Esta iniciativa, liderada por la consultora elittoral y apoyada por la Consejería regional de Transición Ecológica, celebró en el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, FICMEC, su primer workshop

El consejero José Antonio Valbuena destacó la importancia de este tipo de talleres para involucrar a la población en las acciones de adaptación al cambio climático

El proyecto ‘LIFE Garachico’, impulsado por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, y a través de la consultora elittoral, ha invitado a la población a conocer en profundidad las afecciones que el cambio climático puede generar en las costas canarias y a participar en el diseño de soluciones ante esta problemática a través de su primer workshop, que formó parte del programa de actividades de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, FICMEC.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, señaló la importancia de aprovechar este tipo de eventos para hacer partícipe a la ciudadanía de toda la información que se está generando sobre el cambio climático y los efectos que puede tener en Canarias e involucrarla en las posibles soluciones. “Como digo siempre, necesitamos del empuje de toda la sociedad para tener éxito en la transición que hemos iniciado y con la que desde este Gobierno estamos plenamente comprometidos”.

El programa LIFE Garachico está centrado en las zonas de la Macaronesia y permite estandarizar un procedimiento de análisis de riesgo de inundación costera en zonas urbanas, proporcionar herramientas para determinar los niveles de riesgo aceptable y, tras implementar las medidas de adaptación en Garachico y probarlas en otros enclaves, poder desarrollar recomendaciones técnicas y políticas de gestión, así como productos de mercado extrapolables a otras áreas urbanas costeras vulnerables de la Unión Europea.

El taller tuvo lugar coincidiendo con el Día de Canarias en el Convento de San Francisco y se proyectaron imágenes impactantes para concienciar a los asistentes sobre la gravedad de los temporales marítimos en zonas urbanas costeras y su vínculo con el cambio climático.

Durante la presentación Jorge López, de la consultora elittoral, explicó que “debemos ser conscientes de los impactos y consecuencias del cambio climático en nuestro entorno más cercano y entender que se trata de un problema de primer orden cuando se consideran sus efectos a escala global. Resulta esencial que la ciudadanía se implique, tanto a nivel individual como colectivo, en el planteamiento de soluciones y en el impulso de políticas que den respuesta al cambio climático”.

LIFE Garachico también estuvo presente en el FICMEC durante todo el fin de semana con un estand en el que desarrolló actividades que tenían como objetivo potenciar la implicación ciudadana, de manera que la población local pueda no sólo tomar conciencia del problema, sino participar de la elaboración de propuestas de acción. “Es fundamental escuchar lo que la población tiene que decir sobre una problemática que les afecta y de la que tienen que ser parte de la solución”, indicó la investigadora de la Universidad de La Laguna Carla González. En este sentido, durante los últimos meses se han desarrollado en Garachico distintas acciones de investigación que tienen como finalidad conocer cómo percibe la población local el riesgo y de qué forma impactan los eventos costeros extremos en sus vidas.

Un proyecto alineado con los ODS 2030

LIFE Garachico cuenta con un presupuesto de ejecución de 2.638.132 euros y cuenta con un 55% de financiación de la Unión Europea, a través del programa LIFE. Está liderado por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y cuenta con un partenariado de once socios. El objetivo de este proyecto es poner en práctica, probar, evaluar y difundir metodologías y nuevos e innovadores enfoques, en el contexto de la protección de áreas urbanas frente al riesgo de inundaciones costeras y en el desarrollo de una estrategia de adaptación flexible de estas áreas frente al cambio climático.

El único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima cumple 30 años. Desde 1992, se han aprobado más de 900 proyectos LIFE en España (5.400 en toda la UE), con un presupuesto total de 1.555 M€ y una contribución de la UE de 781 M€ (9.000M€ en toda la UE, con una contribución total de la UE de más de 6.500 M€).

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José Antonio Valbuena subrayó que todos los escenarios climáticos que se contemplan en este documento son en base a un hipotético escenario de ausencia total de medidas frente a este fenómeno medioambiental

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha culminado los trabajos del proyecto ‘PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente) Adapta Costas Canarias’, un documento que permitirá al Archipiélago conocer, por primera vez, lo riesgos a los que se enfrentan sus entornos costeros si no se toman las medidas de adaptación necesarias frente al cambio climático.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que “estos trabajos se enmarcan dentro la Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y que su propósito principal es determinar los posibles efectos socioeconómicos y ecológicos en las ocho islas, en el hipotético caso de que se confirmen los peores escenarios sobre este fenómeno global”.

En este sentido, Valbuena recordó que el Ejecutivo ha puesto en marcha un ambicioso ecosistema legislativo en esta legislatura, con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como punta de lanza, la cual obtendrá muy pronto la aprobación definitiva por parte del Parlamento regional.

