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Más de 51.000 personas reciben la ayuda extraordinaria de Derechos Social para cubrir gastos de la pandemia

La consejería de Derechos Sociales ha abonado esta semana la ayuda extraordinaria a los beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación y discapacidad, PCI y Fondo de Asistencia Social

Para hacer efectivo el abono de estas ayudas, el Ejecutivo canario ha destinado una partida que asciende a 12.763.250 euros

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Derechos Sociales, ha comenzado ya a abonar la ayuda extraordinaria de 250 euros a las 51.051 personas beneficiarias de las Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, según ha anunciado hoy en sesión parlamentaria la consejera del área, Noemí Santana, donde se ha aprobado por unaminidad el Decreto-Ley que lo regulaba.

“Con esta ayuda para cubrir gastos derivados de la pandemia que se han realizado este año (mascarillas, geles, productos de desinfección…), queremos dar una buena noticia a la gente que más lo necesita en un año difícil”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que también destacó que este ingreso “se realiza sin que las personas perceptoras tengan que hacer ningún trámite, ni mover un solo papel.»

En concreto, reciben esta prestación social, de carácter finalista única y extraordinaria de 250 euros, un total de 42.858 personas que reciben una Pensión No Contributiva, tanto de invalidez como de jubilación, así como 7.394 perceptores de la Prestación Canaria de Inserción y un total de 799 perceptores de Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM).

Para hacer efectivo el abono de estas ayudas, el Ejecutivo canario ha destinado una partida que asciende a 12.763.250 euros, de los cuales 10.714.750 euros corresponden a las Pensiones No Contributivas; 1.848,760 euros a los beneficiarios de la PCI y 199.750 euros a las personas que reciben una ayuda del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM).

Esta ayuda se otorga en aplicación del proyecto de Decreto-Ley que crea una prestación social, finalista, personal e intransferible, destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, productos desinfectantes, o para la realización de pruebas de diagnóstico para la detección de esta enfermedad, y aquellos otros relacionados con la cobertura de las necesidades básicas.

El pago se ha efectuado transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación, y la resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las Administraciones públicas canarias.

 

 

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Noemí Santana pide la unidad de toda la sociedad ante la emergencia migratoria

La consejería de Derechos Sociales, Noemí Santana, presidió hoy la reunión de la comisión permanente del Foro Canario de la Inmigración que contó con la presencia de los diferentes grupos parlamentarios

Santana anunció la próxima celebración de una reunión con las comunidades autónomas en la que se abordará el traslado y reubicación de menores extranjeros no acompañados

“Solo estando unidos, partidos políticos y sociedad, se puede gestionar una emergencia migratoria como la que vive Canarias”, manifestó hoy la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante la celebración comisión permanente del Foro Canario de la Inmigración que tuvo lugar hoy de forma telemática y en la que estuvieron presentes representantes de los grupos parlamentarios.

La consejera Noemí Santana puso de relieve algunos datos para dimensionar el fenómeno: “Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre llegaron a nuestras costas 16.760 migrantes y 553 embarcaciones irregulares, esto supone un aumento de más del 1.000 por ciento respecto a las cifras del año anterior, superando incluso el número de personas que han llegado de forma irregular hasta la fecha al resto de España”.

Durante el encuentro se abordó la cuestión concreta de la atención de menores extranjeros no acompañados, competencia autonómica, y la consejera adelantó que en próximos días se celebrará una reunión interterritorial en la que se pedirá al resto de comunidades autónomas que actúen de forma solidaria, estableciendo un acuerdo estable de traslado y reubicación en la Península de algunos de estos menores. Hay que recordar que en el actualidad, el Ejecutivo canario tutela a un total de 2.380 niños y niñas migrantes no acompañados, pasando de los poco más 500 de comienzo de la legislatura a los casi 2.400 actuales.

Noemí Santana puso en valor la utilidad del Foro Canario de la Inmigración que “constituye una herramienta enormemente útil, como los hechos han demostrado. De hecho, el pasado mes de septiembre sirvió para alertar a las instituciones estatal y europea y que empezaran a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Desde entonces, aunque lentas, se han visto soluciones e implicación, que es lo que todos demandábamos”, matizó la consejera de Derechos Sociales.

