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Derechos Sociales repartirá 100.000 mascarillas entre las familias sin recursos de Canarias

“Nuestro objetivo es que ninguna persona ni ninguna familia en situación de exclusión social o en riesgo no pueda protegerse correctamente frente al virus de la COVID-19 por carecer de recursos económicos para acceder a la compra de mascarillas”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el transcurso de una reunión con la Plataforma del Tercer Sector en la que se les informó de la medida y que contó con la presencia del representante de Cruz Roja, Antonio Rico y de la Once, Miguel Déniz.

En total, se distribuirán 100.000 mascarillas del modelo Fpp2 (50.000 mascarillas en cada provincia). El objetivo, insistió la consejera ante las entidades sociales, es “garantizar la protección de toda la ciudadanía, pero muy especialmente de todas aquellas personas que por su situación social y económica no se pueden permitir destinar parte de sus menguados ingresos a la compra de mascarillas que les protejan ante una situación tan complicada de pandemia como la que vivimos en la actualidad”.

Esta medida da respuesta a la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular y aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias el pasado mes de junio en la que se instaba al Gobierno de Canarias a que evaluara la distribución gratuita de mascarillas entre colectivos vulnerables.

Tarjetas para combustibles

Durante la reunión también se ha puesto a disposición de las entidades tarjetas virtuales de combustibles Cepsa, repartidas en diversas cantidades (20, 50, 100 €). En total, 10.000 euros que la empresa Cepsa donará a las asociaciones a través de la Consejería de Derechos Sociales con el fin de contribuir a sufragar sus gastos de transporte relacionados con la situación que estamos atravesando causada por la pandemia.

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El Gobierno amplía hasta 2023 la ejecución de las obras del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

Esta ampliación de los plazos de ejecución permitirá a los Cabildos insulares finalizar los proyectos comprometidos. En total, el Plan recoge la apertura de 5.466 nuevas plazas

El Gobierno de Canarias ha aprobado en Consejo de hoy jueves, 29 de octubre, la propuesta conjunta de las Consejerías de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y de Sanidad por el que se autoriza la suscripción de las Adendas Terceras de prórroga y de modificación de los convenios de cooperación suscritos con los Cabildos insulares para la ejecución del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

La suscripción de estas adendas permiten el reajuste de los créditos para incluir una nueva anualidad de inversión correspondiente al año 2023, así como la modificación de los plazos de realización y justificación de la aplicación de la financiación, con el fin de adaptarla al nuevo escenario de financiación plurianual y la prórroga de los convenios hasta la anualidad 2022, y en algunos casos hasta 2023 y 2024.

Con fechas 1, 9, 10 y 11 de septiembre de 2020 se celebraron Comisiones bilaterales con cada uno de los Cabildos en las que se analizó el estado de las obras del Plan con cada uno de ellos y se entregó el estado de ejecución de las mismas, quedando en evidencia que, ante la crisis producida por la pandemia global, las obras del Plan se han ralentizado como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de la situación económica actual. Vista la situación se acordó la tramitación de un tercer reajuste del gasto plurianual.

II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias

El II Plan preveía una inversión global en el periodo 2017- 2021 (ahora ampliado) de 262.977.935 euros, de los que el Gobierno de Canarias aporta 161.150.000 euros, y los Cabildos, 101.827.935 euros.

El Plan contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad. Con la firma de estas adendas se amplía el plazo de ejecución y las anualidades.

Plazas por islas

–          Tenerife: 2.655, de las cuales 2.188 son residenciales y 482 de estancia diurna.

–          La Gomera: 185, de las que 150 corresponden a la construcción de un nuevo centro sociosanitario y 35 en centros de día.

–          El Hierro: 147 nuevas, de las cuales 113 son de carácter residencial y 34 de estancia diurna.

–          La Palma: 496, con 356 de tipo residencial y 140 de estancia diurna.

–          Gran Canaria: 1.453, con 881 en centros residenciales y 572 en centros de día.

–          Lanzarote: 180, con la construcción de un nuevo centro sociosanitario en Teguise, éste con 130 plazas de estancia residencial y 50 de diurna.

