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Yaiza Castilla reúne a los representantes turísticos de los cabildos para debatir sobre los retos del sector

Castilla hizo hincapié en “trabajar de la mano con los siete cabildos para afianzar la marca del destino Canarias con las especificidades de las ocho islas”.

La consejera de Turismo, Industria y Comercio ha adelantado que “se va a satisfacer una demanda histórica, con la representación de cada uno de los cabildos en el Consejo de Administración de Promotur S.A”

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, convocó este martes, día 3 de septiembre, a los representantes del sector turístico de los siete cabildos insulares con el objetivo de “conocer de primera mano las demandas de cada isla y debatir sobre los diferentes retos a los que se enfrenta el sector turístico en el Archipiélago para afrontarlos de manera conjunta y cohesionada”.

La consejera estuvo acompañada por el viceconsejero de Turismo, Sergio Moreno; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro y el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas, equipo que le acompañó con el objetivo de repasar el estado de proyectos relacionados con infraestructuras turísticas, así como la programación de iniciativas vinculadas a la calidad y a la promoción turística, entre otras.

Castilla hizo hincapié en “trabajar de la mano con los siete cabildos para afianzar la marca del destino Canarias con las especificidades de las ocho islas”.
Castilla hizo hincapié en “trabajar de la mano con los siete cabildos para afianzar la marca del destino Canarias con las especificidades de las ocho islas”.

Castilla hizo hincapié en “trabajar de la mano con los siete cabildos para afianzar la marca del destino Canarias con las especificidades de las ocho islas”. Del mismo modo, adelantó que “aunque se precisa la modificación de los estatutos, se va a satisfacer una demanda histórica, con la incorporación de cada uno de los cabildos en el Consejo de Administración de Promotur S.A”.

El encuentro tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife (Múltiples I, 8 planta) y al mismo asistieron  el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín; la consejera de Turismo del Cabildo de La Gomera, María Isabel Méndez; el consejero de Turismo de La Palma, Raúl Camacho; la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, Lucía Fuentes; el gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, Moisés Jorge Naranjo; el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina y la técnico en Turismo, Lorena Miranda. Por videoconferencia el consejero de Turismo de la Corporación Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez.

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El SCE destina 6 millones de euros a proyectos que generen empleo para personas jóvenes con escasa formación

La convocatoria, dirigida a los cabildos insulares y sus entidades dependientes, combina la contratación de trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo con la incorporación de planes de formación para mejorar la empleabilidad.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige Carolina Darias, destinará 6 millones de euros a la concesión de subvenciones plurianuales (2019-2020) para que los cabildos insulares desarrollen proyectos generadores de empleo dirigidos principalmente a personas jóvenes con escasa formación.

Así consta en la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), en la que se incluye un plazo de 15 días, contando a partir del martes, 20 de agosto, para que las corporaciones locales presenten sus propuestas, en las que se debe combinar la contratación de trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo con la incorporación de planes de formación que mejoren la empleabilidad de los participantes.

En concreto, los proyectos subvencionados estarán dirigidos a las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantías Juvenil (SNGJ) que tengan escasa formación, a los que se facilitará la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o la adquisición de nuevas competencias para el acceso a certificados de profesionalidad.

La consejera, Carolina Darias, destaca la necesidad de este tipo de iniciativas “que combinan empleo y formación” para “contribuir a la formación y cualificación profesional de las personas jóvenes, así como promover la reducción del desempleo juvenil”. “La gente joven precisa contar con el impulso del Gobierno de Canarias para ayudarles a recuperar las oportunidades que perdieron durante la crisis económica y a incorporarse al mercado laboral”, añade.

Los proyectos deberán destinar un 40% de la jornada a formación, mientras que el 60% restante se dedicará a la adquisición de experiencia laboral mediante el desarrollo de trabajos de obras y servicios de interés general y social competencia de los cabildos, como pueden ser los de utilidad colectiva; de ocio, cultura y turismo; de promoción del medio ambiente; de recuperación del patrimonio histórico y, en general, de los servicios derivados de la Ley de dependencia. Estos trabajos serán retribuidos y tendrán una duración máxima de 7,5 meses, debiendo finalizar no más tarde del 30 de junio de 2020.

