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Canarias solicita traspasar en bloque a los beneficiarios de PCI al Ingreso Mínimo Vital

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se adhiere a la propuesta impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para impulsar una pasarela automática para que las personas beneficiarias de la PCI pasen directamente a ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

En Canarias, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos

Canarias muestra su apoyo a la propuesta de mejora en la tramitación del Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (IMV) con el fin de facilitar una transición más ágil entre las rentas autonómicas y el IMV. La adhesión a esta propuesta fue comunicada a la secretaria de Estado de Inclusión Social, Milagros Paniagua, en una reunión celebrada el pasado viernes, 5 de marzo.

La propuesta, impulsada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se centra en la creación de una “pasarela automática” para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas que gestionan las Comunidades Autónomas. En el Archipiélago canario, desde la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

De hecho, hace unas semanas, la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, remitió una carta a sus homólogos en el resto de CCAA solicitando el apoyo a esta propuesta, ya que, “siendo como es el IMV un instrumento fundamental que da respuesta a una petición social histórica, sus casi 10 meses de puesta en funcionamiento han evidenciado la necesidad de algunos ajustes y mejoras que permitan una gestión más ágil y eficaz”.

Por este motivo, desde Canarias se solicita al resto de CCAA su apoyo a una enmienda, mediante la cual se pretende añadir al texto legislativo una nueva Disposición Transitoria que facilite el paso al IMV de las personas que tienen reconocida una prestación de alguna de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

De esta forma, se permitirá, con carácter excepcional y en el ámbito de un necesario periodo transitorio, que a todas las personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2020, sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social tendrán reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021, siendo el único requisito exigido el de no superar el umbral de ingresos garantizados que corresponda con la estructura y composición de la unidad de convivencia.

Estos periodos transitorios son habituales, por ejemplo, en el ámbito europeo cuando se cambia de un programa a otro, con la intención de facilitar un tránsito fluido entre un periodo y otro, por lo que no sería descabellado utilizarlo también en el ámbito estatal.

A este respecto, Santana indicó que “desde Canarias consideramos que el reconocimiento por parte de las comunidades autónomas de una prestación de renta de inserción ya es una verificación y constatación suficiente de una situación de vulnerabilidad como las que el Ingreso Mínimo Vital quiere atender. La experiencia del tiempo transcurrido desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital ha mostrado la dificultad de establecer pasarelas automáticas entre estas rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital, cuya aspiración es precisamente constituirse en un “suelo” de protección homogéneo a nivel nacional que pueda ser complementado además por cada comunidad autónoma, en aplicación de sus competencias”.

“Además, continuó Santana, se ha constatado la dificultad de asumir con la rapidez suficiente la gestión del elevado volumen de solicitudes registradas. Por tanto, esta medida contribuirá a mejorar la protección de las personas beneficiarias de las rentas autonómicas y, a la vez, a agilizar la tramitación del resto de solicitudes”.

“Una enmienda de este tipo, de carácter transitorio y excepcional, facilitaría la pasarela de las y los beneficiarios de nuestras respectivas rentas al IMV de manera ágil. Ganarían la ciudadanía y ganaríamos las diferentes administraciones, tanto la regional como la estatal”, concluyó la consejera del Ejecutivo regional.

Casi 16.000 familias beneficiaras

A fecha 28 de febrero de 2021, en Canarias, un total de 8.944 unidades de convivencia están percibiendo el Ingreso Mínimo Vital, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de gestionar esta ayuda.

A estas hay que sumar las 7.357 familias que se encuentran actualmente percibiendo la PCI, de las cuales, unas 700 unidades de convivencia reciben ambas prestaciones de forma complementaria sin superar nunca las cuantías máximas que establece el IMV.

En total, unas 15.600 familias en Canarias está recibiendo alguna de estas dos prestaciones destinadas a las familias más vulnerables y con ingresos más bajos.

