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El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

Se trata de un conjunto de medidas para salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia la aprobación de un protocolo de medidas preventivas dirigido al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19.

Así, se establecen medidas destinadas a reducir el riesgo a la exposición y, asimismo, procedimientos de actuación para distintos casos que pueden producirse, incluyendo también recomendaciones de fomento del distanciamiento social como técnica más efectiva de contención del citado patógeno, en el actual escenario. Este protocolo es de aplicación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, con las adaptaciones y desarrollos que resulten precisas en los ámbitos específicos o competenciales que lo requirieran, como Sanidad, Educación, Justicia y Policía Canaria, entre otros.

Procedimiento en caso de sospecha de infección

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la población general, si un trabajador/a de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sospecha que pudiera estar infectado/a por darse las siguientes situaciones:

1)      Ha viajado recientemente a alguno de las zonas consideradas de riesgo según el Ministerio de Sanidad:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

y/o

2)      Ha tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19

y/o

3)      Presenta síntomas de enfermedad respiratoria: fiebre, tos y sensación de falta de aire.

El trabajador deberá:

Llamar al 900112061 y permanecer en su domicilio siguiendo las instrucciones que le facilite el Servicio Canario de la Salud. En caso de que el trabajador esté en su puesto de trabajo se contactará con el 900112061, y hasta su valoración por parte de los servicios médicos, se separará a la persona enferma del resto del personal, manteniendo al menos dos metros de distancia y, si es posible, se la reubicará en una habitación separada que se mantenga aireada, instándola a adoptar medidas de higiene respiratoria.
Trasladar la información facilitada, y en su caso el diagnóstico, vía telefónica a su Servicio de Personal, de forma que pueda comenzar a aplicarse, de forma inmediata, las medidas que se consideren necesarias a fin de prevenir el riesgo de contagio.

En el caso de que un trabajador/a tenga conocimiento de haber tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19, aunque no presente síntomas, informará vía telefónica, al 900112061 y seguirá las instrucciones que le faciliten.

Procedimiento si no hay sospecha de infección, pero presenta síntomas

Si un trabajador/a no tiene sospecha de estar infectado por el nuevo coronavirus, por no haberse dado ninguna de las situaciones indicadas en el apartado anterior, pero presenta síntomas de infección respiratoria, informará de la situación a su superior inmediato, y solicitará cita telefónica de su centro de atención primaria. Una vez tenga diagnóstico de su médico de atención primaria, y si este descarta la infección por COVID-19, el/la trabajador/a contactará con el Servicio de Personal para informar de su situación, y seguir las recomendaciones que se le indiquen.

Actuación en caso de detectarse un positivo entre el personal

El/la trabajador/a informará de inmediato, vía telefónica o correo electrónico, al Servicio de Personal o, en su ausencia, a su superior jerárquico quien lo notificará a su Secretaría General Técnica, o al órgano equivalente en el ámbito de la Administración Sanitaria, Educativa y de Justicia, según corresponda. Además, no accederá a su centro de trabajo hasta que así lo determinen las Autoridades Sanitarias.

Se estudiará cada caso con carácter particular junto con la Dirección General de Salud Pública, según el escenario específico, adoptándose acciones concretas dependiendo del centro de trabajo, actividad laboral y número de contactos estrechos, entre otros aspectos, y se determinarán las áreas de trabajo que requerirían limpieza y desinfección especial dándose indicaciones específicas al personal afectado.

Incapacidad temporal y aislamiento

La expedición de los partes de baja y de sus confirmaciones se efectuará preferentemente por medios telemáticos, y su entrega se realizará preferentemente utilizando la sede electrónica. Si se tratara de un empleado/a público/a en régimen de cotización a la Seguridad Social, deberá llamar al 012 o 9000112061 y solicitar cita telefónica con su médico de Atención Primaria, pero si fuera mutualista de MUFACE o MUGEJU, deberá ponerse en contacto telefónico con ellos.