–          Fuerteventura: 350, de las cuales 250 son residenciales y 100 en centros de día.

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Noemí Santana solicita que las pruebas de ADN de menores migrantes se realicen en Canarias

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha solicitado en sede parlamentaria que la Fiscalía provincial de Las Palmas no separe a los menores de los adultos con los que vienen acompañados y que se deriven a recursos específicos para familias a la espera de los resultados de las pruebas de ADN

“Pedimos la agilización de las pruebas que determinan la filiación de los menores que llegan a las costas canarias a bordo de cayucos y pateras acompañados de adultos que aseguran ser sus madres o padres”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en sesión parlamentaria tras una pregunta de la diputada del grupo Sí Podemos Canarias, María del Río.

La consejera informó que ya se está trabajando en coordinación con la viceconsejería de Justicia y con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con el fin de que las muestras de ADN se procesen en Canarias, ya sea en el Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Toxicológico. “El objetivo es agilizar la obtención de los resultados y, además, minimizar los tiempos de separación de los menores de sus adultos de referencia o, en el caso de que la Fiscalía desista de esta práctica, resolver la cuestión lo antes posible”.

Es una de las actuaciones que pidió hoy la consejera tras la decisión de la Fiscalía provincial de Las Palmas de separar a los menores de los adultos con los que llegan a Canarias. “Nos oponemos frontalmente a esta actuación y pedimos que se deriven a las familias a recursos específicos para familias”, aseguró Noemí Santana.

Unos recursos que ya están disponibles y habilitados por la Secretaría de Estado de Migraciones, según informó la consejera. En concreto, ya están operativos dos recursos alojativos, con capacidad para 90 plazas, que permite albergar a familias completas y/o mixtas.

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Aprobada la modificación de la PCI para facilitar su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital

El Parlamento dio luz verde a la aprobación por unanimidad de los grupos políticos del decreto ley que modifica la ley de la PCI para permitir que las familias puedan seguir cobrando la ayuda hasta recibir el Ingreso Mínimo Vital

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables” con la aprobación de esta medida, asegura la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana

“Tras la implantación del Ingreso Canario de Emergencia, una medida pionera en el Estado, Canarias vuelve a estar a la cabeza en protección a las familias más vulnerables con la aprobación de este decreto que modifica la Prestación Canaria de Inserción, siendo una de las primeras comunidades autónomas en actuar para que las personas más desfavorecidas estén protegidas”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy por unanimidad de los grupos políticos parlamentarios de la modificación de la norma base que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

“Esta modificación permitirá a las familias que peor lo están pasando en esta situación de crisis social, poder seguir cobrando esta ayuda hasta que reciban el Ingreso Mínimo Vital que concede el Estado”, explicó Santana, quien añadió “que, aunque el IMV es una herramienta poderosa que, cuando se despliegue en su totalidad, será un cambio sustancial en Canarias, también reconocemos que ha tenido dificultades en estos primeros meses para su implantación”.

A este respecto, la consejera indicó que Canarias ha impulsado dos medidas, por un lado, aprobar un segundo pago del ICE para personas sin ingresos y que ha dado cobertura económica a 16.000 familias, y por otro, sacar este decreto ley que facilita la convivencia de las dos prestaciones, la estatal (el IMV) y la PCI, la autonómica, “con la que estamos llegando a unas 8.000 familias al mes”.

Modificaciones de la normativa

El objeto del Proyecto de Decreto ley, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, es adaptar esta ayuda al Ingreso Mínimo Vital, estableciendo el carácter complementario de la misma hasta el importe que corresponda percibir a la unidad de convivencia beneficiaria.

De esta forma, las familias podrán seguir cobrando la PCI durante el periodo de espera del ingreso del IMV, permitiendo, además, que no tengan que devolver las cuantías recibidas de la PCI una vez reciban el Ingreso Mínimo Vital. Para ello, las personas solicitantes tendrán que acreditar que han pedido el IMV con carácter previo para poder hacer su solicitud, sin tener que esperar a una resolución de la ayuda estatal.

