico Único de la Administración Pública autonómica.

Además, en esta primera fase, está prevista la transformación en documentación electrónica e integración en su correspondiente expediente digital de documentación con valor histórico e informativo, pero con vigencia administrativa, como puede ser toda la relativa al movimiento asociativo.

A través de este proyecto piloto se quiere determinar el alcance en coste y tiempo de estos procesos de digitalización sustitutiva, con el propósito de planificar sucesivas anualidades hasta la configuración completa del Archivo General Digital de la Administración Pública de la CAC.

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto innovador, en el que se incluye, además, un subproyecto piloto de incorporación de Inteligencia Artificial al metadatado para su evaluación, el sistema y los resultados obtenidos permitirán protocolizar y regular los requerimientos y directrices de los procesos de digitalización sustitutiva que garanticen jurídicamente, en aquellos casos que sea posible, la eliminación de los originales físicos sustituidos por expedientes electrónicos auténticos e interoperables. Unas pautas que podrán servir de orientación a otras administraciones que decidan emprender iniciativas similares.

Con este motivo, recientemente tuvo lugar un encuentro entre representantes del Gobierno de Canarias y de la empresa adjudicataria, en el que se expuso que, durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales.

Seguridad y confidencialidad

Este proceso se realizará en instalaciones del Gobierno por personal propio de la empresa y bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, incluyendo la extracción de datos relevantes de los documentos que permitan una gestión más eficiente de los expedientes, y por tanto una mejora en la atención a los ciudadanos.

Conviene recordar que, en sus orígenes, y al amparo del artículo 14 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo como principal atribución la competencia de recoger, conservar y servir toda la documentación de las instituciones propias de la CAC y recopilar en el soporte adecuado la documentación histórica.

Años después, en el Decreto 76/2003, de 12 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se configuró el Archivo General como un centro director del Sistema de Archivos y se ampliaron sus funciones iniciales, eminentemente de custodia y conservación, a las de organización, tratamiento y servicio de los documentos con valor histórico, determinándose también su participación en el establecimiento de los valores de la documentación para disponer la conservación, eliminación y difusión de la misma.

Consecuentemente, el Archivo General se constituía como centro coordinador de los archivos centrales de todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas empresariales, que recibiría de estos los documentos con valor histórico para garantizar su integridad y conservación permanente, por cuanto constituían y constituyen parte del patrimonio documental canario.

Finalmente, es el actualmente vigente Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el que configura el Archivo General como unidad administrativa adscrita a la consejería competente en materia de archivos, ratificándose sus funciones como archivo receptor de las series documentales con valor histórico custodiadas en los archivos centrales departamentales y como garante de la integridad y conservación permanente de dichos documentos.

Sin embargo, 32 años después de su creación por la citada Ley 3/1990, de 22 de febrero, el Archivo General de la Administración Pública de la CAC nunca ha tenido entidad física ni contado con instalaciones de depósito, por lo que en ningún momento ha podido ejecutar el fin para el cual fue concebido, es decir, como sistema receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario.

Como consecuencia de ello, la documentación con valor histórico de la Administración Pública de la CAC ha permanecido custodiada todos estos años por los archivos centrales departamentales, muchos de los cuales no cumplen los requisitos mínimos para la preservación documental a largo plazo, con el subyacente riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio documental canario.

En el marco de la modernización y de la administración digital, que lleva implícita la adaptación al escenario del expediente electrónico, con el consecuente objetivo de cero papel, la constitución de un depósito de custodia de documentación tradicional, en soporte papel, pierde el sentido, pero se mantiene la acuciante necesidad de configurar e implementar un archivo unificador y conservador del patrimonio documental canario, dotado, además, de todas las herramientas para facilitar su uso.

De ahí que se haya considerado determinante configurar en formato digital el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en la Ley 3/1990 de 22 de febrero, y regulado en el Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la CAC, como fase definitiva del Archivo Electrónico Único reglado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y eslabón imprescindible en la cadena evolutiva digital.

Nota actualizada- Fondos Next Generation

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Permitirá, por un lado, sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente, y, por otro, fomentar la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos, que estarán recogidos en un entorno abierto gracias a la metadatación

Se trata de un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de 14 meses

Durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales

El objetivo, además de la conservación permanente de la documentación del Archivo General, es su posterior integración en el archivo electrónico único, para su puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y la ciudadanía en general

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado, a propuesta de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, la digitalización del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y el proceso de digitalización de documentación con vigencia administrativa, un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

Esta iniciativa tiene como objetivo ejecutar la primera fase de la transición del actual Archivo General de la Administración Pública autonómica al Archivo General Digital, mediante la implementación de actuaciones masivas de digitalización y metadatación –los datos relevantes se registran en un entorno abierto– de una parte de la documentación conservada de forma permanente en el citado archivo, y su posterior importación e integración en el archivo electrónico único, para que actúe como unificador y conservador del patrimonio documental de la Administración Pública de la CAC.

