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Se eleva al Consultivo el proyecto de decreto para crear la categoría de personal médico de cuidados paliativos

Incluida en el ámbito de la atención especializada del Servicio Canario de la Salud, su objetivo es dotar de equipos humanos y técnicos expertos en la atención integral de calidad a los pacientes al término de su vida

El Gobierno de Canarias acordó hoy en su reunión del Consejo tomar en consideración y solicitar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto destinado a crear y regular la categoría de personal estatutario médico de cuidados paliativos en el ámbito del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La creación de esta nueva categoría profesional se enmarca en el objetivo del Ejecutivo canario de disponer de un número suficiente de unidades de cuidados paliativos y de equipos de soporte en los hospitales públicos que presten cuidados integrales de alta calidad a los pacientes al término de la vida y estén dotadas con una plantilla de personal médico específico, cuya actividad se desarrolle únicamente en ese ámbito, si bien podrá coexistir con otras categorías de personal sanitario o no sanitario.

Para atender esta necesidad se ha considerado conveniente crear en el nivel de la atención especializada la categoría y modalidad de médico/a de cuidados paliativos, así como regular su clasificación, funciones, jornada, retribuciones y sistema de acceso y provisión a través del decreto del que se ha solicitado dictamen.

La creación de esta nueva categoría profesional se realiza al amparo de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que permite establecer, modificar o suprimir categorías de personal estatutario en su respectivo ámbito, dando cumplimiento a los requerimientos en materia de negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo establecidas en la legislación vigente, requisito que se ha cumplido con la certificación de la mesa Sectorial de Sanidad.

Se autoriza la compra de 50.000 dosis de la vacuna antineumocócica conjugada para población adulta de riesgo

Protege contra enfermedades como la meningitis, la sepsis, la neumonía y las infecciones de oído; se destinan a su adquisición 2,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 22 de abril, un gasto de 2.640.000 euros para la contratación del suministro de 50.000 dosis de la vacuna antineumocócica conjugada de 13 serotipos, para atender las necesidades de vacunación de población adulta de riesgo de Canarias durante 2021.

La contratación se realizará por la Consejería de Sanidad, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria con el laboratorio Pfizer, que comercializa la vacuna antineumocócica conjugada Prevenar 13, la única autorizada en España que se puede administrar a población adulta, con un coste de 44 euros por dosis.

Al respecto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a solicitud del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), certificó el pasado 26 de marzo que la única vacuna antineumocócica de polisacáridos conjugada frente a 13 serotipos autorizada y comercializada en España es precisamente Prevenar 13, una suspensión inyectable del laboratorio Pfizer Europe.

El Calendario Vacunal de la Comunidad Autónoma de Canarias establece una pauta de vacunación frente a la enfermedad neumocócica invasiva a los 2, 4 y 11 meses de vida, así como a la población adulta de cualquier edad que presente patologías de base, a la que se destinarán las 50.000 dosis previstas de adquirir.

La vacuna protege a la población infantil y adulta de riesgo contra enfermedades tales como la meningitis, sepsis, neumonía e infecciones de oído.

 

El Gobierno aprueba destinar 7,3 millones al servicio de limpieza de los centros sanitarios de Fuerteventura

La contratación se realizará por un periodo de tres anualidades e incluye tanto la realización del servicio de limpieza como de otras tareas adicionales

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 22 de abril, un gasto plurianual de 7.355.991,07 euros para la contratación del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura, para las anualidades de 2021 a 2023.

La contratación incluirá, además del servicio de limpieza, la realización de tareas adicionales necesarias en la red de centros sanitarios y administrativos de la Gerencia de Fuerteventura.

Asimismo, la partida económica cuyo gasto ha sido autorizado hoy se distribuirá entre las tres anualidades de la forma siguiente: 1.838.997,77 euros, en 2021; 3.677.995,53, en 2022, y 1.838.997,77, en 2023.

El Gobierno es informado sobre el gasto de 4,3 millones en Justicia para hacer frente a la pandemia de la COVID-19

El importe total corresponde a la adjudicación de 43 contratos para la prestación de servicios y suministros con el fin de garantizar la protección de las personas y la continuidad de la actividad judicial como servicio esencial

El Consejo de Gobierno fue informado hoy, jueves 22 de abril, del gasto de 4.377.142,83 euros correspondientes a 43 contratos para la prestación de servicios y suministros aprobados, por tramitación de emergencia, por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Han sido contratos para atender las necesidades derivadas de la COVID-19.

