La consejera de Turismo y Empleo señaló que la elección conjunta de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife permitirá impulsar el sector, generar empleo y crear nuevas oportunidades para las entidades

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, explicó hoy en el Pleno del Parlamento las oportunidades que supondrá para el archipiélago la elección conjunta de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife como Capital Española de la Economía Social 2027. Ambas ciudades serán durante todo un año punto de encuentro de entidades, empresas y profesionales vinculados a este sector y contribuirán a aumentar su proyección dentro y fuera de las islas.

De León destacó que la candidatura fue impulsada junto al conjunto de las entidades del sector y contó con un respaldo unánime. «Para nosotros es un gran orgullo ser la sede de la capital de la economía social», afirmó la consejera, quien agradeció el trabajo de las asociaciones que contribuyeron a que Canarias optara a esta designación.

La economía social cuenta actualmente con más de 17.000 puestos de trabajo en Canarias. Para Jessica de León, el próximo año permitirá seguir fortaleciendo este tejido productivo, favoreciendo la creación de nuevas cooperativas, sociedades laborales y otras entidades, además de facilitar nuevas oportunidades para las organizaciones que ya desarrollan su actividad en las islas.

La consejera señaló que durante 2027 se celebrarán en Canarias congresos, encuentros, actividades y proyectos relacionados con la economía social, que permitirán establecer nuevas conexiones entre las entidades canarias y organizaciones de otros territorios. «Nuestro sector puede enriquecerse con las experiencias que hay a nivel nacional y crear nuevas redes», explicó.

De León destacó que esta celebración permitirá situar a Canarias en el foco de la economía social dando a conocer el trabajo realizado en las islas y generando espacios de diálogo y colaboración entre distintos sectores.

Además, recordó que la elección como capital compartida llega después de los avances realizados durante esta legislatura para desarrollar y fortalecer la economía social en Canarias.

En este periodo se ha elaborado el primer Libro Blanco de la Economía Social de Canarias, realizado por las dos universidades públicas, se ha creado la Comisión de la Economía Social de Canarias y se ha aprobado la I Estrategia Canaria de Economía Social, que ya ha sido remitida al Parlamento para continuar su tramitación.

También se ha apoyado la creación del primer Experto Universitario de Economía Social, impartido por la Universidad de La Laguna (ULL), y se ha publicado el Catálogo de Entidades de Economía Social de Canarias, que ha permitido conocer con mayor precisión la dimensión del sector.

De León subrayó que estos avances se desarrollan sobre el marco normativo establecido por la Ley Canaria de Economía Social y la Ley de Cooperativas, aprobadas previamente, cuyo desarrollo reglamentario se encuentra actualmente en fase de finalización.

La consejera aprovechó su intervención para agradecer el trabajo realizado por la viceconsejería de Empleo y la dirección del Servicio Canario de Empleo (SCE), así como la colaboración de las entidades del sector, y destacó la coordinación que se está manteniendo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con la red Anagos para definir el programa de actividades de 2027.

En este sentido, señaló que el objetivo es cerrar un programa que permita aprovechar la capitalidad para dar visibilidad al trabajo desarrollado en Canarias, impulsar mesas de diálogo, generar sinergias entre sectores y establecer nuevas redes de colaboración.

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Las dos capitales canarias compartirán por primera vez esta distinción, que reconoce el compromiso del Archipiélago con un modelo económico basado en el empleo de calidad, la innovación y la inclusión social

La distinción reconoce el impulso de la economía social en Canarias, un sector integrado por 3.516 entidades que genera alrededor de 17.000 empleos

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han sido designadas conjuntamente Capital Española de la Economía Social 2027, un reconocimiento impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, por primera vez, recae de forma compartida en las dos capitales canarias.

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han sido designadas conjuntamente Capital Española de la Economía Social 2027, un reconocimiento impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, por primera vez, recae de forma compartida en las dos capitales canarias.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, celebra este nombramiento y destaca que «esta distinción reafirma la hoja de ruta de la Consejería para consolidar la economía social como un eje estratégico del empleo y del desarrollo económico del Archipiélago, al tiempo que reconoce el trabajo de miles de entidades que generan oportunidades y cohesión en todas las islas.»

