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Educación asesora a los equipos directivos en la aplicación del protocolo de altas temperaturas

El documento, pionero en Canarias y disponible desde el curso pasado, salvaguarda la salud y bienestar de la comunidad educativa a la vez que garantiza el derecho a la educación en situaciones excepcionales

El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, se ha reunido en el día de hoy con los equipos directivos de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria de toda Canarias, para asesorar y aclarar dudas sobre la aplicación del Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas. Un documento pionero en las islas y disponible desde el pasado curso 2024/2025, concebido como un marco de directrices para orientar a la comunidad educativa en la preparación y respuesta, de modo eficaz y efectivo, a episodios de calor como el que afecta estos días a buena parte del archipiélago.

A este respecto, José Manuel Cabrera señaló que, ante episodios como el que “estamos viviendo y viviremos en un futuro”, es preciso “tomar decisiones de forma consensuada con las direcciones, con el profesorado y con el personal de los centros educativos para mejorar las condiciones en las cuales se imparte la formación”. Asimismo, sobre los encuentros mantenidos, el viceconsejero quiso destacar “la actitud participativa de todos los asistentes, buscando esas soluciones que en un periodo corto de tiempo nos ayuden a afrontar momentos como el actual”.

El protocolo ha sido diseñado por personal de la propia Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, con apoyo de los departamentos regionales de Sanidad y Seguridad y Emergencias, adaptando a la realidad de las islas ejemplos similares existentes en otros territorios.

Además, fue remitido al Consejo Escolar de Canarias, donde están representados todos los colectivos de la comunidad educativa, y a los grupos parlamentarios, para incluir sus aportaciones.

El documento contempla el contexto de cada isla, comarca, municipio y centro educativo y recoge la coordinación entre los equipos directivos y la administración educativa (Dirección Territorial, Dirección Insular o Servicios Centrales) o con agentes externos (servicios sanitarios locales, otros servicios de emergencias y protección o ayuntamientos.

Así, el protocolo incluye entre sus apartados un esquema con los contenidos que deben definir los equipos directivos de cada uno de los centros educativos, donde se establece la contextualización y tienen cabida los siguientes aspectos: descripción del centro, recursos materiales y humanos, características del alumnado, especialmente del más vulnerable, servicios complementarios o actividades extraescolares.

Especialmente destacable, el apartado que, en la línea de lo que, en los últimos años, ha venido haciendo la Consejería, refleja actuaciones previamente planificadas por el centro para hacer frente a olas de calor y altas temperaturas (verificación del estado de los espacios de sombra y otros medios disponibles, establecimiento de canales de comunicación con la comunidad educativa, comprobación de la disponibilidad de recursos informáticos para profesorado y alumnado así como de programaciones didácticas para un posible escenario de enseñanza a distancia) y, sobre todo, el relativo a medidas y actuaciones ante distintos niveles de riesgo.

Cuatro niveles y medidas

El protocolo que deben activar los centros educativos establece la existencia de cuatro niveles, 0, 1, 2 y 3, que implican respectivamente ausencia de riesgo, riesgo bajo, medio y alto, y medidas de intervención ante los mismos, pudiendo aplicarse en cada nivel superior las medidas previstas en uno inferior.

El nivel cero (verde) implica temperaturas por debajo de 33 grados en la provincia de Las Palmas y 34 en la de Santa Cruz de Tenerife. Ante la ausencia de riesgos, no se prevén medidas específicas para esta situación, considerada como de normalidad.

El nivel 1 (riesgo bajo o amarillo) se activará cuando exista aviso amarillo y supondrá la difusión de información general y recomendaciones a la comunidad educativa y la aplicación de medidas ordinarias, debiendo autorizarlas el equipo directivo del centro.

Entre ellas, las que habitualmente recomienda Sanidad para estos casos: permanecer en lugares frescos, a la sombra o climatizados y usar espacios exteriores sólo por causas de fuerza mayor y teniendo en cuenta los riesgos por niveles altos de radiación ultravioleta (UV); reducir actividad física y deporte al aire libre en las horas más calurosas; beber con frecuencia, aunque no se sienta sed, con independencia de la actividad física realizada y evitando bebidas con cafeína, energéticas o azucaradas o ingerir comidas ligeras para reponer sales perdidas por el sudor.

Además, prestar atención a personas vulnerables; usar ropa ligera, holgada y transpirable; consultar a profesionales sanitarios ante determinados síntomas que requieran actuación especializada inmediata; mantener persianas bajadas y abrir ventanas solo en las horas menos calurosas; refrescar el ambiente con los sistemas de ventilación existentes; ampliar el número de descansos para facilitar la hidratación y, si fuera necesario, modificar espacios donde se imparten clases para un mayor bienestar de las personas.

Por último, ya en este contexto (nivel 1), las faltas de asistencia del alumnado vulnerable podrán considerarse justificadas siempre que se cumplan ciertos requisitos y se garantice el seguimiento de la actividad lectiva por los medios establecidos por el centro para escenarios de enseñanza no presencial. Se recomienda también mantener sus medicamentos en lugares frescos para no alterar sus componentes y efectos.

El nivel 2 (riesgo medio o naranja) equivale al aviso naranja y se traducirá una vez más, en la difusión de información y recomendaciones, pero también en medidas extraordinarias, con especial atención al estudiantado de riesgo o vulnerable (alumnado de Educación Infantil o alumnado general con enfermedades crónicas o discapacidad).