El informe PIMA Adapta Costas avanza que las consecuencias de la inacción climática podrían abarcar desde un aumento de las inundaciones episódicas con afectación directa a la población, a daños en infraestructuras claves como las vías de transporte terrestre, la desaparición de playas turísticas, la reducción de hábitats y ecosistemas y un aumento de la erosión en toda la franja costera de las islas. Los resultados recopilados responden siempre a hipotéticos escenarios de ausencia total de aplicación de medidas de adaptación.

Valbuena señaló que “el alcance e intensidad asociados a estos fenómenos, que constituyen los componentes de peligrosidad, han sido proyectados para mediados y finales de siglo XXI bajo dos hipótesis de cambio climático, una de intensidad media (percentil 50% de subida del nivel del mar) y otra de intensidad alta (percentil 95% de subida del nivel del mar)”.

Por su parte, el viceconsejero regional de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, explicó que “se espera que la variedad de situaciones probables que se puedan dar en un futuro, derivadas de la multitud de escenarios de concentraciones de gases de efecto invernadero y de modelos de ascenso del nivel medio del mar, se encuentren comprendidas entre estos modelos, y esto sirva para dar una aproximación orientativa al rango de las situaciones probables”.

Entre otros datos, se refleja que las pérdidas económicas directas estimadas, asociadas tanto a los procesos erosivos como a los procesos de inundación costera derivados del cambio climático, pueden alcanzar un 11% del PIB actual en el peor escenario de cambio climático en 2100.

Miguel Ángel Pérez resaltó que “el impacto más importante y que podrá componer hasta el 75% de las pérdidas económicas directas estimadas, corresponde a los efectos de la erosión estructural o permanente sobre las playas turísticas del Archipiélago”. “Se estima que el peor escenario climático de 2050 pueda afectar a 147 playas turísticas, con una pérdida total de superficie del 10,6%”, aseveró.

Los resultados indican un patrón este-oeste en la distribución geográfica del riesgo costero asociado al cambio climático en el Archipiélago. En este sentido, los territorios de las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, estarán sometidos a riesgos significativamente más elevados en 2050 y 2100.

Teniendo en cuenta todos los impactos socioeconómicos y ecosistémicos modelizados, se han identificado 47 tramos de costa de alto riesgo acumulado en Canarias que deberán ser objeto prioritario de estudios de detalle y de planes de adaptación al cambio climático a nivel local.

El PIMA Adapta Costas garantiza la uniformidad metodológica de todas las comunidades autonómicas con el impulso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). En Canarias, la Consejería de Transición Ecológica encomendó su redacción a la Empresa Pública Cartografía de Canarias S.A (Grafcan) que, a su vez, ha contado con la asesoría y la asistencia de cuadros técnicos y científicos propios, así como del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHC) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Toda la información sobre el estudio realizado dentro del PIMA Adapta Costas se encuentra disponible en https://pimacostas.grafcan.es/.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que el propósito del Gobierno de Canarias es que el próximo 1 de julio se efectúe, en las condiciones adecuadas, la transferencia de costas

La administración autonómica ha logrado mejorar la relación de competencias y servicios que se traspasan, así como que el Estado ceda los expedientes en curso

Ahora mismo el escollo está en la cifra de personal a transferir, insuficiente, a juicio de Canarias, porque la dotación actual que el Estado tiene en las islas es escasa y debería revisarse

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este miércoles, en el Parlamento de Canarias, que hacer pronto un traspaso de competencias es importante, pero hacerlo bien es mucho más importante, de ahí que, aunque el propósito es que la transferencia de costas esté resuelta el 1 de julio, no se realizará si las condiciones ofrecidas por el Estado no son las adecuadas.

Julio Pérez, que ha contestado al diputado regional del Partido Popular Fernando Enseñat sobre cuándo está previsto llevar a cabo la transferencia de costas, ha explicado que ambas administraciones llevan tres años manteniendo conversaciones para gestionar este traspaso, tiempo en el que se han dado pasos importantes al ganarse determinadas discusiones con el Estado, por lo que, ha resaltado, es un error decir que se está igual que el primer día.

En este sentido, ha señalado que en todo proceso de este tipo hay tres materias fundamentales en las que hay que ponerse de acuerdo. La primera, las competencias, servicios o funciones que se traspasan, capítulo en el que, según ha indicado, se ha mejorado, al aceptarse la posición de Canarias y el Estado dar marcha atrás.

