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La Consejería avanza en el desarrollo de iniciativas para consolidar a Canarias como un territorio a la vanguardia

La Consejería avanza en el desarrollo de iniciativas para consolidar a Canarias como un territorio a la vanguardia en movilidad sostenible

Pablo Rodríguez insiste en que esta es la legislatura de mayor apuesta por la movilidad sostenible en la historia de las islas

El consejero destaca en el Foro de Tribuna de Canarias la apuesta de la Consejería por implantar una estrategia conjunta entre las áreas de Transportes e Infraestructura Viaria e implantar medidas que contemplen la movilidad desde diferentes perspectivas

María Fernández valora la implicación de más de 30 colectivos en la fase de participación ciudadana de la futura Ley de Movilidad Sostenible de Canarias

Rosana Melián informa de que la próxima entrega de la ‘Estrategia Verde’ incluirá un análisis que estudiará cómo incorporación las energías renovables en las infraestructuras viarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha afirmado que “la movilidad es una prioridad en Canarias, y estamos dando pasos más allá para hacer que las islas se sitúen a la vanguardia del sector en esta materia, innovando constantemente y poniendo en marcha nuevas iniciativas destinadas a reducir el consumo energético, generando un cambio de mentalidad en la ciudadanía y transformando nuestras islas”, ha explicado Rodríguez. 

El consejero ha realizado estas declaraciones durante su conferencia inaugural desarrollada en el marco del ‘V Foro de Movilidad de Canarias: La Movilidad basada en los datos y la innovación’, organizado por Tribuna de Canarias, en el que también han participado la directora general de Transportes, María Fernández, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián.

Rodríguez ha recordado que “hace ocho años impulsamos ideas y proyectos como el Bono Residente Canario o los Planes de Movilidad Sostenible, que hoy siguen vigentes. Esta legislatura es la de mayor apuesta por la movilidad sostenible en la historia de Canarias. Por eso, hemos recuperado todas esas iniciativas que quedaron no se trabajaron ni desarrollaron durante los últimos cuatro años, para trabajar de manera transversal entre las dos direcciones generales. Los problemas de movilidad no sólo se resuelven construyendo nuevas carreteras, sino usándolas de manera más responsable y consciente con nuestro entorno”.

Un modelo de movilidad sostenible participado

Durante el encuentro, la directora general de Transportes, María Fernández, ha analizado los avances del estado del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias.

“Hemos terminado la fase previa de participación ciudadana, donde han participado más de 35 colectivos. En este sentido, un 51,1% hizo aportaciones concretas a los objetivos de la ley, y ahora, en esta segunda fase, nos reuniremos con todos y cada uno de los agentes implicados que hemos identificado en el sector del transporte, la sociedad civil organizada y el sistema académico, para elaborar el borrador de la primera Ley de Movilidad Sostenible de Canarias”, ha añadido Fernández.

En esta línea, Fernández ha insistido en que “nos vamos a tomar el tiempo que haga falta en esta fase de participación. Mantendremos reuniones con los más de 90 agentes implicados que hemos identificado en todas las islas, con el objetivo de que sea una ley participativa y no una imposición de unos pocos hacia muchos, sino que refleje la identidad canaria y que realmente sea útil”.

Asimismo, ha recordado la reciente convalidación del decreto ley de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, sin votos en contra en el Parlamento de Canarias, que permite la adaptación de la normativa canaria a las exigencias europeas, incluyendo criterios basados en consideraciones ambientales, energéticas y de sostenibilidad.

Próxima entrega de la ‘Estrategia verde’

Por su parte, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha recordado que la Consejería ya dispone del primer análisis de la ‘Estrategia de eficiencia energética y energías renovables en las infraestructuras viarias’ de Canarias, realizado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), para seguir progresando en la descarbonización y transformación de las carreteras.

“El ITC nos ha hecho entrega de los dos primeros documentos: la memoria de diagnóstico y la estrategia de eficiencia energética, con las principales conclusiones donde se han propuesto una batería de actuaciones destinadas reducir el consumo energético actual de las vías hasta alcanzar valores sostenibles”.

