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La Consejería de Justicia y los sindicatos llegan a un acuerdo para estabilizar casi 100 empleados públicos

Imagen de un órgano judicial de Canarias

Julio Pérez señala que esta actuación da respuesta a las necesidades de servicio público, se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales y se muestra la voluntad del Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y las organizaciones sindicales representativas del sector han acordado la estabilización y ampliación de la plantilla de los órganos judiciales, fiscales e Institutos de Medicina Legal (IML) de Canarias. Así, en las dos provincias se estabilizan 86 plazas, 54 de ellas en la de Las Palmas y 32 en la de Santa Cruz de Tenerife, y se amplían otras 16, ocho por cada una de las provincias, con lo que se completa la plantilla de todos los órganos judiciales de Canarias.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca que con esta actuación se produce la primera estabilización de funcionarios y funcionarias en sus puestos de trabajo en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, con lo que se da respuesta a las necesidades de servicio Público y se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales de las Islas. En virtud de este acuerdo, plazas que eran de refuerzo y temporales pasan a integrarse en la plantilla orgánica de los juzgados, pudiendo acceder a ellas personal de carrera mediante concurso de oposiciones.

Pérez recuerda que la última estabilización de la plantilla de justicia en Canarias se produjo en 2008, y remarca que este acuerdo muestra la voluntad del actual Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad con respeto a la legalidad.

El consejero destaca asimismo el aumento en las dos provincias de 16 empleados y empleadas públicas y explica que dicha ampliación supondrá un gasto anual de 543.098,76 euros.

Plazas por provincias

Además de los 54 puestos de trabajo estabilizados en Las Palmas, en esta provincia se han ampliado en ocho plazas para que todos los juzgados queden con la misma plantilla. Las ampliaciones corresponden a un auxilio judicial por cada juzgado de primera instancia, desde el número 12 al 16, de Las Palmas de Gran Canaria, y tres gestores procesales; uno en el juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Las Palmas, otro en el juzgado de lo mercantil número 2 de Las Palmas y otro en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se estabilizan 32 plazas y se amplían ocho. Del total del incremento de plazas, cuatro son de auxilio judicial: uno en el Juzgado de primera instancia número 9 y otro en el número 10 de santa Cruz de Tenerife, uno en el juzgado mixto de San Sebastián de la Gomera (La Gomera) y uno en el juzgado mixto número 1 de Los Llanos de Aridane (La Palma). Se amplía también un tramitador procesal en San Sebastián de La Gomera, dos tramitadores procesales en Arona y un gestor procesal en el juzgado de instrucción número 4 de Arona.

El incremento de plantilla en San Sebastián de La Gomera da respuesta a una reivindicación planteada desde hace más de una década tanto por las y los trabajadores del juzgado como por los vecinos del partido judicial.

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Justicia despliega la nueva versión del Sistema de Gestión Judicial Atlante web

Sede judicial de Santa Cruz de Tenerife

El nuevo sistema aporta funcionalidades de inteligencia artificial como la textualización de los juicios y las declaraciones en los juzgados de instrucción

Los jueces, fiscales y letrados de los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria cuentan, desde este 17 de septiembre, con la nueva versión web de Atlante, el sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia de Canarias que desde el pasado mes de julio está implantando la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez.

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la implantación de Atlante web permitirá reformular la propia forma en que se presta el servicio de justicia al ciudadano, basándolo en una justicia orientada a las personas, centrada en sus necesidades y dirigida a resolver los problemas de justicia que les preocupan; mejorando el acceso a la justicia de todas las personas y con la finalidad de alcanzar una justicia para todos.

Tras la implantación de la nueva versión en los dos órganos judiciales capitalinos se espera que, a lo largo de la próxima semana, los jueces, fiscales y letrados de los demás órganos del Archipiélago cuenten con ella. En cuanto al resto de funcionarios de Justicia, está planificado que lo tengan a su disposición para el próximo mes de octubre.

La sustitución de la herramienta de gestión judicial se realiza a través de un proceso que ha sido diseñado para que los cambios de sistema no afecten al trabajo diario, con lo que se economiza tiempo e inversión, reforzando el acompañamiento presencial con herramientas de formación on line y mejorando las acciones formativas dirigidas a los jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia y a los Cuerpos de gestión y tramitación procesal y de auxilio judicial.

Bonnet recalca que Atlante web es una solución de Gestión Judicial que integra los elementos sobre los que se orquestan los principales retos que la sociedad demanda de la justicia, es decir, una justicia digital que permita alcanzar el objetivo de papel cero e implementar el Expediente Judicial Electrónico, que facilite el desplegar nuevos servicios digitales a través de la sede judicial que mejoren la relación entre funcionarios, profesionales y ciudadanos, además de una justicia abierta e innovadora que incorpore en el nuevo sistema tecnologías de inteligencia artificial, robotización de acciones y aprendizaje automático, de forma que permita asistir a los funcionarios de justicia a la hora de tomar una decisión o realizar una tarea, reduciendo el tiempo de tramitación de los procedimientos.

Esta versión de Atlante web, que tiene un nuevo diseño basado en la experiencia de usuario orientada a su productividad y confortabilidad, permite el acceso remoto al sistema incluyendo los mecanismos necesarios en materia de seguridad, como la firma electrónica individual y colegiada, que facilita el teletrabajo de jueces, magistrados, secretarios judiciales y fiscales.