Esas contrataciones tienen como fin dotar a los edificios judiciales de las medidas de higiene y salubridad necesarias para la protección de las personas contra el virus y para garantizar la continuidad la actividad judicial como servicio esencial.

Dichos contratos están relacionados con el suministro e instalación de material de protección, señalización, mobiliario y limpieza y desinfección en edificios judiciales de Canarias, con la mejora de sus sistemas de climatización y ventilación y con el acondicionamiento y suministro de material informático para que el personal pueda desempeñar sus funciones en la modalidad de teletrabajo.

También se efectuaron contratos para la realización de obras en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, para dotarlo de un sistema de Bioseguridad BSL-3 y realizar autopsias de personas fallecidas por causas infecciosas, así como otros relacionados con el suministro de material y equipamiento sanitario de protección para los Institutos de Medicina Legal.

Asimismo, el gasto total contempla la colocación de sistemas de videoconferencia, el suministro de ordenadores para renovación por la implantación de la plataforma Webex Cisco y la instalación de micrófonos de sobremesa en las salas de vistas de los edificios judiciales, así como el material de señalización sobre normas de seguridad en instalaciones judiciales y trabajos de mejora en el control de acceso a éstas.

Las contrataciones realizadas mediante resoluciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia recogen también las relacionadas con la elaboración de un proyecto audiovisual para su implementación en la formación de medidas de prevención frente a la COVID-19 para el personal al servicio de la Administración de Justicia o la integración de un programa de asistencia virtual tecnológico de interconexión e interacción ante la situación generada por la pandemia, entre otras acciones.

Autorizado el reparto de 10 millones de euros del Bono Residente Canario para líneas regulares de guaguas y tranvía

La utilización de ese bono permitió más de 30 millones de desplazamientos en transporte regular de viajeros en las siete islas, en su primer año de implantación

El Consejo de Gobierno, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha autorizado hoy a la Dirección General de Transportes el reparto entre los siete cabildos canarios de los 10 millones de euros de la anualidad 2021 correspondientes al Bono Residente Canario. Estos fondos se repartirán posteriormente, a través de los cabildos, entre las empresas de líneas regulares de guaguas y tranvía de las siete islas, para compensar por el uso del Bono Canario en sus vehículos.

El Bono Residente Canario enfila su tercer año de implantación y se ha consolidado en el Archipiélago como una alternativa eficaz y económica para utilizar el transporte público terrestre en las islas. Cuenta con más de 60.000 residentes canarios inscritos como titulares de esa tarjeta de viaje. En su primer año de implantación, en 2019, el nuevo Bono Residente Canario fue utilizado en más de 30 millones de desplazamientos. Este bono permite el uso sin límite de las líneas regulares de guaguas y el tranvía en toda Canarias pagando una tarifa plana mensual.

Con la autorización aprobada hoy, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda agiliza también los trámites de este abono para facilitar a las empresas de transporte terrestre poder disponer de este dinero con celeridad y contribuir a la reactivación del sector para superar la crisis social y económica por la COVID-19.

En concreto, hoy se ha autorizado el gasto de una partida global de ocho millones de euros, que forman parte de la subvención global de 10 millones, y que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda repartirá a partes iguales entre los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, las islas con más demanda de viajes y más abonados.

Los cabildos de estas dos islas distribuirán luego esos ocho millones entre las compañías de transporte insulares.

Los dos millones de euros restantes de la subvención se repartirán, sin necesidad de autorización previa del gasto, entre los cabildos de las otras cinco islas. De esta forma, el reparto de la subvención se establece de la siguiente forma: cuatro millones de euros para las empresas de transporte regular de viajeros de Tenerife y otros cuatro millones para las de Gran Canaria; 500.000 euros para las de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Y luego 250.000 euros para los cabildos de El Hierro y La Gomera.