Asimismo, ha avanzado que la próxima entrega incluirá la estrategia destinada a la incorporación de energías renovables en todos aquellos proyectos promovidos desde la Dirección General.

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Canarias y Navarra firman un compromiso por la justicia restaurativa para reparar el daño a las víctimas

Nieves Lady Barreto resalta el trabajo de la colaboración entre comunidades autónomas para unir esfuerzos en humanizar la justicia

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia de Navarra, Amparo López Antelo, han firmado hoy la Declaración de las Islas Canarias por una Cultura Restaurativa, que sitúa en el centro de la respuesta penal la reparación del daño causado a la víctima, la reinserción de las personas infractoras y la participación de la comunidad.

Nieves Lady Barreto manifestó que hoy Canarias suscribe un compromiso con los principios y valores que sustentan la justicia restaurativa, y empieza a dar los primeros pasos para que se implante de manera efectiva, partiendo de la experiencia de Navarra en este ámbito.

En el marco de unas jornadas de trabajo y de intercambio de experiencias celebradas en Santa Cruz de Tenerife, la consejera apuntó que “una justicia moderna y eficaz requiere contar con medios que permitan el diálogo entre quienes han causado un daño y quienes lo han sufrido y Canarias trabajará con Navarra para seguir humanizando la justicia y favorecer una política pública de justicia restaurativa, que permita una reparación integral y moral”, dijo.

Por su parte, Amparo López, señaló que el Gobierno de Navarra lleva años trabajando en la justicia restaurativa y se mostró satisfecha por visibilizar la colaboración entre comunidades autónomas con la firma de este protocolo, “porque tenemos los mismos problemas, trabajamos en el mismo marco normativo y tenemos que aprender unas de otras, colaborar y avanzar juntas”.

Entre los principios de la justicia restaurativa está la participación voluntaria, la solidaridad, la reparación, la responsabilización y pacificación, siempre respetando los derechos humanos y procesales de las víctimas y de las personas investigadas o condenadas, utilizando técnicas como la mediación penal.

Por ello, ambos gobiernos se comprometen a continuar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en estas cuestiones para fomentar un aprendizaje mutuo que redunde en una mejora de las políticas públicas de justicia, seguridad y convivencia. También acuerdan promover la formación y sensibilización de los operadores jurídicos y de la sociedad en su conjunto para que conozcan los beneficios de la justicia restaurativa y, en concreto, su capacidad para lograr la reparación de las víctimas y la reinserción de las personas infractoras.

Por otra parte, Canarias y Navarra potenciarán servicios de justicia restaurativa estables, con formación y calidad, apoyados por las administraciones públicas, con financiación suficiente, supervisión y evaluación continua de resultados, además de impulsar el fomento de la prevención de la judicialización de los conflictos a través de las prácticas restaurativas comunitarias, definidas como herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados, así como por la promoción de la cohesión social, buscando generar condiciones colectivas de confianza, responsabilidad, respeto y cuidado, y potenciando una convivencia pacífica de nuestras comunidades.

Con esta declaración se clausuran unas jornadas de trabajo entre ambos gobiernos, con la asistencia de relevantes figuras de la judicatura, la fiscalía y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Canarias, que fueron inauguradas por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y que ha contado con la ponencia del profesor de Derecho Penal y director de la cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Democráticos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Daniel Montesdeoca. Por parte del Gobierno de Navarra, han participado la directora general de Justicia, Maite Arenaza y el director del servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa, Jorge Ollero, entre otros expertos.

 

 

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El Ejecutivo incrementa la financiación del plan sociosanitario de Fuerteventura con 1,1 millones de euros

En la misma sesión de este lunes, se ha autorizado la inclusión de la quinta adenda en el convenio con el cabildo para incluir el equipamiento de la residencia de salud mental de Puerto del Rosario, la remodelación del centro de día de discapacidad de Gran Tarajal y la remodelación del centro de día de mayores Josefina Plá

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo la suscripción de la Adenda Quinta de modificación del Convenio de cooperación suscrito entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través la Consejería Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la Consejería de Sanidad, y el Cabildo Insular de Fuerteventura, para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias en la isla.

