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El Gobierno de Canarias acuerda activar el 1 de diciembre el cribado de pasajeros nacionales que entren en Canarias

Reunión del Consejo de Gobierno

Aquellas personas procedentes de otra región del país deberán presentar certificado de vacunación contra la COVID-19 o el de haber superado la enfermedad o bien una prueba diagnóstica negativa hecha 72 horas antes de su llegada

Además, el Ejecutivo encargó a la Consejería de Sanidad un informe sobre cómo promover la obligatoriedad de presentar Certificado COVID para acceder a determinados espacios y actividades

El Gobierno de Canarias aprobó en su sesión ordinaria de este jueves, día 18 de noviembre, activar a partir del 1 de diciembre la realización de cribados para contener la transmisión del SARS-CoV-2 mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima. Esto implica que aquellas personas que lleguen a Canarias desde otra región española deberán portar el certificado vacunal contra la COVID-19, o una prueba diagnóstica de infección activa negativa o bien el certificado de haber pasado la enfermedad con menos de 6 meses de antelación a la fecha del desplazamiento.

Esta medida, que se puso en marcha el pasado 18 de diciembre y culminó el 30 de septiembre, constituye una herramienta necesaria para continuar con el control y contención de casos importados de coronavirus en viajeros procedentes de otros puntos del territorio nacional y mientras se acelera el ritmo de vacunación contra la COVID-19.

La Consejería de Sanidad modificó a principios de julio la norma, excluyendo de la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros menores de 12 años que entren en Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Para el resto de población mayor de 12 años (o con 12 años cumplidos) continuará vigente la normativa que obliga a someterse a la realización de una PDIA para SARS-CoV-2 con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la llegada a Canarias.

Supuestos de exclusión de realización de la PDIA

No se exige la presentación de PDIA negativa en el momento de la entrada a Canarias en los siguientes casos, además de a los menores de 12 años:

-Personas en tránsito a través del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, aquellas que hagan escala en Canarias cuyo destino final sea otro país u otro lugar del territorio nacional.

-Personas que acrediten haber estado fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias por un plazo inferior a 72 horas previas a la llegada, con independencia de su lugar de residencia.

-Personas vacunadas contra la COVID-19 con la pauta completa de vacunación dentro de los 8 meses previos al desplazamiento, o bien con una dosis con más de 15 días de antelación y dentro de los cuatro meses previos al desplazamiento.

-Personas que hayan pasado la enfermedad con menos de 6 meses de antelación a la fecha del desplazamiento.

El certificado de vacunación y de recuperación de la COVID-19 se puede obtener en la aplicación www.micertificadocovid.com o bien accediendo a miSCS, dentro del espacio web miHistoria.

Certificado COVID

Además, el Consejo de Gobierno de Canarias encargó a la Consejería de Sanidad  promover la implantación del Certificado COVID en las islas y para ello se debe analizar a qué sectores y actividades afectará así como la manera de materializarlo.

 

 

Aprobado un decreto de ayudas para beneficiarios de la PCI y para paliar los efectos sociales de la erupción

Reunión del Consejo de Gobierno

Los perceptores de la PCI, PNC y Fondo de Asistencia Social contarán con un pago único no renovable de 250 euros

Además, se contempla, un pago extraordinario para hacer frente a los gastos ocasionados por la situación derivada de la erupción

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto-ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones no Contributivas (PNC), del Fondo de asistencia Social, del subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para paliar los efectos sociales derivados de la covid-19.

Además, se ha aprobado también un suplemento extraordinario a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción residentes en los municipios de los Llanos de Aridane, el Paso y Tazacorte para paliar los efectos sociales derivados de la crisis volcánica y otras medidas en los ámbitos social y agrario.

El objeto de este decreto-ley es el establecimiento de una prestación social finalista y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción; pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC), del Fondo de asistencia social (FAS), del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), concebida como prestación económica para cubrir los gastos sobrevenidos por motivo del COVID 19, a fin de atender la adquisición de los medios de protección de obligado cumplimiento.

Se trata de una prestación finalista y personal destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia del COVID-19, de carácter extraordinario de 250 euros, que se abonarán mediante un pago único.