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Tenerife contará en 2021 con más de 13,3 millones de euros para servicios sociales, un 35,6% más que en 2020

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de Tenerife contarán este año con un global que asciende a 13.349.402,78 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 35,62% más con respecto al importe global de 2020, un total de 4.755.866,43 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, son sus localidades más pobladas, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna los que cuentan con una mayor cuantía, con 3.189.390,18 euros y 2.053.405,20 euros, respectivamente, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 35,6 por ciento para la capital tinerfeña y del 36,27 por ciento para La Laguna.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

Distribución de fondos en Tenerife

Según el acuerdo alcanzado, los municipios de Tenerife contarán con un global de 13.349.402,78 euros que se distribuye de la siguiente forma: Adeje, 353.248,68 euros; Arafo, 123.673,9 euros; Arico, 280.380,74 euros; Arona, 567.578,28 euros; Buenavista, 156.421,95 euros; Candelaria, 294.494,64 euros; Fasnia, 100.767,37 euros; Garachico, 191.632,10 euros; Granadilla, 558.772,37 euros; La Guancha, 206.175,91 euros; Guía de Isora, 267.833,48 euros; Güimar, 316.264,34 euros; Icod de los Vinos, 496.431,01 euros; La Laguna, 2.053.405,20 euros; La Matanza, 243.342,74 euros; La Orotava, 743.699,79 euros; Puerto de la Cruz, 475.347,76 euros; Los Realejos, 631.299,85 euros; El Rosario, 237.057,34 euros; San Juan de la Rambla, 128.751,12 euros; San Miguel de Abona, 174.288,52 euros; Santa Cruz de Tenerife, 3.189.390,18 euros; Santa Úrsula, 236.727,44 euros; Santiago del Teide, 143.037,74 euros; El Sauzal, 142.211, 03 euros; Los Silos, 118.685,83 euros; Tacoronte, 345.353,5 euros; El Tanque, con 100.512,41 euros, Tegueste, con 205.754,27 euros; La Victoria con 179.781,55 y Vilaflor, con 87.081,74 euros.

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Gran Canaria contará en 2021 con casi 13 millones de euros para servicios sociales, un 36% más que en 2020

La distribución de estos fondos se enmarcan en el protocolo para el reparto de fondos sociales correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los recursos para la atención de las familias con mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, entre otros

Los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria contarán este año con un global que asciende a 12.721.650,43 euros para financiar servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los distintos municipios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, lo que supone un incremento de 35,8% más con respecto al importe global de 2020, un total de 4.560.255,39 euros más que en el ejercicio anterior.

Por municipios, son sus localidades más pobladas, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, los que cuentan con una mayor cuantía, con 5.119.859,85 euros y 1.695.206,98 euros respectivamente, lo que implica un incremento en relación a 2020 del 32,5 por ciento para la capital grancanaria y del 35,5 por ciento para Telde.

La distribución de estos fondos se rubricaron en el marco de la firma del protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, entre la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, que lidera Noemí Santana, y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con María Concepción Brito al frente, celebrado el pasado 4 de febrero. La firma de este acuerdo supone contar, para todos los ayuntamientos del Archipiélago, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020 (un incremento del 55 por ciento).

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, así como los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

Distribución de fondos en Gran Canaria

Según el acuerdo alcanzado, los municipios de Gran Canaria contarán con un global 12.925.898,16 euros para financiar servicios sociales comunitarios, distribuidos de la siguiente forma, por municipios:

Agaete contará este año con 164,867,32 euros; Agüimes, con 425.401,78 euros; Artenara con 85.188,62; Arucas, con523.758; Firgas, con 154.991; Gáldar, 506.081,06; Ingenio, con 506.081,06, Mogán, con 330.725,39; Moya, con 176.811,54 euros; San Bartolomé de Tirajana, con 647.213,43; La Aldea, con 187.062,62 euros; Santa Brígida, con 212.833,78 euros; Santa Lucía, con 893.420,07 euros; Guía, con 233.887,39 euros; Tejeda con 147.289,16 euros; Telde con 1.695.206,98 euros; Teror, con 211.307,23 euros; Valleseco, con 145.871,08 euros y Valsequillo, con 208.212,93 y la Vega de San Mateo, con 143.846,13 euros. Y, por último, Las Palmas de Gran Canaria, con 5.119.859,85 euros.