Además, durante el tiempo de espera en que se resuelva el IMV, las personas beneficiarias de la PCI podrán seguir cobrándola. Una vez que la solicitud del IMV se resuelva, se pueden dar dos situaciones: por un lado, que la resolución del IMV sea positiva, en cuyo caso, la persona recibirá el IMV con efecto retroactivo a fecha de su solicitud sin tener que devolver las cuantías recibidas por la renta autonómica. Por otro lado, si la resolución del IMV sea negativa, la persona beneficiaria deberá comunicarlo a su trabajadora social y podrá continuar percibiendo la PCI.

Asimismo, la modificación incluye otro cambio importante y es que, a efectos de la determinación de recursos de la PCI, no se contabilizarán las pensiones alimenticias, entendiendo estas últimas como un derecho de la infancia que no se puede restar a las familias que requieran los ingresos de la PCI. “Es decir, hasta ahora si una familia cobraba de PCI 500 euros y recibía una pensión alimenticia de 150, esta cantidad se restaba de su prestación quedando en 350 euros. Con este cambio, podrán cobrar la prestación completa”, indicó Santana.

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana:

 

 

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Canarias plantea un nuevo modelo de atención a los mayores “más humanizado y diverso”

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, anunció que se trabajará con Sanidad para la próxima apertura de la red de 24 centros de día para mayores “con todas las garantías sanitarias”

“Queremos escuchar de voz de los propios mayores posibles líneas de trabajo hacia un nuevo modelo más humanizado y diversificado de las políticas de atención a las personas mayores, ya que se trata de un colectivo que no es un colectivo monolítico sino diverso y con diferentes necesidades”, explicó de la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el marco de la celebración del Consejo Canario de las Personas Mayores, que se reactiva después de dos años de la celebración de su última sesión en pleno. Los mayores de 65 años en Canarias representan el 16,5% de la población.

“Este nuevo modelo, indicó, apuesta por la humanización, por el impulso del envejecimiento activo, promoviendo espacios hacia las personas mayores no dependientes y apostando, por ejemplo, por un modelo de cohousing”, afirmó Noemí Santana.

El Consejo abordó también el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en el colectivo de personas mayores, sobre todo, en cuestiones como la gestión y control de residencias, la soledad no deseada que se ha visto incrementada o la brecha digital que les afecta a las personas mayores.

A este respecto, el Consejo de Mayores solicitó a las diferentes administraciones públicas que se elabore un protocolo de apertura, con todas las medidas de control y protección, de los diferentes centros de día y club sociales donde los mayores realizan actividades de envejecimiento activo y recreativas ya que “ayudará a prevenir la soledad y fomentar su ocio, manteniendo la realización de muchas de las actividades que son fundamentales para su desarrollo individual y colectivo”.

Por su parte, sobre esta cuestión, la consejera anunció que ya se está trabajando para agilizar la apertura de la red de 24 centros de día para mayores “con todas las garantías sanitarias”. En Canarias, en torno a unas 46.000 personas mayores hacen uso de la red de centros de día dirigidos a la atención de personas mayores, de los cuales siete son gestionados directamente por la Dirección General de Derechos Sociales.

Estos fueron algunos de los asuntos abordados en el seno del Consejo, donde también se estudió la elaboración una nueva Estrategia global de Envejecimiento Activo, de acuerdo a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reconozca la enorme contribución social, cultural, económica y política de las personas de edad, e introduzca un nuevo modelo de cuidados en la Comunidad Autónoma de Canarias centrado en la persona y sus necesidades.

En su intervención, la consejera del área indicó que “el desarrollo de esta nueva Estrategia debe ir unido necesariamente a una nueva economía de los cuidados, que fomente, por ejemplo, las nuevas formaciones para profesionales relacionados con la atención a las personas mayores”

El Consejo Canario de los Mayores es un órgano colegiado, de carácter consultivo y de información permanente, con representación del Gobierno de Canarias, Fecai, Fecam así como representantes de las distintas asociaciones y federaciones de personas mayores existentes en Canarias.