En la misma sesión del Consejo de Gobierno de este lunes, se ha autorizado la modificación presupuestaria para incrementar la dotación de este convenio con 1.091.875,91 euros, que permitirá dar cobertura presupuestaria, en este año 2024, a las modificaciones propuestas en esta quinta adenda.

La firma de esta quinta Adenda supone incrementar la financiación en la obra de construcción de la Residencia Insular de Salud Mental Puerto del Rosario por un importe de 36.208,80 euros, así como el propio equipamiento, necesario para su puesta en funcionamiento, que se ha cuantificado en 500.000,00 euros; Esta modificación supone que se incrementa el coste inicial previsto de 3.411.853,58 euros y, por tanto, el nuevo coste actualizado a incluir en el convenio sería de 4.466.738,69 euros.

También con esta modificación se incluirá la actuación de remodelación del actual Centro de Día de Personas con Discapacidad de Gran Tarajal, y el incremento de la dotación prevista para la actuación consiste en la “remodelación del Centro de día de Mayores Josefina Plá”, para la adquisición de equipamiento y adecuación de las instalaciones, con un presupuesto de 120.000 euros.

En el convenio se mantendrán los porcentajes de financiación que ambas partes asumieron en el convenio inicialmente y que planteaba que el Gobierno de Canarias aportaría el 71% y el Cabildo Insular de Fuerteventura el otro 29%.

Las aportaciones actualizadas que ambas administraciones destinan a la financiación de este convenio asciende a 18.115.342,12 euros, de los que 12.861.892,91 euros son aportados por el Gobierno de Canarias.

Como consecuencia de las modificaciones resultantes de esta adenda, las obras que quedan incluidas en este convenio son las siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno incrementa con 79.000 euros las actuaciones en accesibilidad para personas dependientes

Esta partida permitirá financiar solicitudes formuladas desde asociaciones y otras entidades con el objetivo último de la mejora de la calidad de vida

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de este lunes una modificación presupuestaria destinada a incrementar con 79.000 euros las actuaciones que desarrolla la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para el fomento de la accesibilidad de personas dependientes.

Entre otros proyectos, esta partida permitirá financiar diversas solicitudes formuladas desde asociaciones y otras entidades dirigidas a colectivos y personas con dependencia, con el objetivo último de la mejora de la calidad de vida. La financiación de estos proyectos de inversión permitiría que las asociaciones y entidades desarrollen todas las actuaciones necesarias para la prestación de servicios de interés social, con criterios de solidaridad y autonomía, dando cumplimiento a los preceptos recogidos y establecidos en la Ley de Servicios Sociales de Canarias.

Con esta actuación, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias cumple con el objetivo de asegurar la accesibilidad universal de las personas mayores, en igualdad de condiciones, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Uno de los retos prioritarios de este departamento es mejorar la atención a las personas en situación de dependencia. Para ello, entre otras medidas, se han iniciado acciones para agilizar los tiempos de tramitación que ya han empezado a dar resultado. Desde el inicio de legislatura, se ha reducido en casi seis meses el tiempo de resolución de las solicitudes, un 22,2% menos en el último año.

El Gobierno aprueba la inversión de 400.000 euros para la construcción del centro de día de mayores de Mogán

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias quiere otorgar un mayor protagonismo a la población mayor que reside en las islas

En la sesión celebrada este lunes 23 de septiembre, el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado autorizar la transferencia de crédito de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, destinada a la construcción del nuevo centro de día de mayores en el Ayuntamiento de Mogán.

Este nuevo centro permitirá complementar la atención que se presta en la actualidad en el centro de Arguineguín y atender mejor al resto de población mayor residente en zonas más alejadas como Mogán pueblo, Playa de Mogán y Veneguera.

Con esta actuación, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias cumple con uno de sus objetivos, como es promover la financiación de proyectos de inversión que permitan acometer obras y reformas necesarias, así como la dotación de los equipamientos precisos para asegurar la accesibilidad universal de las personas mayores, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, así como ofrecer una atención “integrada”, de carácter social y sanitario.