Además, el decreto-ley contempla el establecimiento de una prestación social extraordinaria a favor de las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), residentes en los municipios afectados por la erupción volcánica en La Palma de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, con el objeto de hacer frente a los gastos directos o indirectos ocasionados por la situación derivada de la crisis volcánica.

Se trata de una prestación extraordinaria y de abono único cuya cuantía será la misma de la PCI tenga reconocida la unidad de convivencia, incluyendo el complemento por menor a cargo.

El Gobierno de Canarias sanciona a Unelco Endesa y Red Eléctrica por el cero energético de Tenerife de 2019

La empresa generadora tendrá una sanción de más de 13 millones de euros, mientras que la multa al transportista supera los 11 millones

El Consejo de Gobierno de este jueves, 18 de noviembre, ha aprobado los decretos por los cuales se resuelven los procedimientos sancionadores a Unión Eléctrica de Canarias Generación S.A.U. (UNELCO Endesa) y Red Eléctrica de España S.A.U. por el cero energético ocurrido el pasado 29 de septiembre de 2019 en la isla de Tenerife.

En el caso de la empresa distribuidora y generadora (UNELCO Endesa) la sanción será de 13.668.001 euros por tres infracciones administrativas muy graves previstas en la Ley 24/2013, mientras que en el caso del transportista (REE) la multa ascenderá hasta los 11.190.751 euros por dos infracciones administrativas muy graves en base al mismo texto legislativo.

En lo referente a Unión Eléctrica de Canarias Generación, se ha constatado que el fallo de la capacidad de arranque autónomo originado el pasado 29 de septiembre de 2019 evidencia la falta de idoneidad técnica de los grupos de Granadilla Gas 1 y 2.

Este hecho se tradujo en una reducción, sin autorización, de la capacidad de producción y del suministro de energía eléctrica. No sólo se puso en riesgo la garantía de suministro, sino que fue un elemento determinante para que se prolongara más de lo necesario el cero eléctrico acontecido, al condicionar la indisponibilidad de los citados grupos Gas 1 y 2 la estrategia de reposición de suministro.

En el caso de Red Eléctrica de España, entre otros aspectos, ha resultado patente que la Subestación de Granadilla no contaba con el equipamiento de protecciones, conforme a su grado de criticidad exigido en el Sistema Eléctrico Canario. Este comportamiento anómalo del sistema de protección terminó por generar un hueco de tensión cuyos efectos se propagaron desde la subestación de Granadilla hacia el resto de la red.

Como consecuencia de estos hechos, ha quedado acreditado que REE incumplió su obligación de mantener sus instalaciones en las adecuadas condiciones de idoneidad técnica.

El órgano competente para sancionar las infracciones muy graves en materia eléctrica es el Gobierno de Canarias, según establece el artículo 21.2 de la Ley 11/1997, del 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

 

Se destinan 477.476 euros al Arca de Noé para el cumplimiento de las cuarentenas por COVID-19 en Fuerteventura

Este recurso se utiliza para el aislamiento de personas que lo tengan indicado por razón del virus y tengan dificultad para su cumplimiento

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a la contratación de emergencia en la isla de Fuerteventura de recursos de alojamiento de corta estancia, dentro del proyecto “Arca de Noé” por valor de 477.476,80 euros.

Este recurso, que ha cubierto 7.416 pernoctaciones entre los meses de junio a septiembre, se ha activado para el aislamiento o cuarentena de personas que lo tengan indicado por razón del COVID-19 y tengan dificultad para su cumplimiento.

Con carácter previo a la contratación, la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura ha informado de la necesidad de dotar a la isla de un recurso alojativo y convivencial alternativo que posibilite que las personas vulnerables puedan hacer un aislamiento o cuarentena adecuado, lo que evita ingresos hospitalarios que no sean estrictamente necesarios y deja libres recursos para pacientes con mayor necesidad de cuidados.

A raíz de la necesidad justificada en tales informes, la Dirección de Área de Salud contrató por tramitación de emergencia, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el servicio de alojamiento en establecimientos de corta estancia.