Creación de grupos de trabajo para la elaboración del futuro Plan canario de Inmigración

“Lo que llevamos hoy a la comisión permanente son las bases para comenzar a trabajar en un futuro Plan Canario de Inmigración que nos permitirá contar con un instrumento de carácter consensuado y participativo que recoja las medidas, líneas de intervención y actuaciones a desarrollar por el Gobierno de Canarias, por el Estado y las Administraciones Locales, en el marco de la cooperación interadministrativa, con la participación de las entidades sociales y organizaciones que trabajan con el colectivo de personas migrantes”, indicó Santana.

El objetivo de este Plan es fijar las líneas de intervención con la población migrante y con la sociedad canaria, durante los años próximos, facilitando los procesos de integración e inclusión social en la sociedad de acogida, “siempre partiendo de un modelo de convivencia intercultural, que potencie un clima de respeto y enriquecimiento mutuos”, aclara el documento.

Tras la aprobación por la comisión permanente del Foro Canario de la Inmigración de la relación de indicadores necesarios para la determinación del diagnóstico de la situación de la población extranjera, se procederá al trabajo de recopilación, análisis y diagnóstico de su situación por parte de las Universidades Públicas canarias, y la creación de un grupo de trabajo con representación de los distintos departamentos del Ejecutivo canario, Universidades y representación del Foro Canario de la Inmigración.

Este grupo de trabajo será el encargado de elaborar un borrador del futuro Plan Canario de Inmigración que será sometido a un proceso de debate participativo antes de su aprobación en el marco del Foro y posteriormente remisión a Consejo de Gobierno para su aprobación y desarrollo posterior.

El Foro Canario de Inmigración es un órgano de carácter consultivo, creado en el año 2000, con el objeto de actuar de espacio de participación, asesoramiento y consulta respecto a la situación y necesidades de la población inmigrante y refugiada, solicitantes de asilo y personas inmigrantes residentes en Canarias. El Foro está conformado por representantes del Ejecutivo canario, de la FECAI, de la FECAM, del Gobierno del Estado, así como de asociaciones de atención a personas inmigrantes o refugiadas, organizaciones no gubernamentales, entidades sindicales y empresariales y organizaciones vecinales.

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Canarias contará con un fondo extraordinario de 10 millones de euros para la atención de menores no acompañados

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, anunció que el Real Decreto que regula la concesión de esta ayuda, “urgente y extraordinaria”, ha sido aprobada hoy por el Consejo de Ministros

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, valoró positivamente que desde el Estado se “haya entendido que Canarias no podía hacer frente en solitario” al reto de la llegada continua de menores no acompañados

Canarias contará antes de fin de año con los fondos comprometidos de 10 millones de euros para la atención para la atención y acogida de menores extranjeros no acompañados. Este fue el principal acuerdo presentado en el marco de la reunión de trabajo celebrada hoy entre el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la consejera  de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.

Según explicó el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en la rueda posterior al   encuentro, “hemos presentamos hoy un acuerdo centrado en hacer frente a la situación migratoria que afecta a los niños y niñas y adolescentes que emigran solos”. “La llegada continuada de menores que llegan a las Islas hace necesario que desde el Gobierno de España se atienda a las necesidades extraordinarias de financiación que en esos momentos tiene el Gobierno canario y por eso, hemos cerrado un acuerdo, que ha pasado hoy por el Consejo de Ministros, por el que se concede de forma extraordinaria y urgente una transferencia de 10 millones de euros en las próximas semanas a Canarias para poder hacer efectivo el derecho de una acogida digna los menores que emigran solos”.

Momento de la reunión de trabajo entre Nacho Álvarez y Noemí Santana

Por su parte, la consejera del área, Noemí Santana, agradeció la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  y valoró positivamente que desde el Estado “se haya entendido que Canarias no podía hacer frente en solitario de este reto tan importante, por lo que hemos llegado a unos acuerdos de acompañamiento que permitirá dotar a la Consejería de un conjunto de recursos económicos”.