Con ello también se persigue facilitar la puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y de la ciudadanía en general de este patrimonio, fomentando, de este modo, la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos –que estarán recogidos en un entorno abierto–, con la previsión de sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente en el Archivo Electrónico Único de la Administración Pública autonómica.

Además, en esta primera fase, está prevista la transformación en documentación electrónica e integración en su correspondiente expediente digital de documentación con valor histórico e informativo, pero con vigencia administrativa, como puede ser toda la relativa al movimiento asociativo.

A través de este proyecto piloto se quiere determinar el alcance en coste y tiempo de estos procesos de digitalización sustitutiva, con el propósito de planificar sucesivas anualidades hasta la configuración completa del Archivo General Digital de la Administración Pública de la CAC.

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto innovador, en el que se incluye, además, un subproyecto piloto de incorporación de Inteligencia Artificial al metadatado para su evaluación, el sistema y los resultados obtenidos permitirán protocolizar y regular los requerimientos y directrices de los procesos de digitalización sustitutiva que garanticen jurídicamente, en aquellos casos que sea posible, la eliminación de los originales físicos sustituidos por expedientes electrónicos auténticos e interoperables. Unas pautas que podrán servir de orientación a otras administraciones que decidan emprender iniciativas similares.

Con este motivo, recientemente tuvo lugar un encuentro entre representantes del Gobierno de Canarias y de la empresa adjudicataria, en el que se expuso que, durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales.

Seguridad y confidencialidad

Este proceso se realizará en instalaciones del Gobierno por personal propio de la empresa y bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, incluyendo la extracción de datos relevantes de los documentos que permitan una gestión más eficiente de los expedientes, y por tanto una mejora en la atención a los ciudadanos.

Conviene recordar que, en sus orígenes, y al amparo del artículo 14 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo como principal atribución la competencia de recoger, conservar y servir toda la documentación de las instituciones propias de la CAC y recopilar en el soporte adecuado la documentación histórica.

Años después, en el Decreto 76/2003, de 12 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se configuró el Archivo General como un centro director del Sistema de Archivos y se ampliaron sus funciones iniciales, eminentemente de custodia y conservación, a las de organización, tratamiento y servicio de los documentos con valor histórico, determinándose también su participación en el establecimiento de los valores de la documentación para disponer la conservación, eliminación y difusión de la misma.

Consecuentemente, el Archivo General se constituía como centro coordinador de los archivos centrales de todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas empresariales, que recibiría de estos los documentos con valor histórico para garantizar su integridad y conservación permanente, por cuanto constituían y constituyen parte del patrimonio documental canario.

Finalmente, es el actualmente vigente Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el que configura el Archivo General como unidad administrativa adscrita a la consejería competente en materia de archivos, ratificándose sus funciones como archivo receptor de las series documentales con valor histórico custodiadas en los archivos centrales departamentales y como garante de la integridad y conservación permanente de dichos documentos.

Sin embargo, 32 años después de su creación por la citada Ley 3/1990, de 22 de febrero, el Archivo General de la Administración Pública de la CAC nunca ha tenido entidad física ni contado con instalaciones de depósito, por lo que en ningún momento ha podido ejecutar el fin para el cual fue concebido, es decir, como sistema receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario.

Como consecuencia de ello, la documentación con valor histórico de la Administración Pública de la CAC ha permanecido custodiada todos estos años por los archivos centrales departamentales, muchos de los cuales no cumplen los requisitos mínimos para la preservación documental a largo plazo, con el subyacente riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio documental canario.

En el marco de la modernización y de la administración digital, que lleva implícita la adaptación al escenario del expediente electrónico, con el consecuente objetivo de cero papel, la constitución de un depósito de custodia de documentación tradicional, en soporte papel, pierde el sentido, pero se mantiene la acuciante necesidad de configurar e implementar un archivo unificador y conservador del patrimonio documental canario, dotado, además, de todas las herramientas para facilitar su uso.

