Con este contrato, y la licitación previa del suministro de los dispositivos, de casi 23 millones de euros, se pretende atender a unas 20.000 personas una nueva atención domiciliaria mejorada

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno, ha autorizado el gasto de siete millones de euros para la contratación del servicio de teleasistencia para las personas en situación de dependencia hasta 2027. La contratación, que realizará la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a través de la Dirección General de Dependencia, se realizará por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación urgente, y el presupuesto de licitación de 7.000.000 euros.

Con esta contratación se financian el servicio, es decir, los medios necesarios para poner en uso en los hogares de las personas con dependencia los dispositivos domiciliarios GSM-IP, sensores avanzados y dispositivos móviles que se han licitado para su próxima adjudicación con fondos Next Generation por un importe de 22,7 millones de euros.

El servicio que contempla este procedimiento no solo consiste en ese proceso de distribución de los medios técnicos, sino que incluye la visita a los domicilios de las personas que necesiten la teleasistencia, valoración del tipo de medios necesarios para la atención específica individualizada, la colocación de los medios técnicos en las casas de las personas dependientes y la asistencia periódica y coordinada que requiere este tipo de atención domiciliaria. Este avance en la teleasistencia supondrá multiplicar por cinco el número de personas que disfrutarán de medios avanzados para su cuidado en el domicilio particular, lo que supondrá llegar aproximadamente a 20.000 dependientes.

El incremento en el número actual de personas que disponen ahora mismo de servicios de teleasistencia favorecerá acrecentar su calidad de vida en un estadio de dependencia precoz, así como la mejora en la atención diaria y la puesta a disposición de recursos asistenciales y de seguridad dentro del hogar que ofrezcan un servicio más seguro y eficiente.

Esta contratación forma parte de plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión, y del plan de apoyos y cuidados de larga duración a través de la desinstitucionalización, una estrategia que se está llevando a cabo por mandato europeo en pos de favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su entorno. Esto implicaría reducir la necesidad de plazas residenciales, con una atención temprana, que evitara la necesidad de internamiento de las personas dependientes.

Esta mejora de los medios técnicos ofrece una serie de beneficios clave:

• Monitoreo continuo: Los dispositivos permiten el seguimiento constante del estado y ubicación de la persona, gracias a sistemas de localización GPS y conexión a redes móviles, lo que posibilita una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencia.
• Prevención de situaciones de riesgo: Mediante sensores de movimiento, los dispositivos pueden alertar automáticamente al centro de monitoreo o a los contactos designados, incluso si la persona no puede solicitar ayuda por sí misma.
• Mayor tranquilidad para los familiares: Las cuidadoras, cuidadores y familiares pueden monitorear de manera remota el bienestar de la persona dependiente, lo que reduce la preocupación y el estrés relacionado con el cuidado continuo.
• Mejora de la autonomía personal: Las personas mayores o dependientes pueden mantener una mayor independencia, sabiendo que tienen acceso inmediato a asistencia en caso de necesidad, lo que les permite continuar con su vida diaria sin sacrificar su seguridad.

De esta manera, se facilita una cobertura más accesible, rápida y eficiente, contribuyendo al despliegue de un sistema de apoyo a la autonomía personal que responda de forma moderna a las necesidades de los usuarios de forma personalizada y adaptada a sus condiciones específicas. Así, se asegura que la población mayor y en situación de dependencia en Canarias acceda a un servicio integral que fomente su bienestar y seguridad dentro del marco de los servicios públicos.

El Gobierno autoriza la concesión de ayudas directas a las entidades Banco de Alimentos, Obra Social e IMAS para financiar programas dirigidos a dar respuesta a necesidades de urgencia social y alimentaria

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno, ha autorizado la concesión de subvenciones directas por razones de interés público y social provenientes de los fondos estatales de lucha contra la pobreza y apoyo a las prestaciones básicas de servicios sociales, por un importe total que asciende a 1.250.000 euros.

En concreto, se autoriza conceder subvenciones de forma directa, con cargo a los fondos estatales para el programa de lucha contra la pobreza y apoyo a las prestaciones básicas de servicios sociales, a los programas ‘Cesta básica de alimentación e higiene’, gestionado por el Banco de Alimentos de Las Palmas; ‘Por una mesa repleta de nutrientes’ impulsado por el Banco de Alimentos de Tenerife y ‘Apoyo al plan general de intervención con personas desfavorecidas’, gestionado por la Obra Social de Acogida y Desarrollo, todos ellos dotados con una ayuda de 350.000 euros por programa, a lo que hay que sumar la ayuda al programa ‘Comedor Social de Santa Cruz de Tenerife’, gestionado por el Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife (IMAS), con una partida de 200.000 euros.