La segunda discusión ha estado relacionada con los expedientes en curso, si debían seguir en manos del Gobierno estatal, tal y como se pretendía en un primer momento, o tenían que traspasarse a Canarias, lo que al final ha sucedido. También aquí el Estado ha dado marcha atrás.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que el tercer debate, que es en el que se está actualmente, se refiere al importe, naturaleza, calidad y cantidad de los medios que se traspasan. Según ha comentado, en este punto se ha suscitado una discusión técnica, porque el Estado sostiene que se transfiere lo que hay, acogiéndose a una norma de 1995, y Canarias entiende que debe ser reinterpretada, pues en las islas la dotación de personal de los servicios de Costas es insuficiente, debido a la limitación de la tasa de reposición de funcionarios, que ha impedido aumentar su número en los últimos años, lo que no ocurrió ni en Cataluña ni en Andalucía, dadas las fechas de sus traspasos.

Julio Pérez ha hecho hincapié en que el Gobierno de Canarias no puede aceptar que se le traspase la competencia en costas en esas condiciones, pues el objetivo es poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, como ocurrió con la educación o la sanidad. Se trata, ha manifestado, de que los ciudadanos noten que el traspaso mejora la calidad de los servicios, no de que sigan igual.

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El consejero regional José Antonio Valbuena ha recalcado que su Departamento no va a renunciar a tener las mismas competencias que ostentan actualmente otras comunidades como Andalucía o Cataluña

El objetivo es que el traspaso se formalice oficialmente a principios de 2022

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias confía en concluir la transferencia de las competencias en materia de costas en la última reunión de la Comisión Técnica que conforman los ministerios de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Política Territorial y Función Pública junto al Ejecutivo regional. La fecha de este encuentro está sólo a la espera de que la Dirección General de Costas termine de analizar la última propuesta y argumentación remitida desde la administración autonómica. El objetivo es que el traspaso sea una realidad a principios de 2022.

En este sentido, el consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, ha señalado que su Departamento no va a renunciar a tener las mismas competencias que sí se han transferido desde el Estado a otras comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, con quien se han mantenido diferentes encuentros de trabajo desde el Ejecutivo autonómico.

“Aún quedan por depurar algunos aspectos técnicos como la potestad sancionadora en dominio público, aunque se han logrado importantes avances y consensos en otros apartados como las concesiones de los servicios en playas (incluyendo autorización de eventos), las autorizaciones en el dominio público de pequeña y mayor entidad o las concesiones para usos en la servidumbre de tránsito y los accesos al mar, así como en su zona de influencia”, añadió Valbuena.

Desde el pasado mes de mayo se remitió por parte del Gobierno de Canarias el primer borrador para esta transferencia y desde ese entonces se han mantenido numerosas reuniones para analizar las aportaciones del Ministerio y conformar un documento único antes de la celebración formal de la Comisión Mixta que formalice el traspaso.

El equipo de trabajo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias también ha celebrado más de una decena de encuentros de trabajo internos y con asesores externos para analizar las propuestas recibidas hasta el momento y la evolución de estas negociaciones.

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El consejero regional anuncia que ya se ha enviado a Costas la solicitud de la adscripción del dominio público marítimo-terrestre con el objetivo de licitar las obras a finales de 2022

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria planifican una actuación conjunta en este tramo de la Avenida Marítima para habilitar nuevos carriles de circulación y vías exclusivas para la Metroguagua

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha firmado recientemente la solicitud de la adscripción del dominio público marítimo-terrestre de una parte del litoral de Las Palmas de Gran Canaria, junto al barrio de Vegueta, para poder ganar terreno al mar y disponer del espacio necesario para desarrollar el proyecto de reordenación de la Avenida Marítima (GC-1) para ampliar el número de carriles de circulación y habilitar vías exclusivas para el tránsito de la Metroguagua. Esta petición que se realiza a la Demarcación de Costas forma parte de los acuerdos alcanzados entre la Consejería y el Ayuntamiento de esta capital el pasado septiembre para impulsar un proyecto que se considera esencial para la movilidad de la ciudad, y con el objetivo de poder empezar a licitar la ejecución de las obras a finales de 2022.

El proyecto denominado Reordenación de la Avenida Marítima, accesos Centro, San Cristóbal, Vegueta y Muelle Las Palmas, contempla ganar al mar, en el litoral más cercano Vegueta, una superficie de 49.235 metros cuadrados que permita ampliar dos carriles a la GC-1, además de otras actuaciones municipales como son la creación de zonas ajardinadas y un carril exclusivo para la MetroGuagua. “De esta forma, cumplimos con unos de los compromisos que habíamos adquirido al principio de la Legislatura con el Ayuntamiento que era el de poner en marcha este importante proyecto que permitirá mejorar las conexiones con los túneles de San José y la GC-3, además de permitir el tránsito de la Metroguagua”, aseguró el consejero Franquis en septiembre tras reunirse con el concejal de Urbanismo y Vivienda, Javier Doreste.