El proyecto Arca de Noé fue puesto en marcha en octubre del año pasado por el Servicio Canario de la Salud para la puesta a disposición de alojamientos privados a personas socialmente vulnerables y migrantes que deban realizar aislamiento o cuarentena por ser casos positivos en COVID-19 o casos sospechosos, probables o contactos estrechos de un positivo.

Igualmente, está destinado a personal sanitario con diagnóstico, sospecha o contacto de COVID-19 o con alto nivel de exposición laboral al contagio, con independencia de que deban realizar aislamiento o cuarentena.

Con el alojamiento de corta estancia se evita la propagación del virus como consecuencia de nuevos contagios, el uso de recursos sanitarios sin que existan motivos asistenciales que lo justificaran y la reducción de la presión hospitalaria.

El Gobierno ratifica el proyecto del primer Registro de Agentes Inmobiliarios de Canarias

El Ejecutivo solicitará de forma inmediata el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias como paso previo para la entrada en vigor de este nuevo Registro incluido entre los objetivos del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025

El Gobierno de Canarias ha tomado en consideración y ratificado hoy en su sesión semanal del Consejo la propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, en coordinación con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, para la creación del primer Registro de Agentes Inmobiliarios de Canarias a través de un decreto que regulará el funcionamiento de este sector.

Con la creación de este Registro se da cumplimiento a uno de los objetivos que incorpora el Pacto por la Vivienda Digna, reflejado en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es el de facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda, identificar a los profesionales del sector de forma adecuada y con transparencia y garantías de contratación, teniendo como objetivo la protección de los consumidores y favoreciendo la calidad en la prestación de un servicio que, habitualmente, supone grandes desembolsos para la ciudadanía.

La ratificación acordada hoy en el seno del Consejo de Gobierno es el penúltimo paso antes de que este registro se apruebe y entre en vigor, por eso, el consejero Franquis anunció que el Gobierno solicitará de forma inmediata el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el decreto con el que se aprobará este nuevo reglamento.

Este registro, cuando entre en vigor de manera definitiva, tendrá un carácter gratuito y voluntario, pero será necesario disponer de un domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias, con un establecimiento abierto al público o prestar servicio telemático de las islas y acreditar su capacidad profesional mediante la pertenencia al Colegio Oficial u otros criterios de cualificación y experiencia profesional certificada. Además, los profesionales deberán disponer de solvencia económica suficiente mediante las garantías y seguros de responsabilidad necesarios.

Durante la tramitación de este Registro por parte de personal de la Consejería, se ha consultado a los representantes del sector inmobiliario y a las asociaciones profesionales vinculadas con el objetivo de regular esta actividad para facilitar un mejor acceso al parque de viviendas de Canarias y cumplir así con uno de los principales ejes del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es garantizar el acceso a la vivienda con toda seguridad.

El proyecto de decreto aprobado hoy por el Consejo se compone de 16 artículos agrupados en cuatro capítulos. Con la creación de este Registro, el Gobierno canario no pretende regular la actividad profesional de los agentes inmobiliarios, sino solo precisar los requisitos que deben cumplir tales profesionales para poder inscribirse en el mencionado registro y las obligaciones a que se comprometen con ello, siendo la inscripción voluntaria y gratuita.

 

El SCS emitió en octubre 4,4 millones de recetas de medicamentos y productos dietoterápicos

El gasto medio por receta se situó en 11,62 euros, un 0,05% inferior al del mismo mes del año anterior

La Consejería de Sanidad presentó este jueves, 18 de noviembre, en Consejo de Gobierno el informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente al mes de octubre, que ascendió a 52.115.751,79 euros e incluye el gasto en medicamentos y productos dietoterápicos, así como el importe por la exención del copago a las personas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales. 

Según los indicadores de la prestación farmacéutica, en esa mensualidad se emitieron 4.430.590 recetas, un 5,41% más que en el mismo mes del año anterior, por lo que el número acumulado de recetas facturadas con cargo al SCS en los primeros diez meses del año es de 43.384.973 euros.

El gasto medio por receta se situó en octubre en 11,62 euros, con un descenso del 0,05%. Por Áreas de Salud, solo La Gomera superó los 12 euros de gasto medio mensual (con 12,62 euros).

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

De acuerdo con estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de octubre que se comunica al Ministerio asciende a 49.717.722,03.