Además, la Consejería quiere otorgar un mayor protagonismo a la población mayor que reside en las islas. Para ello, trabaja ya en la elaboración del primer programa de atención integral para las personas mayores de Canarias. Esta herramienta permitirá desarrollar un proyecto para mejorar la imagen social del envejecimiento, promover la solidaridad intergeneracional y fomentar una aproximación lúdica y socializante del envejecimiento activo a través de la actividad física.

Esta legislatura es la primera que Canarias cuenta con una dirección general específica dedicada a la población mayor. En los últimos 22 años la población de más de 65 años ha aumentado considerablemente, de forma que en el año 2000 representaba el 11,6% y en 2022 ya suponía el 17,1% de los residentes en las islas.

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de Canarias incrementa en 1,5 millones de euros la ayuda a los consorcios insulares de bomberos

La Dirección General de Emergencias destina este año un total de 5,2 millones de euros a los cuerpos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para incrementar en 1,5 millones de euros la aportación económica a los tres consorcios insulares de bomberos en funcionamiento en el archipiélago, adscritos a los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

La partida presupuestaria de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, destinada a subvencionar el funcionamiento de los consorcios de bomberos, registra así en 2024 un incremento del 7,6% con respecto al ejercicio anterior.

El objetivo de este aumento es garantizar la movilización de los recursos insulares necesarios en caso de emergencias de nivel autonómico, sin causar un perjuicio en las cuentas públicas de los respectivos consorcios participados por el Gobierno de Canarias.

El incremento de 1,5 millones de euros aprobado hoy supone igualar las cantidades que los consorcios venían recibiendo en el ejercicio pasado, a las que además se suma un aumento de 125.000 euros añadido para cada consorcio.

El Gobierno de Canarias pone en valor de esta manera la aportación que al sistema público de protección civil canario realizan cada día los cuerpos insulares de extinción de incendios y rescate, integrados en los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

El Gobierno canario aprueba un incremento de 24 millones de euros para la atención a menores

A través de esta partida se financiarán recursos destinados a la infancia migrante no acompañada y se aumentarán las partidas para los centros de medidas judiciales

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado hoy el incremento de crédito de diversas partidas presupuestarias de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para hacer frente a compromisos y obligaciones relativos a gastos de menores extranjeros no acompañados y a la ejecución de medidas judiciales de menores infractores, por un total de 24.127.199,22 euros.

En concreto, el Ejecutivo canario ha autorizado 18.894.493,27 euros para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores extranjeros no acompañados y otros 4.944.705,95 euros para el programa de ejecución de medidas judiciales de menores infractores que desarrolla la Fundación IDEO, así como para financiar los convenios con varias entidades destinados a la ejecución de las medidas judiciales impuestas por los jueces, y que a la presente fecha carece de crédito para hacer frente a los compromisos adquiridos.

Por último, se incrementa con 288.000 euros la partida destinada a gastos de la Fundación IDEO.

En la actualidad, Canarias cuenta con más de 5.500 menores extranjeros no acompañados acogidos y 81 dispositivos de emergencia. Desde agosto del año pasado está declarada la situación de emergencia para agilizar los trámites administrativos y poder atender a estos menores.

El Gobierno exige al Estado cumplir con sus obligaciones ante la crisis migratoria que vive Canarias

En el plazo de un mes, el Ejecutivo, a través de sus servicios jurídicos, ejercerá las acciones legales y judiciales que entienda adecuadas

Se insiste en el incumplimiento en materia económica por parte del Gobierno de España derivada de su obligación de garantizar el principio de solidaridad

El Consejo de Gobierno ha aprobado realizar un requerimiento dirigido al Consejo de Ministros para que cumpla con sus obligaciones, recogidas en su protocolo marco estatal, ante la crisis migratoria que vive Canarias. En el acuerdo adoptado, el Gobierno detalla la situación actual, la acumulación de incumplimientos legales por parte del Estado en esta crisis y expone que, transcurrido el plazo de un mes, el Ejecutivo, “a través de sus servicios jurídicos, ejercerá las acciones legales y judiciales que entienda adecuadas” con el objetivo de que el Estado asuma sus competencias en relación con los menores extranjeros no acompañados, que son de su responsabilidad y de los que está obligada a ocuparse.