En los supuestos de que los profesionales sanitarios aconsejen una medida de aislamiento o “cuarentena”, el/la trabajador/a lo comunicará telefónicamente o por correo electrónico a su Servicio de Personal correspondiente. La acreditación de dicha medida conllevará la consideración de deber inexcusable y, según el Decreto Ley, la asimilación a incapacidad temporal por accidente laboral.

Viajes a zonas de riesgo por motivos ajenos al trabajo y conciliación

Si algún trabajador/a ha realizado o tiene previsto realizar viajes, por motivos distintos a los laborales, a zonas declaradas de riesgo por infección de COVID-19, tendrá la responsabilidad de informar, de inmediato, al Servicio de Personal de su Departamento.

Al personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes que pudieran verse afectados por el cierre de centros educativos o de mayores, les será de aplicación medidas de flexibilización y/o permanencia en domicilio.

Instrucciones laborales

En el actual escenario, de acuerdo con las recomendaciones generales de las autoridades de salud pública, es conveniente el seguimiento de pautas de actuación que promuevan el distanciamiento físico entre los empleados públicos. Para ello, en el ámbito de las relaciones de trabajo de la Administración autonómica se adoptarán, por los correspondientes centros directivos las siguientes medidas:

Control horario, atención al público, reuniones

Se podrá utilizar un sistema de control horario alternativo al actual y de carácter voluntario que permitirá el debido seguimiento de la jornada de trabajo a través de un aplicativo en los teléfonos móviles.

En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y, en particular, la telemática. Se promueven sistemas de cita previa y se restringen, en la medida de lo posible, el acceso a las zonas no específicas de atención al público.

En la medida de lo posible, se incrementarán la realización de las reuniones de trabajo a través del uso de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Cursos, procesos selectivos, viajes

Se fomentará la utilización de medios telemáticos como alternativa a la formación presencial, cuando resulte posible, en los casos en que el número de asistentes o las características físicas de las instalaciones lo hagan aconsejable.

Se mantendrán los procesos selectivos en los que se pueda asegurar una distancia correcta entre aspirantes y tribunales y colaboradores.

De acuerdo con las recomendaciones generales, se realizarán los viajes de trabajo que sean imprescindibles para la normal prestación de servicios esenciales. Pueden realizarse con normalidad viajes de carácter interinsular, sin perjuicio del fomento de las reuniones a través de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Medidas extraordinarias de flexibilización

Las medidas de prevención, de seguirse rigurosamente, se han mostrado efectivas en el control de epidemias similares. No obstante, y si bien la situación actual no requiere de la adopción de otras medidas excepcionales o extraordinarias, atendiendo a las circunstancias de cada centro directivo y siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrán habilitar otros sistemas de prestación de servicios.

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Abierta la consulta pública para realizar aportaciones a la iniciativa reguladora de los PEF

Abierta la consulta pública para el reglamento de los PEF

La propuesta tiene como fin acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y las contribuciones a la misma se podrán realizar hasta el 20 de marzo

La web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias ha abierto la consulta pública previa para recabar la opinión de personas y organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura iniciativa reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), elaborada de forma conjunta entre las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. El plazo para realización de aportaciones finaliza el 20 de marzo de 2020.

La iniciativa normativa tiene como objeto acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y tiene como objetivos fundamentales llevar a cabo la ordenación del régimen de organización, funcionamiento y gestión de los PEF en Canarias, los requisitos de acceso y permanencia de las personas usuarias al mismo, fijar el plazo máximo de duración de la atención y las causas de finalización de la intervención, así como la cualificación profesional del personal que presta sus servicios en los mismos.

El PEF es un recurso social especializado que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilite la relación de los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás integrantes de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada, realizándose en los mismos un programa individualizado de intervención.

Más funciones

Con esta normativa, se pretende un concepto de PEF que no se limite, únicamente, a ser un medio para garantizar el cumplimiento de un concreto régimen de visitas impuesto por una autoridad judicial. Esta será una de las funciones a cumplir, pero, junto a ella, debe atenderse también a las derivaciones provenientes de los órganos administrativos que, en el ejercicio de su competencia en materia de tutela, asistencia y protección de niños, niñas y adolescentes, consideren necesaria una específica intervención familiar ante una situación de dificultad en este entorno.