También incorpora un Visor del Expediente Judicial Electrónico a través del cual el usuario obtiene la textualización de cualquier actuación judicial que forme parte del expediente, identificando su contenido clave de forma automática y accediendo a él de manera ágil.

Así mismo, incluye nuevas funcionalidades de ayuda a funcionarios en la tramitación de los procesos, automatizando ciertas actuaciones y aportando hallazgos que ahorren tiempo en la tramitación de las causas judiciales masivas, como los procesos monitorios, además de facilitar la tramitación de los procedimientos judiciales y la toma de decisiones, teniendo en cuenta las peculiaridades del trabajo según los perfiles de los usuarios.

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Pérez repasa con el ministro y los consejeros de Justicia las medidas para la reanudación de la actividad judicial

Julio Pérez y Marta Bonnet durante la Comisión de Coordinación de Justicia

Se pretende impulsar la celebración de actuaciones judiciales de forma telemática, salvo en los casos penales en que se exija legalmente la actuación presencial

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunió hoy de forma telemática con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la Comisión de Coordinación de Justicia que convoca y preside el ministro, junto con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de Justicia. El objetivo fue repasar las líneas maestras del decreto ley que presentará el Ministerio a fin de adoptar las medidas urgentes que permitan atender la situación creada por el Covid-19.

En el encuentro también participaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la fiscal Esmeralda Rasillo en representación de la Fiscalía General del Estado, y tres representantes del Consejo General del Poder Judicial.

Campo explicó a los consejeros que se trata de medidas excepcionales cuya vigencia se mantendrá mientras subsistía el estado de alarma, y durante los tres meses posteriores. Son medidas generales de agilización procesal tales como la habilitación de parte del mes de agosto para realizar actuaciones procesales, medidas específicas en materia concursal y de procedimiento social.

También incluirán actuaciones en el ámbito organizativo y tecnológico con el fin de simplificar y facilitar la tramitación de los procesos, controlar y evitar la concentración de personas en un mismo espacio, facilitar la movilidad y flexibilizar los horarios de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, así como permitir la celebración de actuaciones procesales telemáticas y garantizar una rápida reactivación de la Administración de Justicia.

Al mismo tiempo, explicó el ministro, se diseñará un Esquema de Seguridad Laboral que unificará los criterios y actuaciones que garanticen la salud y seguridad en el trabajo de todos los profesionales bajo un marco común que esté validado por las autoridades sanitarias.

En su intervención, Julio Pérez confirmó la oportunidad y acierto de las medidas urgentes que se avanzaron, que incluyen algunas propuestas por Canarias, lo que permitirá mantener la prestación del servicio público de Justicia y preservar la seguridad de usuarios y profesionales.

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El Gobierno quiere “ir más de prisa” en la construcción de un nuevo edificio judicial en Puerto del Rosario

Julio Pérez en el Parlamento de Canarias el 24 de septiembre de 2019

El 15 de julio de este año se contrató la redacción del proyecto de ejecución de las obras del nuevo edificio de juzgados de Puerto del Rosario, que deberá estregarse en mayo del próximo año

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer en sede parlamentaria que prevé que las obras de la futura sede judicial de Puerto del Rosario estén concluidas entre finales de 2023 y principios de 2024. Pérez enfatizó que seguirá los trámites ya en marcha, pero más deprisa.

Pérez recordó que el concurso de ideas se resolvió en octubre de 2018 y que el pasado 15 de julio de 2019 se suscribió el contrato para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de construcción de dicho edificio, proyecto que debe entregarse en mayo de 2020. Unos meses después deberá poder ser adjudicada la construcción del nuevo edificio.

A partir de esa fecha, la duración de la construcción se prolongará de tres a cuatro años, por lo que estaría completado entre finales de 2023 y principios de 2024.

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El suelo para la nueva sede judicial de Los Llanos de Aridane debería estar disponible a principios de 2020

Julio Pérez en la sesión plenaria del 24 de septiembre de 2019

En Santa Cruz de La Palma aún no hay terreno disponible aún, aunque el Cabildo ha ofrecido la adquisición de una parcela
Los actuales edificios se permutarán con los terrenos en que se construyan los nuevos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer en la sesión plenaria del Parlamento de Canarias que la mejora de las sedes judiciales tanto de Los Llanos de Aridane como en Santa Cruz de La Palma es la misma: el intercambio de los edificios donde funcionan los juzgados en la actualidad por parcelas donde puedan construirse los nuevos edificios.

El consejero recordó que, en efecto, ya existe una parcela de titularidad municipal que cumple con las necesidades planteadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para la ubicación de los órganos judiciales de Los Llanos de Aridane que permitirá satisfacer las previsiones de crecimiento de los mismos. En cambio, no existe parcela aún en el caso de Santa Cruz de La Palma.

En todo caso, Pérez aclaró que la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ya está valorando ambos edificios para su permuta. Cuando se disponga de las parcelas, añadió Pérez, los ayuntamientos tendrán que corregir el planeamiento mediante una ordenanza excepcional que posibilite su construcción, por lo que prefirió no dar una fecha concreta para el inicio de las obras.

En cambio, adelantó que el Gobierno de Canarias ya cuenta con consignación presupuestaria en el caso de Los Llanos de Aridane para la redacción del proyecto porque ya hay parcela.

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