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La DG de Justicia constata un aumento de las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

Aumentan las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, elabora un estudio de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre los primeros resultados, el estudio revela que las llamadas al 016 se han incrementado entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ), Marta Bonnet, participaron hoy en la inauguración de las Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, acto que presentó el presidente del mismo, Juan Antonio Rodríguez, e inauguró el vicedecano de la institución, José Miguel Jaubert. Entre otros aspectos, Bonnet se refirió al estudio que lleva a cabo la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Julio Pérez, a través de la DGRAJ, de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre sus primeros resultados, reveló la directora general, figura la constatación objetiva del incremento de llamadas al 016 entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento que tuvo lugar debido a la pandemia de Covid-19.

Bonnet explicó que, mientras que el primer trimestre se registraron 681 llamadas de la propia usuaria, en el segundo la cifra llegó a 1.045. En el caso de las familias y personas allegadas, se produjeron 292 llamadas en el primer trimestre, por 392 en el segundo trimestre, y las llamadas realizadas por otras personas fueron 57 en el primer trimestre, por 73 en el segundo.

No se trata de datos esperanzadores, afirmó Vallejo, que lamentó que el confinamiento a causa de la pandemia ha exacerbado los aspectos más negativos de la violencia de género, como el secretismo o las conductas machistas que se observan entre la gente más joven.

Por su parte, la directora general indicó que se podría pensar que el periodo de confinamiento o la declaración del estado de alarma supusieron un momento de desaparición de los casos de violencia de género, pero que, en realidad, no fue así. En marzo, cuatro mujeres fueron asesinadas; en abril, en pleno confinamiento, una más; en mayo, otras dos; en junio, una más, y ya en julio la cifra volvió a ascender a cuatro y se multiplicó por dos en agosto, llegando a ochos las mujeres asesinadas. La única víctima mortal de abril lo fue, además en Canarias, remarcó Bonnet.

La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. En efecto, con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus maltratadores, con dificultades para acceder a servicios de ayuda, advirtió Bonnet. Los nuevos datos muestran que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado.

Además, Bonnet, adelantó que la DGRAJ ha encargado al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres un estudio sobre la perspectiva de género en las normas dictadas en materia de justicia durante el periodo de confinamiento con la intención de verificar el grado de cumplimiento del propio legislador, o del Ejecutivo cuando dicta normas jurídicas y de la observancia de la perspectiva de género. La directora general, que al igual que la viceconsejera, agradeció al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma por su invitación a participar en la sesión inaugural de las jornadas, afirmó que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, tal y como señala Naciones Unidas, apostilló Bonnet.

En este sentido, explicó que, si bien se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, como más niñas están escolarizadas, que se obligue a menos niñas al matrimonio precoz, que hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, o que las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género, todavía existen muchas dificultades, como el hecho de que siguen siendo generalizadas las leyes y normas sociales discriminatorias.

Vallejo también se refirió a las conquistas en el terreno legal que permiten hablar hoy día de un importante recorrido en esta materia, a pesar de los malos datos. El hecho de que las normas hayan reconocido la existencia de la violencia de género es, en sí mismo, un paso de gigante en relación al panorama anterior, explicó Vallejo, que repasó algunas situaciones en las que aún queda mucho trabajo por hacer, como la situación de las y los menores, las y los grandes olvidados en estos casos.

Bonnet afirmó que la pandemia de la Covid ha puesto de manifiesto aún más el desequilibrio entre las mujeres y los hombres, y señaló que, según las Naciones Unidas, las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Además, también se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan mayoritariamente en mercados laborales inseguros. Explicó que cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, especialmente en trabajos domésticos o itinerante, como la venta de productos, lo que las expone aún más a caer en la pobreza.

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El envío de atestados por internet y la mayor integración de Atlante Web, entre los avances de Justicia en Canarias

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia participó en la jornada ‘Transformación digital de la Justicia: continuidad a los proyectos de modernización’

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet, participó este miércoles en la jornada Transformación digital de la Justicia: continuidad a los proyectos de modernización donde mostró los avances que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está implantando en el ámbito judicial en relación con el Plan de Justicia 2030 que permitirá acercar la justicia a la ciudadanía, ofrecer un servicio público de calidad sin dilaciones y garantizar la cohesión y coordinación territorial.