«Esta capitalidad es una oportunidad para que el próximo año la economía social gane el protagonismo que merece, refuerce la colaboración entre entidades y empresas y acerque a la ciudadanía un modelo económico que genera empleo de calidad, innovación y oportunidades para todos», explica De León.

La economía social de las islas está integrada por 3.516 entidades entre las que se encuentran cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción, sociedades agrarias de transformación, mutualidades de previsión social, cofradías de pescadores y tercer sector de acción social.

Estas organizaciones dan empleo a alrededor de 17.000 personas, consolidándose como un sector estratégico para el desarrollo económico y social del archipiélago al generar empleo estable, favorecer la inclusión y contribuir a la cohesión territorial. Según los datos del Observatorio Canario de Empleo (Obecan), la economía social continúa creciendo y reforzando su peso dentro del mercado laboral canario.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente positivo para el empleo en Canarias. Desde el inicio de la legislatura, el paro se ha reducido en casi 28.000 personas, pasando de 172.483 desempleados en julio de 2023 a 144.598 en mayo de 2026, situándose por debajo de los 145.000 parados por primera vez en casi dos décadas.

Además, la afiliación a la Seguridad Social alcanza un máximo de 962.600 personas, con 25.350 afiliados más que hace un año, mientras que la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúa el número de ocupados en 1,06 millones de personas, el mayor registro de la historia de Canarias y el primero que supera el millón de personas ocupadas. A estos indicadores se suma una tasa de paro juvenil del 17,35%, la más baja de la serie histórica.

A ello se suma la estrategia específica de la Consejería de Turismo y Empleo para impulsar la economía social con la constitución de la Comisión de la Economía Social de Canarias, la publicación del primer Catálogo de Entidades de Economía Social, la celebración del I Foro de Economía Social, la elaboración del Libro Blanco de la Economía Social, la puesta en marcha del primer Experto Universitario en Economía Social, la aprobación de la I Estrategia Canaria de Economía Social, así como del Distintivo de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Medioambiental y del nuevo Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas de Canarias, consolidando un marco pionero para el desarrollo de este modelo económico.

El programa de la capitalidad incluirá congresos, debates, formación, actividades ciudadanas y encuentros con el objetivo de desarrollar una agenda continua de iniciativas durante todo 2027.

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La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, participó esta mañana en el acto de clausura y entrega de certificados de la segunda edición del título de Experto de Gestión de Entidades de Economía Social y Solidaria, de la Universidad de La Laguna (ULL), que se celebró en la Fundación General Universitaria.

Este título universitario cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que respalda la formación con una partida de 38.000 euros procedentes del Servicio Canario de Empleo (SCE), en cuya representación estuvo el subdirector de Promoción de Economía Social y Emprendimiento del SCE, Francisco Santana.

Durante su intervención, León subrayó la relevancia estratégica de este sector formativo en el archipiélago y el compromiso firme de la Consejería con el empleo sostenible. Recordó también que la capacitación técnica es la mejor herramienta para el emprendimiento colectivo.

“Frente a los escenarios cambiantes actuales, este sector está demostrando una enorme solidez ante las sucesivas crisis económicas del siglo XXI. Por ello, resulta una condición necesaria dotar al alumnado de los conocimientos, metodologías y recursos idóneos que hagan factible una dirección y gestión excelentes de estas empresas», aseguró León.

El título de posgrado, impartido de forma virtual y provisto de 20 créditos, ha permitido a una veintena de alumnos profundizar en materias como el régimen jurídico de las entidades de economía social, el emprendimiento social o las habilidades directivas.

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II Foro de Economía Social reunió en Lanzarote a administraciones públicas, universidades, organizaciones empresariales, agentes sociales y entidades para consolidar un modelo económico que genera empleo de calidad, impulsa la inclusión y fortalece el desarrollo territorial

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, reafirmó este viernes el compromiso del Ejecutivo autonómico con la economía social, un modelo que ya agrupa a 3.392 entidades en las islas y que ha generado 17.174 personas contratadas a través de 18.282 contratos durante 2025, más de un millar de empleos por encima de los registrados al inicio de la legislatura.