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Noemí Santana anuncia más presupuesto y mayor equilibro en el reparto de los fondos del IRPF

Canarias contará este año con 9,3 millones de euros para financiar proyectos sociales con fondos derivados del IRPF, lo que supone 1,6 millones más que la convocatoria de 2020, cerca de un 18% más

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, explicó que su departamento ya ha diseñado las bases que regularán estas ayudas en 2021 que se volverán a realizar por concurrencia competitiva y de forma anticipada

“La situación social generada por el COVID-19 hace necesario que las entidades sociales cuenten con los fondos lo antes posible. Por eso, este año, hemos optado por conceder de forma directa – atendiendo a la resolución del año pasado- las subvenciones del IRPF”, anunció hoy en sede parlamentaria la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.

Este año, Canarias contará con 9.363.321 euros, lo que supone un incremento de 1.670.038,6 euros más que en la convocatoria de 2020, es decir, cerca de un 18% más que se traducirá en que más proyectos y programas sociales contarán con financiación.

“De esta manera, los fondos se distribuirán entre más entidades, logrando que el reparto sea más justo y equilibrado, pero esto sin dejar caer grandes proyectos que también son necesarios, y que llegan a un gran número de personas”, indicó la responsable del área.

Cambio en las bases para la convocatoria de 2021

Según adelantó Santana, “ya están cerradas las bases para proceder a la convocatoria de manera anticipada una vez que el Estado anuncie la cantidad que le va a corresponder a las comunidades autónomas para 2021 – y que se espera que sea mayor a la actúa-, a ejecutar en 2022”. De esta forma, explicó, “esto permitirá convocar las ayudas entre los meses de junio y julio y que las entidades puedan contar con los fondos desde principios de año”.

Con respecto al contenido de las bases, la Consejería mantiene las novedades introducidas en la convocatoria del 2019, con una línea específica de igualdad y de diversidad LGTBI, incluyendo la transversalidad de la perspectiva de género en todos los proyectos. Además, se reduce el número máximo de proyectos por entidad, pasando de 15 a 10 proyectos por entidad, así como se establece un límite general máximo de tres proyectos por líneas y se reduce el máximo de financiación por proyecto.

En este sentido, anunció que su departamento está trabajando en un plan que permitirá retomar la concurrencia competitiva para los años venideros, que pasa por la dotación de medios técnicos y humanos. Para ello, la Consejería tiene previsto el encargo de un aplicativo para mejorar la gestión de la convocatoria en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias.

“El objetivo es poder sacar la convocatoria de manera anticipada, para que las entidades con proyectos aprobados cuenten con los fondos a principios de 2022 lo que garantizará que puedan desarrollar sus proyectos con todas las garantías”, concluyó la consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo canario.

A las subvenciones para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pueden acceder las entidades del Tercer Sector de acción social así como las entidades u organizaciones no gubernamentales que estén legalmente constituidas que desarrollen programas que tengan por objeto cubrir la atención integral a las necesidades sociales básicas de personas en situación de pobreza o exclusión así como en situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de discriminaciones por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad, identidad y orientación sexual.

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Derechos Sociales promociona el voluntariado a través de la experiencia de las personas voluntarias

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, presentó hoy la campaña que consta de 10 reportajes que se emitirán en el programa ‘Donacción’ de la Televisión Canaria

Canarias destinará este año 870.000 euros a programas y proyectos de voluntariado

“Canarias es un ejemplo de las personas que se involucran en ayudar a mejorar la vida de otras personas y eso lo demuestra el dato de que alrededor del 11,5% de la población canaria está involucrada, de una forma u otra, en las labores de voluntariado, cinco puntos más que la media estatal, aún así creemos que hay que seguir fomentando y poniendo en valor el trabajo que hacen las entidades y las personas voluntarias para seguir sumando manos y corazones a la transformación más solidaria de nuestra ciudadanía”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el acto de presentación de la nueva campaña Sí al Voluntariado, impulsada por el Ejecutivo canario con el protagonismo de las personas y las entidades de voluntariado de las Islas.