Este reparto se realiza según los acuerdos alcanzados con los cabildos en función al número de habitantes de cada isla y a los usuarios del transporte público en ellas

El Gobierno toma en consideración el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de los juegos y apuestas

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección

Se delimitan las distancias entre los establecimientos de juego a 200 metros como mínimo, y de los que se establezcan a partir de ahora con los centros docentes o de atención a los menores a 300 metros, al menos

En materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego, se establece como novedad la prohibición para el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) de emitir publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial)

También se introduce la prohibición de la publicidad en equipamientos, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional

El Consejo de Gobierno ha tomado hoy en consideración, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, así como su lista de evaluación a los efectos de un primer pronunciamiento sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran.

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección. En este sentido, el anteproyecto de ley contempla la prohibición a dichos colectivos de las máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, al tiempo que amplía la relación de personas que tienen prohibido la participación en los juegos.

Asimismo, se impide el acceso a los establecimientos de juego a las personas que tienen prohibida la participación en los juegos o que porten armas u objetos que puedan utilizarse como tales, advirtiendo expresamente de que la prohibición de acceso a menores de edad deberá constar de forma clara y visible en la entrada del establecimiento de juego.

Se incorporan, de un lado, las personas inscritas en el Registro de Prohibidos de Acceso al Juego entre los sectores vulnerables a que hace referencia el principio general de prevención de perjuicios a terceros; y de otro, el principio general de juego responsable, que opera como un compromiso colectivo encaminado a minimizar los riesgos del juego excesivo.

Publicidad, patrocinio y promoción

Se introducen dos importantes novedades en materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego: por un lado, se prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial); y, por otro, también la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Se suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración, por lo que la explotación de las apuestas solo podrá tener lugar en establecimientos específicos de juego (locales de apuestas externas o en los espacios de apuestas externas instalados en casinos, salas de bingo y salones recreativos y de juegos).

En lo que se refiere a la planificación de juegos y apuestas, se introducen dos parámetros objetivos (población y camas turísticas), de cara a la localización y distribución de los establecimientos de juego, mientras que, en materia sancionadora, se tipifican como infracciones muy graves, entre otras, permitir el acceso a los establecimientos de juego (además de permitir su práctica) a las personas que lo tengan prohibido legal o reglamentariamente.

Infracciones

Además, se introducen nuevas infracciones graves. Entre otras, la no exhibición de forma visible en el acceso a los establecimientos de juego de la indicación de prohibición de entrada a personas menores de edad, así como la utilización de materiales y elementos de juegos y apuestas no homologados.

Se contempla una nueva infracción leve, que consiste en no presentar la pertinente comunicación previa en aquellos supuestos de transmisión de actividades o establecimientos cuya realización, instalación, apertura o funcionamiento esté sujeta a declaración responsable o comunicación previa.

Se actualizan e incrementan las horquillas inferiores y superiores de las sanciones leves, graves y muy graves. En lo que concierne a la graduación de las sanciones, se precisa, que uno de los criterios de ponderación, vendrá constituido bien por la transcendencia social o bien por la transcendencia económica de la acción.

Asimismo, se regula el cierre de los establecimientos de juego clandestinos, esto es, de aquellos que carezcan de título habilitante, precisando que dicha medida no tiene carácter sancionador.

Tendrán la consideración de responsables de algunas infracciones tipificadas en la ley las personas autoras de los proyectos, certificados e informes técnicos considerados falsos o inexactos, y se amplía el plazo de prescripción, de un lado, de las infracciones leves y muy graves, que pasa a ser de uno y cuatro años, respectivamente; y de otro, de las sanciones muy graves, que pasa a ser de cuatro años.

Se fija en un año el plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores en materia de juego y se introduce un nuevo capítulo referido a la ordenación del juego responsable, que está integrado por cinco preceptos.

Así, se regula la autorización autonómica previa a la apertura de locales e instalaciones en los que se desarrollen juegos no reservados autorizados por la Administración del Estado, exonerando de dicha autorización a los establecimientos que comercialicen juegos gestionados por la SELAE y por la ONCE.

Sobre las políticas de juego responsable, se delimitan el alcance de las mismas y se relacionan diversas acciones encaminadas a proteger a las personas consumidoras de servicios de juego.

Distancias entre establecimientos y con los colegios

También se delimitan las distancias mínimas entre los propios establecimientos de juego, estableciendo con carácter general a partir de ahora una distancia de 200 metros entre cualesquiera de estos, como mínimo.

