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La CAPJS celebra la modificación de la regulación legal de los contratos menores

BOE Real Decreto ley 3 2020 de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recalca que esta modificación tiene especial trascendencia en los pequeños municipios en los que por sus características tiene mayor relevancia la contratación menor, y viene a confirmar, en gran medida, los criterios de eficiencia y simplificación expuestos por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aplaude la simplificación de los procedimientos de contratación, especialmente en el ámbito de los contratos menores.

La nueva norma modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que recogió el decaído proyecto ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, al resultar urgente y necesario por razones de seguridad jurídica solucionar los graves problemas técnicos que planteaba el actual artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Pérez recalca que esta modificación legal tiene especial trascendencia en aquellos pequeños municipios en los que por sus características tiene mayor relevancia la contratación menor y viene a confirmar, en gran medida, los criterios de eficiencia y simplificación expuestos por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias en su Recomendación 1/2019, de 4 de diciembre, sobre eficiencia en la contratación pública relativa a los contratos menores o de escasa cuantía.

No obstante, explica el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la virtualidad del contrato menor no debe hacer olvidar la conveniencia de una adecuada planificación de la contratación y de las ventajas que dan los sistemas de racionalización de la contratación pública, cómo pueden ser las centrales de contratación que puedan crearse en los cabildos y la propia Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de que los pequeños y medianos municipios puedan adherirse.

Estos servicios especializados, puntualiza Rodríguez, procederían a la tramitación de los expedientes de manera más eficiente, en tiempo y coste, celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios.

En concreto, la norma establece que se consideran contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En los contratos menores, señala la norma, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. Sin embargo, esto no será de aplicación en los contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

Asimismo, requiere la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, y aclara que en el contrato menor de obras deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Otros asuntos

Entre otros muchos asuntos, el decreto hace la transposición de distintas directivas europeas en materia de seguros; las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo; la imposición de los intercambios entre los Estados de la UE, y los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.

En lo que se refiere al sistema legal de contratación pública, afirma que es en comparación con su antecesora la Ley 31/2007, de 30 de octubre, “inequívocamente más ambicioso y extenso”, en gran medida por imperativo de las directivas comunitarias que transpone, y que persigue aclarar las normas vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica.

En concreto, en lo relativo a la contratación explica que el contenido se centra en la transposición parcial de la nueva Directiva 2014/25/UE respecto de todas las entidades que no sean la Administración Pública, e introduce la contratación electrónica obligatoria, fomentando así el empleo de nuevas técnicas de contratación que con un enfoque menos ambicioso ya aparecían en la anterior regulación. La norma también señala como principios que han de regir la contratación los ya tradicionales de no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, igualdad de trato y transparencia a los que, como novedad, añade el de libre competencia, y los de garantía de la unidad de mercado y de garantía de la unidad de mercado.

Además, incluye un mandato inequívoco para que se incorpore de manera transversal, tanto en la configuración como en la sustanciación del procedimiento, consideraciones de naturaleza social, medioambiental y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y se impone la obligación de tomar medidas para garantizar que en la ejecución de sus contratos las empresas cumplen las obligaciones de tipo medioambiental, social y laboral, pudiendo llegar a imponer penalidades por incumplimiento de estas obligaciones.

También se regulan, por primera vez, las consultas al mercado tanto para planificar las licitaciones como para informar de sus planes de contratación, y se exige, con carácter general, que se dé acceso a los pliegos de condiciones y a las prescripciones técnicas por medios electrónicos a través del perfil de contratante; además de imponer la obligación de contar con un perfil de contratante que deberá alojarse bien en la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien en otra plataforma equivalente, según el tipo de entidad contratante.

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El Gobierno sanciona a una casa de apuestas con 20.002 euros por infracciones muy graves de la Ley de Juegos

Gobierno sanciona a casa de apuestas por infracciones graves

El local ha sido multado por la organización y explotación de apuestas sin autorización para dicho fin y por no contar con permiso para la instalación, apertura y funcionamiento de un local de apuestas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha impuesto una multa de 20.002 euros por dos infracciones muy graves (10.001 euros por cada una) a una casa de apuestas ilegal por la organización y explotación de apuestas sobre acontecimientos deportivos y de otra índole, en la modalidad presencial y electrónica, sin la correspondiente autorización administrativa para dicho fin y por la falta de autorización preceptiva para la instalación, apertura y funcionamiento en un establecimiento de apuestas externas.

Dicha multa se impone por la comisión de dos infracciones muy graves del artículo 30 a) de la Ley 8/2010 de Juegos y Apuestas consistente en “la organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, o incumpliendo el régimen de declaración responsable, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados”.

Además, hasta que la resolución sea ejecutiva, se mantendrá el precinto cautelar de nueve terminales de apuestas externas, que carecen de homologación y de documentación identificativa, y del establecimiento de juego, así como la prohibición de realizar la práctica de cualquier actividad relacionada con la organización y práctica del juego en el establecimiento sancionado.

En la actualidad, hay instaladas en Canarias un total de seis empresas de apuestas que deben cumplir con lo establecido en la Ley de Juego y Apuestas. En relación con este tipo de actividad, además de continuar con el control y persecución de los locales de apuestas ilegales, el Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Inspección del Juego, realiza actuaciones de investigación y prevención de posibles irregularidades al tratarse de una actividad de nueva implantación en Canarias. La incorporación de nuevos efectivos al Cuerpo General de la Policía Canaria redundará en una mayor operatividad de las actuaciones de control.

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Justicia organiza unas jornadas formativas sobre violencia machista desde un enfoque multidisciplinar

Justicia organiza las jornadas pacto estado contra la violencia de género

Tendrán lugar en la ULPGC los días 28 y 29 de noviembre y se impartirán ponencias sobre el trabajo social forense, salud y género, evaluación psicológica de menores, educación e igualdad y valoración de riesgos, entre otras

El enfoque multidisciplinar de la violencia machista es el objeto de las jornadas ‘Pacto de Estado contra la violencia de género’, que tendrán lugar en Gran Canaria los días 28 y 29 de noviembre, organizadas por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, y que se enmarcan en los actos de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente cada 25 de noviembre.

Las jornadas, que tendrán lugar en el Aulario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), están dirigidas a profesionales del ámbito del derecho y de la medicina forense, así como a todas aquellas personas que atienden a las mujeres y menores en situación de violencia de género desde el punto de vista social y policial. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través del correo electrónico iml.lpa@justiciaencanarias.org.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, inaugurará el próximo 28 de noviembre esta actividad formativa, en la que se abordará la violencia de género teniendo en cuenta a los distintos sectores implicados. Así, durante el primer día, se impartirán ponencias sobre el trabajo social forense y la vulnerabilidad social en víctimas, sobre salud y género y sobre la evaluación forense de menores expuestos a violencia machista.

Además, se informará sobre la Red Insular de Recursos Especializados en Violencia de Género en Gran Canaria y se disertará sobre distintos enfoques respecto a las violencias sobre las mujeres.

La jornada del 29 de noviembre se abrirá con una ponencia sobre la educación en y para la igualdad, vinculada también a la juventud y la violencia de género, y se analizará la igualdad y las masculinidades.

La aproximación a la dinámica del maltrato psicológico y la evaluación psicológica forense en la violencia de pareja será otra de las comunicaciones que se abordarán en las jornadas, que concluirán con la celebración de una mesa redonda sobre la valoración del riesgo en violencia de género.

Las jornadas ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género: hacia un enfoque multidisciplinar’ se financian con fondos obtenidos por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

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