De ahí que se haya considerado determinante configurar en formato digital el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en la Ley 3/1990 de 22 de febrero, y regulado en el Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la CAC, como fase definitiva del Archivo Electrónico Único reglado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y eslabón imprescindible en la cadena evolutiva digital.

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El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo publica las nuevas subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la cualificación profesional de 12.500 personas

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), anuncia la convocatoria de subvenciones por valor de 8.003.824,99 euros a empresas, agrupaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar acciones de formación para la cualificación y recualificación (‘reskilling’ y ‘upskilling’) de la población activa (alrededor de 12.500 personas) en sectores estratégicos y transición ecológica.

Firmada por la consejera Elena Máñez como presidenta del SCE, la resolución publicada esta semana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal estrategia del Gobierno de España para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 a través del instrumento Next Generation EU.

Con tramitación de urgencia por razones de interés público y concesión en régimen de concurrencia competitiva, la nueva convocatoria con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) establece un plazo de cinco días a los tres grupos de entidades interesadas para la presentación de solicitudes en la sede electrónica de la administración autonómica (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramitador/creacion/tramites/7803) con proyectos de formación para la actualización y adquisición de competencias profesionales o la acreditación de capacidades obtenidas a través de la experiencia laboral.

Con cargo al ejercicio presupuestario de 2022, las ayudas públicas disponen un máximo de 300.000 euros a empresas (hasta el 30% del importe total del presupuesto disponible) y entidades sin ánimo de lucro (hasta otro 30%) o de 500.000 euros a grupos empresariales (hasta el 40% restante) para el desarrollo de acciones formativas desde 30 a 60 horas en modalidad presencial o mixta (presencial y telemática) entre trabajadoras y trabajadores o personas desempleadas, con preferencia para mujeres, menores de 30 años, mayores de 45, ciudadanía con baja o sin cualificación, con discapacidad y colectivos de difícil inserción o vulnerables como parados y paradas de larga duración.

Con prioridad a los sectores emergentes del Plan de Modernización de la Formación Profesional (hostelería y turismo, tecnologías de la información, fabricación mecánica y robótica, equipos aeronáuticos, vehículos con nuevas energías, maquinaria agrícola, nuevos materiales, biofarmacia y productos médicos, servicios de atención a persona, o cadena de consumo), la próxima formación también puede corresponder a otros ámbitos transversales del documento estatal como la digitalización aplicada o la sostenibilidad ambiental, por lo que el SCE se centra tanto en las actividades estratégicas para la economía canaria de hostelería y comercio como en el empleo verde para contribuir a la diversificación productiva y a la progresiva consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

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El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia nuevas subvenciones dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca subvenciones por valor de 3.194.191 euros durante el ejercicio 2022 para el próximo desarrollo de nuevos proyectos en emprendimiento y microempresas.

Publicada esta semana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución firmada por la consejera Elena Máñez como presidenta del SCE se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal estrategia del Gobierno de España para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 a través del instrumento Next Generation EU.

En concreto, la convocatoria con cargo al programa Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) financia las iniciativas que aborden el reto demográfico y faciliten la transformación productiva, en particular hacia una economía verde y digital, dentro de las políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

Con concesión en régimen de concurrencia no competitiva, las nuevas ayudas destinan hasta un máximo de 5.000 euros para el mantenimiento del autoempleo de trabajadores y trabajadoras autónomas sin asalariados y del empleo de personas contratadas de forma indefinida o temporal por microempresas y por colectivo autónomo, así como de socias y socios de empresas de emprendimiento colectivo como cooperativas o sociedades laborales.

También se incluye la obligatoriedad para las personas físicas y jurídicas beneficiarias de realizar un taller o píldora formativa en formato virtual de la oferta del SCE para contribuir a la transición de su actividad hacia una economía verde o a su transformación digital, con un plazo de ejecución de seis meses desde la concesión de la ayuda.

A partir de este jueves, las entidades interesadas disponen de un plazo de treinta días naturales para presentar las correspondientes solicitudes con la preceptiva documentación a través de la sede electrónica del SCE.

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El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo resuelve las nuevas subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la cualificación profesional de 6.000 personas hasta final de año

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), concede subvenciones por valor de 3.456.119,20 euros a 30 empresas, agrupaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar acciones de formación para la cualificación y recualificación (‘reskilling’ y ‘upskilling’) de la población activa (alrededor de 6.000 personas) en sectores estratégicos y transición ecológica.

Firmada por la consejera Elena Máñez como presidenta del SCE, la convocatoria resuelta esta semana se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal estrategia del Gobierno de España para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 a través del instrumento Next Generation EU.