De León realizó estas declaraciones durante la inauguración del II Foro de Economía Social de Canarias, celebrado en Puerto Calero, en Lanzarote, en un acto al que también asistieron la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega. En su intervención, la consejera destacó que desde el año 2023 hasta la actualidad «se han generado mil nuevas altas en este sector y demuestra que el crecimiento económico puede ir de la mano de la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la creación de empleo de calidad».

«Hay capacidad suficiente para seguir apoyando este sector, pero desde el impulso, desde el cariño y desde la atención», señaló la consejera y destacó la experiencia proporcionada de Enseñar para Emprender, «un proyecto educativo que se recorre toda Canarias impulsando el cooperativismo desde las etapas más tempranas de la educación. Este año hemos conseguido que los padres conformen la primera cooperativa para niños y niñas con discapacidad y que, a través del trabajo asociado, podamos impulsarles y ayudarles».

La consejera recordó que este modelo de economía se ha consolidado como una herramienta clave para favorecer la inclusión laboral. En la actualidad, el 56,95% de las personas trabajadoras del sector son mujeres y más del 16% son personas con discapacidad, unos datos que reflejan el impacto social de un modelo económico estrechamente vinculado al territorio.

El encuentro reunió a representantes de las administraciones públicas, universidades, organizaciones empresariales, agentes sociales y entidades para analizar la evolución del sector, compartir experiencias de éxito y abordar los retos que plantea la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social.

Durante la jornada se hizo balance de los principales avances impulsados por el Ejecutivo autonómico, entre ellos la constitución de la Comisión de Economía Social de Canarias, la elaboración del primer Libro Blanco de la Economía Social por parte de las dos universidades públicas canarias, la creación del Catálogo de Entidades de Economía Social, la aprobación de la primera Estrategia Canaria de Economía Social, la adaptación de diferentes líneas de ayudas dirigidas a empresas de inserción y programas de empleo con apoyo, así como la puesta en marcha del primer Experto en Economía Social de Canarias, impartido por la Universidad de La Laguna (ULL) y financiado por el SCE.

La directora general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas del Gobierno de España, Aicha Belassir, destacó la importancia de celebrar este foro porque «se ha convertido en un encuentro imprescindible para la consolidación y el crecimiento del ecosistema en el archipiélago, una economía más inclusiva, sostenible y participativa».

La primera mesa del foro abordó la capacidad de este sector para generar empleo estable y de calidad. El presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana (CONCOVAL), Emilio Sampedro, afirmó que «el empleo en las empresas de economía social es estable y de calidad, pone a la persona en el centro, fomenta la igualdad, elimina desigualdades y reparte la riqueza que genera en el territorio».

Por su parte, el director del Observatorio del Empleo en Canarias (OBECAN), Luis Prieto, definió la economía social como «una herramienta eficaz para acercar oportunidades laborales a colectivos con mayores dificultades de inserción». El representante de Cooperativas de Enseñanza de Canarias (COECAN) y de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ASESCAN), Jaime Cabrera, señaló que Canarias todavía tiene recorrido para incrementar el peso de las cooperativas, mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, aseguró que «este modelo constituye un aliado estratégico para la generación de empleo de calidad y la inclusión laboral en Canarias».

El foro también permitió conocer experiencias desarrolladas dentro y fuera de las islas, como la cooperativa de vivienda Sostre Cívic, el proyecto de catering inclusivo Buscándome las Habichuelas, impulsado por Cáritas Diocesana de Tenerife; las empresas de inserción Hiebra Social y Trampolín Solidario, y el proyecto Enseñar para Emprender, promovido por el SCE.