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, como órgano departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en la ejecución de las directrices generales emanadas del Gobierno en materia de atención a personas en situación de riesgo, pobreza y exclusión social, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, ha tramitado el expediente para la autorización y posterior concesión de estas subvenciones directas destinadas a la financiación de actuaciones del Programa de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales.

Las actividades para las que se solicitan las subvenciones revisten un claro interés público y social, ya que buscan dar respuesta a las necesidades de urgencia social y alimentaria que se detectan en las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, por lo que se pretende ayudar a paliar y atender a través de estos programas las necesidades básicas de estas familias, así como prevenir situaciones de extrema necesidad.

El nuevo decreto actualiza la dotación de medios defensivos y armamento contemplado en una norma de 2010

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que modifica el reglamento de organización y funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria, contemplado en el Decreto 77/2010, de 8 de julio, tras recibir el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias. El presente decreto actualiza la dotación de medios defensivos y armamento de los agentes y atribuye determinadas competencias sancionadoras sobre el personal del Cuerpo General de la Policía Canaria a la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, una vez creada, por eficacia y para aligerar carga administrativa.

El Cuerpo General de la Policía Canaria se sitúa así al mismo nivel que el resto de policías autonómicas, como Fuerza y Cuerpo de Seguridad con competencias plenas en la protección de personas y bienes, en los términos del artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, avalado por el artículo 148, apartados 1 y 2, de la reciente Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

En este sentido, el decreto se centra en el artículo 21 del reglamento sobre composición del equipo básico y de intervención, completando el material homologado especializado y adaptado a las necesidades actuales, para mejorar de la capacidad de disuasión y respuesta, así como la seguridad del personal, incrementando la eficacia operativa en la protección de la ciudadanía en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La actualización del reglamento se justifica en el crecimiento del Cuerpo General de la Policía Canaria, tanto en personal como en el desarrollo de sus funciones, que requiere dotarse de otros medios defensivos y armamentos no previstos inicialmente en el decreto de hace 15 años. El desarrollo de la policía autonómica como Fuerza y Cuerpo de Seguridad, con competencias plenas en la protección de personas y bienes, supone que tal Cuerpo de policía autonómica ha alcanzado un nivel similar al del resto de cuerpos policiales y, en particular, del resto de policías autonómicas.

El Consejo recibe el informe de resultados elaborado por la Consejería de Presidencia

El Gobierno ha constatado el adecuado desarrollo de los proyectos del Plan Estratégico del Gobierno de Canarias para el período 2024-2027 en su primer año de aplicación, tanto en lo que se refiere a los planes departamentales (PED) como en los operativos (POA). El informe de resultados del 2024 ha sido coordinado por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

En la evaluación se ha comprobado que la totalidad de los departamentos han formulado su misión, visión, valores, objetivos estratégicos y objetivos específicos, con un porcentaje de adecuación de lo formulado del 99%. Además, todos los objetivos de Gobierno tienen su reflejo en los objetivos estratégicos definidos en los PED, siendo el objetivo de Gobierno con mayor presencia es el número 9 que corresponde a Administración Pública. Por otra parte, no existen duplicidades o incoherencia entre los PED y los planes y programas anuales y plurianuales, generales o sectoriales, departamentales o interdepartamentales y todos los PED están alineados y son coherentes con lo establecido en el Estatuto de Autonomía.

Sobre la situación de los Planes Operativos Anuales (POA), se han formulado un total de 796 proyectos para el periodo 2024, donde el 82% se encuentran reflejados en resoluciones emitidas por sus respectivos centros directivos, donde el 52% fueron resoluciones aprobadas válidamente. También se recoge que de la totalidad de centros directivos (139) más de la mitad han formulado, al menos, un proyecto, de los cuales el 64% han sido aprobados válidamente, entre otros aspectos recogidos en el informe.

El objetivo final del presente documento es el de proporcionar una herramienta útil que permita identificar áreas de oportunidad y promover la mejora continua y que sirva como base para un diálogo constructivo y para implementar acciones que contribuyan al éxito de la planificación estratégica.

Este seguimiento, que se realiza en esta fase, va dirigido fundamentalmente a comprobar que los planes y proyectos que se ejecutan permitan realmente alcanzar los objetivos estratégicos del Gobierno, sin que ningún objetivo quede descubierto sin acciones que permitan conseguirlo

El Gobierno aprueba la autorización del gasto para incorporar trece profesionales de trabajo social que realizarán su labor con menores con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos

El Consejo de Gobierno ha declarado el carácter excepcional de la situación de la atención temprana en Canarias y la necesidad de incorporar profesionales de trabajo social para dar respuesta urgente al Plan Integral de Atención Temprana de Canarias.