El Consejo aprueba tres nombramientos de nuevas y nuevos vocales del Consejo Social de la ULPGC

Dos de ellos en representación de la Confederación Canaria de Empresarios, mientras que la tercera representa al Cabildo de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno aprobó hoy jueves, 18 de noviembre, el Decreto por el que se disponen los nombramientos de José Domingo Martín Espino y Santiago de Armas Fariñas como vocales del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en representación de la Confederación Canaria de Empresarios en el ámbito de las organizaciones empresariales más representativas. Además, dicho texto recoge el cese de María Isabel Santana Marrero y el nombramiento de Olaia Morán Ramírez, en este caso en representación del Cabildo de Gran Canaria.  

La Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias dispone que el nombramiento de las y los vocales del Consejo Social se realizará por acuerdo del Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero o consejera competente en materia de educación, con arreglo a la designación que hubiere realizado el Consejo de Gobierno de la universidad y las instituciones, entidades, organizaciones o colectivos correspondientes.

Señala, además, que la representación de los intereses sociales se verificará a través de 22 vocales nombrados entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, entre ellos, un vocal en representación de cada uno de los cabildos insulares y dos vocales propuestos por las asociaciones empresariales más representativas, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.

 

La Consejería tramita un anticipo de 13 millones para el sector platanero afectado por el volcán

El departamento ha solicitado a la UE que se mantengan las cantidades de referencia a pesar de que se reduzcan de forma considerable las ventas de plátano

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias asegura que se van a cubrir todas las pérdidas de producción en el sector platanero provocadas por la erupción volcánica de La Palma.

En relación a los daños, en el Valle de Aridane se ha contabilizado hasta el momento aproximadamente la pérdida del 80% de la producción de plátano, mientras que en el municipio de Fuencaliente una afección aproximada del 50%.

Con la finalidad de inyectar liquidez al sector, se anticiparán 13 millones de euros de fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para compensar la pérdida de producción.

A medio plazo y hasta el final de la cosecha, se irá evaluando el daño de producción real definitiva de cada productor para el pago de las pérdidas totales. Para habilitar ambas ayudas se está tramitando ya la orden que permite proceder a la concesión y los pagos, con la previsión de su publicación a final de mes. En este caso, para las pérdidas de producción por ceniza en las explotaciones plataneras, las ayudas se tramitarán sin que los propios cosecheros tengan que inscribirse en el registro único de afectados.

En el caso de pérdida de fincas por la lava, daños en infraestructuras, invernaderos o plantas, los propietarios deberán inscribirse de forma individual en el registro de afectados.

Desde la Consejería se está tramitando una convocatoria de la medida 5.2 del PDR para subvencionar, además de la reconstrucción de invernaderos, otros conceptos como otras infraestructuras, maquinaria o reposición de plantas.

Con respecto al POSEI, se ha propuesto a la Unión Europea que se mantengan las cantidades de referencia a pesar de que se reduzcan de forma considerable las ventas de plátano, y que se exima de la obligación de vender un mínimo del 70% de la producción. También, que se mantenga la cantidad de referencia para los propietarios de fincas sepultadas por la lava.

Por último, se está trabajando en un diagnóstico de suelo agrario que pueda ser utilizado para reiniciar la actividad de las fincas sepultadas.

 

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Lanzarote sube a nivel de alerta 2 ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos

Fuerteventura continúa en nivel de alerta 2 y el resto de islas en nivel de alerta 1 por COVID-19. La incidencia acumulada a 7 días aumentó un 60,6%, por lo que se insiste en la importancia de mantener las medidas de prevención para evitar riesgos de transmisión ya que el incremento responde a la relajación en la aplicación de las medidas de uso de mascarilla en interiores, distancia interpersonal, higiene de manos y ventilación

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias actualizó este jueves los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública, con datos consolidados a 17 de noviembre, sobre la evolución de los indicadores sanitarios por COVID-19, que pasan a la isla de Lanzarote (donde epidemiológicamente se incluye La Graciosa) a nivel de alerta 2. El resto de las islas continúan una semana más en el nivel de alerta que tenían: Fuerteventura en nivel 2 y Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro en nivel 1, identificado con el “semáforo verde”.