“Pero, continuó Santana, los acuerdos con el Estado van más allá, ya que se ha entendido que el pueblo español es un pueblo solidario sin tener en cuenta a la Comunidad Autónoma a las que han llegado estos menores, y para buscar respuestas, se va a convocar una mesa de debate con otras comunidades para trabajar en esta línea”.

Hay que recordar que Canarias ha hecho frente en solitario a la acogida y atención de los chicos y chicas que llegan sin apoyo familiar hasta las costas canarias a través de barcazas y pateras, poniendo en marcha, hasta la fecha, un total de 21 dispositivos de emergencia para la acogida de estos menores, un total de 2.212 (a fecha 30 de noviembre).

Tal y como se recoge en el Real Decreto, se concede, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y humanitario, una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para la atención y acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañado, en el año 2020, ante el “fuerte incremento en el número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a las costas de la comunidad autónoma de Canarias, que es frontera exterior de la Unión Europea” lo que “ha llevado a tener que aumentar las previsiones y recursos disponibles de los servicios de protección para otorgarles la protección y la atención necesaria que dé respuesta a sus derechos y a sus necesidades específicas, y que no pueden ser satisfechas por los medios regulares de los que dispone esta comunidad autónoma”. El citado Real decreto establece las normas reguladoras para la concesión directa de la citada subvención.

La reunión entre ambos representante continuará durante el resto de la jornada en la que se celebrarán sendos encuentros con diferentes asociaciones y entidades del Tercer Sector.

 

 

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El anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía inicia su trámite normativo tras el visto bueno del Gobierno

El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un periodo de 12 meses, renovable mientras se mantengan las causas de concesión

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias, que regulará la futura Renta de Ciudadanía en el Archipiélago. Con este trámite, el anteproyecto inicia el proceso normativo establecido hasta su llegada al Parlamento para su debate y aprobación posterior, que se prevé sea para junio de 2021.

El anteproyecto de Ley contempla la condición de la Renta de Ciudadanía como una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social. La cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.

Además, se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social, y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en la nueva norma.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronada durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años (de manera continuada o interrumpida); acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años, y carecer de recursos económicos suficientes.

El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributiva,  que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

Simplificación en la tramitación y plazo para dictar resolución

La norma contempla que, con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la Renta, la persona interesada podrá presentar su solicitud de manera telemática, pudiendo ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. Además, las solicitudes también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso. Con respecto al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.

Articulado del anteproyecto

El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El título preliminar contiene las previsiones generales de la norma, como su objeto, los principios básicos, el modelo de atención, las personas titulares y beneficiarias, la unidad de convivencia, las personas titulares y beneficiarias, vivienda o alojamiento, así como la definición de las situaciones de exclusión social protegidas, junto con el reconocimiento del derecho a la inclusión social, que se configura como el derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad.

El capítulo I establece el concepto, la naturaleza y las características de la renta de ciudadanía y el capítulo II está dedicado a los complementos de vivienda, educación y pensiones no contributivas.

El título II está dedicado al proceso de inclusión social y el título III, al régimen sancionador determinando las infracciones y su graduación, las sanciones que llevan consigo y el procedimiento a seguir en este régimen.

Por último, el título IV recoge el régimen competencial y la financiación de la renta de ciudadanía, que se hará íntegramente con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma.

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El Gobierno aprueba una ayuda extraordinaria para beneficiarios de pensiones no contributivas y de la PCI

Serán beneficiarios de esta ayuda única de 250 euros los actuales perceptores de la PNC y la PCI, algo más de 50.700 personas

La ayuda se dará de oficio, sin tener que presentar solicitud, y se hará efectivo el pago antes del 15 de enero de 2021

 

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha aprobado el decreto ley impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que aprueba la concesión de una prestación social finalista, única y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ante la situación de crisis social motivado por la COVID-19. El pago se realizará antes del 15 de enero de 2021.