La citada declaración permitirá la contratación de trece profesionales de trabajo social, que serán contratados como personal funcionario interino en el marco de un contrato programa de carácter temporal en la Dirección General de Discapacidad, durante un periodo de cuatro años. Para ello, se destinará una partida económica global de 2.705.489,50 euros.

La contratación de estos nuevos efectivos tiene como objetivo dar respuesta coyuntural, urgente e integral al Plan Integral de Atención Temprana en colaboración con el Servicio Canario de la Salud y la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. El nuevo personal desarrollará su labor en las unidades de Actuación Temprana de hospitales, centros de salud y centros asistenciales.

La puesta en marcha de este contrato programa tiene como objetivo dar cobertura al conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, con el fin de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y las niñas con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del menor, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar.

El Gobierno de Canarias ha autorizado a sus servicios jurídicos esta intervención tras conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Madrid

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo de Gobierno, ha autorizado a petición de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la intervención de la Comunidad Autónoma de Canarias como coadyuvante del Gobierno del Estado en la defensa de la constitucionalidad del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo de medidas urgentes.

Esta medida se adopta tras tener conocimiento de que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comunidad de Madrid, contra el Real Decreto Ley por el que se aprobaron las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Consejo de Gobierno manifiesta en este acuerdo que el recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto es “una traba a la solidaridad territorial y a la adecuación de la respuesta de todas las comunidades autónomas” ante el fenómeno migratorio que se está viviendo en las islas.

Tal y como recoge la propuesta de acuerdo, el Gobierno de Canarias considera necesaria la defensa en este recurso de inconstitucional de los intereses que pudieran verse afectados en el ámbito de sus competencias, y muestra su decisión a intervenir voluntariamente “como coadyuvante del Gobierno de la Nación en la defensa de la constitucionalidad de la norma legal estatal”.

El acuerdo justifica que se trata de una excepción al régimen general de no intervención de terceros en el proceso constitucional como “intervención adhesiva de las comunidades autónomas en los casos en que el proceso de inconstitucionalidad tuviera una naturaleza competencial o afectase al ámbito de competencias de aquella comunidad” (ATC n.º 172/1995).

En este sentido se manifiesta que “el interés competencial de Canarias en materia de protección de menores se ve afectado por un fenómeno supra autonómico, que es la contingencia migratoria extraordinaria en materia de menores migrantes no acompañados que impide a la Comunidad Autónoma de Canarias proporcionar la adecuada atención a estos menores que se encuentran en situación de hacinamiento, lo que es un hecho notorio y conocido, debido a que hasta la fecha el Estado no ha ejercido su posición constitucional de garante de la efectividad del principio de solidaridad territorial”.

La Dirección General de Trabajo reforzará con siete letrados y diez auxiliares administrativos el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación

En Canarias se incoan 22.000 procedimientos anuales gestionados actualmente por solo tres personas

El Consejo de Gobierno, en su reunión semanal de esta mañana, ha acordado, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, poner en funcionamiento un programa cuyo objetivo es aliviar el atasco de los 3.274 expedientes de conciliación laboral de años anteriores que se encuentran a la espera de resolución, además de agilizar la tramitación de los nuevos procedimientos. Una medida necesaria teniendo en cuenta que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Semac) lleva más de una década soportando un colapso por falta de personal debido a traslados y jubilaciones.

En Canarias se incoa una media anual de 22.000 expedientes, aproximadamente, lo que supone ochenta y ocho procedimientos diarios que están siendo gestionados actualmente por solo tres personas.

Con la activación de este plan de choque, que se prolongará durante tres años, se complementará y reforzará la plantilla con nuevo personal interino, en concreto, siete letrados, que se distribuirán de la siguiente forma: tres efectivos en Las Palmas de Gran Canaria y cuatro en Santa Cruz de Tenerife. Además, se incorporará personal administrativo, porque el Semac carece de este perfil de empleado. En total se contratarán diez auxiliares.

El programa, que contará con un presupuesto de 1,9 millones de euros, tiene como finalidad mejorar la calidad de la prestación de los servicios y contribuir al ejercicio de los derechos laborales, garantizando una eficaz respuesta y una adecuada gestión de los expedientes de conciliación laboral en la comunidad autónoma, implementando un sistema que garantice la eficiencia en la resolución de conflictos laborales y dinamizando su tramitación, permitiendo, en definitiva, que las personas trabajadoras y empleadoras vean asegurados sus derechos.

