Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno aprueba el reglamento de organización de la Comisión Técnica de Memoria Histórica

El Gobierno aprueba el reglamento de organización de la Comisión Técnica de Memoria Histórica

Con el acuerdo se da cumplimiento a la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista

El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, al decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado que tiene como objetivo diseñar la estrategia e implantar las medidas concretas para asegurar los fines que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. La sesión constitutiva de la Comisión se celebrará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente decreto.

Con esta norma se da cumplimiento a dicha ley canaria, que prevé en su artículo 11 la creación de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica como órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor. Asimismo, ese artículo recoge un mandato al Ejecutivo canario para establecer reglamentariamente el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica.

El decreto recoge la funciones de la Comisión Técnica, entre las que están las de informar, antes de su aprobación, sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 5/2018; elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas etapas educativas, e informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.

También corresponde a la Comisión proponer al Ejecutivo canario la modificación del registro de víctimas canarias, del mapa de fosas y del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica de Canarias, así como informar previamente a la incoación del procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación de los restos de víctimas.

Asimismo, atañe a la Comisión Técnica la aprobación de sus normas de funcionamiento interno que sean necesarias en desarrollo del presente reglamento, el asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera; el conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su elevación al Gobierno de Canarias, y el seguimiento de las actuaciones llevadas cabo la materia.

Composición de la Comisión

El decreto, que incluye las observaciones recogidas en el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, establece que la citada Comisión estará compuesta por una presidencia, tres vicepresidencias y un máximo de 12 vocales, así como una persona en la Secretaría. La presidencia estará ocupada por la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica o la persona designada por ella.

Habrá tres vicepresidencias. La primera corresponderá a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de patrimonio cultural o la persona designada por ella; la segunda, a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de educación o la persona designada por ella, y la tercera, a una persona de entre las personas vocales representantes de las asociaciones de la memoria histórica de ámbito canario.

Respecto a las personas que ocuparán las vocalías, tres serán designadas por las asociaciones para la memoria histórica de ámbito canario, una de las cuales será la que desempeñe la Vicepresidencia tercera de la Comisión; otra persona será designada por las asociaciones canarias de menores sustraídos en el ámbito de aplicación de esta ley, y otra más por los institutos de medicina legal de ámbito canario.

Las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria elegirán una persona por cada institución académica, otra será propuesta por cada uno de los archivos históricos provinciales de Canarias; una más por la Federación Canaria de Municipios y otra persona será designada por la Federación Canaria de Islas.

Además, cuando en el orden del día de una sesión plenaria se determine la coordinación de acciones conjuntas con algún cabildo insular o corporación municipal, estas entidades designarán un máximo de dos vocales que las representen.

El Gobierno de Canarias impugna 12 acuerdos de entidades locales durante el segundo semestre de 2019

La Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia es la competente para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las corporaciones locales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno de Canarias de las resoluciones dictadas por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia durante el segundo semestre de 2019 para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de la legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, e informó de que en dicho período se han llevado a cabo 12 impugnaciones y cuatro desistimientos.

Las impugnaciones tienen que ver con actos o acuerdos del Cabildo de El Hierro y de los ayuntamientos de Garachico, Valleseco, Agulo, Mogán (2), La Orotava, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, Tejeda, Garafía y Los Silos. Además, se dieron cuatro desistimientos de las acciones jurisdiccionales de impugnación de actos o actuaciones de entidades locales al desparecer el objeto del proceso.

En virtud del Decreto 157/2011, de 16 de junio, el Gobierno delegó en la Viceconsejería competente en materia de administración local la competencia para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, según lo contemplado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

De conformidad con el artículo 48 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia asume las competencias en materia de administración local.

La asistencia gratuita y el turno de oficio reciben 14,8 millones de euros en el segundo semestre de 2019

Los cuatro colegios de abogados de Canarias ingresan 12,9 millones, mientras que los dos colegios de procuradores captan 1,8 millones

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2019 a los colegios de abogados y procuradores de las Islas para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que en total ascienden a 14.839.053,30 euros.

