Ambas organizaciones harán llegar a la Consejería un listado con los expedientes que consideran más urgentes para analizar
Valbuena indica que se mantendrán reuniones con todas las partes interesadas con el objetivo de recabar información de interés y compartir la visión que el Gobierno canario tiene en cuanto a la gestión de esta nueva competencia
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias continúa su ronda de encuentros preparatorios del traspaso de Costas, que se producirá el próximo 1 de enero de 2023, para recabar información sobre los distintos expedientes que se transferirán desde el Estado al Ejecutivo regional para su posterior análisis y tramitación.
En esta ocasión, el consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, y el viceconsejero autonómico de Planificación Territorial, Leopoldo Díaz, se reunieron con representantes de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y Ashotel.
Valbuena destacó el trabajo previo que se está realizando para estar preparados para asumir las competencias y empezar a trabajar cuanto antes. “Seguimos reuniéndonos con todas las partes interesadas para que, una vez se oficialice el traspaso, tengamos clara la hoja de ruta de los primeros meses y los temas que más preocupan a la población canaria en este ámbito”, añadió.
La representación de las asociaciones de empresarios del turismo corrió a cargo del presidente de la FEHT, José María Mañaricua; Águeda Borges y Nicolás Villalobos, integrantes de la junta directiva de dicha federación, y Juan Pablo González, gerente de Ashotel. Los dirigentes de la patronal hotelera plantearon al consejero la urgencia y relevancia de una solución satisfactoria para diversos asuntos relacionados con la gestión del litoral, como es el caso de la situación de los dos hoteles de Corralejo, en la isla de Fuerteventura.
En el encuentro se acordó que las patronales hoteleras harán llegar a la Consejería un listado con los expedientes que consideran más urgentes para su análisis y volver a verse más adelante para seguir avanzando, tal y como se ha hecho con otros colectivos como la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas.
Valbuena incidió en que la legislación específica no variará ni se reinterpretará por parte de este Ejecutivo, por lo que su aplicación en las islas seguirá siendo la misma que hasta ahora, pero sí existirá una especial sensibilidad con los asuntos que de verdad preocupan en el Archipiélago y una mayor cercanía en el trámite de estos expedientes.
Esta reunión de trabajo forma parte de la ronda de encuentros que la Consejería anunció que realizaría este año con todas las partes implicadas (plataformas, agrupaciones, cabildos, colectivos ecologistas, ayuntamientos, particulares, etc.) antes de que se haga efectivo el citado traspaso de competencias.
José Antonio Valbuena participó en la presentación de los resultados preliminares de esta iniciativa, la cual ha logrado una importante recuperación de los hábitats de la zona
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias prolongará el proyecto experimental de desarrollo sostenible del uso público en la costa de Punta del Hidalgo (Tenerife) más allá del presente año 2022 y la financiará con fondos propios del Ejecutivo regional. Todas las acciones contempladas en esta propuesta se han desarrollado a través del Servicio de Biodiversidad autonómico con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.
Así lo anunció el consejero responsable de este Departamento, José Antonio Valbuena, durante la presentación de los resultados preliminares de esta iniciativa “que ha logrado una importante recuperación de los hábitats y ecosistemas naturales de este entorno privilegiado de la isla y una gran sensibilización por parte de la población local y extranjera”.
“Este proyecto ha supuesto un ejemplo de colaboración interadministrativa entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna, logrando importantes avances como el corte al tráfico rodado en la zona por parte del Consistorio, el cual causaba importantes daños de contaminación y presión en la zona, y la instalación de casetas y paneles informativos que han hecho que la ciudadanía aprecie la fauna y flora que caracterizan a este enclave lagunero”.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subraya “el compromiso del Gobierno municipal y la Consejería de Transición Ecológica a la hora de poner en marcha programas que garanticen la conservación, el respeto y el conocimiento de los indudables valores medioambientales y paisajísticos de nuestro litoral”, y se reafirma en “nuestra intención de seguir avanzando en medidas para el desarrollo de la biodiversidad en un entorno que ejemplifica la enorme diversidad natural del municipio como es Punta del Hidalgo”.