Esta nueva sección tendrá una vigencia inicial de tres años y un coste de personal autorizado para su implementación de 4.154.811 euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el refuerzo de los distintos servicios de la Dirección General de Función Pública con la creación de la Unidad Administrativa Temporal que tiene como fin favorecer la normalización de los procesos, vinculado a las medidas de eficacia y de eficiencia que se implementen para la transformación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Unidad Administrativa Temporal tendrá una vigencia inicial de tres años, por el período comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2028, que puede prorrogarse si fuera preciso para culminar los objetivos o acuerde la extinción anticipada de la misma si los fines para los que fue constituida estuviesen cumplidos.

El coste de personal autorizado para su implementación asciende a la cantidad de 4.154.811 euros, distribuido en cuatro periodos. En 2025, del 1 de junio al 31 de diciembre, tendrá un coste de 759.844 euros. Tanto en 2026 como en 2027 el coste ascenderá a 1.384.937 euros, mientras que para 2028, del 1 de enero al 31 de mayo, se estima un gasto de 652.092 euros.

Los puestos de trabajo de la Unidad Administrativa Temporal tendrán naturaleza coyuntural, no siendo incorporados de forma permanente en la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de su incorporación en el Sistema de Información de Recursos Humanos correspondiente. Estos podrán ser provistos de forma temporal por cualquiera de los sistemas de provisión de tal naturaleza, incluida la reasignación temporal de efectivos y la adscripción provisional, así como mediante los sistemas de provisión definitiva de libre designación o por concurso.

A través de esta Unidad se refuerza el centro directivo con perfiles profesionales informáticos que impulsen una amplia lista de necesidades de desarrollo informático para una respuesta más ágil, eficaz y eficiente de los procesos de gestión reduciendo las tareas mecánicas, así como perfiles profesionales del Cuerpo Superior de Administración, Escala de Administración General y el del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General, a fin de poder impulsar los procesos de ordenación de los recursos humanos y de asesoramiento y gestión jurídica de las competencias.

Incremento de la actividad

La Dirección General de Función Pública ha tenido que ejecutar la Oferta de Empleo Público de Administración General del año 2018, la del año 2019, así como convocar los procesos selectivos derivados de la Oferta del año 2020 y 2021 a fin de evitar su caducidad, lo que supone un total de 189 convocatorias y en las que está implicada la adjudicación definitiva de más de 3.000 plazas. Esto ha supuesto una intensa y sobredimensionada actividad para la Dirección General, simultaneando en el tiempo más de 200 procesos selectivos y estando a su vez pendiente, en la actualidad, la ejecución de la Oferta de Empleo Público de 2022 y de los años siguientes.

En particular, las Ofertas de Empleo Público de los años 2020 y 2021 han supuesto la gestión de más de 21.000 solicitudes para la adjudicación de 900 plazas de personal funcionario de carrera, a lo que se unen más de 3.000 plazas en proceso de estabilización.

Además, también ha dirigido sus esfuerzos en dar respuesta cumplida a las necesidades urgentes y extraordinarias de personal funcionario interino para el conjunto de la Administración General, dado que este centro directivo tiene encomendada la gestión de la totalidad de las listas de empleo de la Administración General para efectuar los llamamientos y nombramientos de todo el personal funcionario interino.

Esta Dirección General tiene también que hacer frente a los cambios organizativos de la Administración, a la aplicación de nueva normativa reguladora del empleo público y a la jurisprudencia que ha ido recayendo en la materia, lo que se traduce en la necesidad de intensificar su labor de planificación y ordenación de los recursos humanos y de desarrollo de los aplicativos informáticos de información de recursos humanos ante una Administración más nutrida de competencias.

Por otro lado, el Gobierno también está impulsado la aprobación, por primera vez, de determinados instrumentos de planificación en materia de empleo público como son el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales, los Planes de Igualdad de la Administración y la actualización de los protocolos en materia de acoso laboral y de protección de mujeres víctimas de violencia de género en el empleo público.

El gasto plurianual aprobado, relativo al Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA), se destinará a la convocatoria de subvenciones para las anualidades 2025 y 2026 que fomenten las actividades sostenibles de transformación y comercialización de productos en el sector, contribuyendo a la seguridad alimentaria en la UE

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, miércoles 21 de mayo, un gasto plurianual de 4.699.000 euros por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria para la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a inversiones en el ámbito de la transformación y comercialización de productos de pesca y acuicultura, enmarcadas en el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

Esta cuantía se desglosa en 2,29 millones de euros para 2025 y 2,4 millones de euros para 2026 con el objetivo fomentar, según recoge el Reglamento (UE) N.º 2021/1139 del FEMPA, las actividades sostenibles que contribuyan al la seguridad alimentaria en la UE, tanto en el sector de la acuicultura, como en la transformación y comercialización de productos de la pesca.

