En respuesta a una petición de la Fiscal Superior de Canarias, se han incorporado esta semana cuatro funcionarios más, dos en cada provincia

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha atendido la petición de la Fiscal Superior de Canarias y ha reforzado el personal de la Fiscalía para agilizar la tramitación de expedientes de los 1200 menores solicitantes de protección internacional que siguen bajo tutela del Gobierno de Canarias y de los 1800 menores que debe ser derivados a centros de otras Comunidades Autónomas, así como las circunstancias que se vayan derivando de nuevas llegadas.

La solicitud fue recibida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia el 23 de septiembre, se aprobó el 30 de septiembre en la Mesa Sectorial de Justicia y se ha hecho efectiva el 6 de octubre con la incorporación de dos funcionarios tramitadores en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife y otros dos en la Fiscalía de Las Palmas.

Además, las pruebas forenses de estimación de la edad se han agilizado dentro de los dos Institutos de Medicina Legal de Canarias, dándoles prioridad. Así, en el caso de la provincia de Las Palmas, la prueba se realiza en el propio IML y el informe se remite a la Fiscalía. Mientras que, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la prueba se realiza en el hospital o centro médico correspondiente y los resultados se remiten al IML de Tenerife que envía el informe a la Fiscalía.

El Gobierno de Canarias sigue aportando recursos materiales, humanos y económicos a la espera de que el Estado asuma la tutela de los menores solicitantes de asilo y a que ejecute la derivación de menores migrantes a otras Comunidades en los términos establecidos en el RD 658/2025.

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El objetivo es un desarrollo más ágil y eficiente de la Administración de Justicia

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto y la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, han firmado un convenio que permitirá el acceso remoto a los módulos del sistema procesal Atlante de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma a los integrantes de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, en el ejercicio de las funciones que tienen en el funcionamiento del Ministerio Fiscal, con el fin de mejorar la prestación del servicio público de Justicia.

El objeto del convenio es desarrollar el procedimiento para que la Inspección de la Fiscalía General del Estado pueda examinar de forma remota, desde sus propios terminales informáticos y con carácter permanente, los módulos de Atlante, único gestor procesal utilizado por los órganos judiciales y fiscalías de Canarias para la tramitación de los procesos judiciales de manera completamente electrónica.

Este acceso se realizará en condiciones de seguridad mediante un número de identificación y clave propia que asegura su correcta utilización del gestor, utilizado por los órganos judiciales en las islas, sin necesidad de su traslado a la sede física y ahorrando recursos públicos

La actividad inspectora conlleva, necesariamente, el examen y análisis de los módulos de Atlante de las Fiscalías, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas procesales y de protección de datos de carácter personal, así como la agilidad y eficacia en la tramitación procesal.

La implantación del expediente judicial electrónico ha dado lugar a que los expedientes examinados sean cada vez en mayor proporción de carácter electrónico, sin soporte físico, lo que obliga a solicitar autorizaciones puntuales de acceso a los programas que permiten su consulta y visualización, autorizaciones que hasta ahora sólo permiten el acceso desde los terminales informáticos de la sede.

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Dos de los menores, de entre 15 y 17 años, fueron detenidos como responsables de una presunta agresión sexual cometida el pasado mes de febrero en el sur de Tenerife

La Unidad Operativa de Menores y Familia (UMEFA) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) investiga, en coordinación con la Fiscalía de Menores, a un grupo conformado por tres menores, por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 13 años cometido en una playa del sur de Tenerife, cercana a una zona de ocio nocturno.

Según fuentes policiales, existen indicios claros de que se ha cometido un delito de agresión sexual contra la víctima, de 13 años de edad. Los hechos fueron puestos en conocimiento de los agentes tras la denuncia interpuesta por el padre de la menor el pasado mes de marzo.

La agresión sexual en grupo ocurrió en una playa del sur de Tenerife a altas horas de la madrugada, a la cual la víctima, en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna droga, fue llevada por el grupo de jóvenes, los cuales fueron detenidos e investigados para aclarar el papel que han desempeñado en dicha agresión sexual, así como su relación entre ellos.

Los investigadores han contado con indicios suficientes que corroboran periféricamente la versión dada por la menor víctima, tales como manifestaciones de testigos presenciales, o las conversaciones aportadas por aquella con alguno de sus agresores después de sufrir la agresión. Incluso, se baraja la posibilidad de que los hechos hubieran sido grabados por alguno de los agresores, circunstancia esta que no ha sido confirmada hasta el momento.

Por su parte, la víctima, que ha tenido episodios de angustia después de la agresión grupal, cuenta, según la versión policial, con indicadores claros de desamparo, lo que ha derivado el traslado del asunto a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, a fin de proporcionarle una protección adecuada e inmediata.

La investigación, desarrollada por el Cuerpo General de la Policía Canaria a través de la Unidad de Menores y Familia (UMEFA), aún se encuentra en desarrollo.

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La Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y la Fiscalía de la Comunidad Autónoma ha celebrado este lunes un encuentro, encabezado por el titular de este departamento, Julio Pérez, y el Fiscal Superior de Canarias, Luis del Río, con el objetivo de abordar el tratamiento de los asuntos en los que la Administración y la Fiscalía deben cooperar.

Ello es particularmente importante en la provisión de medios para el buen funcionamiento de la Fiscalía, materia de la que es responsable la Consejería de Justicia.

En el mismo, han participado, además, por parte del Gobierno canario, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de servicio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Socorro Robador.

Por parte de la Fiscalía han estado presentes también la Fiscal Jefa de la provincia de Las Palmas, Beatriz Sánchez, su homóloga de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, el Fiscal Jefe de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Francisco Moreno, y la Fiscal Encargada de Canarias de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Eva Serrano. Durante la reunión se han analizado asuntos comunes que afectan a ambas instituciones. En la imagen, todos los participantes en el encuentro.

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La investigación policial ha culminado con las detenciones de dos personas, a las que se les imputa un presunto delito de incitación al odio

Miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria han procedido en la mañana del 24 de septiembre de 2020 a la detención de dos personas, vecinos de Tunte, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al ser presuntamente responsables de un delito de incitación al odio relacionado con la reciente llegada de inmigrantes a la Isla de Gran Canaria.

Los hechos ocurrieron el pasado día 5 de agosto, donde varias decenas de vecinos montaron barricadas cuando llegó la noticia de que inmigrantes con sospechas de ser portadoras de coronavirus iban a ser trasladados a Tunte, así como el 4 de septiembre, en el que unos desconocidos atacaron a pedradas un centro de menores migrantes en Las Palmas de Gran Canaria.

La investigación policial se inició a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la cual, encomendó a miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria la realización de las pesquisas oportunas, haciéndose cargo de las mismas la Unidad de Apoyo.

A raíz de las informaciones obtenidas, los agentes de esta Unidad constataron la presencia en redes sociales y prensa digital, de videos donde se podía visualizar a varias personas promoviendo arengas entre los vecinos de Tunte, cuyo contenido podría encajar en el tipo delictivo imputado.

Tras obtener los indicios suficientes de la presunta comisión del ilícito penal, los agentes procedieron a la detención de dos personas que, tras prestar declaración en sede policial, quedaron en libertad.

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