La convocatoria está enmarcada en el Programa Operativo de Empleo Juvenil, gestionado entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objeto de mejorar el nivel educativo, la empleabilidad y la situación laboral de las personas mayores de 16 años y menores de 25 no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación y formación, así como conseguir reducir el desempleo juvenil.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días a partir del 21 de agosto, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Las entidades interesadas en la obtención de las subvenciones pueden presentar la solicitud en el sitio web del Servicio Canario de Empleo, en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, así como en la sede electrónica del SCE.

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El Ejecutivo discute los datos del último dictamen del Observatorio de Dependencia

La directora general de Discapacidad y Dependencia, Eulalia García Silva, asegura que es fácilmente comprobable que “soslayan datos sin los cuales no es posible realizar una evaluación objetiva, como la colaboración y financiación a los cabildos”

La directora general de Discapacidad y Dependencia de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Eulalia García Silva, ha asegurado hoy que los datos que se aportan en el XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales obvían datos fundamentales para valorar la gestión de la dependencia en Canarias. Aunque según el informe, Canarias ha conseguido aumentar las personas atendidas un 11,44% con respecto a 2017, superando ya la cifra de 21.000 dependientes atendidos, y que hemos reducido la tasa de personas en el limbo en un 84% desde 2016.

“Cuando el informe afirma que “El coste total del Sistema de Dependencia en Canarias es de 177 millones de euros, de los cuales la comunidad aporta 118 millones y solo el 20% restante lo hace el Estado” no sabemos muy bien a qué se refieren”, asegura García Silva. “Sólo en los convenios con los cabildos, el año pasado el Gobierno de Canarias aportó 104 millones de euros; más la financiación de los propios cabildos, ya hacen unos 160 millones, más 30 millones en prestaciones de financiación propia, excluyendo la aportación del Estado, son 190 millones de euros, a los que habría que añadir el importe que se da vía subvención a las entidades que trabajan con dependientes y personas con discapacidad, que son otro tipo de servicios. Y aquí no incluimos el copago. Además, sólo en 2018 se invirtieron más de 22 millones de euros en la aportación plurianual para la construcción de las 5.500 plazas que contemplan los convenios con los cabildos del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias”, remata la directora.

“Estos son errores muy graves detectados a vuelapluma, esperamos poder analizar el informe más detalladamente para demostrar, con datos, que no puede ser fiable un informe que sólo refleja lo que le interesa reflejar, dejando fuera importantísimas aportaciones y mejoras de datos que soslayan”, afirma la directora general.

“Partimos de una base de carencia estructural general, los recortes del Estado afectaron enormemente al sistema, que ha empezado a crecer desde 2016. Los 75 millones de recortes del Estado acumulados desde 2012 podrían haber solventado la diferencia entre comunidades autónomas” explica Eulalia García, quien puntualiza a su vez que “Sólo en 2018 dejamos de recibir 10,9 millones de euros del Estado con los que se podrían haber atendido a 1.711 dependientes más, según señala el propio informe”.

Por otro lado, resulta curioso que hablen de descoordinación entre las administraciones, porque nosotros tenemos unos convenios que demuestran lo contrario con los cabildos, y los niveles de implicación de todas ellas, especialmente los ayuntamientos, pueden mejorar gracias al nuevo texto que se negocia en una mesa de trabajo para la redacción que mejore y agilice la atención. “Los directores y gerentes de Servicios Sociales de la asociación parecen no entender el sistema administrativo del Archipiélago”, afirma García Silva.

Como curiosidad sobre la interpretación informativa del informe, cabe destacar que también se olvidan de datos tan importantes como que el sistema generó 55,9 millones de euros provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF etc. Son casi 12 millones más de lo generado en 2016 y es una tasa de recuperación del gasto público del 37,79%

El  XIX dictamen del observatorio señala asimismo crecimientos notables en atención: 11,4% más; un incremento de servicios en un 10,69% entre 2017 y 2018 y que Canarias creció un 11,54% en atendidos con cuidados.

El gasto público anual promedio por dependiente atendido en Canarias está muy cerca de la media según el propio informe, 6.341€ frente a los 6.580 del anual nacional, no cabe que se fijen en otros parámetros para denostar una gestión que a todas luces ha ido mejorando y tomando impulso.

Se financian más de 420 mil horas para la atención especializada en domicilio y promoción de la autonomía; además de la parte correspondiente del año de la inversión de más de 260 millones de euros para el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que dotará a Canarias de más de 5.500 plazas.

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