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Derechos Sociales solicitará fondos europeos para el plan de Infraestructuras Sociosanitarias

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, hizo el anuncio en sede parlamentaria, donde realizó un balance de la gestión de su departamento en el último año

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, anunció en sede parlamentaria la intención del Gobierno regional de solicitar a Europa la inversión necesaria para poder finalizar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.

Según indicó Santana, “actualmente, el Plan de Infraestructuras se encuentra aproximadamente a la mitad de su desarrollo y haría falta para terminarlo unos 71 millones de euros más”. “Si conseguimos que Europa preste la financiación para la finalización del Plan –explicó- sería muy beneficioso tanto para Cabildos, como para el Gobierno y, en definitiva, para la ciudadanía canaria y permitiría a Canarias ir saldando el actual déficit de plazas sociosanitarias”.

“Esto nos permitiría, además, derivar la inversión hacia un nuevo modelo en el sistema de cuidados, con residencias más pequeñas y de proximidad, comunidades residenciales de servicios compartidos tipo cohousing, potenciar la ayuda a domicilio e incrementar la digitalización y nuevas tecnologías en los servicios asociados a las personas mayores”, adelantó la consejera del área.

Hay que recordar que el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, que preveía una inversión global en el periodo 2017-2021 (ahora 2022) de casi 263 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Canarias aporta unos 160 millones y los Cabildos los 100 millones restantes. Ante la situación de pandemia, que obligó a paralizar la consejería de Derechos Sociales amplió el plazo de ejecución del citado Plan para los Cabildos hasta finales de 2022.

El Plan contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

Este fue uno de los asuntos abordados hoy en sesión plenaria por la consejera de Derechos Sociales, en una sesión donde se realizó un balance de gestión de su departamento. En su intervención, Santana recordó las diversas medidas impulsadas por su equipo en el último año. A este respecto, aclaró que a finales de mes se llevará al Parlamento el proyecto de ley de Renta Ciudadana. Así, una vez que esta sea probada en el la Cámara regional complementará al Ingreso Mínimo Vital del Estado. “Estas dos rentas, juntas, permitirán sacar de la pobreza a esas 50.000 personas y poder dar una mejor atención a la ciudadanía. Hasta que se apruebe, hemos permitido que la ciudadanía pueda seguir solicitando la PCI y que ambas prestaciones sean complementarias en su totalidad”, explicó la consejera del área.

En relación a la PCI, hay que recordar la modificación realizada por el Ejecutivo que permitió ampliar de 5.000 familias que se beneficiaban de esta ayuda, a las más de 8.000 familias actuales.

A esta medida hay que sumar otras como el desbloqueo de los 12 millones de euros correspondientes a los fondos de pobreza, el adelanto de la financiación a los ayuntamientos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y las medidas de mejora en el sistema de atención a las personas en situación de dependencia.

“Nuestro objetivo, con la situación de la que partíamos cuando asumimos la responsabilidad al frente de la Consejería de Derechos Sociales y la crisis social que trajo consigo la situación de alarma sanitaria generada por el Covid-19, no ha sido otro que gestionar más y mejor”, sentenció la consejera.

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Noemí Santana visita la isla de Fuerteventura junto al ministro José Luis Escrivá

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias asiste a un encuentro en la isla de Fuerteventura junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y  representantes de la Administración general del Estado e insulares

El encuentro se centró, fundamentalmente, en la cuestión migratoria y la protección a las familias más vulnerables La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha asistido este sábado, junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá, a un encuentro en la isla de Fuerteventura.

La reunión ha tenido lugar en el Cabildo insular y, en la misma, también ha participado la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, y representantes de la Administración general del Estado e insulares.

Sobre la cuestión migratoria, Noemí Santana destacó la cooperación que siempre se ha mantenido con el Estado, el Cabildo de Fuerteventura y las entidades del tercer sector de la isla en materia de menores inmigrantes no acompañados – competencia autonómica-. Recordó la consejera de Derechos Sociales que, actualmente, la comunidad autónoma tutela a 1.048 menores. Aseguró que el Gobierno de Canarias está dando respuesta a este incremento en el número de menores a través de la apertura de dispositivos de emergencia pero, a medio y largo plazo, apeló a la “solidaridad interterritorial en la acogida de estas niñas y niños”. Sobre la situación en la isla de Fuerteventura en estos momentos manifestó que “tenemos recursos y estables con plazas disponibles, por lo que si tenemos llegadas en las próximas semanas podremos darle respuesta”.

