Se destina un importe de 102.300 euros para atender a unas 300 personas y reforzar la estructura profesional necesaria para que las entidades puedan prestar este servicio de apoyo
El Gobierno de Canarias destina 102.300 euros a apoyar el desarrollo del proyecto DIVERCAN, Servicio de Atención Social del Colectivo LGTBIQ+ y sus Familias, dirigido a ofrecer atención, información, orientación y asesoramiento a personas LGTBIQ+ y a sus familias. La subvención permitirá atender a unas 300 personas, aproximadamente, y reforzar la estructura profesional necesaria para prestar este servicio de las tres entidades que participan (Diversas, Altihay y Lánzate), garantizar una atención social continuada e impulsar actuaciones dirigidas a la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, la visibilización de la diversidad afectivo-sexual y de género y la sensibilización de la sociedad.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, puso en valor como “de la mano del tercer sector, de las entidades sociales que trabajan por las personas LGTBIQ+ podamos prestar un servicio de asesoramiento a ellas y también a sus familias” y explicó que se trata de “un proyecto piloto regional que empieza de manera presencial en las islas donde están ubicadas las entidades, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote pero la idea es que tenga vocación de crecimiento y en 2027 se pueda ampliar a todas las Islas”.
El director general de Diversidad, Celso Mendoza, aseguró que de este modo “le damos estabilidad a las entidades que luchan por los derechos sociales, al trabajo que ya hacen y sobre todo la figura del trabajador social en cada una de ellas, el profesional de referencia, la primera persona que atiende a las personas usuarias”.
El proyecto contempla la contratación de un profesional del Trabajo Social por parte de las entidades Diversas, Altihay y Lánzate, que desarrollarán la atención directa a las personas usuarias y sus familias, además de participar en la detección de necesidades y en la elaboración y gestión de proyectos de intervención social. El presupuesto establece que las entidades destinen, como mínimo, el 80 % de la subvención a gastos de personal, mientras que el 20 % restante podrá dedicarse a gastos de mantenimiento y gestión vinculados al servicio.
El servicio ofrecerá información, valoración, asesoramiento y orientación social, con atención tanto a personas del colectivo LGTBIQ+ como a sus familiares. Entre las cuestiones que pueden abordarse se encuentran el acceso a prestaciones y ayudas, el asesoramiento legal, situaciones de LGTBIfobia, empleo o salud, además de la orientación y derivación hacia otros recursos especializados cuando sea necesario.
El proyecto parte de la necesidad de seguir avanzando en la igualdad efectiva y en la eliminación de las situaciones de discriminación que todavía afectan a las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. El documento señala que, pese a los avances legislativos y sociales, persisten situaciones de rechazo y marginación y recuerda que los delitos e incidentes de odio relacionados con la orientación sexual y la identidad de género representaron en 2024 el 27,57% del total de delitos de odio registrados en España. En Canarias, de los 79 hechos de odio conocidos ese año, 25 estuvieron relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, el 31,64% del total.
En este contexto, el proyecto plantea una intervención que combina la atención individual y familiar con el trabajo de sensibilización social, entendiendo que la defensa de la igualdad requiere tanto dar respuesta a las necesidades concretas de las personas como contribuir a generar entornos seguros y libres de discriminación.
Además de la atención directa, se prevé la participación en actos destinados a visibilizar a las personas LGTBIQ+ y en actuaciones dirigidas a la defensa de sus derechos. El proyecto contempla asimismo la elaboración de iniciativas de intervención social y la presentación de solicitudes de financiación a distintas administraciones públicas y entidades privadas para ampliar la capacidad de actuación de la organización.