El proyecto para el que se pide la adscripción del dominio marítimo-terrestre contempla la creación de una nueva plataforma de relleno adosada al frente marítimo actual de una longitud de 1.320 metros cuadrados desde la desembocadura del Guiniguada hacia el sur, con las protecciones necesarias en el talud exterior para defensa del oleaje, y un ancho medio de 37 metros. Según el proyecto presentado a Costas, estas obras de ensanche del frente marítimo de Las Palmas de Gran Canaria son imprescindibles para crear la infraestructura de tierras suficiente para la modificación de carriles de la GC-1 (ganando un carril en cada sentido), la reordenación del viario local para permitir el paso de la Metroguagua y la restitución del Paseo Marítimo en un ancho mínimo de 15 metros. El proyecto concluye que las nuevas obras proyectadas para este relleno no generarán efectos adicionales de entidad y que, por tanto, se mantendrán las condiciones actuales de operatividad en las dársenas y muelles portuarios cercanos.

El consejero Franquis destacó, en este sentido, que “la colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es muy estrecha” y que “desde el Gobierno de Canarias se está trabajando ya con el objetivo de que este y otros grandes proyectos de carreteras que afectan a la ciudad puedan estar adjudicados ante de que acabe esta Legislatura”. De esta forma, la Consejería está ultimando los proyectos de varias actuaciones clave en el sistema viario de la capital insular, como es el soterramiento de la rotonda de Belén María (GC-1), o la mejora de las conexiones de la Circunvalación (GC-3) con la carretera de Teror y los accesos al Campus de Tafira.

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El presidente de Canarias asegura en la sesión de control del Parlamento que el proceso ha sido complejo, pero que ya se dispone del “informe definitivo de lo que exigen las Islas, texto que responde a las expectativas, el Estatuto y a lo que se precisa”

Torres anuncia que, este lunes 18 de octubre, se dispondrá del informe favorable para la reforma y ampliación del hospital Materno Infantil de Gran Canaria, obras que se adjudicarán y comenzarán en 2022, que durarán 3 años y que requieren 43 millones

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó esta mañana, durante la sesión de control del Parlamento autonómico, que espera que la comisión mixta entre Canarias y el Estado se pueda celebrar antes de que concluya el presente año y se proceda a la firma del traspaso de las competencias de Costas a las Islas, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía renovado en octubre de 2018.

Torres recordó que, desde noviembre de 2018, la administración estatal y la autonómica han dado pasos y han activado diversos mecanismos para consumar esta transferencia clave para el Archipiélago y que implica al Ministerio de Política Territorial y al de Transición Ecológica. El presidente admite que se trata siempre de procesos complejos y que así ha ocurrido con otras comunidades, como Cataluña. No obstante, remarcó que, tras hacer diversas matizaciones desde el Ejecutivo autonómico a las propuestas iniciales de los dos ministerios, la Comunidad ha redactado un informe definitivo que se emitió el pasado 8 de octubre y que incluye todo lo que el Gobierno de Canarias considera imprescindible en esas competencias sobre Costas.

El presidente de Canarias explicó que, hasta llegar a ese documento final, hubo 9 reuniones internas con secretarios de Estado y con la ministra de Política Territorial. Isabel Rodríguez. Al final, se ha elaborado ese informe que, según remarca, “responderá a las expectativas, al Estatuto y a lo que Canarias precisa. Espero que esa comisión mixta se celebre cuanto antes, en este mismo 2021”, reiteró.

Torres también anunció que se prevé que el próximo lunes (18 de octubre) se disponga del informe definitivo y favorable al proyecto de reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Según sus previsiones, se espera que en este noviembre se proceda a la licitación, que la adjudicación de las obras tenga lugar en el primer cuatrimestre de 2022 y que los trabajos comiencen en ese año.

A partir de ahí, y según explicó el presidente de Canarias, las actuaciones se prolongarán durante tres años en cuatro fases, toda vez que incluyen demoliciones y uniones de dos edificios y dos vías. No obstante, subrayó que el proyecto incluye las propuestas de los profesionales del hospital y que cuenta con un “compromiso absoluto” por parte del Gobierno autonómico.

Torres recordó que hubo un anteproyecto en 2018 que calculaba una inversión de 14 millones, que en 2019 se entregó un proyecto que, sin embargo, se vio mejorado luego con esas propuestas de los profesionales y que finalmente se ha preparado una intervención integral por 43 millones cuyo informe definitivo se tendrá este próximo lunes.

Canarias se encamina a cifras económicas previas a la pandemia

Preguntado por los positivos datos del paro en las Islas del pasado mes de septiembre, Torres indicó que la recuperación se está confirmando poco a poco en Canarias, que los meses de julio y agosto fueron muy buenos por el turismo insular y peninsular y que septiembre rompió sus históricos malos datos con una reducción del desempleo de 20.000 personas y con más contrataciones que en el febrero previo a la pandemia, en 2020.