Además, dado que la regulación de un recurso como los PEF tiene una clara incidencia de género, pues enlaza directamente con él ámbito de educación, cuidado y protección de las personas menores de edad, se propone una norma en la que la perspectiva de género actúe como un principio informador de todas y cada una de las intervenciones que se produzcan en el centro. Asimismo, se entiende que debe abordar también la realidad de la violencia machista.

Se estima igualmente necesario que profesionales del equipo técnico que actúen en los PEF cuenten con formación específica en materia de género desde posicionamientos que engloben el respeto y atención a la diversidad.

Según recoge el informe sobre la iniciativa, la necesidad de establecer Puntos de Encuentro Familiar, como recurso social especializado, deriva tanto de instrumentos normativos internacionales como de la propia legislación española y, específicamente, de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, Canarias no ha desarrollado una regulación jurídica específica, como si acontece en otras Comunidades Autónomas, lo que ha generado importantes lagunas jurídicas que hacen necesaria una inmediata regulación normativa con el fin de acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales que, ante la importancia y trascendencia del recurso al que afectan, no pueden cubrirse con meras directrices o protocolos de actuación.

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El Plan Formativo del ICAP 2020 incluye acciones para la difusión y conocimiento de los ODS y la Agenda 2030

Consejo de Administración del ICAP del 09 de marzo de 2020

La programación, que se ejecutará entre abril y diciembre del presente año, oferta 14.245 plazas y contempla 310 ediciones de cursos, con 4.988 horas lectivas.

El Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, aprobó hoy el Plan de Formación 2020 que incluye actividades dirigidas a difundir y formar al personal de las administraciones públicas en Canarias en el conocimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Además, contempla nuevas áreas en el itinerario formativo de Competencias Digitales y continúa con la oferta de acciones relacionadas con la incorporación transversal del enfoque de género. Del Consejo forman parte representantes de la Fecam, la Fecai, y de los sindicatos de empleados públicos.

Julio Pérez destaca que la programación formativa prevista da cumplimiento al compromiso del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que la Agenda 2030 se convierta en el eje vertebrador de la acción del Ejecutivo canario, cuestión que se encuentra recogida además como un asunto prioritario en el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio firmado el 22 de junio de 2019 por los partidos políticos que sostienen al actual Ejecutivo.

Pérez recalca que el Plan del ICAP tiene como finalidad formar a empleadas y empleados públicos en conocimientos, habilidades y actitudes que mejoren su competencia para el desempeño de las tareas asignadas a sus puestos de trabajo, así como impulsar el desarrollo personal y la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Con una ejecución entre abril y diciembre de 2020, el Plan prevé su adaptación permanente a los cambios organizativos y normativos. Además, potencia las áreas de idiomas -se triplica con respecto a años anteriores el número de plazas ofertadas en el itinerario de inglés-, de tecnologías de la información y la comunicación y de políticas de igualdad, y recoge actividades que promuevan el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito público.

Además, refuerza la oferta de actividades en materia de protección de datos personales y contratación administrativa, se amplían los contenidos a través del Programa de Autoformación y se incrementan las actuaciones para la formación sectorial.

Para el presente año el Plan cuenta con 310 ediciones de cursos, con 4.988 horas lectivas y 14.245 plazas, y busca asimismo atender la demanda específica de los departamentos, organismos autónomos y órganos horizontales, en aquellas áreas que consideran necesarias para la formación de su personal, detalla la directora del ICAP, Eva de Anta.

Especifica que, del total de plazas ofertadas, 8.727 se corresponden con actividades en la modalidad presencial, 283 en semipresencial y 5.235 on line, esta última una modalidad que posibilita la adaptación a la disponibilidad de cada alumna o alumno y facilita la formación a un mayor número de personas.

De Anta recalca que el objetivo del Plan es ofrecer una formación que dé respuesta a las necesidades reales, colectivas e individuales de las administraciones públicas, contado con la colaboración de diferentes centros directivos y unidades administrativas para incrementar la motivación del personal y su implicación en la mejora de la calidad de los servicios,  y manifiesta que la dinámica de las acciones formativas debe ser participativa y colaborativa y que los conocimientos se tienen que transferir al desempeño del puesto de trabajo.