Entre otros aspectos, destacó que este año se ha implantado el envío telemático de atestados desde las comisarías de policía a los juzgados a través de LEXNET y que también se está trabajando en la implantación de un sistema informático que permitirá las comparecencias apud acta mediante el uso de credenciales biométricas. Además, señaló como ejemplos de medidas implantadas en Canarias para lograr la eficiencia operativa del servicio público la potenciación de la integración de la última versión del sistema Atlante Web, la creación del expediente judicial electrónico y la implantación de la oficina judicial.

Bonnet apuntó que este año, debido a la situación provocada por el coronavirus, se han acelerado los procesos de transformación digital, lo que se ha visto reflejado en la puesta en marcha de una regulación del teletrabajo con la que antes del mes de marzo no se contaba. No obstante, la directora general insistió en que la COVID-19 no ha impedido perder el punto de vista en el objetivo esencial en la modernización de la Justicia, que pasa por el abandono del papel para entrar en un entorno digital de manera que se garantice la eficiencia y eficacia en la administración de justicia.

En las Islas, la directora mostró que uno de los trabajos de la Consejería pasa por garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía a través de la promoción de métodos alternativos como, por ejemplo, el proyecto de mediación familiar por derivación judicial que permite que estos procesos contenciosos tengan la oportunidad de llegar a una solución consensuada por las dos partes de un conflicto.

Por último, en materia de interoperabilidad de sistemas informáticos, Bonnet resaltó que es esencial el proyecto Datificación Territorial Analítica Predictiva y Cumplimiento Normativo Ciudadano: Transparencia Judicial Territorial basada en Datos Judiciales Georreferenciados que utilizará datos geoposicionados en el territorio obteniendo DataSets territoriales y mapas de información mediante su georreferenciación, identificando características poblacionales vinculadas a información territorial y usos del suelo. Esto hará posible, por ejemplo, crear un mapa de la violencia machista en las Islas que permitirá Objetivar la Demanda en todos aquellos recursos al servicio de las mujeres y menores víctimas de la violencia de género, a través de los bienes y servicios disponibles y su adscripción territorial mediante georreferenciación y geoposicionamiento del inventario disponible.

La jornada estuvo organizada por la revista Sociedad de la Información Digital y contó con la presencia del director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Aitor Cubo, además de representantes de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Aragón, del Consejo General de la Abogación Español o del Consejo General de Procuradores de España.

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La viceconsejera de Justicia participa en la presentación del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote

El acto tendrá lugar de manera telemática con unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, presentará el próximo 28 de octubre el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, en funcionamiento desde el pasado mes de septiembre gracias a una subvención concedida por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que dirige Julio Pérez. Con motivo de este acto se celebrarán, de manera telemática, unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género.

En dichas jornadas se contará con tres ponencias que analizarán y expondrán la organización y funcionamiento del nuevo punto de encuentro familiar de Lanzarote, la normativa en materia de puntos de encuentro familiar y la relación entre los puntos de encuentro familiar y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Al finalizar cada ponencia habrá turno para el debate entre ponentes y asistentes.

La jornada arrancará a las 16.00 horas con la inauguración, que correrá a cargo de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viñas; y el juez decano del Partido Judicial de Arrecife, Adalberto de la Cruz. Posteriormente tendrá lugar la primera de las tres ponencias del día que versará sobre El Nuevo Punto de Encuentro Familiar de Arrecife: Organización y Funcionamiento y en la que participa la psicóloga-coordinadora del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, Daura Hernández.

La siguiente ponencia la dará la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, quien hablará sobre El futuro reglamento de Puntos de Encuentro Familiar, que en la actualidad se está elaborando tras haber estado abierto a consulta ciudadana. Por último, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, Silvia Muñoz, cerrará la jornada con su conferencia Punto de Encuentro y Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Las jornadas, que son gratuitas, están dirigidas principalmente a profesionales jurídicos, aunque también están abiertas a los medios de comunicación y a todas aquellas personas que que puedan tener interés en el funcionamiento, gestión, fines y objetivos de los puntos de encuentro familiar. Para asistir a ellas hay que completar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web www.jornadaspuntodeencuentroarrecife.com.

El Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote está situado en el barrio de Altavista, en Arrecife, y está gestionado por la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial +Familia, a través de una subvención de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Durante este 2020 la Consejería ha otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas para el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar en todo el territorio del Archipiélago. De hecho, a lo largo de este año se han puesto en funcionamiento estos recursos sociales en Lanzarote, el Sur de Gran Canaria y Fuerteventura, que se han unido a los ya existentes en el Sur de Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. En todos estos centros, las prestaciones de los servicios corren a cargo de ONG especializadas y con experiencias en estos ámbitos como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife).