Según subrayó, Canarias se encuentra cerca de las cifras previas a la COVID y el objetivo en los próximos meses es seguir bajando los datos hasta acercarse a los buenos augurios de diversos informes privados antes de que llegase la COVID. Además, las reservas turísticas apuntan a que esta recuperación se fortalecerá en el último trimestre de 2021 y la recuperación se confirmará en 2022, aunque siempre controlando los contagios del coronavirus por la gran vinculación en las Islas de la sanidad y la economía.

Unión y solidaridad para afrontar el fenómeno de la migración

En respuesta a dos preguntas de distintos grupos, el presidente autonómico volvió a pedir altura de miras y que no se haga política con el fenómeno migratorio. Sin embargo, repasó lo ocurrido en los últimos años y recalcó que, cuando el actual Gobierno tomó las riendas de las Islas, no quedaba ningún recurso para atender a los menores migrantes y, ahora, se han activado ya un total de 43 en las distintas islas.

Torres considera relevante que el presupuesto estatal para 2022 incluya 50 millones para estos menores, pero insiste en la necesidad de que haya solidaridad real y obligatoria no solo en la UE, sino entre las distintas comunidades españolas. A su juicio, no es justo que las competencias sobre menores no acompañados sean autonómicas y menos aún que las regiones fronterizas sean las que afronten la mayor carga de esta gestión. Por eso, no entiende que haya comunidades que protesten por tener 300 menores migrantes cuando Canarias aún atiende a unos 3.000 y cree que se debe modificar la ley y apostar por una solidaridad obligatoria.

El presidente de Canarias recordó que siempre ha sido muy exigente con el Gobierno estatal y la UE. Recalcó que entre 2020 y 2021 han llegado a las Islas 37.000 personas en cayucos o pateras y que aún quedan unos 7.000, al tiempo que insistió en que, tal y como alerta la ONU, este es un fenómeno global que, como el cambio climático, irá a más y requiere altura de miras, unidad de acción desde Canarias y fuera, y excluirlo por completo de cualquier batalla política.

“El Ingreso Mínimo Vital ha sido un acierto que debió aprobarse mucho antes”

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la situación de pobreza en las Islas, Torres considera que esa medida, aprobada en la difícil etapa de mayo de 2020, en plena pandemia, ha sido un acierto absoluto que debió impulsarse hace muchos años y que resulta “imprescindible para la justicia social y para que haya un equilibrio entre quienes más tienen y los que más necesitan”.

Torres cree muy relevante que el Ingreso Mínimo sea algo pionero, pero que llegue ya a 800.000 familias españolas, entre las que se hallan 17.700 unidades familiares canarias que lo perciben desde el primer momento. A su juicio, esto contrasta totalmente con el trato que recibió Canarias por los gobiernos de Rajoy, los recortes y la reforma laboral de 2012. Frente a esto, contrapuso los ERTE que han permitido que los trabajadores no hayan perdido su contrato con sus empresas en la crisis de la COVID, de lo que se beneficiaron 231.000 canarios que, ahora, son 27.000. “Sí, son 27.000 tragedias, pero no se fueron al paro y se irán reincorporando en este tiempo en muchos casos”, señaló.

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El consejero José Antonio Valbuena señala que este órgano servirá para debatir las propuestas planteadas por el Ejecutivo regional antes de incluirlas en la Comisión de Transferencia de Costas

El Gobierno canario y el Ejecutivo central ya han intercambiado varias propuestas y borradores del Real Decreto de traspaso de funciones y servicios en materia de Ordenación y Gestión del Litoral

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha solicitado al Estado la creación de la Comisión de la Demarcación Marítimo-Terrestre de Canarias, en la que se debatirán las propuestas planteadas por Canarias para el traspaso de las competencias de Costas, antes de incluirlas en la Comisión de Transferencia.

El consejero del Área, José Antonio Valbuena, explicó que el Gobierno de Canarias ya ha presentado un documento base al Ministerio. “Lo que queremos es avanzar en el consenso de los elementos definitivos que entrarán en la transferencia de funciones del Estado a Canarias”, indicó Valbuena, que espera que tras la reciente remodelación del Ejecutivo central, que ha afectado a la cartera responsable de gestionar las transferencias, se retome con agilidad el proceso en el que ambas administraciones llevan meses trabajando para dar cumplimiento a su Estatuto de Autonomía.