El ICAP, expone la directora, continúa apostando por metodologías participativas, dinámicas y novedosas que favorecen el aprendizaje mediante resolución de casos, ejercicios prácticos, juego de roles, participación en los foros (cursos on line), grupos de trabajo y comunidades de aprendizaje profesional.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación del Plan de Formación para 2020 del ICAP es la Comunidad Autónoma de Canarias. Se dirige a las empleadas y empleados públicos de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en Canarias.

En cuanto a la Comunidad Autónoma, se dirige al personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, exceptuando al personal docente y sanitario.

En el apartado Interadministrativo, las acciones se orientan al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, de las Corporaciones Locales canarias y sus organismos autónomos, de la Administración General del Estado en Canarias y de otras Entidades y Administraciones en ejecución de convenios.

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El Gobierno de Canarias suspende desde hoy la apertura de nuevos locales de juegos y apuestas

Gobierno suspende apertuda nuevos locales de juegos y apuestas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explica que la suspensión se toma con el objetivo prioritario de salvaguardar a menores y otros colectivos necesitados de especial protección

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspende durante los próximos 18 meses a partir de hoy mismo la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Además, el Decreto ley establece también una serie de reglas para las declaraciones responsables de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones y locales de apuestas que se hubieran presentado con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto ley, y para las declaraciones responsables de apertura y funcionamiento de dichos establecimientos, que aun presentadas con posterioridad, traigan causa de declaraciones responsables de instalación presentadas con anterioridad.

La norma va en línea con la PNL sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones aprobada en el Parlamento por unanimidad, que insta al Gobierno de Canarias a prohibir el acceso de menores de edad a los diferentes establecimientos de juego y al establecimiento de un sistema de bloqueo en los terminales de apuestas. La finalidad de ambas medidas es impedir el juego a menores de edad y a las personas que estén inscritas en el Registro General de Interdicciones de acceso al juego, así como las que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial. La misma PNL insta al Ejecutivo canario a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego hasta la entrada en vigor de dicha normativa.

Antecedentes en otras autonomías

Medidas de suspensión de títulos habilitantes de los locales de juego ya han sido adoptadas en otras comunidades autónomas, como Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Asturias, Navarra y Murcia, además de la aprobación por la Comunidad de Madrid de un decreto que dispone de la suspensión de autorizaciones por un período de 18 meses.

El Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juego, de apuestas y casinos y, en ejercicio de la misma, se aprobó la vigente Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas (LJA). En este sentido, esa misma ley ya prohíbe a menores de edad e incapaces el uso de las máquinas recreativas con premio y de las de azar, así como la participación en apuestas y juegos regulados en esa norma, prohibiciones que tienen un carácter preventivo porque tratan de evitar que niños, niñas y adolescentes lleguen a desarrollar adicción por el juego.

El Decreto ley señal que, en la actualidad, en Canarias se encuentran abiertos 36 locales específicos de apuestas externas, pero dicho subsector se ha desarrollado con elevada intensidad en casinos, bingos y salones, con especial protagonismo de estos últimos. Así, el 75 % de las salas de bingo autorizadas disponen de espacios de apuestas, porcentaje que se eleva hasta el 94,7 % en los salones recreativos y de juegos tipo “B” o mixtos existentes.

Incremento excepcional

Un análisis temporal de la evolución del sector del juego en Canarias revela que, a partir de la entrada en vigor del Reglamento de apuestas externas, el sector de salones recreativos y de juegos ha experimentado una notable expansión, con la apertura de 110 nuevos locales hasta alcanzar la cifra de 285 establecimientos, lo que supone un crecimiento del 63%, siendo extraordinariamente indicativo que prácticamente la mitad de dichas aperturas, 51 salones, se concentre durante el año 2019.

Entre las causas del incremento, que el Decreto ley califica como excepcional, acontecido durante el último año se encuentra la modificación de la LJA operada por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, que sustituyó el régimen de autorización por el de declaración responsable, pasando además a tener dicha habilitación vigencia temporal indefinida.