Según se especifica en el decreto ley, uno de los colectivos más afectados por la actual situación de pandemia son las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.

Con el fin de apoyar a los perceptores de estas ayudas, el decreto ley crea una prestación social, finalista, personal e intransferible destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia de la COVID-19.

Se trata de una prestación única de carácter extraordinario con una cuantía individual de estas ayudas que se fija en 250 euros. El pago se efectuará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las administraciones públicas canarias.

Para hacer frente a ese pago único, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará una partida presupuestaria que asciende a 13.767.750 euros, a través del cual se pretende llegar a dar cobertura a un total de 50.747 personas beneficiarias.

Perfil del beneficiario

Serán beneficiarias de esta ayuda única las personas que reciben una pensión no contributiva en Canarias (a fecha de noviembre, un total de 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación), así como las 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (dato de octubre de 2020), que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, hay que tener en cuenta que en Canarias el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. De hecho, del total de pensiones no contributivas 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.

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Derechos Sociales logra el compromiso del Estado para la transferencia de fondos para menores inmigrantes

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 se compromete con Canarias en destinar un fondo extraordinario de 10 millones de euros para financiar gastos derivados de la atención y acogida de menores inmigrantes no acompañados a las Islas

Hasta la fecha, Canarias tutela a 2.006 menores inmigrantes no acompañados y ha abierto este año 21 dispositivos de emergencia

Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

“Canarias no puede dar respuesta en solitario al problema migratorio. Es por ello, que hemos reclamado al Estado y a la Unión Europea una colaboración de mayor intensidad que contemplase también a los menores inmigrantes no acompañados. Nos alegramos de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya tenido la sensibilidad suficiente para entender que no podemos seguir solos”, afirmó la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras una reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

El compromiso alcanzado entre ambas administraciones es que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para aprobar una subvención directa para Canarias de 10 millones de euros para la atención y acogida de menores no acompañados. Los fondos llegarían antes del 31 de diciembre de 2020.

Según manifestó el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, Canarias ha hecho “un esfuerzo extraordinario para ofrecerles una acogida digna, enfrentándose ya a graves dificultades para abordar esta situación en solitario, por lo que hemos acordado actuar de forma urgente”. De esta forma, el secretario de Estado explicó que se van a “facilitar recursos por parte de la Administración General del Estado para ayudar a sufragar los costes que debe afrontar Canarias en esta crisis”.

Hasta ahora, Canarias ha hecho frente en solitario a la gestión de los menores inmigrantes no acompañados ya que se trata de una competencia autonómica. Aún así, y ante el importante repunte en la llegada de menores, la comunidad autónoma ha solicitado en varias ocasiones, tanto al Estado como a la Unión Europea, el destino de fondos específicos para esta materia, tal y como se había hecho en ocasiones anteriores.

En la actualidad, la comunidad autónoma tutela a 2.006 niñas y niños (en enero de 2020 eran 540) y ha abierto 21 dispositivos de emergencia para dar acogida a los mismos.

El otro compromiso adquirido por parte del Gobierno estatal es dar traslado a las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que se active la solidaridad interterritorial para la acogida de menores inmigrantes no acompañados.

En el encuentro también participó el director general de Infancia del Gobierno español, Gabriel González-Bueno, y la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez.

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana:

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Dependencia concede subvenciones a entidades sociales por 1,3 millones de euros para gastos derivados de la Covid

Según explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, un total de 34 entidades sociales reciben ayudas para afrontar los gastos extraordinarios generados por la actual situación de pandemia

Se trata de subvenciones dirigidas a programas de atención en las áreas de dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Dependencia y Juventud, ha concedido un total de 1.298.194,55 euros en ayudas directas distribuidas entre un total de 34 entidades del Tercer Sector que desarrollan programas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental.