Según explicó Santana, “la campaña de este año es especial puesto que hemos contado con las propias personas voluntarias que son quienes han aportado su testimonio personal, contando sus historias, su labor, qué hacen, y motivando así al voluntariado en todas las áreas sociales”, explicó la consejera, quien agradeció tanto a las entidades como a las personas que las integran “la fundamental labor solidaria que realizan y generosa ayuda hacia los demás”.

Momento de la presentación de la campaña

La consejera de Derechos Sociales hizo alusión, además, al incremento que, desde la Oficina del Voluntariado de Canarias, se ha experimentado del trabajo voluntario ante la actual situación de crisis social generada por la pandemia y en este sentido, anunció que la Consejería tiene previsto este año destinar un total de 870.000 euros, dentro de la convocatoria vinculada al IRPF y con la convocatoria de ayudas al sector de la dirección General de Derechos Sociales, a financiar proyectos y programas de voluntariado.

Por su parte, Ainhoa Cabrera, voluntaria en la Fundación Adsis, quien habló en nombre de los miembros de la Comisión Intersectorial de Voluntariado de Canarias, hizo alusión a su experiencia de más de cuatro años como persona voluntaria. En su intervención, manifestó su creencia de que las personas voluntarias son claves en la integración social de las personas que se encuentran en situación de desigualdad. “En mi experiencia personal, solo me he llevado sonrisas y grandes dosis de gratificación personal”, indicó Cabrera, quien enfatizó que, en su opinión, “si no puedes cambiar el mundo, al menos puedes ayudar a hacer un poco mejor el mundo de las personas de tu entorno”.

Campaña Sí al voluntariado

La campaña Sí al voluntariado consta en la difusión de un conjunto de diez vídeos-reportajes en los que se muestra a las personas voluntarias que realizan labores en las diferentes áreas de acción voluntaria: protección civil, bienestar animal, servicios sanitarios, asuntos sociales, juventud y personas mayores, y derechos sociales, aglutinando infancia y discapacidad, etc. En la presentación de la campaña se contó con un spot de dos minutos de duración en el que se muestra un resumen de los vídeos realizados en las diferentes entidades de voluntariado de todas las islas Canarias, que emitirán por las redes sociales y la Televisión Autonómica de Canarias.

La novedad de los vídeos se centra en que están protagonizados por las propias personas voluntarias y entidades, que realizan su labor en todas las islas, y que son quienes han explicado su labor como voluntarios.

El Archipiélago cuenta, en la actualidad, con un total de 370 entidades acreditadas que desarrollan su labor en el ámbito del voluntariado: 157 en Tenerife, 171 en Gran Canaria, 2 en El Hierro, 11 en La Palma, 5 en La Gomera, 11 en Fuerteventura y 14 en Lanzarote, según los datos de la Oficina de Información y Asesoramiento del Voluntariado del Gobierno de Canarias (OIAV).

Según datos de la Plataforma de Voluntariado de España, en torno al 11,5 por ciento de la población de las Islas colabora o realiza labores de voluntariado en Canarias, frente a una media nacional del 6,5 %.

La Comisión Intersectorial de Voluntariado es un órgano de participación compuesto por representantes de las entidades de voluntariado acreditadas de las áreas de Cooperación y Solidaridad Internacional, Servicios Sociales, Asuntos Sanitarios, Educación, Ciencia, Cultura, Deportes y Patrimonio Histórico Artístico, Protección del Medio Ambiente y Defensa del Medio Rural y Protección Ciudadana, así como representantes de las personas voluntarias, de la Fecam, de la Fecai, de las Universidades Públicas Canarias y del Ejecutivo canario, con el objeto de promocionar, apoyar, consolidar supervisar y coordinar las acciones de voluntariado que se desarrollen y promuevan en Canarias.