La última parte del encuentro estuvo dedicada a los retos de futuro de la economía social en Canarias. El director de la Cátedra CESCO y profesor titular de Historia Económica de la ULL, Cándido Román, defendió la necesidad de reforzar el papel de los ayuntamientos en el impulso de las políticas públicas vinculadas a este modelo económico. En este sentido, representantes de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN), la Red ANAGOS y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias) coincidieron en destacar el impacto de la economía social como generadora de empleo estable, redes de cooperación y oportunidades para las personas con mayores dificultades de inserción.

El cierre de la jornada correspondió a la viceconsejera de Empleo, Isabel León, quien aseguró que «las distintas intervenciones desarrolladas a lo largo de este encuentro han puesto de manifiesto que la economía social es una realidad consolidada, capaz de generar empleo de calidad, innovación, inclusión y desarrollo territorial en Canarias», al tiempo que reafirmó el compromiso del Ejecutivo autonómico de seguir fortaleciendo este modelo económico.

El II Foro de Economía Social, impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo, a través del SCE, concluyó con un llamamiento a seguir reforzando la colaboración entre administraciones, entidades, organizaciones empresariales, sindicatos y universidades para aprovechar las oportunidades que abre la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social y consolidar este modelo como una herramienta estratégica para a para crear empleo de calidad, favorecer la inclusión social y contribuir al desarrollo de todas las islas.

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La normativa, que será sometida al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, permite la tramitación electrónica de los procedimientos de inscripción y calificación de cooperativas y asociaciones de cooperativas, así como una mayor proximidad del registro a todas las islas a través de las oficinas del Servicio Canario de Empleo

La Comisión de Economía Social de Canarias ha dado este jueves luz verde por unanimidad al Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro de Sociedades Cooperativas de Canarias, que será sometido al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

Esta regulación, elaborada por el Servicio Canario de Empleo (SCE), busca digitalizar todos los trámites de inscripción y registro de cooperativas y sus asociaciones para que puedan realizarse de manera completamente electrónica.

Además, acerca el Registro a todas las islas con la posibilidad de abrir sedes en aquellas no capitalinas donde las cooperativas tienen mayor actividad, ubicándolas en las oficinas de empleo locales. La normativa también refuerza la transparencia al publicar los actos del Registro en el Boletín Oficial del Registro de Sociedades Cooperativas de Canarias (BORSCAC), de manera informativa y legal, sin reemplazar la inscripción oficial.

El Reglamento también regula aspectos relativos a la legalización de libros, el depósito de cuentas anuales e introduce disposiciones en materia de auditoría de cuentas.

La viceconsejera de Empleo, Isabel León, destacó que «la aprobación de este Reglamento es muy importante, no solo porque cumple con el mandato del Parlamento de Canarias, sino también porque acerca el registro a las cooperativas y moderniza la administración, adaptándola a la realidad de todas las islas».

Para la elaboración de esta normativa, la Consejería de Turismo y Empleo ha tenido en cuenta las aportaciones de las principales confederaciones empresariales y organizaciones sindicales del archipiélago, así como del Colegio de Economistas de Las Palmas y de otras entidades, como Red Anagos o la Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias (ASESCAN).

La Comisión de Economía Social está integrada por representantes de diversas consejerías del Gobierno de Canarias, entre ellas, Turismo y Empleo; Economía, Industria, Comercio y Autónomos; Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria; y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, además de cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, mutualidades, cofradías, centros especiales de empleo, empresas de inserción, sindicatos y organizaciones empresariales. También forman parte representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL), junto con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI).

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El primer Libro Blanco de la Economía Social de Canarias ofrece un diagnóstico actualizado de este sector, que sigue creciendo en la comunidad autónoma

Según apuntan los autores del estudio, con datos de 2021, el modelo empresarial de economía social lo forman 17.000 mil entidades

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, presentó este viernes el primer Libro Blanco de la Economía Social de Canarias, en un acto celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL) y que estuvo presidido por el rector, Francisco García.

La publicación, coordinada por los profesores de las dos universidades públicas canarias, Cándido Román e Inmaculada Galván, recoge en doce capítulos información sobre los diferentes tipos de empresas y entidades del sector en la comunidad autónoma. De León agradeció a los autores el estudio presentado y subrayó que “este trabajo servirá como diagnóstico para diseñar la estrategia de futuro e implantar políticas públicas en esta materia, conociendo sus fortalezas y entendiendo las debilidades de las distintas entidades”.