“Cuando el pasado mes de abril preveíamos que la actual situación de crisis se iba a prolongar en el tiempo, desde la Dirección general nos pusimos en marcha para buscar fondos propios con los que ofrecer apoyo financiero a las entidades de Tercer Sector que desarrollan programas en las áreas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental”, explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien señaló que las ayudas ya han sido distribuidas entre todas las entidades sociales que solicitaron las mismas.

“El objetivo era ayudar a estas entidades a hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la actual situación generada por el Covid-19”, explicó Montero, quien matizó que “gracias a estas ayudas directas se ha permitido a las entidades sociales poder continuar prestando sus servicios y ampliar los mismos a los domicilios al tener los centros cerrados”.

De esta forma, a través de esta línea de ayudas se buscó reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio.

Además, se incrementó y reforzó el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de los servicios, así como trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.

Igualmente, se financió el reforzamiento de las plantillas de los servicios de atención a la dependencia y/o la discapacidad, en caso de que sea necesario realizar sustituciones o incrementos de plantilla por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla así como se apoyó la adquisición de medios de prevención (EPI).

Para la concesión de estas ayudas no procedía la concurrencia pública al entenderse la naturaleza específica para la que se solicita la subvención ante una situación especial provocada por la declaración del estado de alarma a partir del pasado 14 de marzo, que tiene unas consecuencias más allá de la duración del mismo, en el normal funcionamiento de los servicios de atención a las personas dependientes y/o con discapacidad así como la necesidad de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades producidas.

 

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Derechos Sociales abonará a partir de la próxima semana el segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia

La ayuda llegará a más de 28.000 personas que recibirán la misma cuantía que el primer pago, que van de los 367 euros a los 478 euros, dependiendo de la unidad familiar de convivencia

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud realizará a partir de la próxima semana el segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia (ICE) a los mismos beneficiarios que lo recibieron con anterioridad. Este mismo viernes se ha formalizado la Resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración por la que se ordena este segundo pago. El ingreso en sus cuentas bancarias se espera esté materializado durante la próxima semana para aquellos solicitantes que han aportado número de cuenta corriente.

Tal y como había anunciado la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras su aprobación en el Parlamento, este segundo pago permitirá que las 16.000 familias que recibieron el primer abono de esta ayuda económica vuelvan a recibir un segundo abono que paliará en parte la situación de muchas familias que no cuentan con ingresos. Recordar que Canarias es la única comunidad autónoma de todo el Estado español que ha impulsado y aprobado un ingreso de emergencia de este tipo.

Los solicitantes que han proporcionado las cuentas bancarias para el ingreso de la ayuda, empezarán a recibirlas durante la próxima semana en el mismo número de cuenta corriente. Los solicitantes que no han proporcionado cuenta corriente, se les abonará mediante una tarjeta bancaria monedero, para ello, se contactará vía teléfono o correo electrónico con la persona solicitantes y se divulgará por redes sociales, tablón de anuncios, etc. a los efectos de informar sobre el sistema de recogida.

Este segundo pago del ICE mantendrá las mismas cuantías del primer pago, que varían en función del número de personas que componen las unidades de convivencia familiar (y que suponen el 75% de la actual Prestación Canaria de Inserción): de 1 persona, 367,02 euros; de 2 personas, 415,30 euros; de 3 personas, 453,94 euros, y de 4 o más personas, 478,09 euros.

El Ingreso Canario de Emergencia (ICE) se otorgó a un total de 28.023 personas, lo que supone unas 16.000 familias residentes en las Islas, que cumplían con todos los requisitos para poder ser perceptoras de esta ayuda económica, es decir, no contar con ingresos desde el mes de marzo incluido y contar con un patrimonio inferior a 50.000 euros.

Para la financiación de este primer pago del ICE, Derechos Sociales destinó una partida económica que ascendió a 6.324.183,96 euros. Tras realizar el pago previsto a las familias en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, los remanentes, hasta llegar a los 16 millones de euros que se han destinado a esta medida, se les hará entrega a los municipios para que los destinen a ayudas de emergencia.