“Desde el Gobierno de Canarias hemos tenido en cuenta las actualizaciones de las normas europeas y españolas en todo lo relativo a la protección y uso sostenible del litoral, la jurisprudencia acaecida en los últimos años, y la modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, para presentar un trabajo riguroso y ajustado a derecho”, indicó Valbuena.

El consejero explicó que aunque existen algunos detalles por cerrar mediante negociaciones, especialmente en lo que se refiere al control del Estado sobre la Comunidad Autónoma, el traspaso de recursos humanos, bienes o la evaluación y cuantificación de las necesidades que el ejercicio de esas competencias comporta para establecer las cuantías económicas que deben consignarse en los Presupuestos Generales del Estado, desde el Gobierno de Canarias esperan que en breve espacio de tiempo se puedan empezar a ultimar los términos del texto del Real Decreto en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias ya establecida.

A las competencias que ya tenía Canarias para autorizaciones en la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, que suponían el control de los usos, instalaciones y obras en la franja comprendida desde el deslinde del dominio público marítimo-terrestre hasta la franja entre 20 y 100 metros tierra adentro, dependiendo si se trata de suelo urbano o rústico, se suma ahora la competencia para otorgar las autorizaciones y concesiones en el mar, de todo tipo de actividades, puertos, acuicultura, eventos deportivos, o emisarios, entre otros, siempre en concurrencia con el resto de competencias de otras administraciones

La Comunidad Autónoma será también la administración competente para ordenar y autorizar los servicios y actividades de las playas y zonas de baño, los accesos al mar, o la ordenación urbanística en la zona de influencia de los 500 metros tierra adentro, aspecto que Valbuena calificó “de gran trascendencia para el Archipiélago, no solo por la influencia directa que tiene sobre el desarrollo socioeconómico de Canarias, sino también por la labor que tendremos que desarrollar en los próximos años para proteger al litoral del cambio climático”.

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El secretario de Estado de Medio Ambiente ha anunciado que en los próximos días se transferirán los fondos para saneamiento y depuración en aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes

El Ejecutivo regional ha abordado el asunto de la transferencia de las competencias de Costas y propuesto un posible acuerdo para financiación de infraestructuras hidráulicas de interés para Canarias

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, y el viceconsejero regional de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, han mantenido hoy en Madrid una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; la directora general de la Costa y Mar, Ana María Oñoro; y el director general de Aguas nacional, Teodoro Estrela, para avanzar en el traspaso de las competencias de Costas al Ejecutivo canario, plantear acuerdos de financiación de infraestructuras hidráulicas de interés general para Canarias y conocer el calendario de transferencias de los fondos de recuperación anunciados por el Estado, entre otros asuntos.

Sobre este último aspecto, el Estado ha confirmado la transferencia, en los próximos días, de 11,59 millones de euros de los fondos de recuperación destinados al saneamiento y la depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Sobre la transferencia de Costas, el consejero ha tratado con los representantes del Estado la cuestión del reparto de funciones, por la cual Canarias asumiría la gestión, ordenación y otorgamiento de autorizaciones de uso y ocupación de las playas, zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar y del dominio público marítimo terrestre con instalaciones desmontables, así como la aplicación del régimen sancionador.

En este sentido, José Antonio Valbuena ha señalado que “el próximo paso es fijar el calendario de reuniones que permita formalizar el traspaso de las funciones e ir avanzando en la definición de las competencias que tendrá cada una de las administraciones una vez se produzca la transferencia”.

El Archipiélago también se haría cargo de la gestión de las concesiones demaniales para la instalación de elementos fijos; del régimen sancionador por incumplimiento de las condiciones establecidas en el otorgamiento de las concesiones demaniales; de la gestión del registro de concesiones en el dominio público marítimo terrestre perteneciente al ámbito autonómico canario y de la planificación, elaboración y aprobación de proyectos, gestión y ejecución de obras y actuaciones que sean de interés autonómico, así como del posible establecimiento de contribuciones especiales.

La emisión de informes sobre la calificación de obras de interés general estatal, así como el informe previo al pliego base para redactar los proyectos de obras de interés general del Estado también quedarían dentro de sus competencias.

Valbuena ha explicado que el Ejecutivo regional ejecutará sus competencias priorizando el interés general y la protección del litoral, pero desde la cercanía y el diálogo. “Queremos ser ágiles y cercanos, pero eso en ningún caso va a ser sinónimo de barra libre”, ha apuntado.

La Administración General del Estado sería la responsable de la emisión del informe preceptivo previo a las concesiones para efectuar vertidos al dominio público marítimo terrestre o para instalaciones de acuicultura, entre otras, y del rescate de las concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general vinculada a su ámbito de competencia así lo exija, previo informe de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, se establecerán fórmulas de colaboración para mejorar el cumplimiento de las funciones de ambas administraciones, como la  firma de convenios entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Canarias para el estudio, ejecución y gestión de obras que sean competencia de ambas administraciones o la facilitación, por parte del Ejecutivo regional a la Administración estatal, de los datos relativos a concesiones y autorizaciones de dominio público marítimo terrestre que se otorguen.