En concreto, se podría aplicar la salida anticipada y opcional del alumnado del centro y la modificación del horario escolar y/o de actividades curriculares.

Ahora bien, la salida anticipada requerirá información al Consejo Escolar/Consejo Social y autorización posterior de la Dirección Territorial o Insular correspondiente. Autorizada la medida, deberá comunicarse a las familias de la forma establecida por cada centro, aunque nunca podrá realizarse antes de las 12.00 horas y sin autorización de los representantes legales del alumnado menor de edad, que realizará la recogida según procedimiento establecido también por el centro. El alumnado que permanezca en él será atendido según su jornada habitual, y tampoco sufrirán cambios los servicios de comedor y transporte, mientras que actividades complementarias y extraescolares sí podrán ser aplazadas o suprimidas.

En cuanto a la modificación del horario escolar y de las actividades curriculares, los centros podrán adaptar el horario de Educación Física, para que se imparta a primera hora, realizar actividades alternativas en horas de más calor o redistribuir y trasladar al alumnado a lugares de descanso, cubiertos o sombríos, entre otras.

Por último, en nivel 3 (riesgo alto o rojo), se aplican como norma general las mismas medidas del nivel 1 y 2, procediéndose a la aplicación de una única medida excepcional: la enseñanza no presencial, cuya adopción exigirá los mismos requisitos previstos para la salida anticipada en nivel 2, sólo cuando haya declarada una alerta por temperaturas máximas por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Para llevarla a cabo, los centros deberán tener previsto el cambio de la modalidad presencial a la no presencial de forma rápida y eficaz, contemplándose en sus programaciones.

Además, se recomiendan simulaciones durante el curso para que profesorado y alumnado estén familiarizados con la enseñanza no presencial y, por último, podrá determinarse de forma motivada que ciertos grupos sigan asistiendo de forma presencial al centro, con medidas de prevención y seguridad oportunas y modificando horarios, en su caso.

Todo ello podrá graduarse o modularse según la evolución de las condiciones o por cambio en nivel de riesgo, con la información de la dirección a la comunidad educativa. Además, será difundido según lo establecido por el Consejo Escolar o el Consejo Social y dentro del Plan de Autoprotección.

En ese sentido, corresponderá a los equipos directivos adaptar el protocolo marco a su centro, para lo que contarán con el asesoramiento y colaboración de la persona coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales, del inspector o inspectora de zona y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado. Por eso, junto a la evaluación del propio protocolo después de cada una de sus aplicaciones por los centros, entre sus apartados deberán figurar también formación al profesorado y anexos con contactos de los servicios concurrentes para una localización fácil y rápida.

Como resumen, los objetivos de este documento, además de salvaguardar la salud y bienestar del alumnado, personal docente y socioeducativo de los centros y garantizar el derecho a la educación en situaciones excepcionales, es reducir el margen de error en las decisiones, agilizar la respuesta, dar seguridad a la comunidad educativa, facilitar la comprensión y coordinación de las medidas preventivas y organizativas y clarificar, con carácter previo, el reparto de funciones ante episodios de altas temperaturas. También garantiza una respuesta inicial rápida ante este tipo de situaciones; incrementa aspectos como la seguridad, la eficacia, la vigilancia, la adecuación de las medidas y la coordinación, y establece hábitos de autoprotección, entre otros.

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Nieves Lady Barreto: “Canarias garantiza el acceso al empleo público a mujeres VVG en un entorno seguro»

La consejera explica que el protocolo, aprobado en junio del 2024 por la Dirección General de Función Pública, se ha aplicado sin incidencias y que el balance es positivo

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha explicado la política de su departamento para garantizar la participación de mujeres víctimas de violencia de género en los procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. “En junio de 2024 aprobamos un protocolo específico de actuación que se está aplicando y que está funcionando correctamente, proporcionando a estas mujeres un entorno seguro en el acceso al empleo público”, manifestó la consejera, que calificó el balance como “positivo”.

La Resolución 2294/2024 de la Dirección General de la Función Pública adopta un conjunto de medidas con la finalidad de proteger a las mujeres que participan en un proceso selectivo y ha puesto de manifiesto su situación de víctima de violencia de género.

Estas mujeres participan en los procesos selectivos bajo las mismas condiciones que el resto de las personas aspirantes, las mismas pruebas y con los mismos requisitos, pero con medidas de protección que eviten una exposición pública que pudiera constituir un riesgo para su persona.

“Es una decisión voluntaria y se puede activar en cualquier momento”, añadió Nieves Lady Barreto. La consejera explicó que la relación es directa con una única persona, que se denomina gestor confidencial, y que será su acompañante durante el proceso.

Para garantizar la confidencialidad, la Dirección General de la Función Pública ha habilitado un correo electrónico de uso confidencial para asesorar a las mujeres que se encuentren en esta situación de sus derechos y diseñará y aplica las medidas concretas que se adopten que deberán siempre contar con la conformidad previa de la mujer solicitante.

La consejera explicó que se valora la situación concreta para poder adoptar las medidas que garanticen su protección, tanto en relación con la publicidad de los actos que deben dictarse a lo largo del proceso selectivo, como en su caso, de ser necesario, para garantizar su seguridad durante la realización de las pruebas selectivas.