Se cumple así con la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogados y procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

Esas ayudas, concedidas por la extinta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y por el actual departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, por importe de 12.997.114,84 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.841938,46 euros.

Respecto a la relación de subvenciones, 5.944.764,3 euros correspondieron al Colegio de Abogados de Las Palmas; 5.653.724,85 al Colegio de Santa Cruz de Tenerife; 866.287,62 al de Lanzarote, y 532.338,07 al de Santa Cruz de La Palma.

En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife le otorgaron 966.435,42 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 875.503,04 euros.

El Gobierno de Canarias concede 245.000 euros en subvenciones directas para los Puntos de Encuentro Familiar

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad otorgó en el último trimestre de 2019 un total de 425.070,02 euros en ayudas a la Fundación Centro de Atención a la Familia de Tenerife, Cruz Roja, Involcan y el Consejo Canario de Colegio de Procuradores

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, concedió durante el cuarto trimestre de 2019 un total de 425.070,02 euros en subvenciones directas a la Fundación Centro de Atención a la Familia de Tenerife, la Cruz Roja, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y el Consejo Canario de Colegio de Procuradores. Del total del importe de las ayudas, 245.000 euros están destinados al programa de Puntos de Encuentro Familiar.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta este jueves, durante la reunión del Consejo de Gobierno, de estas ayudas en cumplimiento de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que señala que trimestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas de forma directa, siempre que se acrediten razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas, cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por parte del titular del departamento respectivo.

En relación a las ayudas otorgadas para los Puntos de Encuentro Familiar, espacios neutrales que favorecen las relaciones de los menores con sus padres en situaciones de conflicto familiar, la Consejería, por orden del 1 de octubre de 2019, otorgó 149.931,23 euros a la Fundación Centro de Atención a la Familia de Tenerife para este programa en Santa Cruz de Tenerife, mientras que la Cruz Roja Española, a través de dos órdenes del 29 de octubre de 2019, recibió 31.570,11 y 32.000 euros para el programa en El Hierro y La Palma, respectivamente; y por orden del 21 de noviembre de 2019, dicha ONG recibió 31.568,68 euros para el mismo programa en La Gomera.

Por otro lado, en una orden del 18 de noviembre de 2019, la Consejería confirió 100.000 euros al Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) para un proyecto de potenciación de sistemas de vigilancia y prevención relacionados con el riesgo volcánico.

Mientras, el 11 de noviembre de 2019 se subvencionó con 80.000 euros al Consejo Canario de Colegios de Procuradores para gastos por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslados de escritos de 2019.

La CAPJS celebra la modificación de la regulación legal de los contratos menores

BOE Real Decreto ley 3 2020 de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recalca que esta modificación tiene especial trascendencia en los pequeños municipios en los que por sus características tiene mayor relevancia la contratación menor, y viene a confirmar, en gran medida, los criterios de eficiencia y simplificación expuestos por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aplaude la simplificación de los procedimientos de contratación, especialmente en el ámbito de los contratos menores.

La nueva norma modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que recogió el decaído proyecto ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, al resultar urgente y necesario por razones de seguridad jurídica solucionar los graves problemas técnicos que planteaba el actual artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Pérez recalca que esta modificación legal tiene especial trascendencia en aquellos pequeños municipios en los que por sus características tiene mayor relevancia la contratación menor y viene a confirmar, en gran medida, los criterios de eficiencia y simplificación expuestos por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias en su Recomendación 1/2019, de 4 de diciembre, sobre eficiencia en la contratación pública relativa a los contratos menores o de escasa cuantía.

No obstante, explica el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la virtualidad del contrato menor no debe hacer olvidar la conveniencia de una adecuada planificación de la contratación y de las ventajas que dan los sistemas de racionalización de la contratación pública, cómo pueden ser las centrales de contratación que puedan crearse en los cabildos y la propia Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de que los pequeños y medianos municipios puedan adherirse.