La consejera aseguró que el Libro Blanco es un “hito” para el estudio de la economía social de Canarias, que ha permitido “conocerla mejor” y que nace con vocación de continuidad.

Según los resultados obtenidos, analizados en el periodo 2021, el sector de la economía social en Canarias aglutina 195 cooperativas; 2.083 sociedades laborales; 441 sociedades agrarias de transformación; 17 empresas de inserción; 56 centros especiales de empleo; 25 cofradías de pescadores; 13.701 asociaciones de acción social y 351 fundaciones. La consejera aseguró que “todas ellas, alrededor de 17.000 entidades, constituyen la denominada economía social canaria, generando una cifra estimada de casi 50.000 empleos directos en nuestra región, por lo que hay que destacar la importancia de este sector en el tejido económico de Canarias”.

Jéssica de León reconoció la labor que las empresas de inserción o los centros especiales de empleo de las islas realizan con los colectivos más vulnerables, resaltando los valores de este modelo empresarial “que pone en el centro de su actividad a las personas”.

La consejera hizo hincapié también en las líneas de subvenciones que el Servicio Canario de Empleo (SCE) destina al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (CEE).

Por su parte, el rector de la ULL, Francisco García, manifestó que “la economía social en Canarias goza de buena salud, pero necesitamos de más economía social para poder solventar problemas como el desempleo o la desigualdad”.

En el Libro Blanco sus autores advierten que “las empresas de inserción laboral están muy presentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Las Palmas hay creada una y, aunque hay intención de crear más entidades de este tipo, no se ha conseguido desarrollar aún ese modelo de economía social”, concluyó Inmaculada Galván, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

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El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias aprueba las subvenciones en favor de la economía social durante 2002, que incluyen como novedad las acciones de difusión y fomento

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprueba la convocatoria de subvenciones para la contratación de personas socias trabajadoras y para la formación en economía social por parte de cooperativas o sociedades laborales del Archipiélago durante el ejercicio 2022.

Acordada por unanimidad en el seno del Consejo General de Empleo del SCE, órgano colegiado de las administraciones junto a patronales y sindicatos con mayor representatividad, la nueva edición de las ayudas autonómicas se tramita justo después de la aprobación también sin discrepancias la pasada semana en el Parlamento de Canarias de la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, en el marco del impulso otorgado a la economía social durante la actual legislatura con la publicación antes del verano de la norma homónima como primer hito.

En concreto, la convocatoria del organismo presidido por la consejera Elena Máñez contempla subvenciones por importe de 300.000 euros para las incorporaciones con carácter indefinido de personas desempleadas o trabajadores y trabajadores de las cooperativas y sociedades laborales como socios y socias de las diversas entidades (100.000 euros) y, como novedad, una línea para las actividades de formación y fomento de la economía social (200.000 euros).

Entre otras, se incluyen las acciones de formación para iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del cooperativismo y de la economía social tanto a personas socias o trabajadoras como a la ciudadanía con interés en la creación o funcionamiento de este tipo de empresas, incluidos aspectos de la transformación productiva mediante las economías verde o azul; y las actividades de fomento del sector mediante congresos, simposios, jornadas o seminarios.

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El Parlamento autonómico aprobó hoy la primera norma canaria de Cooperativas, impulsada por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para flexibilizar, agilizar y potenciar el funcionamiento y la creación de este tipo de sociedades, que generan empleo estable y de calidad en las islas

El Parlamento de Canarias aprobó hoy la primera ley específica para sociedades cooperativas del archipiélago, que impulsó el Gobierno autonómico a través de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. La nueva norma facilita tanto la constitución, como la gestión de este tipo de sociedades: reduce el número de personas socias necesarias para constituir una sociedad cooperativa a tan solo dos y simplifica numerosos trámites de la gestión diaria y algunos menos frecuentes, como los requisitos para la escisión o la fusión de las cooperativas.