Este protocolo forma parte de las medidas que la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad viene adoptando en materia de igualdad, como la puesta en marcha del Plan de Igualdad de la Comunidad Autónoma.

El acceso al empleo público está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española y la Administración Pública debe establecer medidas reales y efectivas que garanticen el derecho a la participación de una mujer que, por ser víctima de violencia de género, se encuentra en una situación de especial dificultad personal.

Canarias cumple también con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que en el artículo 51 señala que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.

Además, el Estatuto de Autonomía recoge el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, establece que los poderes públicos canarios garantizarán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito público y privado, y adoptarán medidas efectivas, así como políticas y acciones activas que proporcionen a las mujeres protección integral a las víctimas de la violencia machista. Para ello, los poderes públicos canarios promoverán cuantas políticas activas y medidas sean necesarias para garantizar el derecho de todas las personas al trabajo, garantizando el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad.

 

 

 

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La Gomera estrena su primer centro integrado de Formación Profesional

El consejero de Educación, Poli Suárez, acompañado por el presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo, visitó las instalaciones del nuevo CIFP en la capital gomera, uno de los cinco que inician su actividad este curso, en su primera semana de clases

Arranca su andadura bajo la nueva denominación con 259 estudiantes y una veintena de grupos pertenecientes a distintas familias profesionales, FP Adaptada, además de proyectos europeos y un aula ATECA

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, junto con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, inauguró este jueves de forma oficial el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en San Sebastián de La Gomera, uno de los cinco que ha iniciado su actividad en este curso escolar 2025/2026 en Canarias, con un recorrido por sus instalaciones.

En concreto, este centro será el primero bajo esta nomenclatura en la isla de La Gomera y su apertura supone un paso fundamental dentro del despliegue del Mapa Insular de la FP, con el que la Consejería de Educación busca acercar estas enseñanzas a todos los rincones del archipiélago, garantizando la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía y evitando que el alumnado gomero tenga que desplazarse a otras islas para acceder a este tipo de estudios especializados.

Sobre esta nueva etapa, Poli Suárez destacó que el nuevo centro “refuerza nuestra firme apuesta por una Formación Profesional moderna, conectada con el mercado laboral y que ofrezca a la juventud canaria nuevas oportunidades de futuro”. En este sentido, el consejero subrayó que la creación del CIFP “consolida la voluntad de esta Consejería por ofrecer oportunidades a la población en las islas no capitalinas, generando nuevas opciones de formación y empleo directamente vinculadas con la realidad socioeconómica de cada territorio”.

Además, recordó que la puesta en marcha este curso de nuevos CIFP —cinco en toda Canarias— responde a una planificación territorial objetiva y equilibrada. “Hemos trabajado desde el inicio de legislatura para que la FP sea un motor de cambio en Canarias y, con la apertura de centros en islas como El Hierro, La Gomera, o en el sur de Fuerteventura, logramos un hito histórico que abre la puerta a generaciones enteras de jóvenes que ahora pueden formarse sin abandonar su isla”, añadió.

Suárez también aprovechó la ocasión para tratar otros temas relacionados con su visita a La Gomera, como el anuncio de que “a comienzos de la próxima semana, se publicará la resolución para iniciar el período de matrícula del nuevo NEAE +21 de la isla, que estará ubicado en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de San Sebastián de La Gomera”. Así, las familias que lo deseen, podrán formalizar dicha matrícula para alumnado mayor de veintiún años con necesidades educativas especiales.

Asimismo, durante su intervención recordó otros proyectos que se están ejecutando en la isla, como la ciudad educativa y deportiva de San Sebastián de La Gomera, la eliminación de barreras arquitectónicas en centros educativos de la isla, o la incorporación de espacios de sombra, entre otros, que responden al “compromiso histórico que había con esta isla”.

Por su parte, Casimiro Curbelo defendió el valor de la educación como motor de transformación social y progreso. En este sentido, puso el acento en la oportunidad que abre este tipo de centros para ofrecer una amplia oferta formativa “que se ha ido diseñando también en función de las necesidades labores del territorio insular”. Sobre este asunto, añadió que Canarias debe avanzar hacia un modelo educativo de iguales “sin limitar las oportunidades educativas por razón de la isla de residencia”, dijo antes de adelantar que el Cabildo insular realizará una revisión al alza de las becas al estudio e incorporará nuevas medidas de apoyo a los estudiantes gomeros.

Asimismo, hizo hincapié en los retos pendientes para la isla en esta materia, de los que destacó la mejora de las infraestructuras educativas a través del convenio vigente entre el Cabildo y la Consejería de Educación; o la materialización de actuaciones como mejoras en la accesibilidad en centros educativos o refuerzos en la plantilla docente de especialidades específicas. “Hay tarea que hacer, pero sé que se trabaja en la buena dirección”, afirmó.

Oferta adaptada

El nuevo CIFP en San Sebastián de La Gomera nace de la transformación del antiguo Instituto de Educación Secundaria (IES) San Sebastián. En su primer curso académico bajo esta denominación, cuenta con veinte grupos autorizados para un total de 259 estudiantes, además de una plantilla de cerca de cuarenta docentes, entre personal a tiempo completo y parcial, además de personal socioeducativo.