En Canarias, el voluntariado está regulado por la Ley 4/1998, de 15 de mayo, y desarrollado por el Decreto 13/ 2002, de 13 de febrero.

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Noemí Santana traslada al director de ‘Save the Children’ la situación de emergencia humanitaria que vive Canarias

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud mantuvo hoy un encuentro con el director de Save the Children en España, Andrés Conde

La organización internacional destaca el esfuerzo realizado por Canarias en la acogida de los cerca de 2.700 menores inmigrantes no acompañados que tutela en estos momentos

“Canarias afronta en estos momentos una crisis migratoria y humanitaria en un territorio limitado y Europa y el Estado no pueden mirar para otro lado. Canarias es frontera europea y necesitamos algo más que palabras”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el marco de la reunión celebrada con el director de Save The Children en España, Andrés Conde, en la que analizaron la situación de atención a menores extranjeros no acompañados en las Islas.

El encuentro, según manifestó la consejera, se enmarca en la búsqueda de aliados para hacer entender la situación de crisis humanitaria en la que se encuentra Canarias y, en ese sentido, agradeció la visita del director nacional de una entidad “con el prestigio que tiene Save the Children”.

“No se trata de competencias, se trata de buscar soluciones entre todos, Europa, el Estado y el resto de las Comunidades autónomas, porque Canarias no puede afrontar esta situación en solitario”, insistió Santana, quien recordó que la cifra de menores extranjeros no acompañados atendidos en las Islas se ha ido incrementando en el último año, pasando de 540 en 2019 a los casi 2.700 acogidos en la actualidad, “lo que supone un incremento superior al 300%”.

El incremento en la tutela de menores ha hecho necesaria la apertura por parte de la Consejería de Derechos Sociales de 27 dispositivos de emergencia para la atención de esos chicos y chicas que se distribuyen por islas de la siguiente manera: 17 en Gran Canaria, 8 en Tenerife y 2 en Fuerteventura.

Por su parte, el director de Save the Children, Andrés Conde, reconoció el enorme esfuerzo que está realizando Canarias en esta materia asegurando que se sitúa a la vanguardia en cuanto a protección de menores. Conde insistió en la necesidad de acompañar a la comunidad autónoma en esta crisis humanitaria e instó al Estado y al resto de comunidades a asumir esta cuestión de forma conjunta.
Sobre esta cuestión, Conde insistió en la necesidad de una “atención compartida” ya que, según manifestó, “la frontera sur de España es toda España y no solo los territorios que tienen frontera física”.

“Canarias es una de las comunidades autónomas más garantistas en cuanto a lo que se refiere a los derechos de la infancia y ha dado muestras sobradas de ello. Sin embargo, la envergadura del fenómeno migratorio está tensionando el sistema de protección de menores en las Islas y eso nos preocupa”, aseguró Conde.

El director de Save the Children insistió en la necesidad de establecer un protocolo de llegada de menores que cuente con perspectiva de infancia para una correcta determinación de la edad y la detección de perfiles vulnerables, especialmente de víctimas de trata.

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Los Ayuntamientos contarán en 2021 con más de 32 millones de euros para servicios sociales

La Consejería de Derechos Sociales y la FECAM firman el protocolo para  la distribución de fondos sociales para la financiación de los servicios sociales comunitarios y atención a las familias en situación de vulnerabilidad que cuenta este año con 11.340.861,14 euros más que en 2020

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) han firmado hoy en protocolo para el reparto de fondos sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables del municipio, con un montante global que asciende a 32.083.798 euros, 11.340.861,14 euros más que en 2020, un incremento del 55 por ciento.

