La consejera explica que el protocolo, aprobado en junio del 2024 por la Dirección General de Función Pública, se ha aplicado sin incidencias y que el balance es positivo
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha explicado la política de su departamento para garantizar la participación de mujeres víctimas de violencia de género en los procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. “En junio de 2024 aprobamos un protocolo específico de actuación que se está aplicando y que está funcionando correctamente, proporcionando a estas mujeres un entorno seguro en el acceso al empleo público”, manifestó la consejera, que calificó el balance como “positivo”.
La Resolución 2294/2024 de la Dirección General de la Función Pública adopta un conjunto de medidas con la finalidad de proteger a las mujeres que participan en un proceso selectivo y ha puesto de manifiesto su situación de víctima de violencia de género.
Estas mujeres participan en los procesos selectivos bajo las mismas condiciones que el resto de las personas aspirantes, las mismas pruebas y con los mismos requisitos, pero con medidas de protección que eviten una exposición pública que pudiera constituir un riesgo para su persona.
“Es una decisión voluntaria y se puede activar en cualquier momento”, añadió Nieves Lady Barreto. La consejera explicó que la relación es directa con una única persona, que se denomina gestor confidencial, y que será su acompañante durante el proceso.
Para garantizar la confidencialidad, la Dirección General de la Función Pública ha habilitado un correo electrónico de uso confidencial para asesorar a las mujeres que se encuentren en esta situación de sus derechos y diseñará y aplica las medidas concretas que se adopten que deberán siempre contar con la conformidad previa de la mujer solicitante.
La consejera explicó que se valora la situación concreta para poder adoptar las medidas que garanticen su protección, tanto en relación con la publicidad de los actos que deben dictarse a lo largo del proceso selectivo, como en su caso, de ser necesario, para garantizar su seguridad durante la realización de las pruebas selectivas.
Este protocolo forma parte de las medidas que la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad viene adoptando en materia de igualdad, como la puesta en marcha del Plan de Igualdad de la Comunidad Autónoma.
El acceso al empleo público está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española y la Administración Pública debe establecer medidas reales y efectivas que garanticen el derecho a la participación de una mujer que, por ser víctima de violencia de género, se encuentra en una situación de especial dificultad personal.
Canarias cumple también con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que en el artículo 51 señala que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional.
Además, el Estatuto de Autonomía recoge el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, establece que los poderes públicos canarios garantizarán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito público y privado, y adoptarán medidas efectivas, así como políticas y acciones activas que proporcionen a las mujeres protección integral a las víctimas de la violencia machista. Para ello, los poderes públicos canarios promoverán cuantas políticas activas y medidas sean necesarias para garantizar el derecho de todas las personas al trabajo, garantizando el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad.