La consejera de Derechos Sociales también se refirió al papel crucial que debe tener en esta materia la Unión Europea, en concreto, con la habilitación de fondos para la atención de menores inmigrantes. Noemí Santana anunció que ya se está trabajando en esta línea y que en las próximas semanas se mantendrá un encuentro con la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Yohansson.

Sobre la protección a las personas más vulnerables, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció la labor de la comunidad autónoma. “Canarias es una de las comunidades que mejor ha entendido que tiene que ayudarnos y acompañarnos hasta que el Ingreso Mínimo Vital se implante”, afirmó Escrivá.
La consejera, por su parte, destacó el compromiso del gobierno regional con las personas con rentas más bajas y destacó medidas puestas en marcha como la compatibilidad de la Prestación Canaria de Inserción y el Ingreso Mínimo Vital por un periodo transitorio hasta el próximo 31 de diciembre, o bien, el Ingreso Canario de Emergencia que llegó a 16.000 familias (unas 800 en la isla de Fuerteventura) y del que, si el Parlamento da su conformidad, se realizará un segundo y último pago a los hogares beneficiarios.

Noemí Santana, además, se refirió a la creación de una red de recursos que sirvan como alternativa habitacional para familias afectadas por desahucios, “especialmente por impago de alquileres”. Un trabajo que se está realizando en conjunto con la consejería de Obras Públicas y Vivienda que también ha realizado una importante apuesta por la construcción de vivienda pública.

Tras ese encuentro, la consejera de Derechos Sociales ha acompañado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la secretaria de Estado de Migraciones en la visita al puerto de Gran Tarajal donde han conocido y reconocido la labor que realiza Salvamento Marítimo. Posteriormente, se ha realizado una visita a las instalaciones del antiguo Centro de Internamiento para Extranjeros de El Matorral.

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Canarias consolida la mejora de su gestión en Dependencia en 12 meses

El Informe del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, elaborado por el IMSERSO, vuelve a situar a Canarias  como la tercera comunidad en incrementar el número de dependientes con prestación

Dependencia redujo en casi cinco meses el tiempo medio de espera desde la solicitud hasta la resolución de la prestación

Canarias continúa la línea de aumento de personas beneficiarias con prestación siendo la tercera comunidad autónoma, detrás de la comunidad Valenciana y las Islas Baleares, en incrementar el número de personas beneficiarias con prestación con respecto a agosto de 2019, según el informe sobre el impacto del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia elaborado por el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Dicho informe, que realiza un análisis comparativo de las distintas variables relativas al sistema de prestaciones a la dependencia en todo el Estado, se constata que un total de trece comunidades autónomas ha aumentado el número de personas beneficiarias con prestación, tanto de servicio como económica, respecto a agosto de 2019, siendo las más que han aumentado la cifra de personas beneficiarias con prestación la comunidad Valenciana (17,2%, con 14.346 personas más), Baleares (12,3% interanual, con 2.480 personas beneficiarias con prestación más) y Canarias (11,4% interanual, con 2.587 personas con prestación más).

Por el contrario, las comunidades donde más han disminuido las personas beneficiarias con prestación fueron La Rioja (-4,7% interanual, con 387 personas menos) la Comunidad de Madrid (-4,1% interanual, con 5.832 personas beneficiarias con prestación menos) y Castilla-La Mancha (-2,3% interanual, con 1.424 personas menos).

“Estos datos ponen de manifiesto los esfuerzos que el Gobierno de Canarias ha llevado a cabo durante los últimos meses en materia de atención a las personas en situación de dependencia, logrando incrementar el número de personas dependientes que estaban pendientes de una prestación, lo refleja el trabajo realizado por el departamento de Dependencia, especialmente en unos momentos y ante una situación tan complicada para todos como la generada por actual pandemia”, afirma la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana.