Estos servicios especializados, puntualiza Rodríguez, procederían a la tramitación de los expedientes de manera más eficiente, en tiempo y coste, celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios.

En concreto, la norma establece que se consideran contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En los contratos menores, señala la norma, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. Sin embargo, esto no será de aplicación en los contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

Asimismo, requiere la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, y aclara que en el contrato menor de obras deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Otros asuntos

Entre otros muchos asuntos, el decreto hace la transposición de distintas directivas europeas en materia de seguros; las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo; la imposición de los intercambios entre los Estados de la UE, y los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.

En lo que se refiere al sistema legal de contratación pública, afirma que es en comparación con su antecesora la Ley 31/2007, de 30 de octubre, “inequívocamente más ambicioso y extenso”, en gran medida por imperativo de las directivas comunitarias que transpone, y que persigue aclarar las normas vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica.

En concreto, en lo relativo a la contratación explica que el contenido se centra en la transposición parcial de la nueva Directiva 2014/25/UE respecto de todas las entidades que no sean la Administración Pública, e introduce la contratación electrónica obligatoria, fomentando así el empleo de nuevas técnicas de contratación que con un enfoque menos ambicioso ya aparecían en la anterior regulación. La norma también señala como principios que han de regir la contratación los ya tradicionales de no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, igualdad de trato y transparencia a los que, como novedad, añade el de libre competencia, y los de garantía de la unidad de mercado y de garantía de la unidad de mercado.

Además, incluye un mandato inequívoco para que se incorpore de manera transversal, tanto en la configuración como en la sustanciación del procedimiento, consideraciones de naturaleza social, medioambiental y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y se impone la obligación de tomar medidas para garantizar que en la ejecución de sus contratos las empresas cumplen las obligaciones de tipo medioambiental, social y laboral, pudiendo llegar a imponer penalidades por incumplimiento de estas obligaciones.

También se regulan, por primera vez, las consultas al mercado tanto para planificar las licitaciones como para informar de sus planes de contratación, y se exige, con carácter general, que se dé acceso a los pliegos de condiciones y a las prescripciones técnicas por medios electrónicos a través del perfil de contratante; además de imponer la obligación de contar con un perfil de contratante que deberá alojarse bien en la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien en otra plataforma equivalente, según el tipo de entidad contratante.

Etiquetas

El Gobierno aprueba definitivamente la rebaja de la altura para acceder a los cuerpos de Policía Local de Canarias

El decreto reduce en cinco centímetros la estatura mínima exigida a los hombres y en ocho centímetros la de las mujeres

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto por el que se modifica y actualiza con criterios de igualdad la estatura mínima exigida para el acceso a los cuerpos de la Policía Local de Canarias y la sitúa en 1,65 metros para los hombres y 1,52 para las mujeres. El Ejecutivo canario adecua así la altura mínima exigida a las características de la mayoría de la población canaria, reduciendo, en consecuencia, muy significativamente cualquier discriminación que por cuestiones de estatura pueda haber, tanto en hombres como mujeres, para integrarse como personal funcionario en las policías locales de Canarias.

Así, más del 90% de las personas de cada sexo podrá presentarse a las pruebas para el acceso a las policías locales de Canarias, y en todo caso, prácticamente el 95% de las personas menores de 40 años en la actualidad.

El acuerdo adoptado hoy, tras el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, modifica el Decreto 178/2006, de 5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones básicas de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los cuerpos de la Policía Local de Canarias, que establece el requisito específico de la estatura mínima para que una persona pueda ser admitida a las pruebas de acceso a las diferentes escalas y empleos en que se estructuran jerárquicamente los cuerpos de Policía Local de Canarias, para el sistema de acceso por turno libre, fijándola en 1,70 metros para los hombres y 1,60 metros para las mujeres.