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Los IML incorporan a diez profesionales de la psicología para atender a víctimas de violencia de género

La contratación, financiada a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, permite poner en marcha un sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha incorporado a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife diez psicólogas y psicólogos para poner en marcha un proyecto de sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual.

Desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se ha trabajado para llevar a cabo este programa temporal, que podrá renovarse en años sucesivos, seleccionando a diez profesionales cualificados, cinco para cada uno de los IML, que cuentan con formación y experiencia profesional acreditada en el ámbito pericial forense y, en concreto, en la violencia de género, la exploración, evaluación y diagnóstico de menores víctimas de abuso y explotación sexual, así como en trauma y veracidad del testimonio.

El programa, que deberá ejecutarse hasta que finalice este 2020, está financiado con 96.300 euros provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y permitirá dotar de los recursos necesarios para reforzar sus actuaciones en materia de intervención específico en los casos de violencia de género y violencia sexual contra mujeres y personas menores de edad, además de asegurar la presencia de los profesionales especializados que permitan de una manera eficaz asegurar la protección de las víctimas, creando equipos de asesoramiento técnico penal especializado.

También garantiza las condiciones para la validez procesal de los procedimientos y reúne las condiciones adecuadas para la exploración de personas de mayor vulnerabilidad y para las prácticas de las pruebas que necesitan en el proceso judicial, así como dar respuesta a la alta demanda de solicitudes por parte de las delegaciones judiciales de actuaciones específicas para víctimas de mayor vulnerabilidad.

Así mismo, con la puesta en marcha de este proyecto, se asegura la atención adecuada de las víctimas realizando las intervenciones en un tiempo más corto, lo que favorece las calidades técnicas de la prueba preconstituida u otras exploraciones o informes que se elaboren, reduciendo los riesgos de la victimización secundaria.

La actuación de estos diez profesionales de la psicología comprende varias funciones como la asistencia y valoración inicial de la prueba preconstituida en las víctimas menores de edad o con discapacidad; la evaluación médico-psicológica de las víctimas a través de entrevistas o pruebas diagnósticas; la elaboración de informes periciales; la asistencia a juicio para defensa del informe pericial, para lo cual podrán ser llamados meses después de finalizado el contrato o, en caso necesario, el traslado a otras islas para la adecuada atención de los casos.

Aparte, los profesionales tendrán que elaborar estadísticas y un informe final que contemple, como mínimo, el número de casos, con detalle del número de citas; los datos objeto de las periciales; estadísticas con datos disgregados en cuanto género, edad y tipo de intervención, así como si los hechos se incardinan dentro de la violencia de género o la violencia sexual; y los déficits detectados con propuestas de mejoras.

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Pérez repasa con el ministro y los consejeros de Justicia las medidas para la reanudación de la actividad judicial

Julio Pérez y Marta Bonnet durante la Comisión de Coordinación de Justicia

Se pretende impulsar la celebración de actuaciones judiciales de forma telemática, salvo en los casos penales en que se exija legalmente la actuación presencial

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunió hoy de forma telemática con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la Comisión de Coordinación de Justicia que convoca y preside el ministro, junto con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de Justicia. El objetivo fue repasar las líneas maestras del decreto ley que presentará el Ministerio a fin de adoptar las medidas urgentes que permitan atender la situación creada por el Covid-19.

En el encuentro también participaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la fiscal Esmeralda Rasillo en representación de la Fiscalía General del Estado, y tres representantes del Consejo General del Poder Judicial.

Campo explicó a los consejeros que se trata de medidas excepcionales cuya vigencia se mantendrá mientras subsistía el estado de alarma, y durante los tres meses posteriores. Son medidas generales de agilización procesal tales como la habilitación de parte del mes de agosto para realizar actuaciones procesales, medidas específicas en materia concursal y de procedimiento social.

También incluirán actuaciones en el ámbito organizativo y tecnológico con el fin de simplificar y facilitar la tramitación de los procesos, controlar y evitar la concentración de personas en un mismo espacio, facilitar la movilidad y flexibilizar los horarios de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, así como permitir la celebración de actuaciones procesales telemáticas y garantizar una rápida reactivación de la Administración de Justicia.