Asimismo, la distancia de los establecimientos de juego que se abran a partir de ahora con respecto a los centros docentes o de atención a menores deberá ser de 300 metros, al menos. En la actualidad, la distancia es de 50 metros para locales de apuestas externas, bingos y otras categorías.

Es la misma distancia que determina la zona de influencia de centros de enseñanza y de atención a menores en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica de juego que se ha venido exigiendo a los salones recreativos y de juegos, que ahora se generaliza para cualesquiera establecimientos de juego.

Igualmente, se establece la obligación de que todos los establecimientos de juego dispongan de un servicio de admisión que controle el acceso e impida el acceso a aquellas personas que lo tengan prohibido; correlativamente, exige que las empresas que, en su caso, exploten modalidades de juego de ámbito autonómico por medio de canales telemáticos dispongan de un sistema que permita identificar a los jugadores y comprobar que no están incursos en prohibiciones para jugar.

También se exige la colocación de una placa-distintivo en los establecimientos de juego que dispondrá de un código QR o tecnología de escaneo similar susceptible de suministrar información del local derivada del Registro del Juego.

De la misma manera, se amplían las causas de revocación de las autorizaciones, incluyendo entre dichas causas tanto la falta de constitución o reposición de garantía como el cierre del local sin autorización.

Se incorporan diversas causas de ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, así como diversas pautas procedimentales para la declaración de dicha ineficacia, y se regula la documentación precisa para tramitar las declaraciones responsables de instalación, apertura y funcionamiento de salones y locales de apuestas externas, hasta tanto se desarrollen reglamentariamente los modelos y requisitos para ello.

Contexto

El Parlamento de Canarias, en sesión del Pleno de fecha 10 y 11 de diciembre de 2019, debatió y aprobó la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones, en la que se insta al Gobierno de Canarias, entre otros aspectos, a regular la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego; a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego hasta la entrada en vigor de dicha normativa, y a impulsar la creación de una mesa de expertos para llevar a cabo una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas.

En cumplimiento de esa resolución, el Ejecutivo autonómico aprobó el Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas, norma con fuerza de ley que dispuso la suspensión de la vigencia del régimen de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas hasta el 31 de diciembre de 2021, así como otras medidas.

Tras la promulgación y convalidación parlamentaria del referido Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, el Parlamento aprobó su tramitación como proyecto de ley, lo que dio lugar a la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas.

La misma establece que el Gobierno de Canarias impulsará una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiendo dicha iniciativa a la que el Gobierno ha tomado en consideración hoy.

Por otra parte, entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre de 2020, en el portal web https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/  estuvo publicada en la fase de consulta pública previa la iniciativa normativa para la elaboración de este anteproyecto de ley a fin de recabar la opinión de la ciudadanía de conformidad con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el citado portal web, 30 personas y entidades utilizaron este canal de participación y colaboración para hacer llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sus aportaciones.

Sanidad constata 221 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Hasta hoy se ha realizado un total de 1.027.093 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.674 se corresponden a las últimas 24 horas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata hoy 221 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 51.392 con 4.001 activos, de los cuales 85 están ingresados en UCI y 309 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de un hombre de 75 años en Tenerife, que presentaba patologías previas y permanecía ingresado en el hospital.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 64,16 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 135,25 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 147 casos con un total de 22.008 casos acumulados y 2.341 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria suma 56 casos y cuenta con 21.235 acumulados 1.447 activos. Lanzarote suma once nuevos casos con 4.862 acumulados y 119 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.220 casos acumulados con uno más que la jornada anterior y 49 activos. La Palma suma dos casos, situándose en los 502 acumulados y 12 activos; El Hierro suma cuatro casos, sus acumulados son 337 y cuenta con 32 activos. Por último, La Gomera no suma casos nuevos, sus acumulados son 227 y tiene un único activo.

Hasta hoy se ha realizado un total de 1.027.093 pruebas PCR en las Islas, de las que 3.674 se corresponden a las últimas 24 horas.