El informe pone de manifestó igualmente que Canarias también ha sido la tercera comunidad que más ha incrementado la cifra de personas beneficiarias con derecho a prestación pendientes de recibirla, con 1.793 personas más, detrás de la Comunidad Valenciana, con 7.627 personas más, y del Principado de Asturias, con 1.760 personas más, mientras que las comunidades donde más han caído las personas beneficiarias con prestación han sido Madrid, con 8.289 personas menos; La Rioja, con 481 personas menos, y Castilla–La Mancha, con 3.481 personas menos.

En la línea de continuar mejorando la labor de gestión de los recursos de atención a las personas en situación de dependencia, Derechos Sociales acordó esta misma semana incrementar el coste plaza de los convenios de atención para personas dependientes que se rubrican anualmente con los Cabildos insulares. El acuerdo contempla el incremento entre un 13,8% y un 6%, dependiendo del tipo de plaza (residencial o centro de día), con un financiación a estos convenios de más de 147 millones de euros, que se sumarán a los 67 millones de euros que aportarán los Cabildos insulares.

Reducción en casi cinco meses el tiempo de espera para la resolución de la prestación

A esta tendencia en positivo de los datos relativos a la gestión en materia de Dependencia, hay que añadir la reducción en casi cinco meses del tiempo medida de espera desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, pasando de 785 días de media a 640 días, es decir, un avance de 145 días en relación al tiempo de espera, en el periodo de agosto a diciembre de 2019, gracias a la reactivación y restructuración del departamento efectuado por la Dirección general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias.

Esta cifra, sin embargo, se ha visto incrementada por la situación del estado de alarma por pandemia que obligó a paralizar las valoraciones subiendo la media de tiempo de espera a 875,42 días, de enero a julio de 2020.

 

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Derechos Sociales incrementa en 8,5 millones la financiación de los recursos sociosanitarios

El incremento de la financiación del coste plaza, el mayor que se ha hecho hasta la fecha, se realizará tras el acuerdo alcanzado hoy entre el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos insulares que han celebrado en un encuentro al que ha asistido la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero

El coste plaza se incrementa entre un 13,8% y un 6%, dependiendo del tipo de plaza

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud destinará casi 8,5 millones de euros más a la financiación de los recursos de atención a la dependencia y discapacidad . Esto supone un importante incremento de las aportaciones a los convenios plurianuales que se firman con los Cabildos insulares para la financiación de los recursos de atención a las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, con el fin de incrementar la aportación precio/plaza. En total, el Gobierno de Canarias destinará – incluido el incremento- 147.051.635,70 euros a estos convenios, mientras que los Cabildos insulares aportarán 67.481.621 euros, tras un incremento del 4,4 millones de euros.

“Este incremento viene a paliar una deuda histórica con las entidades que gestionan los recursos de personas dependientes, discapacidad y mayores. Se trata de la mayor subida del coste plaza realizada hasta la fecha. Nuestro compromiso es que de forma progresiva se cubra todo el coste e, incluso, ir más allá en la financiación para asegurar una atención de calidad para las personas dependientes”, manifestó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras el encuentro con los Cabildos.

La consejera también agradeció el compromiso de las corporaciones insulares con la ciudadanía más vulnerables y reconoció el esfuerzo de los Cabildos para que este incremento histórico sea haga realidad. Hay que tener en cuenta que hasta este momento, en 2016 se produjo un aumento global del 7,5% de las plazas de discapacidad; en 2017 aumenta de forma global el 6,75% de las plazas de discapacidad; en 2018 se incrementaron todas las plazas un 1,1% (IPC 2017), y el año 2019 en el que la subida se centró en discapacidad intelectual.

Con este incremento en el fondo, el Gobierno va acercando el precio de la plaza al coste real de las mismas, que aumenta entre un 13,8 y un 6% función del tipo de plaza, residencial o centro de día. Así, con respecto al sector de la discapacidad las plazas residenciales aumentan un 10%, las plazas diurnas un 7,5%, un 10% crecen los servicios de promoción de la autonomía personal y un 13,8% el mantenimiento de funciones adquiridas. Con respecto al sector de mayores, el incremento de plazas residenciales se sitúa en un 6%.