Valbuena incidió en que este tipo de propuestas serán cada vez más comunes en el litoral de toca Canarias, ya que debemos reducir significativamente la presión humana sobre los espacios costeros y hacer un uso más sostenible de los mismos para que podamos disfrutarlos y a la vez poder convivir con distintas especies que enriquecen nuestra biodiversidad. “En la Punta del Hidalgo, por suerte, el vehículo ha dejado de ser el protagonista y la recuperación de la biota ha sido notable en muy poco espacio de tiempo”.
El proyecto experimental de desarrollo sostenible del uso público en la costa de Punta del Hidalgo ha incluido medidas como las citadas restricciones de tráfico y la creación de un aparcamiento delimitado, el diseño y elaboración de una estrategia de gestión del espacio, el aumento de la vigilancia para el cumplimiento de la normativa vigente y diferentes campañas de limpieza de basuras y eliminación de hidrocarburos.
También se han llevado a cabo acciones formativas con colegios de la isla y colectivos locales que han mostrado interés en conocer las labores que se están desarrollando y la importancia de preservar el patrimonio natural que alberga este emplazamiento.
El litoral de la Punta del Hidalgo, más concretamente el Paseo de San Juanito, se ha dividido en cuadriculas de 500 x 500 metros para su análisis de especie. Durante este proceso, se han detectado 322 especies de fauna, 112 especies de algas, 69 especies de flora, tres cianobacterias, un liquen, nueve especies protegidas del intermareal y 19 especies protegidas de avifauna.
José Antonio Valbuena explicó que este trabajo abarca los riesgos reales a los que se enfrentan los entornos costeros de las islas si no se toman las medidas de adaptación necesarias frente al cambio climático
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha celebrado este viernes, 14 de octubre, una reunión virtual con los ayuntamientos de Canarias para compartir las principales conclusiones del proyecto ‘PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente) Adapta Costas Canarias’.
El consejero autonómico responsable del Departamento, José Antonio Valbuena, explicó que “el objetivo prioritario de este trabajo es determinar los distintos escenarios y riesgos a los que se enfrentan los entornos costeros del archipiélago, en caso de no tomar ninguna medida por parte de las instituciones públicas frente a los efectos del cambio climático”.
En esta línea, Valbuena señaló que es importante analizar estos resultados para coordinar y planificar acciones conjuntas de cara a una correcta adaptación a estos fenómenos y así evitar inversiones futuras por daños en el litoral. “El Gobierno de Canarias ya trabaja en esta línea y contempla diferentes medidas a corto y medio plazo en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que previsiblemente se aprobará en el mes de noviembre en el Parlamento regional, pero la implicación de los ayuntamientos en este ámbito es fundamental para lograr este objetivo”, añadió.
El consejero subrayó que este proyecto determina, entre otros datos, que las pérdidas económicas directas estimadas, asociadas tanto a los procesos erosivos como a los procesos de inundación costera derivados del cambio climático, pueden alcanzar un 11% del PIB actual en el peor escenario de cambio climático en 2100.
El informe PIMA Adapta Costas también avanza que las consecuencias de la inacción climática podrían abarcar desde un aumento de las inundaciones episódicas con afectación directa a la población, a daños en infraestructuras claves como las vías de transporte terrestre, la desaparición de playas turísticas, la reducción de hábitats y ecosistemas y un aumento de la erosión en toda la franja costera de las islas.
Toda la información sobre el estudio realizado dentro del PIMA Adapta Costas se encuentra disponible en https://pimacostas.grafcan.es/ .
El PIMA Adapta Costas garantiza la uniformidad metodológica de todas las comunidades autonómicas con el impulso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). En Canarias, la Consejería de Transición Ecológica encomendó su redacción a la Empresa Pública Cartografía de Canarias S.A (Grafcan) que, a su vez, ha contado con la asesoría y la asistencia de cuadros técnicos y científicos propios, así como del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHC) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Se trata de uno de los acuerdos alcanzados entre el consejero José Antonio Valbuena y el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias convocará este próximo mes de diciembre la Comisión Mixta sobre Costas, tal y como ha acordado esta semana el consejero regional José Antonio Valbuena en una reunión mantenida con la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC).