Salvaguarda de menores y diálogo con todas las partes

En línea con el texto del Decreto ley, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, remarca que la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

Sin embargo, explica el propio Decreto ley, este proceso puede verse frustrado de no adoptarse una medida puntual de modificación de la regulación actual de la ley del juego que permite en este momento la apertura de nuevos establecimientos a través del régimen de declaración responsable, la cual debe concretarse en la suspensión del derecho de los interesados a la presentación y tramitación de nuevos títulos habilitantes de salones recreativos y de juegos, de sus espacios de apuestas, y de locales de apuestas externas, así como para la autorización de espacios de apuestas externas en salas de bingo y casinos.

De no adoptarse la misma, y ante el actual ritmo de crecimiento del número de establecimientos y la vigencia indefinida de dichos títulos, podría estrecharse, de manera definitiva e irreparable, el margen de decisión respecto a las determinaciones posibles de la política de juego, como pudiera ser la reducción de los actuales umbrales de contingentación insular, la distancia entre locales de juego o la ampliación de las áreas de influencia de centros escolares y otros lugares de afluencia juvenil que la nueva regulación pretendiera implantar.

Por otro lado, la suspensión de los referidos títulos habilitantes sólo puede realizarse a través de la figura del Decreto ley, a fin de garantizar que estas determinaciones no puedan devenir ineficaces con ocasión de acciones especulativas impulsadas durante la tramitación del proyecto de ley, siquiera a través del procedimiento de urgencia, como consecuencia de la presentación de un destacado número de declaraciones responsables de locales de juego, lo que tiene una singular relevancia dada la vigencia indefinida de las mismas.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad aborda la función de la abogacía en la sociedad

Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

Julio Pérez participa en el ciclo de conferencias Escuela Canaria de Juristas, organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, analizará este jueves la función de la abogacía en la sociedad dentro del Ciclo Escuela Canaria de Juristas, que celebra la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT).

La ponencia de Pérez, abierta al público general, comenzará a las 19.00 horas y tendrá lugar en la sede de la RSEAPT, situada en la calle San Agustín número 23 de San Cristóbal de La Laguna. Estas jornadas, que comenzaron el pasado lunes 2 de marzo, versan sobre temas como la abogacía, la importancia de la figura del notario o la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, entre otros.

Como señala el director de la RSEAPT, José Carlos Alberto, este ciclo aborda un análisis de todas las enseñanzas de Derecho, lo que incluye a la abogacía, notarios, jueces y fiscales. Sobre la conferencia de Pérez, resalta que se trata de un “eminente abogado que ha estado en la función pública, reúne un abanico que da una visión conjunta de lo que son los juristas en la sociedad, por lo que tiene un campo muy amplio”.

Julio Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad de la Laguna, donde también estudió Periodismo. Ha sido secretario de Estado de Justicia entre 2007 y 2009, además de presidente de la Junta de Obras del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (1984-1987), Gobernador Civil en Tenerife (1987-1991); consejero de Sanidad y Asuntos Sociales en el Gobierno de Canarias (1991-1993) y Primer Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (2011-2012).

Conferencias

La primera conferencia de este ciclo fue realizada por el expresidente del Gobierno canario Jerónimo Saavedra, y sirvió para que el experimentado político contara cómo fue su paso por la Universidad de La Laguna entre 1960 y 1980, donde inició sus estudios de Derecho y ejerció como profesor.

Para el 11 de marzo está prevista la tercera jornada del ciclo con una mesa redonda con los profesores de la Universidad de La Laguna Francisco Clavijo Hernández, Margarita Ramos Quintana y Francisco Villar Rojas, quienes detallarán las fortalezas, debilidades y retos de la Facultad de Derecho en la actualidad.

Mientras, el notario Juan Alfonso Cabello Cascajo ofrecerá la ponencia El testamento desde la experiencia notarial el día 16, clausurándose las jornadas el día 24 de marzo con la ponencia Maestros en el recuerdo, del exfiscal general del Estado Eligio Hernández Gutiérrez.