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Ángel Víctor Torres cree necesario prorrogar el tiempo necesario los ERTE, las ayudas a los alquileres sociales, al agua y a la luz, así como las medidas contra los desahucios o el apoyo a determinadas empresas

El jefe del Ejecutivo canario resalta la relevancia del traspaso de competencias sobre el litoral y pide que, junto a las de tutela financiera y control de la competencia en el ámbito local, se acompañe de los recursos y medios adecuados

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró convencido hoy, durante la sesión de control del pleno del Parlamento regional, de que el Gobierno de España mantendrá el actual escudo social creado por las consecuencias de la crisis sanitaria y socioeconómica desatada por la pandemia de la COVID-19, aunque al final se levante el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo. Esta es la fecha que baraja el presidente español, Pedro Sánchez, si los datos sanitarios y el ritmo de vacunación, “que están estrechamente ligados”, aconsejan ese levantamiento. Ante esto, Torres reflejó que resulta imprescindible que gran parte de las medidas sociales y de protección de las trabajadoras y trabajadores o de los sectores más vulnerables de la sociedad se mantengan “el tiempo preciso”.

El jefe del Ejecutivo regional se refirió, sobre todo, a mecanismos que han resultado cruciales para amortiguar los efectos de la crisis, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), especialmente relevantes en Canarias (región que hoy copa el 14% de ese recurso de apoyo laboral) por el mayor peso que tiene el turismo y el impacto de las restricciones a la movilidad. Como ha hecho en múltiples ocasiones, Torres dejó claro  que los ERTE, que han permitido que los trabajadores mantengan su vinculación contractual con sus empresas pese a la pérdida de actividad percibiendo desde el Estado el 70% de sus salarios, han de prorrogarse tras ese eventual levantamiento del estado de alarma y más allá de su vigencia actual, el 31 de mayo de 2021, durante el tiempo que sea necesario.

Además, el presidente de Canarias considera que el escudo social creado por el Gobierno central no debe quebrarse tampoco en lo relativo a las ayudas a los alquileres, las medidas para evitar los desahucios o el apoyo para el pago de luz y el agua. Según subrayó Torres, Canarias aportará al mantenimiento de ese colchón social la futura Ley de Renta de Ciudadanía, que completará la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el Salario Mínimo Vital y otras ayudas sociales directas, el respaldo a los alquileres de familias vulnerables y un aumento de las partidas para entidades del Tercer Sector, como Cruz Roja o Cáritas, entre otras.

Torres recordó que las aprobaciones anteriores de los estados de alarma siempre fueron consideradas por su Ejecutivo como una buena noticia por las medidas excepcionales que éstos facilitaban o permitían ante la casuística tan compleja que originaba la pandemia, como fueron la licitación más rápida de obras o la concesión de ayudas más ágiles. Además, subrayó que el decreto ley sobre los desahucios incluye la opción de prolongarlo, como también existe la posibilidad de extender la manutención de los niños de familias más vulnerables en caso de cierre de los colegios, o ampliar los bonos sociales o las ayudas a las empresas en dificultades.

Proyectos de modernización para las dos universidades públicas

El presidente de Canarias también se refirió a los proyectos a los que aspiran las dos universidades públicas canarias a financiar con los fondos de europeos REACT-EU (2021- 22) y otros recursos del Estado, principalmente enfocados a la sostenibilidad, la eficiencia energética, nuevos equipamientos o movilidad de investigadores.

Esas iniciativas se han coordinado con la Consejería de Educación y ya se han presentado al Ministerio, si bien aún no se ha concretado la distribución de partidas. Se cuenta con un total de 120 millones de euros del REACT-UE. Torres espera que estas partidas y otras ayuden a transformar aún más la economía canaria y “supongan un plus para las dos universidades públicas”. Al mismo tiempo resaltó los 12 millones que vendrán del Estado en 2021 para escuelas infantiles o los 20 de 2022, con el fin de crear unas 3.000 nuevas plazas anuales hasta 2023. Asimismo, aludió a los fondos para la Formación Profesional, para libros de texto o para la atención al alumnado vulnerable.