Al mismo tiempo, explicó el ministro, se diseñará un Esquema de Seguridad Laboral que unificará los criterios y actuaciones que garanticen la salud y seguridad en el trabajo de todos los profesionales bajo un marco común que esté validado por las autoridades sanitarias.

En su intervención, Julio Pérez confirmó la oportunidad y acierto de las medidas urgentes que se avanzaron, que incluyen algunas propuestas por Canarias, lo que permitirá mantener la prestación del servicio público de Justicia y preservar la seguridad de usuarios y profesionales.

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El Gobierno asegura a través de la Administración de Justicia la protección de los derechos de la ciudadanía

El Gobierno asegura a través de justicia la protección de derechos

 Todos los juzgados y órganos en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan en los mismos las peticiones y procedimientos considerados esenciales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, asegura que la Administración de Justicia sigue operativa durante el Estado de Alarma mediante la prestación de servicios esenciales, con lo que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos y las cuestiones más urgentes se atienden y reciben respuesta.

“Todos los Juzgados y órganos de la Administración de Justicia en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan aquellas peticiones y procedimientos considerados esenciales”, indica Pérez, quien subraya que se están cumpliendo con los servicios esenciales decretados por el Consejo General del Poder Judicial.

Estos servicios, explica, comprenden las actuaciones del juzgado de guardia, resolver sobre órdenes de protección y procesos que se sigan en el ámbito de la violencia sobre la mujer, la adopción de medidas urgentes de protección de menores y personas con discapacidad, actuaciones en causas con preso, inscripción de nacimientos y defunciones en el Registro civil y cualesquiera otras medidas cautelares o procesos urgentes que se sigan en los órdenes civil, social y contencioso administrativo.

En cumplimiento de tales criterios y desde la declaración del Estado de Alarma decretada el 14 de marzo y hasta el pasado 12 de abril, los Juzgados de Canarias han registrado 5.786 procedimientos nuevos y 608 trámites incidentales en procesos ya existentes, detalla el consejero.

Servicios esenciales

Al respecto, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, afirma que la Justicia no se ha parado, y precisa que, si bien los juzgados y órganos de la Administración de Justicia no funcionan al nivel que lo hacen habitualmente, sí prestan los servicios esenciales con los que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos.

Recalca que el funcionamiento del servicio público se asegura gracias al trabajo diario de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, así como al colectivo de profesionales de los servicios de seguridad y limpieza que cada día acuden a los edificios judiciales y a la labor profesional del cuerpo de letrados y de los integrantes de las carreras judicial y fiscal.

Vallejo señala que por la parte que le corresponde como administración al Gobierno de Canarias, como responsable de medios personales y materiales, se han reforzado los servicios de seguridad de los edificios, el servicio de limpieza, los sistemas de transporte y dotado a las personas usuarias de Equipos de Protección Individual.

Relación de Procedimientos

Entre el 14 de marzo y el 12 de abril se han registrado los siguientes procedimientos:

Provincia de las Palmas

·         Juzgados de Primera Instancia: 263 procedimientos nuevos y 52 incidentes

·         Juzgados de Instrucción: 2.005 procedimientos nuevos, 96 incidentes y cuatro ejecuciones

·         Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer (no se incluyen los procedimientos de violencia de genero registrados en juzgados de instrucción y mixtos): 138 procedimientos nuevos y 30 incidentes

·         Juzgados Mixtos: 606 asuntos nuevos, 41 incidentes y cinco ejecuciones

·         Juzgados de lo Penal: 26 asuntos nuevos, un incidente y 33 ejecuciones

·         Juzgados de lo Social: 172 asuntos nuevos y 10 incidentes

·         Juzgados de lo Contencioso Administrativo: Nueve asuntos nuevos y ocho incidentes

·         Juzgados de lo Mercantil: Un asunto principal y 26 incidentes

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

·         Juzgados de Primera Instancia: 135 asuntos principales, 10 incidentes y una ejecución

·         Juzgados de Instrucción: 1.249 asuntos nuevos y 120 incidentes

·         Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer: 88 asuntos nuevos y 46 incidentes

·         Juzgados Mixtos: 994 asuntos nuevos, 140 incidentes y cinco ejecuciones

·         Juzgados de lo Penal: 37 asuntos nuevos, 10 incidentes y 83 ejecuciones

·         Juzgados de lo Social: 19 asuntos principales

·         Juzgado de lo Mercantil: 11 asuntos principales y 15 incidentes

·         Juzgado de lo Contencioso: 33 asuntos principales y 3 incidentes.