En atención a la normativa que regula estas intervenciones, publicada en la Orden 11 de marzo de 2025 por la que se aprobaron las bases reguladoras de concesión de las subvenciones de la Prioridad 2 del (FEMPA), se consideran subvencionables las inversiones que tengan por objeto promover la comercialización, la calidad y el valor añadido de los productos de la pesca, entre ellos los gastos indirectos que sean necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y ejecución del proyecto, como arrendamiento de edificios, coste de suministro, salarios o auditorías, entre otros.

Entre estas acciones se incluyen todas aquellas que den lugar a nuevos o mejores productos y procesos, o a sistemas de gestión y organización perfeccionados en materia de transformación, conservación y comercialización, así como las que fomenten la adaptación de los operadores a los requisitos de cumplimiento de normativa o certificaciones comunitarias.

En este sentido se consideran subvencionables las actuaciones que aumenten la eficiencia energética, reduzcan el impacto en el medio ambiente o mejoren la movilidad sostenible de la distribución de productos de la pesca; mejoren la seguridad, higiene y salud laboral; y favorezcan la economía circular mediante la prevención, la optimización de los procesos, la minimización de los residuos, el aprovechamiento comercial de las capturas no deseadas y subproductos, el uso de descartes para el desarrollo de subproductos, la transformación de capturas de pescado comercial que no puedan destinarse al consumo humano y la transformación de subproductos obtenidos de las actividades principales de transformación.

Además de estas intervenciones, en el ámbito de la creación de empresas del sector de la acuicultura serán gastos subvencionables las inversiones productivas, innovadoras o de modernización en los centros acuícolas que reduzcan su impacto ambiental, así como las inversiones en digitalización, optimización, mejora de las condiciones de trabajo y seguridad de los trabajadores o diversificación mediante actividades complementarias, entre ellas el acuiturismo o las acciones tendentes al desarrollo de valores socioculturales, educativos y de recuperación de lugares emblemáticos y de valor cultural, como casas salineras, molinos de mareas.

En el apartado de mejora de infraestructuras se contempla, asimismo, la adquisición o modernización de los barcos auxiliares para la explotación acuícola, siempre que no se utilicen para el aprovechamiento de recursos marinos salvajes, además de otras inversiones en infraestructuras asociadas a la instalación en espacios portuarios.

Como principal instrumento comunitario de apoyo al sector, el Programa Operativo de España para el FEMPA en el periodo 2021-2027, establece una serie de objetivos clave en el ámbito de la pesca y el medio marino, donde prioriza el mantenimiento de una actividad productora mediante la gestión sostenible y la conservación de los ecosistemas marinos.

Asimismo recoge el fomento de producción acuícola competitiva, integrada en el territorio y eficaz por medio el uso racional de los recursos, al tiempo que impulsa el desarrollo de economía azul con el objetivo de modernizar, dinamizar y actualizar toda la cadena comercial, desde la producción al consumidor final. Todo ello, a través del fortalecimiento de laa estrategia de Desarrollo Local Participativo que involucre activamente a los Grupos de Acción Local (GAL) para impulsar las comunidades pesqueras y acuícolas en cada territorio.

La contratación se realizará por un período de veinticuatro meses y abarcará a la totalidad de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios y la Dirección de Área de Salud

El Consejo de Gobierno autorizó este miércoles, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la realización de un gasto plurianual por importe de 8.656.458,59 euros para la contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma y de la Dirección de Área de Salud y sus exteriores.

La contratación se realizará en tres lotes, que comprenden las instalaciones y zonas exteriores del Hospital Universitario de La Palma, del Centro de Atención Especializada de Los Llanos de Aridane y del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Los Sauces (Lote 1); los centros de salud y la sede de la dirección de Atención Primaria (Lote 2) y la Dirección de Área de Salud de La Palma (Lote 3).

El contrato resultante de la licitación del servicio tendrá una duración de veinticuatro meses, entre las anualidades de 2025 a 2027, prorrogables por otros dos años.

El servicio de limpieza garantiza la higienización de las instalaciones sanitarias que utilizan diariamente centenares de usuarios, así como evita y minimiza la transmisión de agentes infecciosos.

Estas tareas deben adaptarse al desarrollo de la actividad asistencial y administrativa, motivos por los que precisa el empleo de procedimientos y programaciones específicas.