En lo que se refiere a la oferta académica del centro, el nuevo CIFP incluye ciclos formativos de grado básico, medio y superior en áreas como Sanidad, Hostelería y Turismo, Electricidad y Electrónica, Imagen Personal, Actividades Físicas y Deportivas, Energías Renovables o Administración y Gestión. Asimismo, incorpora programas de Formación Profesional Adaptada.

El centro dispone también de un Aula de Tecnología Aplicada (ATECA), con recursos que simulan entornos laborales reales, y mantiene dos proyectos europeos Erasmus+ de movilidad internacional para alumnado y profesorado. Además, forma parte de las Redes de Enseñanzas Profesionales de Innovación, Emprendimiento y Orientación Profesional, lo que refuerza su vocación de apertura al entorno productivo.

Crecimiento de la FP

La inauguración del CIFP en San Sebastián de La Gomera se enmarca en un curso en el que la Formación Profesional en Canarias sigue al alza, con 47.066 estudiantes matriculados, lo que supone un incremento del 8,6 por ciento respecto al curso anterior.

Además, la red autonómica suma 2.600 grupos en los 175 centros públicos que imparten en Canarias este tipo de enseñanzas, con casi 4.000 docentes implicados, de los cuales 290 de ellos han sido contratados de nuevo este curso. Por modalidades, un total de 3.619 estudiantes corresponden a ciclos de Grado Básico, 17.442 a Grado Medio y 25.015 a Grado Superior, además de 516 en Formación Profesional Adaptada y 474 en cursos de especialización.

Este crecimiento se apoya en la apertura de cinco nuevos CIFP en distintas islas. Además del nuevo CIFP gomero, arrancan su actividad bajo la nueva denominación otros cuatro: en Valverde (El Hierro), en Morro Jable (Fuerteventura), en Santa María de Guía (Gran Canaria) y en Telde (Gran Canaria), si bien este último cuenta con la denominación desde el pasado mes de febrero. Con su incorporación, refuerzan un modelo que vincula la formación con la empleabilidad, en un sistema que contó el curso pasado con unas 5.000 empresas colaboradoras para la realización de prácticas.

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La Policía Autonómica refuerza la vigilancia en diferentes espacios naturales de Gran Canaria

El operativo intensificó su presencia en las Dunas de Maspalomas y el Sitio de Interés Científico de Juncalillo

Los agentes realizaron también controles en materia cinegética en la zona de la cumbre de Gran Canaria, así como labores de información y sensibilización de respeto al entorno natural

El Grupo de Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (GRUMA), perteneciente a la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA) del Cuerpo General de la Policía Canaria, intensifica la vigilancia en los espacios naturales protegidos de la isla de Gran Canaria, con el objetivo de garantizar la protección del patrimonio natural y la conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de su conservación.

Durante el operativo, desarrollado durante el pasado fin de semana, el GRUMA centró sus esfuerzos en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas (C-7), uno de los ecosistemas más singulares y frágiles del archipiélago. Los agentes patrullaron la zona con el objetivo de prevenir el tránsito no autorizado por las mismas, que puede causar un grave deterioro. Además, se llevó a cabo una labor informativa y de sensibilización, explicando a los visitantes la prohibición de caminar sobre las dunas y la delicadeza del entorno. Adicionalmente, se realizó vigilancia en el Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur (C-32), un área de gran valor ecológico que también requiere una protección constante para preservar su biodiversidad.

Asimismo, la Policía Autonómica realizó controles en materia cinegética en la zona de la cumbre de Gran Canaria. Los agentes del GRUMA inspeccionaron la actividad de los cazadores para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, garantizando así una práctica responsable y sostenible de la caza, y la protección de las especies y sus hábitats.

El compromiso del GRUMA del CGPC es velar por la conservación del patrimonio natural y cultural de Canarias, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado único.

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Pablo Rodríguez expone en LANDCAM la estrategia de Canarias para desbloquear suelos y fomentar vivienda protegida

Pablo Rodríguez expone en LANDCAM la estrategia de Canarias para desbloquear suelos y fomentar vivienda protegida

El consejero ha intervenido en la mesa “Transformaciones Urbanas en España: Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia y las Islas Baleares”, de este foro organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid junto con representantes de otras comunidades autónomas 

Rodríguez ha explicado las medidas a corto y medio plazo implementadas a través de los Decretos-leyes 1/2024 y 3/2025, orientadas a desbloquear terrenos que llevan años paralizados y que resultan esenciales para el futuro del Archipiélago para no consumir más suelo

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha participado hoy en el foro LANDCAM: La brújula de los suelos en desarrollo, organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), en el Espacio Fundación Telefónica, donde ha detallado la estrategia de las islas para desbloquear terrenos que llevan años paralizados e inutilizados y resultan esenciales para hacer frente a la emergencia habitacional para no consumir más suelo”.   

Rodríguez ha intervenido en la mesa redonda “Transformaciones Urbanas en España: Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia y las Islas Baleares”, en la que ha compartido con representantes de otras comunidades autónomas los avances y propuestas que está liderando Canarias en materia de vivienda y planificación territorial.

“Canarias se incorpora a este foro porque, en estos dos años de legislatura, hemos puesto en marcha numerosos instrumentos y herramientas que permiten impulsar el desarrollo de suelo en el Archipiélago con el objetivo de dar respuesta a la emergencia habitacional, garantizando que la ciudadanía pueda acceder a un hogar digno y desarrollar su proyecto de vida en esta tierra”, ha subrayado.

