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Noemí Santana defiende el esfuerzo hecho en Canarias para ampliar el escudo social del Estado

«Todas nuestras actuaciones han estado dirigidas a asegurar que, en la actual situación de crisis, nadie se quede atrás”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud en comparecencia parlamentaria

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha defendido hoy en el Parlamento de Canarias el esfuerzo que se ha realizado desde el Ejecutivo regional para ampliar el escudo social desplegado por el Estado para que nadie quede atrás en esta crisis sanitaria provocada por la COVID-19. “Las medidas adoptadas han ido encaminadas a crear un escudo social canario y ampliar y reforzar el escudo social estatal para llegar a donde no se llegaba, para proteger lo que este no puede proteger. Lo hemos hecho de forma coordinada entre las direcciones generales que conforman la Consejería, pero también de forma transversal entre otros departamentos del Gobierno como Educación, Sanidad o Vivienda”.

En este sentido, Santana se refirió al protocolo de actuación para cubrir al alumnado de ‘cuota cero’ que, junto a la consejería de Educación, posibilitó la entrega de alimentos y tarjetas para más de 13.000 escolares. Con Sanidad, “hemos trabajado de forma coordinada desde el primer día, para garantizar la máxima seguridad y cuidados de nuestras residencias sociosanitarias, tanto de personas mayores como con diversidad funcional, un trabajo que ha permitido que Canarias sea la comunidad autónoma con menor número de fallecidos en sus residencias”. En coordinación con la consejería de Obras Públicas y Vivienda, la consejera regional señaló la publicación de un decreto-ley que contempla la exoneración del pago del alquiler de viviendas públicas.

Con respecto a las medias adoptadas, la consejera de Derechos Sociales se refirió a iniciativas como el Ingreso Canario de Emergencia, una ayuda “puente” previa al Ingreso Mínimo Vital estatal. “En la actualidad, a falta de casi una semana para finalizar la primera parte del proceso, hemos recibido más de 27.000 solicitudes y en los próximos días se realizarán los primeros pagos del Ingreso Canario de Emergencia”, aseguró Noemí Santana en sede parlamentaria durante su comparecencia para explicar el conjunto de medidas puestas en marcha por su departamento ante la situación de alarma sanitaria.

“De forma paralela, Derechos Sociales amplió la Prestación Canaria de Inserción con el fin de dar cobertura y atención a 1.500 familias perceptoras más, llegando a las 7.000 familias en Canarias”, aseguró la consejera. A estas medidas hay que sumar otras como el adelanto del pago de las prestaciones durante el estado de alarma, tanto las de la PCI como de las prestaciones de cuidados en el entorno familiar en el ámbito de atención a la dependencia, “garantizando esos ingresos a más de 20.000 familias”; la renovación de los grados de discapacidad de forma automática durante un año, para que nadie pierda derechos adquiridos; el refuerzo del teléfono de atención al mayor y la puesta en marcha de la aplicación Covida, “para que ningún mayor se quede solo o sin atender”, así como la apertura de una línea de ayudas de carácter extraordinario para entidades que realizan a domicilio atención a la dependencia y discapacidad.

Asimismo, la consejera se refirió la transferencia a los municipio de los 12 millones de euros del programa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, así como una partida de 600.000 euros para las entidades sociales que se dedican a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad”.

“Para la atención de las mujeres víctimas de violencia machista, se puso en marcha la iniciativa Mascarilla 19, que ha sido imitada en todo el mundo y que ha logrado que se hable de Canarias como un lugar innovador en cuanto a medidas de protección de víctimas de violencias machistas”, subrayó la responsable regional del área.

En su intervención, Santana hizo referencia a las reuniones constantes con el resto de Administraciones públicas y las entidades del Tercer Sector “con el fin de conocer de primera mano su situación y sus necesidades”. De esta forma, se incorporó a la mesa de reconstrucción, junto al Presidente y al Comité de Emergencia social, al Colegio de Trabajadoras Sociales y a la Plataforma del Tercer sector, “porque somos totalmente conscientes de la importancia de la labor que realizan especialmente en los complicados y difíciles momentos a los que nos enfrentamos”, concluyó la consejera de Derechos Sociales.

Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Durante el Pleno del Parlamento que tuvo lugar previamente a la comparecencia, y a respuesta de una pregunta de la diputada María del Río (GP Sí Podemos), la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias se refirió a los 5,9 millones de euros que recibe Canarias este año a cargo de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En ese sentido, señaló que se ha logrado que los fondos que no se ejecutaron de 2018 se devuelvan sin intereses y se amplíe hasta el 31 de diciembre de 2020 el uso de los remanentes de 2019. “De los 18 millones de euros que Canarias tenía que recibir de estos fondos, hemos perdido ya 6 por no usarlos de manera eficiente. Nuestro compromiso es trabajar, como hasta ahora, para que ese dinero no se pierda y llegue a las mujeres que lo necesiten”, aseguró la consejera.

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El Ejecutivo estudia medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar en Canarias

Las consejeras de Derechos Sociales y Empleo, Noemí Santana y Elena Máñez, abordan posibles medidas dirigidas a facilitar la conciliación laboral y familiar en este periodo de alarma sanitaria por la Covid-19

“Sin conciliación no es posible la reconstrucción económica y social” subrayó Santana

“Somos conscientes de que para alcanzar la normalidad que anhelamos es necesario poner en marcha medidas para que las y los trabajadores acudan a su lugar de trabajo con garantía de que la  conciliación laboral y familiar sea una realidad. Si algo tenemos claro es que sin conciliación, no es posible la reconstrucción económica y social”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tras la reunión celebrada con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, en el marco del Comité de Emergencia Social para abordar posibles medidas dirigidas a facilitar la conciliación laboral y familiar en Canarias.

“La actual situación de alarma sanitaria ha dejado patente la necesidad, más que nunca, de contar con medidas que faciliten y promocionen la conciliación entre la atención a la familia y las responsabilidades laborales”, explicó Santana, quien indicó que la reunión celebrada supone “la primera referente a las medidas de conciliación que desde la administraciones públicas tenemos que poner en marcha para la reconstrucción social y económica de Canarias”. En este sentido, avanzó que en próximos encuentros se invitarán a otras áreas de vital importancia como Función Pública para ir acordando medidas que desde lo público den ejemplo en el sector privado.

Por su parte, la consejera del área de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, aseguró que “es importante que avancemos y tomemos medidas para conciliar vida laboral y familiar,  partiendo desde la misma Administración, especialmente en un ámbito que afecta sobre todo a las mujeres porque sabemos que somos precisamente las mujeres las que, cuando estamos en alguna situación de crisis, las que abandonamos el mercado laboral para asumir los cuidados familiares”. “No podemos dejar atrás a más de la mitad de la población que somos las mujeres”, concluyó.

Posibles medidas presentadas para garantizar la conciliación laboral y familiar

A este respecto, en el marco de la reunión del Comité de Gestión Social se plantearon un conjunto de medidas para el sector público dirigidas, por un lado, a favorecer la flexibilidad horaria y buscar nuevas fórmulas de control del trabajo, como la apertura de los centros más allá del habitual horario en centros públicos de 8 a 15 horas.

Como segunda medida, el Comité abordó la posibilidad de implantar días de permiso de cuidados, con el fin de permitir al personal atender las necesidades del cuidado a menores o dependientes mientras dure la necesidad de que se trate, con una duración máxima de cuatro días al mes o sus horas correspondientes. En ningún caso estos días podrán ser acumulados y deberá de justificarse su necesidad de forma anticipada.

Y, como tercera medida, se plantea contar en los edificios públicos laborales con algunas dependencias, atendidas por profesionales del cuidado para tal efecto, en las que poder permanecer las y los menores en las mejores condiciones por el tiempo que resulte indispensable; sin interferir en el trabajo de sus progenitores ni tener que estar en un ambiente de mayores. Esta medida, sin ánimo de sustituir guarderías o colegios, generaría empleo y calidad en el empleo y estaría en consonancia con medidas adoptadas en este sentido por países de nuestro entorno.