La consejera del área, Elena Máñez, agradeció en su intervención final “el interés y el esfuerzo de los diputados y diputadas que formaron parte de la ponencia de la ley para alcanzar acuerdos, transaccionar y, finalmente, incluir mejoras en el texto inicial”. Un texto que ya venía respaldado por el “diálogo exhaustivo que se mantuvo con toda la representación del sector, presente hoy en el Parlamento y a quienes agradezco especialmente su capacidad para aportar siempre en los debates”.

Máñez explicó cómo es la tercera Legislatura en la que se intenta sacar adelante la regulación de las cooperativas en Canarias y destacó el esfuerzo de todo el equipo de la Subdirección de Economía Social del Servicio Canario de Empleo, que fue capaz de refundir las anteriores propuestas en un texto consensuado, para solventar los reparos puestos a los anteriores anteproyectos de ley de sociedades cooperativas, tanto por el Consejo Económico y Social de Canarias, como por el Consejo Consultivo.

La nueva Ley propicia que se puedan constituir cooperativas de vivienda colaborativa, las llamadas cohousing, y genera un importante impulso en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito de este tipo de sociedades. Las TIC están presentes en esta Ley con la regulación de su uso para las relaciones externas, bien sea la presentación de cuentas u otras gestiones administrativas, y para las relaciones internas, donde se autoriza, por ejemplo, el voto telemático en las asambleas.

“De este modo” -enfatizó la consejera-, “pretendemos que esta Ley logre, sin perder la perspectiva social que caracteriza a las cooperativas, dotarlas de estructuras modernas y ágiles, que les permitan ser competitivas y, a través de las nuevas tecnologías, puedan localizarse mejor en zonas rurales y alejadas, con lo que pueden convertirse en una fórmula mucho más efectiva que la actual para todo el sector primario”.

Para el departamento de Empleo del Gobierno de Canarias, esta ley, conjuntamente con la ley de economía social, aprobada el pasado mes de junio, dará un salto en la estrategia para el desarrollo de la economía social, con una clara apuesta por empleo estable y de calidad que suele acompañar al modelo de gestión cooperativo.

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La nueva Ley canaria de Economía Social, aprobada hoy en el Parlamento autonómico, crea la Comisión de la Economía Social de Canarias, un órgano colegiado y consultivo, que permitirá a las empresas del sector intervenir de forma mucho más activa en el progreso del sector en el Archipiélago.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, agradeció hoy a todas las personas y colectivos que han participado en la redacción, presentación de alegaciones, enmiendas y, “en definitiva, en la mejora continua del texto que regula desde hoy las empresas de Economía Social de Canarias”, cuya ley se aprobó esta mañana en el Parlamento autonómico, después de dos años de tramitación.

La consejera citó especialmente a las dos ponentes de la Ley, María del Pino Domínguez e Inmaculada Galván, de la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa, quienes redactaron el texto inicial, “a partir del que hemos trabajado todos y todas las demás”.

Máñez dio la enhorabuena también a todas las entidades del sector “han colaborado haciendo observaciones y propuestas de mejora, para que saliese adelante el mejor texto posible y con el mayor de los consensos”. La consejera aclaró que son entidades que, en su mayoría, formarán parte de la nueva Comisión de la Economía Social de Canarias, “que sitúa a las empresas del sector en el proceso de para las tomas de decisión futuras, con una labor consultiva y propositiva, que estoy convencida de que mejorará toda acción administrativa y política, a través de su participación directa en los procedimientos”.

Amplia participación pública

El Gobierno de Canarias presentó el actual texto después de un amplio proceso de participación pública desde el inicio de la legislatura. El proyecto de Ley de Economía Social de Canarias incluyó más de cincuenta observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores involucrados y los diferentes departamentos de la administración autonómica, mediante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos desde febrero de 2020.