En régimen de concurrencia competitiva, las nuevas ayudas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) permiten a los tres grupos de entidades hasta final de 2022 el desarrollo de proyectos de formación para la actualización y adquisición de competencias profesionales o la acreditación de capacidades obtenidas a través de la experiencia laboral.

En concreto, el SCE otorga 600.841 euros a 11 empresas, 416.425,50 euros a dos agrupaciones empresariales y 2.438.852,70 euros a 17 entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones formativas desde 30 a 60 horas en modalidad presencial o mixta (presencial y telemática) entre trabajadoras y trabajadores o personas desempleadas, con preferencia para mujeres, menores de 30 años, mayores de 45, ciudadanía con baja o sin cualificación, con discapacidad y colectivos de difícil inserción o vulnerables como parados y paradas de larga duración.

Con prioridad a los sectores emergentes del Plan de Modernización de la Formación Profesional (hostelería y turismo, tecnologías de la información, fabricación mecánica y robótica, equipos aeronáuticos, vehículos con nuevas energías, maquinaria agrícola, nuevos materiales, biofarmacia y productos médicos, servicios de atención a persona, o cadena de consumo), los proyectos también pueden corresponder a otros ámbitos transversales del documento estatal como la digitalización aplicada o la sostenibilidad ambiental, por lo que el SCE se centra tanto en las actividades estratégicas para la economía canaria de hostelería y comercio como en el empleo verde para contribuir a la diversificación productiva y a la progresiva consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Medio millón para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva

Por otro lado, el SCE también publica esta semana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de subvenciones por importe de 514.856 euros en régimen de concurrencia competitiva para la financiación de planes de formación con la finalidad de capacitación en el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva durante el ejercicio 2022.

A partir de este jueves, las entidades interesadas disponen de un plazo de diez días para presentar las correspondientes solicitudes por vía telemática a través de la sede electrónica del SCE.

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El Servicio Canario de Empleo publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias las convocatorias de los programas ‘Investigo’ y ‘Primera experiencia profesional en las administraciones públicas’ que permitirán la incorporación al mercado laboral de centenares de jóvenes

Las instituciones y centros de investigación con interés en incorporar a alguna de las más de 440 personas menores de 30 años que se pretende alcanzar con las convocatorias, disponen de diez días hábiles para presentar su solicitud

Con un importe total de 8.004.391,16 euros, el Servicio Canario de Empleo, que preside Elena Máñez, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias la esperada convocatoria del programa Investigo, que se divide en algo más de seis millones de euros a resolver este mismo año y otros 1,9, a principios de 2023.

Gracias a estas partidas, provenientes de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, los centros públicos de I+D+i y los privados sin ánimo de lucro, así como las universidades públicas  las privadas con actividad en I+D+i cuentan con una oportunidad única para incorporar sin coste a jóvenes egresados y egresadas con estudios universitarios o de Formación Profesional, que contribuyan a reforzar sus investigaciones.

El programa costea la contratación de estas personas durante un año, con una horquilla salarial de entre 22.400 y 33.100 euros, en función el grupo de cotización. De esta manera, se persigue el doble objetivo de ayudar a que los centros más punteros de Canarias puedan reforzar su plantilla y, sobre todo, que el talento joven de las islas, menor de 30 años, tenga la oportunidad de contactar con el ecosistema investigador, crecer en conocimiento, aportar el suyo y, sobre todo, abrir posibilidades para su permanencia en el Archipiélago, dentro de proyectos de investigación viables.

De hecho, el programa considera prioritarios los sectores estratégicos de Sanidad, TIC y digitalización de servicios, Transición Ecológica, Economía verde e Industria alimentaria, como áreas donde existe una gran proyección de futuro, en las que se puede desarrollar una carrera investigadora.

Primera experiencia

El Boletín Oficial de Canarias publica hoy además una segunda convocatoria, correspondiente al programa “Primera experiencia laboral en las administraciones públicas”. Al igual que el anterior, está dirigió a la incorporación de personas de entre 16 y 30 años al mercado laboral canario, aunque su cuantía es algo mayor y alcanza los 8,6 millones de euros, de los que casi 2,7 se resolverán en 2023. La diferencia más significativa entre ambos programas es, sin embargo, que las entidades a las que se dirige no son centros de investigación, sino cualquier organismo o entidad públicas, bien sean de la Comunidad Autónoma, de los Cabildos o de los Ayuntamientos.