En el acuerdo se argumenta que la actuación en materia migratoria afecta al menos a cuatro ministerios, que son los que firmaron el protocolo marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, y que estos tienen que ejercer las competencias sobre salvamento marítimo, migración, fronteras y relaciones exteriores. Además, insiste en el incumplimiento en materia económica derivada de su obligación de garantizar el principio de solidaridad.

Entre los motivos, se plantea el agravamiento de la crisis migratoria sumado a la ausencia de recursos para atender a las personas que siguen llegando, “la imposibilidad de habilitar nuevos dispositivos de asistencia (salvo los habilitados por emergencia en los puertos), por inexistencia material de instalaciones adecuadas, salvo las solicitadas y no cedidas por la Administración General del Estado”.

El texto recuerda que, desde los primeros momentos de la crisis migratoria, el Gobierno de Canarias “ha cumplido y gestionado todas sus obligaciones de manera responsable y cohesionada, y así continuará haciéndolo. De ese modo, siempre ha estado y continuará, priorizando el objetivo de proteger el interés superior de las niñas y niños extranjeros no acompañados, el mejor desarrollo de su personalidad y su plena integración social. Sin perjuicio de muchas otras actuaciones anteriores, el compromiso político y social resulta incuestionable”.

En cuanto a la situación específica de los migrantes menores no acompañados que siguen llegando, el acuerdo señala que “la realidad es que, desde su desembarco, se encuentran atendidos”. De acuerdo con el protocolo vigente, “tras su recogida en el mar por las autoridades competentes, una vez desembarcados, las autoridades estatales se ocupan de su guardia y custodia, además de llevar a cabo su identificación, prestándoles atención y cuidado en los recursos disponibles y habilitados específicamente para atender la emergencia en los puertos y otras instalaciones. La atención por los recursos de acogida de la Administración autonómica tiene lugar, según viene haciéndose, a partir del momento de su entrega de los grupos de menores por funcionarios la Policía Nacional con un acta de entrega que contiene una lista de nombres, en algunos casos con datos tachados o incompletos e incumpliendo el protocolo marco estatal aprobado a tal respecto en 2014. Aún así, la Comunidad Autónoma se hace cargo de los menores, asignándoles a alguno de los recursos que se encuentran disponibles”.

El Ejecutivo insiste en el hecho de que, “mientras la Comunidad Autónoma de Canarias sigue atendiendo a todos los menores no acompañados con unos medios desbordados e insuficientes para la magnitud de una migración continental, el Gobierno de España y la Administración General del Estado convierten la crisis migratoria agravada en un debate político y mediático, sin formular la menor propuesta dirigida a resolver la situación”.

En el acuerdo se recalca que el sistema de acogida y protección de menores migrantes no acompañados ha incrementado su dimensión de 29 a 81 centros de acogida en el último año, y ha recibido a muchos más menores no acompañados que las plazas previstas ya ampliadas, “en perjuicio del bienestar y seguridad de los menores”.

El documento suscrito por el Consejo de Gobierno insiste en la ausencia de actuaciones de repatriación de menores migrantes no acompañados y en el hecho de que en relación con los 6000 menores migrantes no acompañados que están acogidos en Canarias no se ha desarrollado “actuación alguna para su retorno al país de origen para integrarse con su familia”.

Asimismo, expone que el Estado infringe diferentes normas como los artículos 2 bis 3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) o el artículo 172 del Código Civil. Esto se debe a que el Estado equipara el lugar en que se halle el menor en desamparo con el territorio del puerto de llegada, aunque el desamparo era previo, así como por la inexistencia de situación de desamparo al proporcionar el Estado la atención inmediata precisa a los menores migrantes no acompañados que salva en el mar o recibe en frontera terrestre.

Finalmente, en el acuerdo adoptado el Ejecutivo regional reitera la “plena disposición de la Comunidad Autónoma para buscar y adoptar de común acuerdo las medidas más adecuadas para la correcta atención de los menores extranjeros no acompañados, en razón del interés superior del menor que debe guiar la correcta atención de todos los poderes públicos”.