“Como el año anterior, volvemos a firmar este acuerdo con la FECAM a comienzos del año, permitiendo que los ayuntamientos puedan contratar a los mismos equipos que tenían el año anterior, lo que garantiza la continuidad en el trabajo de personal tan esencial como es el de los servicios sociales municipales”, subrayó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, quien enfatizó que cuando se habla de Plan concertado, “hablamos de los trabajadores y trabajadoras sociales que atienden en los municipios, puerta de entrada de los servicios sociales; hablamos de las personas cuidadoras que van a atender en los domicilios a las personas que lo necesitan; hablamos de las ayudas de emergencia, de los recursos para personas sin hogar y a nadie se le escapa que ante la actual situación de crisis social, la mejor respuesta es dar más ayuda a quien más lo necesita”

Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, puso de relieve el incremento presupuestario con el que está dotado el Plan concertado y enfatizó que “la acción social para los ayuntamientos siempre es esencial pero, en esos momentos críticos, resulta fundamental atender a las familias y personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, que son las que peor lo están pasando en la actual crisis sanitaria y económica”.

A través de estos fondos se garantiza la continuidad a los programas que viene financiando el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de Derechos Sociales, dirigidos a la atención de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana

Hay que recordar que mediante estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

 

Distribución de fondos por Islas

Según el acuerdo alcanzado, los municipios de la isla de Gran Canaria contarán con un montante global 12.721.650,43 euros, de los que 5.119.859,85 euros irán destinados a los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y una partida de 1.695.206,98 euros a los programas de servicios sociales que gestiona el ayuntamiento de Telde.

Por su parte, Lanzarote contará con 1.692.017,44 euros, de los que su capital, Arrecife, contará con 693.829,81 euros mientras que los municipios de Fuerteventura contarán con una partida a distribuir de 1.193.391,36 euros, de la que Puerto del Rosario, el municipio capitalino, contará con un montante de 406.786,91 euros.

En cuanto a Tenerife, los municipios de la isla tendrán un fondo global a distribuir que asciende a 13.349.402,78 euros, siendo sus localidades más pobladas, Santa Cruz de Tenerife, con 3.189.390,18 euros, y La Laguna, con 2.053.405,20 euros, las que reciban una mayor cuantía.

La isla de La Palma recibirá este año una partida global 2.133.894,7 euros, de la cual 342.653,01 euros se irán para su capital, Santa Cruz de la Palma, mientras que La Gomera contará con un montante de 648.514,34 euros, de los que 143.516,40 euros se irán para su capital.

Por su parte, los tres municipios de la isla de El Hierro, la menos poblada, contarán con una partida que asciende en 2021 a 344.926,95 euros, 134.241,67 euros para el ayuntamiento de Valverde, la capital.

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Canarias recibirá 102 millones de euros de fondos europeos para impulsar un nuevo modelo de cuidados

Noemí Santana: “Estos fondos nos permitirá desarrollar el modelo de cuidados que Canarias merece. Desde la comunidad autónoma haremos un esfuerzo, que sumada a esta inversión procedente de Europa, nos permitirá transformar el actual modelo de atención a personas mayores y dependientes, así como la mejor y refuerzo de políticas de igualdad e inclusión”

Canarias recibirá unos 102 millones de euros durante el periodo 2021-2023 procedentes del eje de ‘Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e Inclusión’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En 2021, los fondos ascenderán a 34.033.407,93 euros, lo que supone un 4,66% del total de este fondo procedente de la Unión Europea y que asciende en su totalidad para este año a 910 millones de euros, de los que 730,8 millones de euros serán gestionados por las comunidades autónomas.

“Estos fondos nos permitirá desarrollar el modelo de cuidados que Canarias merece. Desde la comunidad autónoma haremos un esfuerzo, que sumada a esta inversión procedente de Europa, nos permitirá transformar el actual modelo de atención a personas mayores y dependientes, así como la mejor y refuerzo de políticas de igualdad e inclusión”, manifestó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras el encuentro.