El cambio de nivel de Lanzarote entra en vigor a las 00.00 horas del próximo lunes día 22, quedando supeditado a revaluaciones periódicas, incluso antes de la fecha indicada si fuera necesario.

En el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma, entre el 9 y el 15 de noviembre se notificaron 1.125 casos nuevos de COVID-19, lo que supone un incremento en torno al 23,4% en el promedio diario de nuevos casos con relación a la semana anterior, en la que se registraron 912 casos.

El promedio de la tasa de IA a 7 días en el conjunto de Canarias y por islas aumentó en torno a un 60,6%, de manera que, de un promedio diario de 31,2 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 50,1 casos en esta última semana. El mayor ascenso se observa en la isla de Lanzarote y todas las islas se encuentran en nivel de riesgo medio, excepto Fuerteventura que está en nivel de riesgo alto y La Palma que se mantiene en nivel bajo.

El promedio diario de tasa de IA a 14 días ha aumentado en mayor o menor proporción en todas las islas, por lo que el conjunto de la Comunidad Autónoma se mantiene en riesgo medio, salvo Fuerteventura que se encuentra en riesgo alto, y El Hierro y La Palma que están en nivel bajo y muy bajo, respectivamente.

La evolución de las incidencias acumuladas responde a la relajación general en el mantenimiento de medidas no farmacológicas de prevención (mascarilla, distancia física, ventilación, lavado de manos) a pesar de que han demostrado sobradamente su eficacia. Por tanto, la Consejería de Sanidad insiste en la necesidad de mantener las medidas de prevención para evitar riesgos de transmisión de la COVID-19.

Indicadores asistenciales

En cuanto a los indicadores asistenciales, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas durante la última semana por pacientes COVID-19 aumenta un 19,3% respecto a la semana anterior, siendo en promedio 105 las camas ocupadas, si bien el porcentaje de ocupación se encuentra en nivel de riesgo bajo en todas las islas, excepto en Lanzarote y La Gomera, que están en riesgo muy bajo.

El número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ascendente que inició la semana pasada, con un total de 28 ocupadas la última semana, aunque la mayoría de las islas se encuentran en riesgo muy bajo, excepto Tenerife y Gran Canaria que se encuentran en riesgo bajo.

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 14 días es de 65 años y medio.

El 50% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante las últimas 2 semanas no había recibido la pauta de vacunación completa y el 52,8% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticados en los últimos 14 días no tenía patologías previas, este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar en los que el 70,2% no tenía otras patologías conocidas.

Incidencia acumulada en personas no vacunadas

La tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la última semana es 2,7 veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa.

Situación de Lanzarote

Con respecto a la isla de Lanzarote, el informe detalla que en las últimas dos semanas se ha producido un aumento importante de la IA7d, que aumenta un 93% entre el 9 y el 15 de noviembre encontrándose a menos de 6 puntos del riesgo alto. Este aumento es incluso más marcado en la población de 65 y más años, que aumenta un 150% la IA7d en esa franja de edad en las últimas dos semanas.

En lo que respecta a la ocupación asistencial, no se aprecia aún el impacto del aumento de la incidencia en los indicadores de presión asistencial, pero es esperable que este se manifieste a partir de la próxima semana, dado que los casos graves tardan de media unos 14 días desde el inicio de los síntomas hasta su ingreso hospitalario. Puesto que la isla se encuentra en una situación de riesgo de transmisión elevado, por empeoramiento brusco de la situación epidemiológica, se propone el ascenso a nivel de alerta 2.

Situación en Gran Canaria y Tenerife

El informe también indica que Gran Canaria y Tenerife continúan en nivel de alerta 1, si bien en las últimas dos semanas se observa un incremento en el promedio de casos y también se observa una tendencia ascendente en la incidencia acumulada a siete días, aunque en ambas islas este indicador se mantiene en nivel de riesgo medio. Además, la ocupación continua su tendencia ascendente en la última semana en ambas islas. Por ello, los datos indican que pueden continuar en nivel de alerta 1, pero apuntan a un aumento de nivel en la próxima evaluación si se mantiene la tendencia al alza de los indicadores.

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