El Decreto tiene por objeto modificar el referido precepto, con el fin de reducir en cinco centímetros la estatura mínima exigida a los hombres, que pasaría a ser de 1,65 metros, y en ocho centímetros la de las mujeres, que pasaría a ser de 1,52 metros.

El Gobierno eleva al Consultivo la regulación de la participación ciudadana en caso de emergencia

El Ejecutivo canario entiende que la colaboración de la ciudadanía, coordinada, fomentada e instrumentada a través de agrupaciones y entidades de voluntariado, se configura como un soporte básico en el ámbito de la autoprotección y de la solidaridad social

El Gobierno de Canarias ha tomado hoy en consideración y ha elevado al Consejo Consultivo de Canarias el proyecto de decreto que tiene por objeto la regulación de la participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias mediante las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil que se inscriban en el registro que se crea a tal fin. Con esta norma, propuesta conjunta de las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, se pretende regular el sistema de acreditación y organización del voluntariado que pueda actuar en los casos de emergencia como parte del sistema de protección civil de Canarias.

El Ejecutivo canario entiende que la colaboración y participación ciudadana, coordinada, fomentada e instrumentada a través de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil y las Entidades de Voluntariado Acreditadas, se configura como un soporte básico en el ámbito de la autoprotección y de la solidaridad social. Dichas entidades y agrupaciones han generado un importante incremento de la capacidad preventiva y operativa de las Administraciones Públicas Canarias ante situaciones de emergencia, siendo reconocidas en la estructura operativa de los Planes de Protección Civil territoriales y especiales aplicables en las Islas.

Por tales razones, se considera de especial importancia impulsar y ordenar la actividad de este voluntariado, fomentar su capacitación, garantizar su seguridad, concretar las actividades y acciones

que pueden desarrollar y lograr una adecuada integración en el marco de la gestión de emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Así, y continuando con el trabajo iniciado la pasada legislatura, el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de Agrupaciones Locales de voluntariado y Entidades Colaboradoras de Protección Civil en Canarias tiene como objetivo el impulso de la participación ciudadana en el sistema Canario de Seguridad y Emergencias y promueve la presencia igualitaria de hombres y mujeres. Además, regula la creación, organización, formación y funcionamiento de las Agrupaciones de Protección Civil; crea un registro de Agrupaciones y Entidades Colaboradoras y establece los requisitos para ser personal voluntario de protección civil. Fija además las obligaciones de las entidades en la dotación, formación, uniformidad e identidad y registro del voluntariado.

Así, se reglamenta el régimen general aplicable a la participación ciudadana en el Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, instrumentada a través de las Agrupaciones Locales que hayan sido inscritas en el registro que se crea, y estima conveniente coordinar con la normativa específica del voluntariado el Registro de las Entidades de Voluntariado Acreditadas que obtengan su reconocimiento como Entidades Colaboradoras en materia de Protección Civil.

Asimismo, regula el reconocimiento y registro de las entidades sin ánimo de lucro que, no siendo entidades de voluntariado, colaboran en la prestación de los Servicios de Protección Civil y Emergencias en la Comunidad Autónoma de Canarias. De este modo, se concretan bajo una misma denominación la determinación de lo que serán las Entidades Colaboradoras de Protección Civil de Canarias, homologando para todas ellas los requisitos exigibles, tanto para las entidades de voluntariado, como resto de entidades sin ánimo de lucro que no sean de voluntariado y operen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se dispone así de una información valiosa, tanto desde el ámbito preventivo, de implicación ciudadana, como para acometer con conocimiento preciso las eventuales activaciones de los planes de Protección Civil.

El proyecto de decreto asume aquellas cuestiones vinculadas tanto a la observancia de la igualdad entre hombres y mujeres, precisando que las Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil han de ser vigilantes en el respeto de estos principios, como al acceso a la formación que han de recibir, y a la participación de la juventud.

Legislación

La participación ciudadana en el ámbito de la Protección Civil y las Emergencias tiene un reconocimiento expreso en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.