Además, el consejero ha explicado que, en Canarias “contamos desde hace décadas con suelo ya planificado que puede dar respuesta a la emergencia habitacional sin necesidad de ocupar nuevos espacios. El reto, por tanto, no está en ampliar el territorio urbanizable, sino en poner en marcha herramientas eficaces que permitan desbloquear estos suelos y transformarlos en solares y viviendas reales. Solo así podremos convertir esa planificación en hogares para las familias canarias, atendiendo la enorme demanda actual tanto de alquiler como de compraventa”.

En este sentido, ha destacado que Canarias ha abierto nuevas posibilidades con el Decreto-ley 1/2024, que permite destinar a vivienda protegida suelos de dotaciones, equipamientos o sistemas generales, impulsando a los ayuntamientos a identificar estos suelos para cederlos al Instituto Canario de la Vivienda o sacarlos a concurso público.

Rodríguez también ha detallado las medidas a corto y medio plazo puestas en marcha mediante los Decretos-leyes 1/2024 y 3/2025. El primero, aprobado como respuesta urgente a la emergencia habitacional, se centra en tres bloques de actuación: aumentar la disponibilidad de suelo para vivienda, facilitar el uso de edificaciones existentes como vivienda y agilizar la gestión administrativa. Entre las medidas más relevantes se encuentran la posibilidad de transformar suelos turísticos en residenciales con reserva obligatoria a vivienda protegida, el cambio de uso de locales y edificios terciarios a vivienda, la rehabilitación de edificaciones inacabadas o la simplificación de trámites administrativos con silencio positivo.

El Decreto-ley 3/2025, por su parte, profundiza en estas líneas, ampliando plazos para rehabilitación, facilitando la ejecución anticipada de suelos destinados a vivienda protegida, permitiendo el paso de suelo terciario a residencial y, sobre todo, regulando por primera vez en España las viviendas asequibles incentivadas, destinadas a alquiler para rentas intermedias. Además, habilita que los informes técnicos necesarios para licencias urbanísticas puedan ser emitidos por entidades colaboradoras, reduciendo los tiempos de tramitación.

“Canarias está dando pasos valientes y pioneros en materia de vivienda y ordenación territorial. Hemos asumido que la emergencia habitacional exige medidas extraordinarias y, por ello, hemos desplegado un marco legislativo ágil, innovador y de referencia nacional”, ha concluido Rodríguez.

 

 

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Unos 1.500 jóvenes extutelados se formarán para acceder al empleo a través del programa Urdimbre

Candelaria Delgado formalizó este jueves un acuerdo de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción que permitirá la cualificación profesional de jóvenes que han estado bajo la tutela del Gobierno de Canarias y que al cumplir los 18 años tendrán una cualificación profesional adecuada para trabajar en el sector

“El acceso a un empleo es la fórmula más efectiva para lograr la inserción social y laboral de jóvenes que están bajo la tutela del Gobierno canario y que, al cumplir la mayoría de edad, deben de abandonar los centros de atención. Con la firma de este acuerdo, lo que buscamos es que estas chicas y chicos se formen y puedan acceder a un empleo una vez que cumplan su mayoría de edad y tengan opción a realizar un proyecto de vida realista y consolidado”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en el acto de firma del acuerdo de colaboración entre su departamento y la Fundación Laboral de la Construcción.

El acuerdo tiene por objeto el desarrollo de acciones dirigidas a promover la inclusión social, formativa y laboral de menores sin referente familiar y jóvenes ex-tutelados/as, en el marco del programa Urdimbre. Retos hacia el empleo impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social y la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

La previsión a través de este programa y los acuerdos con diferentes entidades que ha establecido la Viceconsejería de Bienestar Social con el Servicio Canario de Empleo, Radio ECCA o la Fundación Maín, entre otras, es cualificar profesionalmente a alrededor de 1.500 menores y jóvenes extutelados en todo el archipiélago. Para su participación en las diferentes formaciones, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias realiza una selección exhaustiva para ajustar los diferentes perfiles a cada uno de los sectores en los que se van a cualificar.

“Nuestro objetivo con este programa -explicó la consejera- es apoyar y acompañar la transición a la vida adulta de menores sin referente familiar, que han estado bajo la tutela del Gobierno canario, promoviendo su formación y empleabilidad, para lo cual estamos firmando convenios de colaboración con diversos sectores empresariales canarios de tal forma que nos permite ofertarles mano de obra cualificada para la realización de su actividad profesional”, aclaró Delgado, quien enfatizó la necesidad de establecer más acuerdos de colaboración con entidades y empresas de los diferentes sectores económicos de las islas.

Con la Fundación Laboral de la Construcción, y desde comienzos de año, se han estado pilotando experiencias a través del programa que han permitido la cualificación de 121 jóvenes extutelados en prevención de riesgos laborales, mantenimiento y rehabilitación de edificios, fontanería, climatización, pintura y revestimiento de edificios.

Foto de familia tras la firma del acuerdo
Foto de familia tras la firma del acuerdo

Como explicó la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas y de la Fundación Laboral de la Construcción, María de la Salud Gil, lo habitual es que el 60% de personas que realizan las formaciones que imparten consigan insertarse laboralmente.