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El Gobierno aprueba el decreto para homogeneizar los medios técnicos y defensivos de las policías locales

Incluye el procedimiento de comprobación de las condiciones de dichos profesionales para garantizar los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy definitivamente, tras su paso por el Consejo Consultivo de Canarias, el decreto por el que se establecen y homogeneizan los medios técnicos y defensivos de las policías locales de Canarias, se establecen los criterios básicos de seguridad para su personal y se regulan aspectos relacionados con su formación.

Para el Ejecutivo canario, el desarrollo de las policías locales de los ayuntamientos de Canarias implica necesariamente una continua actualización de los medios técnicos y defensivos disponibles, tanto para mejorar la eficacia de sus acciones como la garantía ciudadana de un uso que se rige por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

En el decreto, que incluye las consideraciones del Consejo Consultivo, se especifica que se consideran medios técnicos y defensivos tanto el armamento como cualquier dispositivo de contención y defensa del personal de las policías locales de Canarias, así como cualquier otro medio de dotación que permita su intercomunicación.

En la norma se determina el equipamiento básico y complementario de medios técnicos y defensivos, así como el equipamiento de los vehículos policiales; la conservación, custodia, registros y medidas de seguridad que han de llevarse, incluyendo la formación en su uso; los criterios y los procedimientos generales por los que se puede retirar o privar de la disponibilidad del armamento al personal de las policías locales de Canarias, y los criterios básicos de utilización.

Los medios defensivos y técnicos, como norma general, estarán adaptados para su uso indiferente por hombres o mujeres. En aquellos de uso personal o compartido que precisen adaptaciones a las diferencias morfológicas de unos respectos de las otras, o a la inversa, los ayuntamientos deberán disponer de número suficiente para dotar adecuadamente a su personal de policía local en razón del sexo de sus componentes.

Comprobación de capacidades

Entre las garantías que se establecen en el documento para el uso de los medios técnicos y defensivos, tanto para el personal de las policías locales como de la ciudadanía en general, se aprueba como novedad el procedimiento general para la comprobación de las capacidades para portar tales medios defensivos y su retirada cautelar cuando se prevea que el personal de la policía local no esté en condiciones adecuadas de disponer de ellos.

De resto, aúna y recoge lo que las normativas de otros cuerpos de policía ya establecen, equiparándose a ellas, principalmente en lo que se refiere a preparación, uso y formación.

El decreto recoge que cada ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para las tareas previstas y, a su vez, para que garanticen la seguridad y salud del personal que los utiliza. Su uso y mantenimiento se ajustará a lo dispuesto en su normativa específica, así como a las recomendaciones técnico-científicas, existentes, en su caso, para dichos medios.

Además de los soportes informativos y manuales de uso que acompañen a los diferentes equipos, cuando su utilización implique complejidad técnica o una determinada cualificación, se proporcionará la formación adecuada a las personas encargadas de su uso.

El Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia coordinarán la puesta en marcha del nuevo Registro Civil

El ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia coordinarán puesta en marcha de nuevo Registro Civil

El Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia coordinarán la puesta en marcha del nuevo Registro Civil

Los juzgados decanos podrán ser exclusivos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anunció hoy tras el encuentro que sostuvo en Madrid con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ambas administraciones coordinarán la puesta en marcha del nuevo Registro Civil.

Ambos abordaron el desarrollo de la Ley del Registro Civil, que debe entrar en vigor en los próximos meses. Con la nueva regulación, explicó Pérez, se desjudicializa el Registro Civil, por lo que el consejero trasladó al ministro la necesidad de coordinar una puesta en marcha de la nueva normativa que no produzca discontinuidad en el servicio.

Al término de la reunión, Pérez señaló que también trasladó al Ministerio la necesidad de aumentar la planta judicial en Canarias, a lo que Campos respondió que el plan previsto por el Estado contempla el aumento de 75 plazas para este año en todo el país, algunas de las cuales corresponderán a Canarias.

En todo caso, incidió Pérez, todavía es pronto para conocer la distribución nacional de esas plazas, por lo que aún no se conoce la cifra exacta que corresponderá a las Islas. Pérez admitió que en el Archipiélago hay juzgados saturados, por lo que seguirá trabajando de forma conjunta con el Ministerio en este asunto.