En el mismo sentido, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que el voluntariado de Protección Civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables, instrumentándose tal colaboración a través de las entidades de voluntariado, de acuerdo con el régimen jurídico, valores y principios que inspiran la acción voluntaria que se establecen en la normativa propia del voluntariado. Asimismo, prevé que los poderes públicos promoverán la participación y la formación del voluntariado en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.

A este respecto, la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias, con el objeto de reconocer, ordenar y promover la acción voluntaria en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, como expresión de solidaridad y pluralismo, así como fomentar la participación de la ciudadanía en organizaciones sin ánimo de lucro y facilitar las relaciones entre las Administraciones Públicas, regula las entidades que desarrollen actividades de voluntariado, así como la actividad de las personas voluntarias integradas en éstas

El embajador británico visita la sede del 1-1-2 en Tenerife

Visita del embajador británico al 112 Canarias

Hugh Elliott, que conoció las instalaciones del CECOES en compañía del director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, manifestó la intención de reforzar la colaboración del consulado británico en las Islas con el 1-1-2

El embajador británico Hugh Elliott visitó ayer lunes las instalaciones del 1-1-2 en Santa Cruz de Tenerife en compañía del director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, a fin de conocer el funcionamiento del centro coordinador y reforzar la colaboración con el consulado en las Islas.

Visita del embajador del Reino Unido a las instalaciones del 1-1-2 Canarias en Tenerife
Visita del embajador del Reino Unido a las instalaciones del 1-1-2 Canarias en Tenerife

Elliott destacó la labor que desarrolla el servicio de emergencia para ayudar a las personas que se encuentran en dificultades, y se mostró interesado por la atención que se dispensa en diversos idiomas, entre ellos el inglés, que supone el 70% de las llamadas que se atienden en otra lengua distinta al castellano.

El embajador resaltó la necesaria labor que realiza el 1-1-2 en el ámbito de las emergencias, y se mostró agradecido por los esfuerzos de todas las personas

que trabajan en las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 en Canarias en favor de la ciudadanía, al tiempo que remarcó la actual colaboración del servicio de emergencias de las Islas con el equipo consular británico.

A la visita también asistieron la cónsul británica para Canarias y Andalucía, Charmaine Arbouin, la vicecónsul británica para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Helen Díaz de Arcaya Keating, y el director del 1-1-2 Canarias, José Domingo Linares.

Etiquetas

El ICAP recibirá este año 2,1 millones del Estado para formación del personal público

ICAP recibirá 2,1 millones en 2020 del Estado para formación

La directora del ICAP, Eva de Anta, que ha asistido en Madrid a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, sostiene que el Ejecutivo canario trabajará sobre las capacidades del personal público para atender las nuevas demandas de la ciudadanía

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, recibirá este año 2.133.600 euros, según el reparto de fondos acordado en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, celebrada en Madrid, y en la que participan las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes sindicales y de la Administración General del Estado.

La directora del ICAP, Eva de Anta, asistió ayer jueves a la reunión, en la que, explica, se aprobó el acuerdo para la gestión de los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas por el que Canarias recibirá 1.457.000 euros correspondientes a los fondos autonómicos y 675.000 euros de los fondos locales. De Anta afirma que el Ejecutivo canario trabajará sobre las capacidades del personal público para atender las nuevas demandadas de la ciudadanía y afrontar los retos de crear valor público para una sociedad plural, participativa y diversa.

También se aprobó la convocatoria para 2020 de subvenciones para financiar planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, según informa De Anta, quien precisa dado que el pasado año no se convocaron dichas ayudas, en el presente ejercicio se concentrarán las partidas de los años 2019 y 2020 y se organizarán encuentros de personal técnico y directivo de los institutos de administración pública de las Comunidades Autónomas.

Durante la reunión, que organiza anualmente el Instituto Nacional de Administración Pública, se dio asimismo el visto bueno a partidas para el desarrollo y mantenimiento del Portal FEDAP (Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas), herramienta para la gestión integral, por medios electrónicos, de las subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para personal público promovidos en el ámbito de la Administración del Estado.