ERTE para conciliar y cuidados

En el Comité de Gestión Social se abordó la posibilidad de trasladar al Estado que de los fondos públicos destinados a cubrir los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales se valore incorporar permisos de conciliación retribuidos.

Esta medida planteada desde la viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias propone, así, que el sector privado no soporte en solitario la necesidad de conciliación social que vivimos.

Asimismo, también se abordó la necesidad de ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 12 meses, con posibilidad de prorrogarlo en el caso de que el le educación de 0 a 6 años no se normalice.

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Derechos Sociales presenta una campaña para aumentar el número de familias de acogida

Noemí Santana: “Nos gustaría que las niñas y los niños de Canarias en acogimiento residencial pudiesen vivir y crecer con el calor de un hogar”

En Canarias, un total de 1.443 niñas y niños residen en centros y pisos de acogida

“Nos gustaría que las niñas y los niños de Canarias en acogimiento residencial pudiesen vivir y crecer con el calor de un hogar”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, con motivo de la campaña que se ha puesto en marcha para potencia el Programa Canario de Acogimiento Familiar, en el marco de la celebración del Día de la Familia que se conmemora cada 15 de mayo.

La campaña se desarrollará a través de las redes sociales del Gobierno de Canarias durante todo el mes de mayo y el objetivo de la misma es incrementar el número de familias que en la actualidad acogen a menores tutelados, es decir, aquellas niñas y niños que están bajo la protección del Gobierno de Canarias ya que, por diversos motivos, sus familias biológicas no les pueden atender por un tiempo.

“Lo que buscamos es que los 1.443 niñas y niños que están en acogimiento residencial puedan contar con una familia que les acompañe en su proceso de crecimiento, que les ayuden con los estudios, que jueguen con ellos, que los cuiden y protejan, es decir, que los acojan como un miembro más de la familia, porque queremos que  tengan la oportunidad de disfrutar del calor de un hogar”, aclaró Santana, quien recordó que se trata siempre de “un acogimiento de carácter temporal, es decir, hasta que las familias biológicas reconduzcan su situación y puedan hacerse cargo de nuevo de sus hijos e hijas”.

En este sentido, la consejera de Derechos Sociales quiso agradecer a las 178 familias que forman parte del Programa Canario de Acogimiento Familiar que, “a pesar de la situación de crisis a consecuencia de la Covid-19 han dado ejemplo de solidaridad y demostrado su inmenso compromiso con los derechos de la infancia. Ellos y ellas también se merecen un enorme aplauso”.

Diferencias entre acogimiento y adopción

Hay que recordar que la adopción y el acogimiento familiar son medidas de protección distintas. “Esta es una de las cuestiones que se quisieron dejar muy claras en la campaña para no generar falsas expectativas en la familia”, aseguró la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano. “El acogimiento siempre es temporal aunque sea permanente, es decir, podría durar hasta que el menor cumpla su mayoría de edad, mientras que la adopción es una medida definitiva en la que el o la menor pasa a formar parte de la familia de forma definitiva”, aclaró Serrano.

“Todos los menores que están en acogimiento residencial son susceptibles de ser acogidos por una familia”, explicó la directora general, quien indicó que “aunque en las residencias estas chicas y chicos están perfectamente cuidados  y atendidos por profesionales especializados, a ninguno se nos escapa que, como el afecto y calor de una familia, no hay nada”.

En Canarias, un total de 1.443 niños y niñas residen en centros y hogares de protección. Mientras que un total de 193 menores están acogidos dentro del programa de Acogimiento Familiar, tanto en familia ajena como acogimiento especializado.