El reparto de los fondos europeos fue una de las cuestiones abordadas hoy en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde está presente el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas. Esta partida irá destinada a planes de apoyo y cuidados de larga duración, planes de modernización de servicios sociales y accesibilidad.

Además de este acuerdo, también se abordó la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia para el que se contempla una inyección de más de 600 millones de euros por parte del Estado. De esa cuantía, 283 millones de euros se distribuyen entre las comunidades autónomas y Canarias recibirá 8.956.506,03 euros, lo que representa un 3,16% de la totalidad.

“Por fin el Estado vuelve a destinar fondos a la mejora del sistema de Dependencia incrementando su aportación que realiza en este ámbito. Nos parece esencial este Plan de Choque, especialmente para Canarias donde la aplicación de la Ley de Dependencia sufre un retraso histórico”, aseguró Noemí Santana.

El acuerdo establece como objetivos prioritarios la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación; la mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como la introducción de mejoras en los servicios y prestaciones. Además, se contempla que en 2021 se regule la figura profesional del Asistente Personal, y que al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia como un “derecho subjetivo”.

Reparto de fondos para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados

Durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia también se abordó el reparto de los 27,7 millones de euros destinados a la atención de menores inmigrantes no acompañados incluidos en los Presupuestos Generales del Estado.

Canarias, en principio, recibirá 2 millones de euros de este fondo al situarse en la ratio de 33 menores inmigrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes. Además, el Ministerio de Derechos Sociales ha reservado un 35% de estos fondos (9,5 millones de euros) para apoyar la oferta de plazas solidarias que las Comunidades Autónomas ponen a disposición de los territorios donde se produzcan incrementos sustanciales, como es el caso de Canarias en la actualidad.

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Canarias, la tercera comunidad con mayor aumento en la cifra de personas beneficiarias con derecho en dependencia

Según datos del Informe sobre el Impacto del Covid-19, elaborado por el Imserso, Canarias mantiene la tendencia creciente y mejora en todos los parámetros en relación a la atención a la dependencia

Canarias ha sido una de las comunidades autónomas en las que más ha aumentado las personas beneficiarias con derecho con un incremento del 2,2% interanual, con 722 personas beneficiarias con derecho reconocidas más que en diciembre de 2019, detrás de la comunidad Valenciana, con un 12,0%, con 12.378 personas más, y Baleares, con un 2,1% interanual, con 537 personas más, según el informe sobre el Impacto del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), elaborado por el Imserso, con fecha diciembre de 2020.

Por el contrario, las Comunidades autónomas donde más ha decrecido el número de personas beneficiarias con derecho han sido Aragón (-7,3% interanual, con 2.844 personas menos), Madrid (-5,8% interanual, con 9.986 personas beneficiarias con  derecho menos) y La Rioja (-5,2% interanual, con 592 personas menos).

“A pesar de la pandemia, logramos mejorar las cifras en dependencia. Tenemos aún mucho margen de mejora, pero estamos sentando las bases para que la ley de Dependencia sea, por fin, en Canarias una realidad que de respuesta a las necesidades de la ciudanía”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

Además, según los datos de este informe, Canarias fue la cuarta comunidad autónoma donde el número de personas beneficiarias con prestación aumentó con respecto a diciembre de 2019, en concreto,  un 7,2% interanual, con 1.680 personas más, detrás de la comunidad Valenciana, con un 15,7%, con 13.862 personas más; el Principado de Asturias, con un 14,8%, con 3.116 personas más; y Baleares, con un 11,6%  interanual, con 2.400 personas beneficiarias con prestación más.

Por su parte, las Comunidades autónomas donde más disminuyeron las personas beneficiarias con prestación han sido La Rioja (-7,8% interanual, con 644 personas menos), la Comunidad de Madrid (-7,1% interanual, con 10.180 personas beneficiarias con prestación menos) y Aragón (-4,3% interanual, con 1.419 personas menos).