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Encuentro del viceconsejero de Acción Exterior con el nuevo embajador de Guinea Ecuatorial, de visita institucional

Reunión Canarias-Guinea Ecuatorial

Abordaron los históricos lazos que unen al país africano con Canarias, y las distintas posibilidades de colaboración y cooperación económica para el desarrollo de negocios

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Juan Rafael Zamora, junto al director general de Relaciones Exteriores, Juan Francisco Trujillo, han recibido este jueves en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria al nuevo embajador de Guinea Ecuatorial en España, Miguel Edjang Angué, que se encuentra de visita institucional en Canarias, y a la cónsul general, Emerenciana Mangue Obiang.

En la reunión abordaron los históricos lazos que unen al país africano con Canarias, el alto potencial de Guinea Ecuatorial para atraer inversiones, y las distintas posibilidades de colaboración y cooperación económica para el desarrollo de negocios en ámbitos como el turismo, las energías renovables o la gestión del agua.

Turismo de Canarias reactiva su campaña de concienciación para estar preparados ante la reapertura del destino

Importancia turismo.

Yaiza Castilla afirma que con esta acción se pretende contribuir a que los residentes sean conscientes de la importancia de tener unas cifras aceptables de contagios para atraer a los mercados emisores

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de Turismo de Islas Canarias, lanza la cuarta oleada de su campaña de concienciación dirigida a la población local insistiendo en la importancia que tiene para la industria turística el respeto de las normas sanitarias y evitar nuevos contagios.  

Se trata de una iniciativa que comenzó a desarrollarse en septiembre de 2020 que ha ido lanzando nuevas oleadas según la evolución de la situación epidemiológica en el Archipiélago y que está cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Tal y como afirma la consejera Yaiza Castilla, “debemos enfocar esta campaña y ponerla en contexto, por lo que la estamos activando ahora cuando esperamos que gracias al buen ritmo de la vacunación vayamos entrando en una fase de normalización de los flujos turísticos durante los próximos meses. Estamos convencidos de que necesitamos este último esfuerzo para mantenernos en unas cifras lo suficientemente aceptables como para que los mercados vean la oportunidad de regresar”. Teniendo en cuenta que muchos países han avanzado en sus planes de vacunación y la demanda latente de intención de viaje sigue creciendo, “insistimos en que depende de todos el que estemos disponibles en materia de seguridad sanitaria, por lo que queremos tomar la iniciativa de la concienciación para afrontar la reapertura turística”.

En esta ocasión, la nueva fase de concienciación llegará a 250 mil residentes canarios, fundamentalmente con edades comprendidas entre los 18 y 29 años que son usuarios de las redes sociales Facebook e Instagram. Tomando como referencia los buenos resultados de las anteriores oleadas de publicidad, se ha elegido el material que ha demostrado funcionar mejor entre este público joven, como son las microcápsulas sobre lo que significa el efecto mariposa -el no usar la mascarilla, como acción individual, puede desembocar en una crisis económica donde hasta las aerolíneas dejan de volar- o la importancia de seguir siendo líderes de la industria turística. La duración de la campaña será de dos semanas, coincidiendo con los nuevos cambios en el semáforo de contagios que ha establecido el Gobierno y estará activa hasta final de mes.

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La Consejería se coordina con el Observatorio de la Igualdad e Integración Social de la Federación de Fútbol

La viceconsejeras de Derechos Sociales y de Igualdad, Gemma Martínez y Sylvia Jaén respectivamente y la  directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, han mantenido un encuentro con la presidenta del nuevo Observatorio de la Igualdad e Integración Social y vicepresidenta de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Sonja Arup, con el objetivo de conocer la actividad del nuevo observatorio y entablar un contacto periódico.

La presidenta del Observatorio esbozó las líneas maestras y la hoja del ruta de este órgano federativo, además de ofrecer un avance de los distintos proyectos en los que se trabaja y que tienen puntos en común con la administración autonómica y su ámbito de competencias.

Por su parte, las representantes de la Consejería se congratularon de la puesta en marcha de un observatorio de esta naturaleza desde el seno federativo por la importancia y repercusión social que tiene el fútbol en la sociedad canaria. Además, también expresaron su total predisposición a apoyar total, o parcialmente, los distintos programas e iniciativas que les fueron expuestos por Sonja Arup.

Las participantes en esta primera cita acordaron la organización de reuniones periódicas para profundizar en el desarrollo y ejecución de los distintos proyectos que se pongan en marcha.

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