Ayuda a las familias de acogida temporal y especializada

Para facilitar el coste económico que supone el acogimiento, tanto en familia ajena como en acogimiento especializado, el Ejecutivo aporta a las familias un abono mensual cuyo fin es contribuir a hacer frente a la manutención y a los gastos derivados de la atención y acogida del y la menor acogida así como para cubrir gastos específicos como pueden ser gastos en psicólogos, logopedas, etc., “ya que el acogimiento trae consigo que las familias se impliquen en los cuidados, educación y todo lo que conlleva la atención global de una niña o un niño”.

Las familias interesadas en convertirse en familia de acogida pueden informarse sobre el procedimiento en el 012.

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Más de 1.500 personas renovarán de forma automática los grados de discapacidad

Noemí Santana: “Ante esta situación de crisis sanitaria y la paralización de los trámites, hemos optado por la renovación automática por un plazo de un año con el fin de garantizar que las personas con discapacidad no vean afectados su derechos”

“Conscientes de la preocupación de las más de 1.500 personas tienen pendientes de renovar sus grados de discapacidad, y que ya algunas no han podido hacerlo por el actual estado de alarma, hemos logrado que se realice de forma automática por un año”, ha anunciado la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en relación a la Orden por la que se autorizan las prórrogas automáticas de los plazos de vencimiento de la revisión del grado de discapacidad reconocido con carácter temporal y revisable, publicada hoy martes, 12 de mayo, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Esta renovación afecta a las solicitudes que estaban pendientes desde el 14 de marzo y a las que correspondan hasta el 31 de diciembre. El grado de discapacidad quedará renovado por 12 meses desde la fecha de vencimiento.

El reconocimiento de un grado de discapacidad supone para la persona beneficiaria el acceso a pensiones no contributivas de discapacidad, o bien, la mejora de otras prestaciones como la familiar por hijo a cargo que concede la Seguridad Social, el acceso a la tarjeta de aparcamiento, a determinados subvenciones o deducciones fiscales concretas. “Ante esta situación de crisis sanitaria y la paralización de los trámites, hemos optado por la renovación automática por un plazo de un año con el fin de garantizar que las personas con discapacidad no vean afectados su derechos”, aseguró la consejera de Derechos Sociales.

La situación de alarma sanitaria generó el pasado mes de marzo el cierre de las oficinas de atención presencial y la imposibilidad de atender las solicitudes que se pudieran presentar, lo que acarreó dificultades para resolver los expedientes de renovación y de revisión de todos aquellos expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad, así como los procedimientos pendientes de resolución. Con esta orden, la dirección general de Dependencia y Discapacidad, que dirige Miguel Montero, soluciona el problema de estas 1.500 personas que estaban a la espera de una respuesta de la Administración.

La prórroga de doce meses se extiende a las tarjetas de discapacidad de estacionamiento de carácter temporal, reguladas por el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

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Fuerteventura recibe 1,5 millones de euros de fondos para la atención de familias en situación de vulnerabilidad

La isla ha recibido una partida global de 761.926,88 euros en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales y más de 754.000 euros de fondos del Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

La isla de Fuerteventura ha contado este año con un total de 1.507.758,60 euros en materia de atención social a la población más desfavorecida de la isla y en situación de mayor vulnerabilidad. En porcentaje, esto supone un incremento del 100% al haberse incluido los fondos provenientes de Plan de Lucha contra la Pobreza y Excusión Social.

En concreto, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, ha aportado a la globalidad de los seis municipios de la isla un total de 761.926,88 euros en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables del municipio. A estos fondos, hay que sumar la partida de 745.831,72 euros correspondiente al programa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Por municipios, la capital, Puerto del Rosario, ha contado este año con una partida global que asciende a 441.896,33 euros, de los cuales 257.345,87 euros se enmarcan dentro del Plan Concertado de Prestaciones Básica y 184.550,46 euros al Programa de Lucha contra la Pobreza. Esto supone un incremento del 80% con respecto a los fondos que se recibieron en la anualidad anterior.