El objetivo principal de este programa es la contratación de personas jóvenes desempleadas cuya etapa formativa se haya completado, para que adquieran, en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, las primeras experiencias en el empleo, así como competencias y habilidades sociales y profesionales. Al mismo tiempo, las administraciones contratantes podrán reforzar aquellas áreas donde necesiten personal y que se encuadren en los objetivos principales de los fondos MRR.

Así, las actividades donde la cobertura de puestos será preferente son la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios, el desarrollo rural y la cohesión social (atención a la dependencia e intervención con colectivos vulnerables, así como la rehabilitación de entornos).

En el conjunto de ambas convocatorias, se prevé incorporar al mercado laboral canario a 447 personas, de las que 241 corresponden al programa Investigo

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El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo publica las nuevas subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la cualificación profesional de 12.500 personas hasta final de año, por casi siete millones de euros, en aspectos relacionados con la transición ecológica y sectores estratégicos

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), anuncia la convocatoria de subvenciones por valor de casi siete millones de euros (6.930.261,56 euros) a empresas, agrupaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar acciones de formación para la cualificación y recualificación (‘reskilling’ y ‘upskilling’) de la población activa (alrededor de 12.500 personas) en sectores estratégicos y transición ecológica.

La consejera, Elena Máñez, destacó como la principal novedad de esta convocatoria que “serán las propias empresas o entidades sin ánimo de lucro quienes decidan qué formación necesita su plantilla, la diseñe y la implemente como consideren oportuno, con la financiación del Servicio Canario de Empleo y siempre que esté orientada a mejorar la competitividad de su trabajo en los sectores estratégicos fijados en la convocatoria”.

La resolución publicada hoy, jueves 12 de mayo, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal estrategia del Gobierno de España para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 a través del instrumento Next Generation EU.

En régimen de concurrencia competitiva, la nueva convocatoria con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) establece un plazo de 20 días a los tres grupos de entidades interesadas para la presentación de solicitudes en la sede electrónica de la administración autonómica con proyectos de formación para la actualización y adquisición de competencias profesionales o la acreditación de capacidades obtenidas a través de la experiencia laboral.

Con periodo de ejecución hasta final de 2022, las ayudas públicas disponen un máximo de 200.000 euros para empresas (hasta el 33% del importe total del presupuesto disponible) y entidades sin ánimo de lucro (hasta otro 33%) o de 400.000 euros a grupos empresariales (hasta el 33% restante) para el desarrollo de acciones formativas desde 30 a 60 horas en modalidad presencial o mixta (presencial y telemática) entre trabajadoras y trabajadores o personas desempleadas, con preferencia para mujeres, menores de 30 años, mayores de 45, ciudadanía con baja o sin cualificación, con discapacidad y colectivos de difícil inserción o vulnerables como parados y paradas de larga duración.

Con prioridad a los sectores emergentes del Plan de Modernización de la Formación Profesional (hostelería y turismo, tecnologías de la información, fabricación mecánica y robótica, equipos aeronáuticos, vehículos con nuevas energías, maquinaria agrícola, nuevos materiales, biofarmacia y productos médicos, servicios de atención a persona, o cadena de consumo), la próxima formación también puede corresponder a otros ámbitos transversales del documento estatal como la digitalización aplicada o la sostenibilidad ambiental, por lo que el SCE se centra tanto en las actividades estratégicas para la economía canaria de hostelería y comercio como en el empleo verde para contribuir a la diversificación productiva y a la progresiva consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Más fondos para formación por valor de 4,5 millones

Tras la asignación de los 6,9 millones a Canarias por acuerdo de la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo a finales de 2021, el Consejo de Ministros también aprobó el pasado abril, a propuesta del Ministerio de Educación y FP, la distribución de otros 4.529.682,63 euros al Archipiélago, para enseñanza modular en el marco del Plan de Recuperación con el objetivo de la cualificación y recualificación de la población activa (8.251 personas), pendiente de su autorización definitiva en la próxima reunión del mismo órgano de cooperación pública entre la administración estatal y las comunidades autónomas.

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El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo resuelve la primera convocatoria dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en beneficio de parados y paradas de larga duración durante seis meses

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, concede subvenciones por valor de 5.655.268 euros a 15 entidades para el próximo desarrollo durante seis meses de proyectos integrados de inserción laboral de 943 personas de colectivos vulnerables, especialmente parados y paradas de larga duración.