“Estos datos ponen de manifestó el nivel de compromiso y esfuerzo del personal del centro directivo, que se verá reforzado con la próxima incorporación de 101 trabajadores técnicos más, lo que permitirá, a su vez, una continuada mejora de las cifras”, subrayó el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, quien explicó que “este informe del Imserso recoge los datos en materia de gestión en la atención a la dependencia de todo el año 2020, lo que demuestra que en las Islas vamos por el buen camino a pesar de la complicada situación generada por la pandemia”.

Mejora también en la cifra de solicitudes

En relación al número de solicitudes, según datos del citado Informe, en un total de 14 Comunidades Autónomas ha descendido el número de solicitudes respecto a diciembre de 2019, siendo las comunidades donde más han descendido las solicitudes Extremadura  (-6,9% interanual, con 3.906 solicitudes menos), Aragón (-6,4% interanual, con 3.299 solicitudes menos), Castilla- La Mancha (-5,4% interanual, con 4.869 solicitudes menos) y La  Rioja (-4,5% interanual, con 688 solicitudes menos), mientras que las únicas comunidades autónomas donde ha mejorado la cifra de solicitudes han sido la comunidad Valenciana (7,8% interanual, con 11.212 solicitudes más), Canarias (2,9% interanual, con 1.546 solicitudes más) y Baleares (1,1% interanual, con 357 solicitudes más).

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Canarias contará con 12 millones de euros para la atención de personas y familias en situación de necesidad

Según explicó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, la partida será distribuida entre los ayuntamientos canarios para financiar programa de atención a familias y personas en situación de vulnerabilidad

La concesión de la subvención, otorgada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con carácter directo, ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado

Canarias contará con una partida de 12 millones de euros para financiar prestaciones básicas de servicios sociales para la atención de personas y familias en situación de necesidad, en riesgo o exclusión social. La subvención, concedida con carácter directo por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según explica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, “con esta partida se pretende apoyar a los Ayuntamientos a reforzar los servicios que prestan y favorecer la creación de proyectos innovadores destinados a la mejora de la calidad de vida de los sectores de población más desfavorecidos”.

De esta forma, indica Santana, a través esta subvención, se pretende implementar las actividades enmarcadas dentro del Plan de Prestaciones básicas de servicios sociales, para lo cual se firmará protocolo de Actuación con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la distribución de estos créditos, en forma de aportación dineraria, entre los 88 municipios de las Islas.

Para la consejera de Derechos Sociales, “esta ayuda del Estado resulta crucial para Canarias en estos momentos más teniendo en cuenta las consecuencias sociales y económicas sin precedentes que la población de las Islas está soportando ante la actual situación de crisis sanitaria generada por la pandemia, con la adopción de medidas que, sin duda, afectan a toda la ciudadanía pero cuyo impacto ha sido mucho mayor en las familias y personas que sufren una mayor situación de vulnerabilidad o/y de exclusión social”.

A través de esta ayuda financiera se podrán financiar, según se recoge en la publicación del BOE, los servicios de información y orientación que facilite el acceso equitativo a los recursos sociales, así como el asesoramiento especializado sobre problemas sociales y su canalización; los programas de ayuda a domicilio para la prestación de una serie de atenciones a los individuos o familias en su domicilio cuando se hallen en situaciones en las que no sea posible la realización de sus actividades habituales o se encuentren en situaciones de conflicto psicofamiliar, así como la gestión y administración de los alojamientos alternativos en situaciones de crisis personal o familiar y los programas de prevención e inserción social de individuos, familias o grupos que se encuentren en un proceso de marginación o exclusión social.

Además, se podrán financiar las actuaciones en materia de cooperación social y el fomento de la solidaridad a través de las actividades de colaboración con las asociaciones o grupos de iniciativa social y las prestaciones y ayudas económicas como complemento a las prestaciones básicas.

Las actuaciones financiadas con estas aportaciones dinerarias se desarrollarán hasta el 31 de octubre de 2021.

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