Asimismo, Antigua ha contado con una partida global de 179.886,12 euros (83.704,89 euros del Plan Concertado y 96.181,23  euros de fondos para erradicar la pobreza); Betancuria, un montante global de 120.726,84 euros 56.996,34 euros, por el Plan Concertado, y 63.730,50  euros de fondos de lucha contra la pobreza); La Olivia, un total de 272.563,69 euros (120.860,73 euros Plan Concertado, y 151.702,96 euros, fondos de pobreza); Pájara, un global de 274.562,74 euros (131.189,22 euros Plan Concertado y 143.373,52 euros, fondos de pobreza) y, por último, Tuineje 218.122,88 euros (111.829,83  euros en el marco del Plan Concertado, y el resto, 106.293,05 euros, correspondientes al programa de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).

A través de estos fondos se financian los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias que más lo necesitan, como PCI, ayuda a domicilio, centros de servicios sociales, centros de día o atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, así como se ofrece la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en la isla.

Con respecto a la gestión de la Dependencia en esta isla, que ha contado con problemas históricos en cuanto a la presencia de valoradoras que puedan dar salida a los expedientes, la dirección general de Dependencia y Discapacidad logró que hubiesen dos valoradoras que realizasen los informes. Su labor se ha visto paralizada por la crisis sanitaria de la COVID-19, pero volverán a realizar valoraciones una vez que se permita durante la desescalada. En la actualidad, hay 170 personas en lista de espera para ser valoradas en esta isla.

Además, según ha informado el Cabildo de la isla está previsto que en breve comience la obra de ampliación de una de las residencias de personas mayores que permita la ampliación de plazas para 2021, bajo el marco del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias.

 

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Arrecife recibe 685.000 euros de fondos autonómicos para la atención de la familias más vulnerables

Lanzarote recibió este año una partida global para la atención a la vulnerabilidad y la exclusión social de casi 2 millones de euros, lo que supone un 93% más con respecto al año anterior al incluirse los fondos Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

La isla de Lanzarote ha recibido durante este año un total de 1.986.768,12 euros en materia de atención social, de los cuales, un montante de 685.057,49 euros correspondió al municipio de Arrecife. En porcentajes, el incremento para la capital de la isla de Lanzarote supone un 63% con respecto a los fondos recibidos por parte de la consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias solo para la atención de los colectivos mencionados. En términos insulares, el incremento es del 93%.

En concreto, la capital de Lanzarote recibió una partida global 440.360,05 euros correspondientes al Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables del municipio. A esta línea de financiación social, hay que sumar la aportación de 244.697,44 euros correspondiente al Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, por lo que el municipio de Arrecife ha recibido este año un montante global que asciende a 685.057,49 euros en materia de atención social, especialmente dirigida a la atención a la población más vulnerable.

Para la isla de Lanzarote, el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Derechos Sociales, ha aportado a la globalidad de los siete municipios un total de 1.082.375,60 euros en el marco del Plan Concertado de Servicios Sociales, a lo que hay que sumar una partida de 904.392,52 euros correspondiente al programa de Lucha contra la Pobreza, por lo que los municipios de la isla recibieron en total un montante de 1.986.768,12 euros este año en materia de atención social.

Hay que recordar que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y al Fecam rubricaron el pasado mes de enero el Protocolo General de Actuación del Plan Concertado de Servicios Sociales que recoge las aportaciones dinerarias que se conceden a los ayuntamientos, una firma que se adelantó casi en cinco meses con respecto a años anteriores, cuando normalmente se firmaba en el mes de abril. El global del acuerdo contó con una partida de 21.331.171 euros, 1,6 millones más que en 2019, a los que hay que sumar los 12 millones de euros que provienen del Plan de Lucha contra la pobreza.

A través de este Plan se financian las prestaciones básicas de servicios sociales municipales a través del cual se financian los recursos dirigidos a la atención de las familias que más lo necesitan, como PCI, ayuda a domicilio, centros de servicios sociales, centros de día, atención a las personas en situación de vulnerabilidad social, etc.