El consejero apuntó asimismo que encontró sintonía entre los planes anunciados por el ministro y los de Canarias. En este sentido, indicó que la modernización de la justicia es un objetivo que demanda la ciudadanía de las Islas.

Pérez insistió en que la sociedad canaria demanda que la justicia sea más visible e inteligible, y que se obtenga una respuesta judicial razonable, razonada y que se entienda, aspectos que ya se están dando, pero que hay que mejorar, apuntó.

Amplia agenda

El encuentro de hoy tuvo una agenda amplia que incluyó, entre otros temas, demarcación judicial, modificación de las leyes de procedimiento, organización de los decanatos, juzgados de violencia, y nuevas unidades judiciales.

Por otra parte, Pérez abordó con Campo la necesidad de que los jueces decanos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria estén liberados de trabajo jurisdiccional, tal y como prevé la ley.

Campo expresó su disposición para que esta modificación se lleve a cabo, lo que permitirá, según explicó Pérez, que estos jueces se encarguen de funciones organizativas, aspecto que es importante para la Consejería

Las pruebas selectivas a los Cuerpos de Ingenieros y Arquitectos comienzan el 20 de marzo

Listados provisionales OPE 2015 y 2016

El BOC publica las listas de personas admitidas a siete procesos selectivos correspondientes a los años 2015 y 2016, así como las personas designadas para cada uno de los tribunales calificadores

La Dirección General de la Función Pública, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, publicó ayer viernes 28 de febrero en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las resoluciones por las que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas a siete pruebas selectivas correspondientes a los años 2015 y 2016 para el acceso a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto por el sistema de turno libre como por promoción interna. En ellas se determinan los lugares y hora de realización del primer ejercicio, que se celebrará entre los días 20 y 22 de marzo de 2020, en función de cada proceso. Asimismo, se publican las resoluciones por las que se designan las personas que integran cada uno de los tribunales calificadores.

Las resoluciones, tanto sobre las listas de personas admitidas como de aquellas que formarán parte de los tribunales calificadores, se corresponden con los siguientes procesos selectivos para el sistema general de acceso libre:

• Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (grupo A, Subgrupo A2), especialidad Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, subgrupo A1), Especialidad Ingenieros Agrónomos.
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, subgrupo A1), Especialidad Ingenieros de Montes.
• Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos Forestales.
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, subgrupo A1), Especialidad Ingenieros de Minas.
• Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos de Minas.
Respecto al turno de promoción interna, se publican las resoluciones sobre la relación de personas admitidas y las designadas para el tribunal calificador de las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, subgrupo A1), Especialidad Ingenieros Agrónomos.

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Julio Pérez trasmite al Cabildo de Lanzarote su propósito de poner en marcha el PEF antes del verano

Julio Pérez a la salida de la reunión en el Cabildo de Lanzarote

 El consejero, junto con la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, visitan el edificio judicial de Arrecife

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, trasmitió ayer viernes 28 de febrero a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, su propósito de poner en marcha el Punto de Encuentro Familiar (PEF) en la Isla antes del próximo verano, durante la reunión que mantuvieron en la sede de la corporación insular y en la que también estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, y el consejero de insular de Bienestar Social, Marcos Bergaz.

Pérez recordó que Lanzarote aún no cuenta con PEF, un servicio que el consejero considera muy importante, al tratase de un espacio neutral que favorece las relaciones de menores con sus padres o familiares en situaciones de conflicto, y que, recordó, financia el Gobierno de Canarias con 600.000 euros anuales para todas las Islas.

El consejero recomendó que la gestión sea realizada por una Organización No Gubernamental especializada en la materia, como ocurre en otras Islas, y señaló que el Cabildo de Lanzarote cuenta con un local para desarrollar este servicio, que deberá ser adoptado por cuestiones técnicas, por lo que prevé que el PEF pueda estar operativo en unos meses.