“La formación y el empleo son elementos capacitantes, que propician la integración social, la innovación y el crecimiento económico” aseguró Salud Gil e insistió en que “el sector no ha dudado, ante la imposibilidad de cubrir sus vacantes, en iniciar procedimientos de captación externa de mano de obra, como tampoco duda de la necesidad de ofrecer oportunidades a los menores migrantes que están en Canarias”.

Este acuerdo se suma a los que la Consejería de Bienestar Social está llevando a cabo con diferentes empresas y entidades con el fin de potenciar la formación profesional de menores y jóvenes que han estado bajo la tutela del Gobierno de Canarias de cara a fomentar su cualificación y promover la inclusión social, formativa y laboral.

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El Doctor Negrín implanta una vía rápida para el diagnóstico de la inflamación de las arterias de gran calibre

Se trata de una evaluación clínica y ecográfica tempranas con la finalidad de diagnosticar y tratar la Arteritis de Células Gigantes de forma precoz

Un estudio realizado por profesionales del servicio de Reumatología evalúa los resultados de aplicar dicha vía en el centro hospitalario

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de su servicio de Reumatología, ha logrado mejorar los tiempos de diagnóstico de la Arteritis de Células Gigantes (ACG), que consiste en una inflamación de las arterias de gran calibre, especialmente de las ramas de la carótida externa, gracias a la implantación de la vía rápida. Ésta es una de las conclusiones principales recogida en un estudio elaborado por profesionales del citado servicio, cuyo objetivo prioritario fue evaluar los resultados de aplicar dicha vía en el centro hospitalario.

La vía rápida para el diagnóstico de ACG consiste en una evaluación clínica y ecográfica tempranas con la finalidad de diagnosticar y tratar la patología de forma precoz. La Arteritis de Células Gigantes es la vasculitis primaria sistémica más frecuente que afecta fundamentalmente a personas mayores de cincuenta años. Se trata de una emergencia médica ya que puede causar complicaciones graves, como pérdida permanente de visión, aneurismas y accidente cerebrovasculares.

En este estudio observacional en el que se han revisado los casos de sospecha de arteritis desde que comenzó la aplicación de la vía rápida en el centro hospitalario en 2021, y hasta el pasado año 2024, se compararon los resultados con la etapa previa a 2021. En la vía rápida, la muestra total fue de 58 pacientes, con una edad media de 69 años. Entre los datos de interés de esta investigación destaca que la especialidad que remitió a un mayor número de pacientes fue el servicio de Neurología (45 por ciento del total), seguido del servicio de Reumatología (veintidós por ciento). Los síntomas más frecuentes fueron cefalea (52 por ciento), manifestaciones visuales (veintinueve por ciento) y polimialgia reumática (diecisiete por ciento).

La atención a los pacientes se realizó una mediana de ocho días después de ser remitidos por sospecha de arteritis. Además, por la vía rápida, se llevó a cabo el diagnóstico de la enfermedad antes de las cuatro semanas desde el inicio de los síntomas al veintinueve por ciento, frente al once por ciento antes de la aplicación de la vía preferencial. Además de reducir los tiempos de diagnóstico, la vía rápida también ha permitido una mejor selección de pacientes sometidos a biopsia de arteria temporal. No obstante, los profesionales del centro hospitalario consideran que se debe continuar trabajando de forma conjunta con el resto de servicios para lograr la derivación precoz en beneficio de los pacientes.

 

 

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Educación simplifica el procedimiento de enajenación de material en los centros educativos de Canarias

Se trata de una de las primeras medidas que se ponen en marcha del Plan de simplificación administrativa y mejora en la gestión de la educación en Canarias, que el consejero Poli Suárez presentó a finales de julio

Entrará en vigor el próximo 22 de septiembre y sustituirá la normativa de 1995, simplificando el proceso de seis a tan solo dos pasos para que los centros puedan retirar o donar con rapidez el mobiliario y equipamiento en desuso

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, pondrá en marcha el próximo lunes, 22 de septiembre, un nuevo procedimiento para la enajenación de mobiliario y equipamiento obsoleto, inservible o en desuso en los centros educativos públicos de las islas.

La medida, enmarcada en el Plan de simplificación administrativa y mejora en la gestión de la educación en Canarias, sustituye a la regulación de 1995 y responde a una antigua demanda de los equipos directivos, que hasta ahora se veían obligados a almacenar material innecesario en aulas, almacenes o zonas comunes debido a la complejidad del trámite.

En relación con la puesta en marcha de este nuevo procedimiento, Poli Suárez recordó el compromiso público de comenzar a aplicar el Plan de Simplificación desde el presente curso y destacó que “esta iniciativa es una muestra palpable de ello”, al tiempo que señaló: “en menos de dos meses, ya hemos activado una de las primeras actuaciones”. Suárez subrayó, además, que el objetivo sigue siendo “lograr que la gestión diaria de los centros educativos resulte más ágil y eficaz, de modo que los equipos directivos puedan concentrar sus energías en lo verdaderamente importante: la educación del alumnado”.

Con la nueva orden, queda atrás el sistema de 1995, que obligaba a presentar hasta seis documentos y seguir numerosos pasos, y se establece un procedimiento mucho más ágil y sencillo: únicamente dos documentos y dos fases. A partir de ahora, los centros deberán remitir una solicitud con la relación de bienes a la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, coordinada por Iván G. Carro, y, una vez autorizada, emitir el certificado de retirada tras depositar el material en un punto limpio o, en su caso, donarlo. La subasta pública, antes obligatoria, pasa a ser opcional, eliminando un trámite que casi siempre quedaba desierto.