 

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Unanimidad entre Gobierno y Cabildos para ampliar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, mantuvo hoy una reunión de trabajo con los siete Cabildos insulares para analizar del actual Plan

Noemí Santana afirmó que las inversiones que se realicen en el futuro deben priorizar las que cubran necesidades sociales

Unanimidad entre el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos Insulares para ampliar el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Una ampliación que afectaría tanto a los plazos de ejecución como a nivel presupuestario y con la que todas las administraciones se mostraron a favor. Las corporaciones insulares, de hecho, se comprometieron a llevar este asunto a la próxima reunión de la Federación Canaria de Islas (FECAI).

“Ante la situación provocada por la alerta sanitaria, desde Derechos Sociales y en coordinación con los siete Cabildos insulares, ya estamos trabajando en el futuro de las infraestructuras sociosanitarias de las Islas”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tras la reunión celebrada con los siete Cabildos insulares para analizar la situación del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias y valorar futuras acciones de mejora del mismo. En encuentro también contó con la presencia del director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero.

“Esta emergencia sanitaria nos ha dejado la experiencia de que es absolutamente necesario tener unos centros de calidad. Es por ello importante que las inversiones que se hagan a partir de ahora prioricen las necesidades sociales, y esta es una de ellas”, afirmó la consejera de Derechos Sociales tras el encuentro. Sobre esta cuestión algunos Cabildos se mostraron a favor de incluir esta medida en el Pacto por la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, que se negocia en estos momentos con partidos políticos, corporaciones insulares y municipales, así como agentes sociales.

Entre otras cuestiones, durante el encuentro se puso sobre la mesa la necesidad de caminar hacia un modelo consensuado que combine las grandes infraestructuras sociosanitarias que cubran la alta demanda de plazas con centros de menor tamaño que pueda dar una atención más personalizada. Asimismo, también se valoró la posibilidad de aumentar las ratios de profesionales por centros y la importancia de implantar un auténtico sistema de atención domiciliaria para las personas mayores, dependientes y con discapacidad que pueda aliviar la necesidad de plazas residenciales. “Para establecer este nuevo modelo debemos ir de la mano con los Cabildos y coordinarnos para avanzar y mejorar la atención a la ciudadanía”, aseguró la consejera de Derechos Sociales.

Situación del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias

“La situación provocada por el Covid-19 ha traído consigo una paralización de las obras de construcción y mejora de la red de centros residenciales y centros de día contemplada en el II Plan de Infraestructuras sociosanitarias, una situación que también ha provocado que tengamos que adoptar medidas como la ampliación de los plazos de ejecución de las mismas”, aseguró el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien indicó que el objetivo del Ejecutivo es llegar al ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores, lo que supone un déficit de plazas para Canarias en torno a las 7.000 plazas.

“Con este fin, desde el Ejecutivo contemplamos la ampliación de los plazos de ejecución así como de la ficha financiera, dando respuesta a las personas en situación de dependencia de nuestra comunidad y garantizar los cuidados adecuados para este sector vulnerable de la población”, aseguró.

Hay que recordar que el Ejecutivo canario ya acordó con los Cabildos en octubre del pasado año una prórroga y el reajuste de las anualidades y cuantías correspondientes fijadas en los acuerdos iniciales de los convenios suscritos con los Cabildos insulares para ampliar el plazo inicial de ejecución.

El II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias preveía una inversión global en el periodo 2017-2021 de 262.977.935 euros. De ese montante, el Gobierno de Canarias aporta 161.150.000 euros, y los cabildos, 101.827.935. Además, contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.

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Canarias estudia ya la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con la futura Renta Ciudadana

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, mantuvo una reunión con el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social e Inmigración

El Gobierno central muestra su interés por el procedimiento de solicitud del Ingreso Canario de Emergencia

“Nuestro objetivo es llegar a cuantas más familias mejor y asegurar a la población más vulnerable un recurso económico mínimo”, afirmó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tras la reunión de trabajo celebrada con el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social e Inmigración, en la que se abordó el Ingreso Mínimo Vital y los mecanismos para su compatibilidad con la Renta Ciudadana de Canarias en la que el ejecutivo regional ya trabaja para su puesta en marcha, tal y como mandata el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 24.