El acuerdo alcanzado por unanimidad con los siete Cabildos supone un incremento de las aportaciones por islas que queda de la siguiente manera: al Hierro se destinan 51.590,32 euros más; a Fuerteventura, 224.510,88; a Gran Canaria, 3.298.858,72; a La Gomera, 102.568,57; a La Palma, 537.485,93; a Lanzarote, 460.428,61, y a Tenerife, 3.840.997,39 euros más.

 

 

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana:

 

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Santana destaca los avances en la atención a la dependencia en Canarias a pesar del Covid-19

“Durante el Estado de Alarma en casi toda España el sistema de atención a las personas en situación de dependencia colapsó, no solo por la Covid, sino también por cuestiones que se venían arrastrando de antes. Afortunadamente, podemos afirmar que en Canarias no fue así”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la comisión de Derechos Sociales celebrada hoy en el Parlamento sobre la gestión en materia de dependencia durante la crisis del coronavirus.

En su intervención, Santana señaló que, según el informe ‘Impacto del Covid-19 en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD)’ elaborado por el Estado, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales con datos a 31 de mayo de 2020, Canarias fue la tercera comunidad autónoma, detrás de la comunidad Valenciana y Baleares, en incrementar el número de personas beneficiarias con prestación con respecto a mayo de 2019.

De hecho, según este informe, la cifra de personas que recibieron una prestación, tanto económica como en servicio, se incrementó en un 10,4%, 2.336 personas más, “lo que situó a las Islas como la tercera comunidad autónoma en incrementar el número de personas beneficiarias a pesar de la situación de alarma sanitaria”.

En relación a la evolución de personas con derecho a prestación pendientes de recibirla, la consejera destacó también la evolución positiva ya que Canarias pasó de contar con 9.040 a finales del año pasado a 7.562 actuales, lo que implica una reducción del 15,5%, “un dato que ha ido descendiendo a lo largo de este año”.

En cuanto a la evolución de las resoluciones de grado, Santana aclaró que Canarias ha alcanzado una cifra estable de 38.000. A este respecto, indicó que “desde luego, no hemos avanzado mucho, pero comparados con otras comunidades somos la cuarta en dicho ranking con un 5,4% de avance a pesar de encontrarnos en una situación en la que no podíamos ir a visitar a las casas debido al Estado de Alarma”.

Por su parte, en cuanto al número de solicitudes, Canarias, con más 55.000 solicitudes registradas, fue la tercera Comunidad Autónoma que más aumentó en número de solicitudes, “un dato que resulta de la incorporación de 5.200 solicitudes que no se habían convertido en expedientes”, aclaró la consejera quien resaltó que el hecho de incorporar estas solicitudes provenientes de la legislatura anterior y que hacen que los datos parezcan peores, “ya que contamos con más solicitudes y por tanto un menor porcentaje de gente con expediente resuelto respecto a las solicitudes”.

En la comisión, Santana enfatizó que la situación generada por la pandemia “ha puesto de relieve la necesidad de contar con mayor número de infraestructuras sociosanitarias”. A este respecto, aclaró que se ha  trabajado mano a mano con los Cabildos insulares con el fin de avanzar hacia un modelo que combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño que puedan dar una atención más personalizada, así como valorar el aumento de ratios de profesionales por centros y la importancia de implantar un sistema de atención domiciliaria para las personas mayores, dependientes y con discapacidad que pueda aliviar la necesidad de plazas residenciales, “que es algo que me consta que también se está trabajando desde el Estado”.

 

Ante todo lo expuesto, la consejera aclaró que “desde luego, falta muchísimo para tener en Canarias una situación de la dependencia como para presumir, pero según los datos estamos en el buen camino. Y, por  primera vez en mucho tiempo, nuestro Archipiélago destaca respecto a otras comunidades autónomas por lograr una serie de pequeños avances que para Canarias son muy grandes”.

 

 

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