Etiquetas

El Gobierno oferta los puestos de trabajo a las 268 personas seleccionadas en 12 procesos selectivos

Gobierno de Canarias oferta puestos de trabajo a aspirantes de 12 procesos selectivos

 La Dirección General de la Función Pública prevé publicar los nombramientos en febrero de 2020

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la relación de las 268 personas aspirantes seleccionadas en 12 procesos selectivos para el acceso a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto por el sistema general de acceso libre, como por promoción interna, y oferta los puestos de trabajo correspondientes a cada cuerpo para que las personas aspirantes manifiesten su preferencia en relación a los mismos. La Dirección General de la Función Pública prevé publicar en febrero de 2020 las resoluciones por las que las personas seleccionadas serán nombradas personal funcionario de carrera y se les adjudica la correspondiente plaza.

El BOC publica las resoluciones sobre las relaciones de aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de las Ofertas Públicas de Empleo finalizadas y correspondientes a los años 2015 y 2016 y se les ofertan puestos para los siguientes procesos del sistema general de acceso libre:

  • Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales, Grupo A, Subgrupo A1, con 63 personas.
  • Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General, Grupo A, Subgrupo A2, con 47 nuevas personas.
  • Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados, Grupo A, Subgrupo A1, con ocho personas.
  • Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Grupo A, Subgrupo A2, con 34 personas.
  • Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales, Grupo A, Subgrupo A2, con ocho personas.
  • Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Técnicos de Prevención, Grupo A, Subgrupo A1, con tres personas.
  • Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Técnicos de Prevención, Grupo A, Subgrupo A2, con 12 personas.
  • Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1, (en ejecución provisional de sentencia), con 14 nuevos aspirantes.

Respecto al turno de promoción interna, se publica la relación de aspirantes y puestos para los procesos selectivos correspondientes al Cuerpo Administrativo Grupo C, Subgrupo C1, con 74 personas; al Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad de Arquitectos Grupo A, Subgrupo A1, con una persona; al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1, con dos personas; y al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tributarios, Grupo A, Subgrupo A1, con dos personas.

A partir de la publicación en BOC de la relación de personas aspirantes y puestos que se les ofertan, las personas interesadas disponen de un plazo de 20 días hábiles a fin de acreditar los requisitos a los que hace referencia el artículo 7 de las bases generales que rigen los procesos selectivos para el acceso a los Cuerpos, Escalas y Especialidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobadas por Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de 21 de diciembre de 2016, (BOC núm. 252, de 29 de diciembre de 2016), así como los establecidos en las convocatorias específicas de cada cuerpo y escala, junto con las declaraciones responsables recogidas en el apartado 3 del artículo 14 de dichas bases.

Transcurrido el plazo de 20 días hábiles, la Dirección General de la Función Pública deberá comprobar el cumplimiento de dichos requisitos y procederá a adjudicar provisionalmente las plazas ofertadas, según la elección efectuada por las personas aspirantes y según el número de orden obtenido en el proceso selectivo.

Una vez realizados dichos trámites, la Dirección General de la Función Pública prevé que para el mes de febrero se publiquen las resoluciones por las que serán nombrados personal funcionario de carrera y se les adjudica la correspondiente plaza.

Decreto Ley 6/2019

El Gobierno de Canarias aprobó en octubre el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo Público en las Administraciones Canarias con el objeto facilitar la incorporación inmediata de nuevas personas. Asimismo, tiene como finalidad conciliar las expectativas de movilidad, promoción profesional y carrera administrativa en la Administración autonómica de los funcionarios y funcionarias de carrera con las de acceso a los empleos públicos del personal de nuevo ingreso.

Además, dicho Decreto Ley ha permitido ampliar el número de plazas ofertadas, lo que se traduce en un mayor número de personas aspirantes finalmente seleccionadas en cada uno de los procesos selectivos afectados.