“Desde Canarias celebramos la puesta en marcha de este Ingreso Mínimo Vital impulsado por el Estado ya que permitirá a las familias con menos recursos y en situación de vulnerabilidad contar con un colchón económico”,  enfatizó Santana quien aclaró que el Gobierno canario está estudiando ya las fórmulas necesarias para hacer compatibles este ingreso estatal con la futura Renta Ciudadana, de tal forma que se pueda llegar “al mayor número de familias y personas en situación de exclusión social”.

Entre otras cuestiones, se valoró la posibilidad de que esta nueva prestación estatal pueda complementarse por el Ejecutivo canario con ayudas adicionales como pueden ser las relacionadas con el pago de alquileres de vivienda habitual.

En el encuentro, en el que también estuvo presente el director general de Derechos Sociales, Jonás González, se dio a conocer la gestión realizada por el Ejecutivo canario para la puesta en marcha del Ingreso Canario de Emergencia, así como las fórmula elegida para la atención a la población beneficiaria de esta prestación extraordinaria vía telefónica, punto por el que mostraron interés desde el Gobierno central.

 

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Canarias pide al Estado una modificación de los criterios de reparto del IRPF que incluya pobreza e insularidad

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, mantiene un encuentro con el Ministerio de Derechos Sociales y el resto de comunidades autónomas

La resolución provisional de ayudas del IRPF, publicada hoy en el BOC, contempla la financiación de un total de 135 proyectos sociales presentadas por 46 entidades

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, celebró hoy una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales y el resto de comunidades en la que abordó la necesidad de modificar los criterios actuales del reparto de ayudas a las Comunidades Autónomas para la financiación de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de garantizar “un reparto más objetivo y justo de estas ayudas que dé respuesta a la realidad social de las Islas”.

Según explica Santana, para un reparto más justo de las cantidades deben tener mayor peso los índices de pobreza o, en el caso de Canarias, la insularidad. De hecho, de los 214,5 millones de euros que correspondieron a las CCAA en 2019, solo 6,5 millones de euros se distribuyeron en torno a variables distributivas y una redistributiva (población total, índice de dispersión , índice de grandes urbes…); el resto se distribuyó de acuerdo a la misma cantidad que las CCAA habían recibido el año anterior.

Desde la consejería de Derechos Sociales se ha solicitado en los distintos encuentros que se han mantenido con el Gobierno central que redefina el reparto y que se tengan en cuenta la situación de pobreza y exclusión social del Archipiélago, así como incrementar otros indicadores como la insularidad. De hecho, fue una de las cuestiones que trasladó a la ex ministra en funciones de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en el encuentro que mantuvieron ambas el pasado 23 de octubre de 2019. En concreto, sobre la cuestión de la insularidad, se insiste desde el Gobierno regional que no tiene sentido que la superficie pondere al 5% y la insularidad al 0,5%.

Según los cálculos de la consejería de Derechos Sociales, si comparamos los criterios de distribución del IRPF con otras, como por ejemplo la del programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, en los que el 20% se distribuye en aplicación del Indicador de pobreza y Exclusión social (AROPE), a Canarias le hubiera correspondido una partida de 10.946.578 euros, en vez de los 7.693.283,73 euros con los que finalmente contó la Comunidad autónoma en 2019 en el reparto del 0,7 IRPF.

 

Publicación de la resolución provisional de ayudas con cargo al IRPF

Precisamente, hoy miércoles, 6 de mayo, se publica en el Boletín Oficial de Canarias la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al año 2019.

La resolución provisional de esta convocatoria contempla la aprobación de la financiación de un total de 135 proyectos presentados por 46 entidades. A la convocatoria se presentaron un total de 184 entidades y 572 proyectos.