En el encuentro también se abordaron otras cuestiones relacionadas con el ámbito competencial de Justicia, como la realización da autopsias. Al respecto, Pérez precisó que en la Isla hay forenses, con un sistema de guardias retribuidas, pero señaló que faltaba un auxiliar técnico que está contratado desde el pasado 9 de febrero para su presencia permanente en Lanzarote, tras seguir los procedimientos de selección adecuados.

El consejero precisó que la persona que ocupa este puesto de auxiliar técnico forense se traslada a Gran Canaria cuando no se tiene que realizar autopsias en Lanzarote para culminar su formación, en materia de funcionamiento y protocolos, en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, y aseguró que en unos días estará permanentemente en la Isla para realizar su trabajo. El equipo técnico ahora está completo y no se producirán retrasos como consecuencia de falta de personal.

Pérez aclaró, no obstante, que la autopsia no es un acto instantáneo ya que, cuando una muerte necesita ser esclarecida, la autopsia forma parte de un procedimiento judicial y su ejecución lleva un tiempo, para hacerse con todas las garantías para que cuando el procedimiento culmine no pueda ponerse en duda.

Tras la reunión en el Cabildo de Lanzarote, Pérez, Vallejo y Bonnet mantuvieron un encuentro con el magistrado decano del partido Judicial de Arrecife, Adalberto de la Cuz, y visitaron las instalaciones de la sede judicial de la capital de Lanzarote.

El consejero calificó el edificio judicial de “moderno y bien dotado” y al personal del mismo “estimulante”, aunque consideró que es preciso mejorar los equipamientos. Durante la visita, Pérez tuvo conocimiento de la situación de cada una de las unidades judiciales y afirmó que se abordará la decisión sobre la redistribución de espacios.

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Canarias quiere tener la mayor y más intensa implicación posible en el Sistema de Seguridad Nacional

Julio Pérez en la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional

Así lo manifestó ayer el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, también responsable de Seguridad en el Gobierno de Canarias, en la Conferencia para Asuntos de Seguridad Nacional

Canarias quiere tener la mayor y más intensa implicación y participación que sean posibles en el Sistema de Seguridad Nacional, según manifestó ayer en la Conferencia para Asuntos de Seguridad Nacional el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, también responsable de Seguridad en el Gobierno de Canarias, encuentro que presidió la vicepresidenta y responsable de la Comisión Nacional y de la dirección del sistema, la ministra Carmen Calvo.

El consejero de Seguridad, que asistió a la Conferencia en su calidad de tal, intervino, como sus homólogos y los representantes del Estado en la Conferencia, que se reunía por primera en esta legislatura, y que no lo hacía desde diciembre de 2018.

Julio Pérez quiso recordar la importancia de la seguridad nacional para Canarias, y el deseo de procurar la mayor implicación posible del Gobierno de Canarias, tanto en las decisiones de Seguridad Nacional de la Conferencia, como en sus trabajos preparatorios, en sus sistemas de comunicación y en sus ejercicios y pruebas de entrenamiento y puesta a punto, algunos de los cuales están siendo preparados y programados.

Además de la importancia intrínseca que por su economía y por su geografía tiene la seguridad para Canarias, el consejero hizo notar el crecimiento de los movimientos migratorios hacia la frontera más al Sur de la Unión Europea, y la necesidad de que en la atención a las migraciones se impliquen y participen la Unión Europea y el Reino de España.

La conferencia

La Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional es el órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades y Ciudades Autónomas para responder a las necesidades de la Seguridad Nacional y de la sociedad en general y se rige por lo dispuesto en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, que ordena el Sistema de Seguridad Nacional y los órganos de Gestión de Crisis.

En la ley se define la Seguridad Nacional, y los órganos competentes para ejecutar la Política de Seguridad Nacional y para definir la Estrategia de Seguridad Nacional, atendiendo a los principios básicos de unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración.

Presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, en la reunión se abordaron, entre otras cuestiones, las funciones de dicho organismo, así como el proyecto de integración progresiva de las comunidades y ciudades autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional.

Además de la ministra y el director del Gabinete del Presidente, forman parte de la Comisión los secretarios de Estado de Interior y de Función Pública, este último, el canario Francisco Hernández Spínola.

Vídeo del encuentro, en la web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

 

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