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Derechos Sociales presenta el anteproyecto de ley de renta de ciudadanía de Canarias

Noemí Santana: “Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, cumplimos con el Estatuto de Autonomía y cumplimos con la ciudadanía canaria”

El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses y se mantendrá hasta que la situación de exclusión social persista

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ha presentado este miércoles el anteproyecto de ley de la Renta de Ciudadanía Canarias que pasará la semana que viene a Consejo de Gobierno y, posteriormente, al Parlamento de Canarias para su tramitación. “Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, cumplimos con el Estatuto de Autonomía y cumplimos con la ciudadanía canaria”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en la presentación ante los medios de comunicación del cuerpo normativo del anteproyecto de Ley que regulará la futura renta de ciudadanía en el Archipiélago.

“Lo que presentamos hoy es un borrador del anteproyecto de Ley que esperamos que entre en junio de 2021 en el Parlamento para su debate y aprobación posterior, con lo calculamos que las familias podrán contar con esta ayuda a partir del cuarto trimestre del próximo año”, aclaró Santana.

La consejera destacó dos aspectos importantes de la propuesta. Por un lado, que la prestación se mantendría mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social. Y por otro lado, las cuantías de la misma que se equiparan a las del Ingreso Mínimo Vital.

La renta de ciudadanía es una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible, que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social, o de cualquier otro régimen público de protección social, y la cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias. Se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en el anteproyecto.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronamiento durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años, de manera continuada o interrumpida; acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.

El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a algunos de los requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

Simplificación en la tramitación y plazo para dictar resolución

Con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la Renta, la persona interesada presentará su solicitud de manera telemática, podrán ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. Además, las solicitudes también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso. Con respecto al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.

El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El texto, que salió a información pública el pasado 9 de noviembre, se puede consultar AQUI.

 

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Canarias solicita al Estado y a Europa financiación para la atención de menores extranjeros no acompañados

La consejería de Derechos Sociales ha remitido al Estado y a la Comisión Europea una solicitud en firme instando a ambas administraciones partidas financieras de emergencia para la atención de menores que llegan en patera hasta las costas del Archipiélago

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la viceconsejería de Derechos Sociales que dirige Gemma Martínez, ha remitido una carta al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que a su vez remita al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Comisión Europea, para la concesión de financiación de emergencia de la Comisión Europea para la atención de los menores extranjeros no acompañados.

Según explica Martínez en la misiva oficial, Canarias ha abierto este año un total de 18 recursos alojativos de emergencia para atender a los 1.500 menores extranjeros no acompañados atendidos hasta la fecha.

“Una atención que hemos abordado en solitario y para la que necesitamos con urgencia contar con recursos tanto por parte del Estado como de la Unión Europea que permitan sufragar los costes que debe afrontar Canarias para hacer frente a esta crisis, ya que actualmente no existen fondos ni programas a nivel europeo que ayuden a las regiones en el apoyo con estos menores”, indicó la viceconsejera.

En el documento, el Gobierno canario insta al Estado español que “eleve a la Comisión Europea la solicitud de fondos específicos para Canarias dentro de los remanentes de los fondos de emergencia de la Comisión Europea a fin de poderlos comprometer antes de finales de este año”, tal y como sugirió la Directora General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Monique Pariat, y a la Comisión Europea que destine “una partida creíble y urgente” que ayude a nuestra región a gestionar la tutela y atención a estos 1.500 menores.

Además, en el documento se plantea la necesidad de establecer una línea financiera específica destinada a los menores no acompañados dentro del próximo programa 2021-2027 en el marco del Nuevo Pacto de Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea y que se prevea una ayuda específica dentro del Fondo Social Europeo destinado a los menores no acompañados y a su integración.

Hay que recordar que en un encuentro virtual celebrado el pasado 19 de octubre, entre la Directora General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Monique Pariat y la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, se abordó el aumento en las llegadas de migrantes con respecto a 2019, con un incremento del 285%, habiendo recibido Canarias hasta el día de hoy un total de 11.723 inmigrantes, así como de menores extranjeros no acompañados, ámbito que es competencia directa de la Consejería de Derechos Sociales.

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