Esta dirección general será la encargada de coordinar y supervisar el proceso en todo el archipiélago, en aplicación de la nueva Orden 821/2025. Carro subrayó que ”el nuevo procedimiento facilitará una gestión más eficiente de los recursos materiales de los centros y reducirá tiempos de tramitación de manera significativa”. Añadió, además, que la medida “favorece la reutilización, en coherencia con los compromisos de sostenibilidad de la Consejería”. La donación o el punto limpio son ahora las vías principales, alineadas con la economía circular.

La actualización normativa no solo agiliza la retirada del material en desuso, sino que también adapta los procedimientos a la realidad actual, eliminando cargas administrativas innecesarias y dando cumplimiento al Plan de simplificación administrativa presentado el pasado mes de julio. En esta línea, la Consejería tiene previstas nuevas actuaciones que se irán implementando de forma progresiva durante el curso, como la simplificación del procedimiento de solicitud de mobiliario y equipamiento.

Con esta simplificación, los centros ganarán en espacio y en seguridad, al poder liberar zonas que hasta ahora permanecían ocupadas por mobiliario inservible. De este modo, se favorece un mejor aprovechamiento de las instalaciones escolares y se refuerza la apuesta de la Consejería por un entorno educativo moderno, seguro y adaptado a las necesidades del alumnado y de la comunidad educativa.

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Canarias mantiene sus alegaciones para que los costes tipo contemplen el sobrecoste real del transporte

María Fernández

El Ejecutivo sostiene que la propuesta del Ministerio no refleja lo trabajado para garantizar la competitividad del Archipiélago

Los costes tipo fijados para 2024 permanecen desactualizados, en muchos casos por debajo incluso de los aprobados en 2013, lo que evidencia que la propuesta no responde al esfuerzo realizado ni a los compromisos adquiridos con Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad que dirige María Fernández, ha presentado alegaciones a los proyectos de orden del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que fijarán para 2024 los costes tipo aplicables a las compensaciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas y no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las islas Canarias. Con ellas, el Ejecutivo insiste en que estos valores fijados para 2024 permanecen desactualizados, en muchos casos por debajo incluso de los aprobados en 2013, lo que evidencia que la propuesta no responde al esfuerzo realizado ni a los compromisos adquiridos con Canarias.

El Gobierno de Canarias ha advertido, en el análisis realizado junto al sector en las islas, que los costes tipo propuestos por el Ministerio para 2024 permanecen en muchos casos congelados respecto a ejercicios anteriores e incluso resultan inferiores a los aprobados en 2013, lo que evidencia la falta de actualización del sistema frente a un contexto marcado por el encarecimiento logístico derivado de la pandemia, la erupción del volcán de La Palma, los conflictos internacionales y la entrada en vigor de nuevas tasas medioambientales.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha señalado que las referencias publicadas “no responden al trabajo realizado ni a los compromisos adquiridos en este ámbito”, y ha subrayado que el Gobierno de Canarias “seguirá defendiendo una actualización justa de los costes tipo para garantizar que las compensaciones cumplan su función y se traduzcan en una reducción efectiva de los sobrecostes que soporta la ciudadanía canaria. Es imprescindible que los costes tipo reflejen la realidad económica del transporte en Canarias. De lo contrario, se pone en riesgo la eficacia del sistema de compensaciones y, con ello, la competitividad de nuestras empresas y la cohesión del mercado canario”.

Fernández ha subrayado además que actualizar estos costes tendría impacto en la reducción de la cesta de la compra, uno de los principales problemas que afrontan hoy las familias canarias, y ha recordado que el Ejecutivo lleva años reclamando esta medida como herramienta para abaratar el precio de los productos básicos.

Con estas alegaciones, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso de defensa de los intereses del Archipiélago ante la Administración del Estado y de garantía de que las compensaciones al transporte cumplan su finalidad, equilibrar las condiciones de Canarias con las del resto del territorio nacional y europeo, contribuyendo también a aliviar el coste de la vida en las Islas.

En este sentido, la directora general ha explicado que “las alegaciones que les hemos hecho llegar reclaman que los costes tipo reflejen fielmente los sobrecostes efectivos que soportan las empresas canarias debido a la lejanía, la insularidad y la doble insularidad, y que constituyen un elemento esencial de la cohesión económica y social de Canarias”. El Ejecutivo ha subrayado que es necesario actualizar al alza los importes, teniendo en cuenta el incremento de los fletes y de los gastos asociados al transporte, como el combustible, el alquiler de contenedores frigoríficos, la manipulación portuaria, las tasas aeroportuarias o los recargos derivados de la normativa ambiental europea.

Asimismo, se considera imprescindible que el Ministerio incorpore un sistema de revisión automática anual vinculado a indicadores objetivos como la evolución del precio del crudo o de los fletes, con posibilidad de revisiones extraordinarias en caso de desviaciones significativas. También se plantea la necesidad de reconocer de forma diferenciada los sobrecostes de las islas no capitalinas, que padecen mayores dificultades logísticas que las capitalinas, así como de reforzar la transparencia en la metodología de cálculo para que los operadores puedan conocer los criterios y ponderaciones aplicados.