Además, incorporó también en su totalidad las diversas recomendaciones del Consejo Consultivo de Canarias, para reparar el puntual solapamiento con la competencia básica de rango estatal, aunque el dictamen preceptivo del órgano independiente valoró de manera favorable la nueva norma, al concluir que se adecúa a los parámetros constitucionales y estatutarios de aplicación, y mediante el proceso de enmiendas parlamentarias se ha enriquecido un texto fundamental para el impulso firme de la economía social de Canarias como uno de los ejes del desarrollo sostenible e inclusivo del Archipiélago, por lo que dio las gracias a todos los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica.

Los objetivos de dotar al sector de una regulación propia, en sintonía con la realidad autonómica, y fomentar su consolidación, expansión y ordenación de manera más unificada y específica.

De este modo, el texto se presenta como una herramienta de impulso hacia un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado con el medio ambiente y pretende, tanto aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral como constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento en el Archipiélago territorio, con las personas como protagonistas. No obstante, forman parte de las empresas de Economía Social tanto las sociedades laborales o los centros especiales de empleo, como las cooperativas y formatos de empresa con modelos participativos de sus empleados.

De hecho, la nueva Comisión está constituida por:

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las cooperativas en Canarias (Asociación de Economía Social de Canarias -ASESCAN-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las sociedades laborales en Canarias (Asociación de Economía Social de Canarias -ASESCAN-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de los centros especiales de empleo en Canarias (Asociación Regional de Centros Especiales de Empleo de Economía Social de Canarias -ARCEESCAN-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de los centros especiales de empleo en su conjunto: de iniciativa social y de iniciativa empresarial (Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las empresas de inserción en Canarias (Asociación de Empresas de Inserción de Canarias -ADEICAN-, integrada en la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción -FAEDEI-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa en Canarias de las asociaciones y fundaciones que lleven a cabo actividad económica (Consejo Canario de Asociaciones y Consejo Autonómico de Fundaciones de Canarias, de la Asociación Española de Fundaciones).

Un/a vocal propuesto/a por la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias.

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las mutualidades en Canarias

Dos vocales, en representación de las organizaciones sindicales más representativas de Canarias

Dos vocales, en representación de las organizaciones empresariales más representativas de Canarias.

Un/a vocal, en representación de la Federación Canaria de Municipios.

Dos vocales, en representación de las universidades públicas de Canarias.

Un vocal, en representación de la Federación Canaria de Islas.

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El texto, que será la primera Ley en Canarias en esta materia, se remite ahora al Parlamento para su aprobación definitiva, tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno acordó este viernes la aprobación del proyecto de la primera Ley de Economía Social de Canarias y su remisión al Parlamento autonómico para su debate político y ratificación definitiva como último trámite de una norma pionera en el Archipiélago.

El expediente tramitado a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) asume la competencia exclusiva sobre el fomento y ordenación de la economía social por mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía tras su reforma en 2018 en el marco específico, además, de la necesaria recuperación del tejido productivo mediante el Plan Reactiva frente a la pandemia de COVID-19.

Tras pronunciarse a favor del proyecto de ley a finales de junio, el Gobierno incorpora ahora en su totalidad las diversas observaciones del Consejo Consultivo de Canarias para reparar el puntual solapamiento con la competencia básica de rango estatal, aunque el dictamen preceptivo del órgano independiente valora de manera favorable la nueva norma al concluir que se adecúa a los parámetros constitucionales y estatutarios.

Desde la aprobación del anteproyecto a mediados de 2020, la Ley de Economía Social también incluye más de medio centenar de las observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores afectados y los diferentes departamentos de la administración autonómica mediante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos.

Además de dotar al sector de una regulación propia en sintonía con la realidad autonómica y fomentar su consolidación, expansión y ordenación de manera más unificada y específica, la Ley de Economía Social de Canarias se presenta como una herramienta de impulso hacia un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado con el medio ambiente y pretende tanto aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral como constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento en el Archipiélago territorio, con las personas como protagonistas a las personas.

Estructurado en cuatro capítulos, el proyecto de Ley de Economía Social de Canarias se compone de 18 artículos, además de una disposición adicional, otra derogatoria y dos finales.

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