Sobre su reciente reunión en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el presidente de Canarias subrayó que fue una cita “fructífera y con compromisos”. Entre otros, destacó que, seguramente en el próximo mes de junio, Canarias estrenará las reuniones de la Comisión Bilateral creada el año pasado entre el Estado y diversas comunidades autónomas, reunión en la que se prevé que las Islas puedan iniciar el proceso para asumir la gestión y administración del litoral del Archipiélago. Para Torres, ese paso, demandado durante decenios, tiene una gran importancia y ha de venir acompañado de los recursos, medios y expedientes necesarios, algo que también reclama para cuando se traspasen las competencias sobre defensa de la competencia en el ámbito local y la tutela financiera, todas en cumplimiento del Estatuto de Autonomía renovado en octubre de 2018. “Vamos por el camino correcto”, concluyó el presidente Torres.

Erradicar el uso partidista de la migración

Torres volvió a pedir a los grupos de la oposición que no se haga partidismo con el fenómeno de la migración; que se valore la gestión que está haciendo Canarias de las únicas competencias que tiene en esa materia, que es la de los menores no acompañados, y que algunos representantes de partidos de la oposición convenzan a presidentas de comunidades autónomas como la de Madrid para que, “al menos”, respondan a las cartas remitidas desde Canarias para la búsqueda de solidaridad en la gestión de esos menores.

Además, Torres insistió en que Canarias está en condiciones de vacunar al 70% de su población este verano. Para ello, detalló hoy que están disponibles expresamente 1.500 enfermeros y que se dispondrá de 250 puntos de vacunación y de grandes centros, como el de Meloneras, Infecar, Magma y el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. “Esta es la clave para la recuperación económica. La vacuna significa seguridad y los canarios quieren vacunarse”, recalcó el presidente de Canarias.

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El presidente de Canarias traslada la necesidad de adaptar el marco legislativo a la realidad migratoria actual, con más de 2.600 menores migrantes tutelados en las Islas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido este martes en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para cerrar la agenda del proceso de transferencias de competencias estratégicas como la gestión de costas, tutela financiera y la promoción de la competencia de los mercados.

Tras ese encuentro, el presidente autonómico ha comparecido ante los medios de comunicación y ha anunciado “la buena noticia” de que antes del verano, preferiblemente en junio, se celebrará en Canarias la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado -en la que se integra la Comisión Mixta de Transferencias-, donde se producirá el traspaso oficial de las competencias en la gestión y ordenación del litoral,  “una antigua demanda del Archipiélago” que está recogida en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, en vigor desde el 6 de noviembre de 2018.

El presidente canario ha mostrado su satisfacción porque, después de la irrupción de la pandemia, se dará cierre a la transferencia de un asunto estratégico como la gestión de Costas “que por fin va a ser una realidad este verano”, añadió.

En cuanto a la tutela financiera de las corporaciones locales y la defensa de la competencia en los mercados -dos competencias cuya transferencia ya se había iniciado-, el presidente Torres comunicó que se firmarán protocolos por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias con el objeto de establecer los recursos y medios necesarios que hagan viable el traspaso de esas competencias a la Comunidad Autónoma, y solventar dificultades como las que presenta, por ejemplo,  la tutela financiera “ante la posibilidad de que queden suspendidas, o no, las reglas fiscales en los próximos años”.

Política migratoria

Ángel Víctor Torres, en su reunión con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha trasladado la realidad migratoria que se vive en Canarias y, en particular, la situación de los menores migrantes. Torres explicó que actualmente hay más de 2.600 menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias, “algo que no se había producido nunca, ni siquiera en 2006 con la crisis de los cayucos, cuando llegaron a las Islas 500 menores a pesar de que alcanzaron la costa más personas que en la actual crisis”.

El jefe del Ejecutivo autonómico considera necesario adaptar el marco legislativo a la situación actual, ya que la ley de protección del menor nació para dar atención a los menores registrados en cada comunidad autónoma y no para los menores que llegan de forma irregular “con este volumen”, matizó el presidente. Ángel Víctor Torres explicó que el ministro se ha comprometido a estudiar una modificación legislativa y activar fórmulas para que la realidad migratoria sea compartida con las demás comunidades autónomas.

Modificación del Estatuto Básico del Empleado Público

Los equipos de Presidencia del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Política Territorial y Función Pública también abordaron la problemática que padecen los empleados interinos de la Administración Pública que en muchos casos llegan a encadenar contratos durante veinte años. Ángel Víctor Torres planteó la necesidad de buscar mecanismos de consenso que den respuesta a las expectativas de los trabajadores que están en esta situación.

En ese sentido, Torres destacó que el ministro se ha comprometido a llevar a cabo, en los próximos meses, una modificación en el Estatuto Básico del Empleado, que se está trabajando también con las comunidades autónomas.

Por último, Ángel Víctor Torres agradeció al Miquel Iceta y su equipo la celebración de esta reunión -la primera que mantiene el ministro de Política Territorial con un presidente de comunidad autónoma- que “ha sido muy satisfactoria”, concluyó.

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