El Gobierno de Canarias ha advertido que los costes tipo propuestos por el Ministerio para 2024 permanecen en muchos casos congelados respecto a ejercicios anteriores e incluso resultan inferiores a los aprobados en 2013, lo que evidencia la falta de actualización del sistema frente a un contexto marcado por el encarecimiento logístico derivado de la pandemia, la erupción del volcán de La Palma, los conflictos internacionales y la entrada en vigor de nuevas tasas medioambientales.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha señalado que las referencias publicadas “no responden al trabajo realizado ni a los compromisos adquiridos en este ámbito”, y ha subrayado que el Gobierno de Canarias “seguirá defendiendo una actualización justa de los costes tipo para garantizar que las compensaciones cumplan su función y se traduzcan en una reducción efectiva de los sobrecostes que soporta la ciudadanía canaria. Es imprescindible que los costes tipo reflejen la realidad económica del transporte en Canarias. De lo contrario, se pone en riesgo la eficacia del sistema de compensaciones y, con ello, la competitividad de nuestras empresas y la cohesión del mercado canario”.

Fernández ha subrayado además que actualizar estos costes tendría impacto en la reducción de la cesta de la compra, uno de los principales problemas que afrontan hoy las familias canarias, y ha recordado que el Ejecutivo lleva años reclamando esta medida como herramienta para abaratar el precio de los productos básicos.

Con estas alegaciones, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso de defensa de los intereses del Archipiélago ante la Administración del Estado y de garantía de que las compensaciones al transporte cumplan su finalidad, equilibrar las condiciones de Canarias con las del resto del territorio nacional y europeo, contribuyendo también a aliviar el coste de la vida en las Islas.

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Medio centenar de jóvenes migrantes extutelados se integran al mercado laboral gracias al programa Urdimbre

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y el general manager de Meliá Hoteles, Lucas Torán, firman un acuerdo de colaboración que ha facilitado la contratación de un grupo de 42 jóvenes migrantes extutelados en Fuerteventura a través del programa ‘Urdimbre. Retos hacia el empleo’

Un grupo de 42 jóvenes menores migrantes extutelados por el Gobierno de Canarias han accedido al mercado laboral en Fuerteventura gracias al programa Urdimbre. Retos hacia el empleo impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la viceconsejería de Bienestar Social y la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

Estos datos fueron dados a conocer hoy en el marco de la firma del acuerdo de colaboración establecido entre la Viceconsejería de Bienestar Social y el grupo MHI (Meliá Hotels International), que ha permitido la contratación de casi medio centenar de jóvenes que desarrollan su trabajo en las áreas de cocina, sala, servicios de limpieza y mantenimiento en instalaciones del grupo hotelero ubicadas en la isla de Fuerteventura. Recientemente se han incorporado camareros de piso, que serán formados específicamente por la empresa. Todos los empleados cuentan, además, con alojamiento en los hoteles.

Según explicó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, “el objetivo del programa es apoyar y acompañar la transición a la vida adulta de menores migrantes sin referente familiar que han estado bajo la tutela del Gobierno canario promoviendo su formación y empleabilidad, para lo cual estamos firmando convenios de colaboración con diversos sectores empresariales canarios. Esto nos permite, no solo ofrecer una oportunidad de acceso al empleo a estas personas una vez cumplida su mayoría de edad, sino también contribuir a cubrir la demanda de mano de obra en sectores profesionales clave para nuestra economía como son el sector servicios y el turismo, ofreciendo a las empresas personas formadas y con la cualificación profesional adecuada”.

Por su parte, la consejera de Fomento del Empleo del Cabildo Insular de Fuerteventura, Nuria Cabrera, subrayó la relevancia de programas como Urdimbre. Retos hacia el empleo para la integración laboral de jóvenes extutelados. “Estas iniciativas permiten que las personas jóvenes puedan acceder a empleo estable, formarse y desarrollarse, fortaleciendo así nuestra comunidad y mostrando cómo la colaboración entre instituciones y empresas genera un impacto positivo”, señaló García.

“En Meliá creemos firmemente en el poder transformador del turismo como herramienta de cohesión social y este acuerdo con la Consejería para facilitar la integración laboral de jóvenes extutelados es una muestra de cómo el sector hotelero puede ser una plataforma real de inclusión y desarrollo sostenible. La reforma de Paradisus Fuerteventura es, para nosotros, un claro reflejo de nuestro compromiso con el turismo responsable, que no solo mejora la calidad de la experiencia turística, sino que contribuye activamente al bienestar y desarrollo de nuestro entorno local, generando empleo, formación y un impacto positivo duradero”, afirmó el general Manager de Hoteles Paradisus & Innside Fuerteventura, Lucas Torán.

A través de este acuerdo el grupo Meliá se compromete a fomentar la empleabilidad de las personas participantes en el programa Urdimbre. Retos hacia el empleo mediante la cobertura de vacantes en los alojamientos explotados por Meliá que se ajusten a las competencias y/o formación de las personas candidatas que formen parte del mismo.

El convenio rubricado con el grupo MHI se suma a los que el Ejecutivo canario, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social, está llevando a cabo con diferentes empresas y entidades con el fin de potenciar la formación profesional de personas menores migrantes y jóvenes extutelados de cara a fomentar su cualificación y promover su inclusión sociolaboral

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