De igual forma, para cumplir con las previsiones del RD 10/2020 de limitación de la movilidad y favorecer su reducción a niveles propios de un fin de semana, el Ministerio de Justicia, a través de una resolución de 29 de marzo de 2020, ha establecido un sistema de prestación de los servicios de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia distinguiendo entre aquellos que deben ser prestados de manera presencial y los que pueden quedar en disponibilidad.

La relación a los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia que se encuentran trabajando presencialmente (en porcentaje medio) es la siguiente:

·         Un 25% de los facultativos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses

·         Un 20.9% de los funcionarios de los Juzgados de Instrucción

·         Un 24.9 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

·         Un 24.8 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer

·         Un 23.2 % de los funcionarios y funcionarias de las Fiscalías

·         Un 9% de los funcionarios y funcionarias de las secciones penales de la Audiencia Provincial.

·         Entre un 5% y un 6% de los Juzgados Penales, Decanato y Registros Civiles

En el resto de órganos se encuentran en régimen de disponibilidad

Por su parte, los integrantes de las carreras judicial y fiscal y los letrados y letradas de la Administración de Justicia se han organizado en turnos rotatorios presenciales por partido judicial y especialidad para atender los servicios esenciales, pudiendo trabajar desde su domicilio los que no acudan al juzgado al disponer de medios técnicos para la conexión en remoto al despacho profesional.

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Justicia implanta un sistema automatizado que informa de la prestación de los servicios mientras dure la alarma

Chatbot de Justicia

Se trata de un chatbot al que se accede desde la web de Justicia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Este programa informático utiliza mensajes estructurados para ofrecer información, resolver dudas y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, pone en marcha un sistema automatizado para brindar información a la ciudadanía sobre las implicaciones del estado de alarma en la forma en que se prestan los servicios esenciales en los juzgados y tribunales durante este periodo y el acceso a la Administración de Justicia en general.

Se trata de un chatbot, tecnología que emplea inteligencia artificial para ofrecer, a modo de conversación, información a quien lo consulte a fin de resolver dudas en temas concretos y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma.

Las áreas temáticas sobre las que se puede consultar en el chatbot incluyen dudas y autodiagnóstico sobre la Covid-19; preguntas comunes del estado de alarma; Registro Civil y cuidado de menores; Derecho Civil y Trámites notariales y tributarios; Juzgados de Guardia y Justicia Penal, y violencia de género.

Los contenidos serán objeto de actualización constante, al tiempo que las respuestas se irán perfeccionando a medida que aumenten las consultas.

Esta labor de actualización se lleva a cabo con la colaboración de la asociación Jueces y juezas para la democracia en Canarias, que participa en el proyecto mediante la aportación de información que, una vez tratada, constituye la base con la que el sistema interactúa y responde a las preguntas de la ciudadanía.

La tecnología

El chatbot ofrece servicios de información con carácter general y de forma inmediata, por lo que minora los tiempos de espera en relación a la atención presencial y telefónica en las oficinas judiciales. Además, es capaz de tender múltiples solicitudes de forma simultánea.

Brinda una atención inteligente al retroalimentarse mediante demanda o nuevos contenidos vinculados a reformas organizativas o legales, al tiempo que emplea un lenguaje adecuado y de forma personalizada.

Asimismo, permite obtener información sobre las necesidades futuras de la ciudadanía vinculada a la Administración de Justicia, y aporta conocimiento que permite detectar incrementos en asuntos de entrada o necesidades futuras.

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La oposición al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa se ha celebrado con normalidad en Canarias

Oposiciones en Canarias al Cuerpo de Gestión Procesal

A la prueba, desarrollada en las dos capitales canarias, se presentaron 1.183 personas de las 1.413 inscritas, y no se produjo ninguna incidencia

Las pruebas selectivas para el acceso al cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, de turno libre, celebradas este fin de semana en Canarias se han celebrado con normalidad. La oposición, convocada por el Ministerio de Justicia, ha sido organizada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y se ha celebrado en las dos capitales canarias, sin ninguna incidencia y con la participación de 1.183 personas del total de 1.413 inscritas.

En Gran Canaria, el examen tuvo lugar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde se dispusieron once aulas, una de ellas adaptada para una persona con discapacidad visual.  En la capital gran canaria el número de instancias -personas inscritas- fue de 818 y se presentaron 638 personas, 15 de ellas con alguna discapacidad, que estuvieron asistidas por 24 vigilantes y cuatro personas de la Unidad de Colaboración del Tribunal Delegado en Canarias.