Hay que recordar que el actual equipo de la Consejería realizó una serie de cambios en la convocatoria que fueron presentados a las entidades sociales y que recogía gran parte de las propuestas solicitadas por las mismas. Entre estos cambios se incluyeron la mejora de los criterios a la hora de valorar los proyectos, haciendo más objetivos los mismos y primando la calidad del proyecto; la limitación de proyectos a presentar por entidad (máximo 15) y del porcentaje a conceder a una entidad por línea (hasta un 40%), así como estableciendo un tope máximo por proyecto en cada línea, con el objetivo de lograr una mayor distribución entre las entidades.

Además, se crearon dos nuevas líneas, Igualdad y Diversidad LGTBI, y se aumentó al 100% la posibilidad de subvención del proyecto que anteriormente estaba en el 80%.

Las entidades cuentan con un plazo de cinco a través de la web del Gobierno de Canarias o, en su caso, presentar las alegaciones.

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El Gobierno se compromete con las entidades sociales para dar respuesta al incremento de la demanda de ayudas

La plataforma del Tercer Sector y los colegios de Trabajo Social de las dos provincias asisten, por primera vez, al Comité de Gestión Social creado por la crisis sanitaria del COVID-19

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha trasladado a las entidades sociales su total respaldo a la labor que desarrollan estas organizaciones para atender a las personas más vulnerables afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y que ha situado a muchas hogares de las Islas en grave riesgo de exclusión social.

Tal y como se comprometió la semana pasada con la plataforma del Tercer Sector representada por su directiva, Antonio Rico, de Cruz Roja; Miguel Déniz, de Once, y Caya Suárez, de Cáritas, y los colegios oficiales de Trabajo Social de las Islas – con quien mantuvo una reunión- hoy han participado en el Comité de Gestión Social, encabezado por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

«Les necesitamos ahora más que nunca. Es muy importante también que les tengamos como asesores del Gobierno. Nadie mejor que las asociaciones y trabajadoras sociales conoce la realidad social. Por eso es muy importante que igual que ha habido expertos sanitarios en la gestión de la crisis sanitaria, en la gestión social contemos con los mejores expertos y expertas en cuestión social”, aseguró Noemí Santana.

Tanto el presidente del Gobierno de Canarias como la consejera de Derechos Sociales han agradecido a las entidades su inmensa labor durante esta crisis y se han comprometido con ellos a respaldar su acción. En ese sentido, Noemí Santana trasladó que en los próximos días saldrá en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de subvenciones, mediante concurrencia competitiva, para el año 2020, destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social, por un montante de 6.498.000 euros, lo que supone un incremento del 52% frente a lo destinado en el año 2019 y que ayudará a paliar las consecuencias sociales derivadas del COVID-19. Además, esta convocatoria, y a pesar del estado de alarma sanitaria, se adelanta dos meses con respecto al año anterior.

Según manifestó la consejera de Derechos Sociales, «el respaldo al Tercer Sector no se lo damos solo con palabras y con ánimo: se lo damos ampliando y adelantando ayudas y plazos. Las entidades del Tercer Sector son un brazo que ayuda al Gobierno y vamos a darle músculo ”.

Asimismo, la consejera de Derechos Sociales también trasladó que ya los Ayuntamientos están trabajando en los proyectos que se financiarán con los 12 millones de pobreza, lo que permite, entre otras cuestiones, la contratación del personal para la atención de las familias, dándose respuesta a una de las reivindicaciones de los Colegios de Trabajadores Sociales.

 

Subvenciones para cubrir necesidades de alimentación básicas

 

La consejera también puso sobre la mesa el compromiso del Gobierno de Canarias para que las entidades puedan dar respuesta a las necesidades de alimentación básica de muchas familias. En este sentido, anunció que se destinará un fondo extraordinario de 340.000 euros para esta cuestión que irá destinado a los Bancos de Alimentos de las dos provincias, la ONG Sonrisas Canarias y Cruz Roja Española en las dos provincias.

El Comité de Gestión Social, presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, está conformado por la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana; la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende. Además, hoy ha participado el director general de Derechos Sociales, Jonás González.

 

 

 

 

 

 

 

 

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