Firmada a finales de 2021 por la consejera Elena Máñez como presidenta del SCE, la convocatoria resuelta la pasada semana se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal estrategia del Gobierno de España para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 a través del instrumento Next Generation EU.

En concreto, la primera convocatoria con cargo al programa Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) permite la realización de itinerarios individualizados y personalizados de empleo con una  duración mínima de 500 horas para cada participante y la prestación obligatoria de los servicios de  diagnóstico de empleabilidad, orientación y asesoramiento; formación modular para el desempeño de una profesión y enseñanza complementaria para la adquisición de habilidades y competencias transversales; y acompañamiento y seguimiento.

Tramitadas mediante procedimiento de concurrencia no competitiva, las nuevas ayudas del SCE otorgan de 250.000 a 400.000 euros a cada administración local de la comunidad autónoma u organismos dependientes, corporación de derecho público, entidades sin fines de lucro o centros de formación, hasta un total de 5,6 millones para una quincena de instituciones en beneficio de casi un millar de personas desempleadas de larga duración con necesidades de cualificación (sin certificado de profesionalidad, título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de Formación Profesional de grado medio ) o recualificación (titulación anterior con más de cinco años).

Entre la diversidad de ocupaciones laborales de los proyectos aprobados destacan actividades relacionadas con cocina, construcción, fontanería, logística, comercio, gestión de residuos o atención sociosanitaria.

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La Conferencia Sectorial de Empleo acordó dotar a Canarias con más de 146 millones de euros provenientes del Ministerio de Trabajo (16 más que en 2021), a los que se suman los 22 millones para la anualidad correspondiente a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

La reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de esta tarde ha servido, entre otros asuntos, para validar el reparto entre las Comunidades Autónomas de los fondos del Ministerio de Trabajo y Economía Social para políticas activas de empleo, correspondientes a esta anualidad. De los 2.415 millones de euros consignados, a Canarias le corresponden este ejercicio 146.208.602 euros; 16 millones de euros más que en el ejercicio anterior.

En la distribución inicial y orientativa de estos fondos, que podrán verse incrementados con otras líneas de financiación, como por ejemplo, el Plan Integral de Empleo de Canarias, 40 millones de euros se destinarán a formación, de acuerdo con la planificación realizada por el Servicio Canario de Empleo. Se dedicará la misma cantidad a proyectos de empleo y la partida más cuantiosa, de 41 millones de euros, se destinará a financiar programas mixtos de empleo y formación. El presupuesto proveniente del Ministerio de Trabajo se completa con 18 millones para la Economía Social y el auto empleo y otros 7,4 millones de euros para la orientación profesional de todas las personas que la necesiten.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, remarcó en su intervención la importancia que tiene en estos momentos de cambio e incertidumbre “seguir aportando recursos para las personas que más necesitan recualificarse y conseguir habilidades nuevas, de manera que puedan adaptarse a un entorno laboral muy cambiante y que exige cada vez más un reciclaje de conocimientos continuo”.

En este sentido, la consejera puso en valor otra línea de trabajo aprobada en la reunión de hoy, como es la anualidad de este año de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). A Canarias le corresponden este ejercicio algo más de 22 millones de euros de estos fondos MRR, de los más de 76 millones pactados para las Islas durante los tres años de duración del programa.

Un programa que viene a sumarse a las políticas de formación y empleo “y añade un plus de eficacia, al permitirnos dirigir los esfuerzos a aspectos y colectivos que necesitaban un refuerzo” como pueden ser los programas de digitalización y emprendimiento y, entre los colectivos concretos, los jóvenes, que tienen la mayor tasa de paro de todas las franjas etarias, o las mujeres en situación de vulnerabilidad.

“De hecho,”-continuó Elena Máñez- “hemos puesto en marcha por primera vez un programa específico para la formación y contratación de mujeres víctimas de trata y, en conjunto, con los fondos MRR ayudaremos a más de 17.000 personas a través de los 8 programas de formación y empleo que contienen”, a los que se suman cerca de 4.000 acciones para fomentar nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad, a través del fomento del emprendimiento y de las microempresas.

Otros asuntos

Además de la distribución de los presupuestos correspondientes a este ejercicio, la Conferencia Sectorial de empleo y Asuntos Laborales abordó otros aspectos de gestión como los criterios para actualizar el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2022; la Calificación de Centros de Orientación, Emprendimiento e Innovación y Empleo; un Acuerdo en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Oficinas de Empleo y Prestaciones; y un Informe sobre el Plan de Formación Permanente del Sistema Nacional de Empleo.

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