Cabe recordar, que en la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, de marzo de 2022, ya Canarias, con el gobierno de Ángel Víctor Torres, presentó un informe jurídico en el ponía en tela de juicio que la responsabilidad de los menores extranjeros no acompañados fuera competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, tal como se especifica en el acta de la reunión, son al menos competencias concurrentes con el Estado en aplicación del art. 35 de la Ley4/2000, la cual indica que “hasta que los menores no sean documentados son responsabilidad del Estado”.

El Gobierno de Canarias, ante la imposiblidad de que el Gobierno de España tome acción en esa línea, y para ordenar esta situación, adoptó su propio protocolo territorial derivado del protocolo marco estatal, aprobado por resolución de 13 de octubre de 2014 de la subsecretaría de Presidencia, y que fue consensuado entre los ministerios con competencias en el fenómeno migratorio. En este sentido, el apartado 1 punto tres de este documento establece que “el Protocolo marco, entendido como tipo o patrón de buenas prácticas que, independientemente de su valor vinculante para las instituciones del Estado que lo suscriban, debería ser completado con la redacción de los correspondientes protocolos territoriales para que –según sus respectivas normas estatutarias– pueda obligar a las administraciones e instituciones autonómicas respectivas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanidad traslada provisionalmente el servicio de Urgencias del Centro de Salud de Valterra al de Titerroy

Esta modificación en el servicio tendrá lugar entre las 19.00 horas del 24 de septiembre a las 08.00 horas del día 25

Este cambio obedece a la finalización de las obras en la sala de radiodiagnóstico del Centro de Salud de Valterra para mejorar las instalaciones y garantizar la calidad de la atención sanitaria

La Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad, informa de que el servicio de Urgencias del Centro de Salud de Valterra se traslada de manera provisional al Centro de Salud de Titerroy. Esta modificación en el servicio tendrá lugar a partir de las 19:00 horas del martes, 24 de septiembre, hasta las 8:00 horas del miércoles, día 25.

Este cambio obedece a la finalización de las obras que se vienen ejecutando en la sala de radiodiagnóstico del centro sanitario de Valterra para mejorar las instalaciones y garantizar la calidad de la atención sanitaria, y que culminan con la conexión de los nuevos equipos del Servicio en la noche del martes.

La dirección de Atención Primaria y del Centro de Salud de Titerroy lamentan las molestias que se puedan ocasionar por el traslado del servicio y agradecen de antemano la comprensión y colaboración de usuarios y profesionales durante el traslado.

El cambio se ha planificado durante estas horas con el objetivo de minimizar las molestias y garantizar una atención sanitaria de calidad en el servicio de Urgencias del Centro de Salud de Valterra, que atenderá con normalidad a partir de las 8 horas del miércoles, 25 de septiembre.

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El Gobierno de Canarias incrementa en 1,5 millones de euros la ayuda a los consorcios insulares de bomberos

La Dirección General de Emergencias destina este año un total de 5,2 millones de euros a los cuerpos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote

 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria para incrementar en 1,5 millones de euros la aportación económica a los tres consorcios insulares de bomberos en funcionamiento en el archipiélago, adscritos a los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.

La partida presupuestaria de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, destinada a subvencionar el funcionamiento de los consorcios de bomberos, registra así en 2024 un incremento del 7,6% con respecto al ejercicio anterior.

El objetivo de este aumento es garantizar la movilización de los recursos insulares necesarios en caso de emergencias de nivel autonómico, sin causar un perjuicio en las cuentas públicas de los respectivos consorcios participados por el Gobierno de Canarias.

El incremento de 1,5 millones de euros aprobado hoy supone igualar las cantidades que los consorcios venían recibiendo en el ejercicio pasado, a las que además se suma un aumento de 125.000 euros añadido para cada consorcio.

El Gobierno de Canarias pone en valor de esta manera la aportación que al sistema público de protección civil canario realizan cada día los cuerpos insulares de extinción de incendios y rescate, integrados en los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.