En Tenerife, la oposición se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Laguna (ULL) en seis aulas, cinco de ellas para realizar el examen y otra sala para incidencias sin que se presentara ninguna. De las 595 personas inscritas en Tenerife, asistieron a la prueba un total de 545, de las que 17 estaban inscritas con alguna discapacidad, y participaron 18 vigilantes y siete miembros del Tribunal Delegado en Canarias.

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Justicia organiza unas jornadas formativas sobre violencia machista desde un enfoque multidisciplinar

Justicia organiza las jornadas pacto estado contra la violencia de género

Tendrán lugar en la ULPGC los días 28 y 29 de noviembre y se impartirán ponencias sobre el trabajo social forense, salud y género, evaluación psicológica de menores, educación e igualdad y valoración de riesgos, entre otras

El enfoque multidisciplinar de la violencia machista es el objeto de las jornadas ‘Pacto de Estado contra la violencia de género’, que tendrán lugar en Gran Canaria los días 28 y 29 de noviembre, organizadas por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, y que se enmarcan en los actos de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente cada 25 de noviembre.

Las jornadas, que tendrán lugar en el Aulario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), están dirigidas a profesionales del ámbito del derecho y de la medicina forense, así como a todas aquellas personas que atienden a las mujeres y menores en situación de violencia de género desde el punto de vista social y policial. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través del correo electrónico iml.lpa@justiciaencanarias.org.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, inaugurará el próximo 28 de noviembre esta actividad formativa, en la que se abordará la violencia de género teniendo en cuenta a los distintos sectores implicados. Así, durante el primer día, se impartirán ponencias sobre el trabajo social forense y la vulnerabilidad social en víctimas, sobre salud y género y sobre la evaluación forense de menores expuestos a violencia machista.

Además, se informará sobre la Red Insular de Recursos Especializados en Violencia de Género en Gran Canaria y se disertará sobre distintos enfoques respecto a las violencias sobre las mujeres.

La jornada del 29 de noviembre se abrirá con una ponencia sobre la educación en y para la igualdad, vinculada también a la juventud y la violencia de género, y se analizará la igualdad y las masculinidades.

La aproximación a la dinámica del maltrato psicológico y la evaluación psicológica forense en la violencia de pareja será otra de las comunicaciones que se abordarán en las jornadas, que concluirán con la celebración de una mesa redonda sobre la valoración del riesgo en violencia de género.

Las jornadas ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género: hacia un enfoque multidisciplinar’ se financian con fondos obtenidos por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

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La Viceconsejería de Justicia y Altihay organizan la I Jornada de Delitos de Odio por LGTBIfobia

Fuerteventura acoge I Jornada de LGTBIfobia de Canarias

Tendrá lugar el próximo viernes, 22 de noviembre, de 9:00 a 14:30 horas, en el Parque Tecnológico de Fuerteventura

La Viceconsejería de Justicia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, y el colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (Altihay) han organizado en Fuerteventura la I Jornada de Delitos de Odio por LGTBIfobia en Canarias, que se desarrollará el próximo 22 de noviembre, de 9:00 a 14:30 horas en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, ubicado en el municipio de Puerto del Rosario.

La jornada, que cuenta con la colaboración del Gobierno de España y del Cabildo de Fuerteventura, será inaugurada por la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, quien además participará en una mesa redonda junto al director general de Diversidad del Gobierno autonómico, Julio Concepción; al fiscal especialista en criminalidad informática y  tutela penal de la igualdad y contra la discriminación de Fuerteventura y Lanzarote, Joaquín Bobillo; y a la secretaria de organización y abogada de Altihay, Desireé Chacón.

Tras la mesa redonda se impartirán tres ponencias a cargo del fiscal Joaquín Bobillo, de Moisés Vilches, miembro del área judicial de la Guardia Civil, y de César Fernández, del área judicial de la Policía Nacional.

Las jornadas servirán también como presentación de LGTBIpol, como agente de la autoridad por la Diversidad, del Observatorio contra la LGTBIfobia de Canarias, y de la Asociación de Policías LGTBI+ (GAYLESPOL).

Las personas interesadas en asistir a la jornada pueden inscribirse a través del correo electrónico altihay@felgtb.org o en el teléfono 669512694.

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