En el encuentro también han estado presentes el viceconsejero autonómico de Planificación Territorial, Leopoldo Díaz; y el presidente y la secretaria de la citada plataforma, José Luis Langa y Ana Delia Ramayo, respectivamente.
La convocatoria de esta Comisión se trata de uno de los compromisos del protocolo firmado en el año 2016 por parte de la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Asociación Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas. Valbuena recordó que su compromiso inicial fue “convocar esta comisión una vez se cerrara el acuerdo de la transferencia de competencias, por lo que nos encontramos en disposición de oficializar este organismo, incluyendo a Fecam y Fecai, para trabajar conjuntamente y hacer labores de seguimiento”.
La reunión sirvió, entre otros asuntos, para analizar las diferentes competencias que Canarias asumirá a partir del próximo 1 de enero de 2023 y para recabar información sobre los distintos expedientes que se transferirán desde el Estado al Ejecutivo regional para su posterior análisis y tramitación. Valbuena recalcó que la interpretación de la Ley de Costas nacional seguirá siendo la misma, ya que no podemos hacer ningún tipo de reinterpretación, pero con una mayor sensibilidad y cercanía en los procedimientos.
En la reunión, Langa explicó a Valbuena que, como consecuencia de la reforma de la Ley de Costas, en 2013, la Dirección General habilitó un plazo para que los ayuntamientos enviaran información a Madrid en la que constaran los servicios esenciales de los que están dotados los núcleos poblacionales consolidados.
“Los ayuntamientos que hicieron los deberes -apunta Langa- lograron la desafección por parte de Costas; pero muchos ayuntamientos no enviaron la información y, por ello, ahora nos encontramos con que Costas quiere derribar núcleos que se consideran consolidados, y a falta de otras opciones hemos tenido que judicializar las causas para parar los derribos”, matiza el letrado.
Es por ello que, según apunta el presidente de la PCALC, “es el momento de activar esta Comisión Mixta, que se firmó con el objetivo de evitar lo que pasó en 2013, toda vez que a partir del 1 de enero de 2023 Canarias va a tener las competencias en materia de gestión y ordenación del litoral”.
“La ley sigue siendo la misma y tenemos que actuar dentro de la legalidad, pero si ponemos sobre la mesa caso por caso los núcleos afectados por Costas y hacemos bien el trabajo, con la sensibilidad que requiere este territorio, estimaremos que, con la ley en la mano, muchos de ellos cumplen los requisitos de núcleos urbanos consolidados, pues forman parte de la historia del pueblo canario”, matizó Langa.
En este sentido, Valbuena recordó que está recopilando con ayuntamientos y administraciones implicadas toda la documentación al respecto, información que también ha solicitado a la PCALC, con el fin de conocer la realidad de cada zona y así poder actuar en consecuencia.
Esta reunión de trabajo forma parte de la ronda de encuentros que la Consejería anunció que realizaría este año con todas las partes implicadas (plataformas, agrupaciones, cabildos, ayuntamientos, particulares, etc.) para recabar información de interés y compartir la visión que el Gobierno canario tiene en cuanto a la gestión de esta competencia y cómo se procederá en los primeros meses de gestión.
José Antonio Valbuena explica que su Departamento ha planificado los trabajos previos para asumir las competencias el próximo 1 de enero de 2023
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Política Territorial constituirán en próximas fechas una comisión técnica para analizar todos los expedientes en marcha relacionados con la competencia de Costas, que asumirá el Ejecutivo regional a partir del próximo 1 de enero.
El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que su Departamento ya ha planificado todos los trabajos previos necesarios para evaluar el volumen de expedientes, fijar prioridades y establecer una hoja de ruta “que permita que la transición sea mucho más sencilla para el personal técnico y político que asumirá estas labores”.
En este sentido, Valbuena avanzó que su Consejería realizará este mismo año una ronda de consultas y encuentros con colectivos (grupos ecologistas, patronales hoteleras, Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, etc.), administraciones públicas (cabildos y ayuntamientos) y particulares vinculados a este tipo de expedientes para compartir la visión que el Gobierno canario tiene en cuanto a la gestión de esta competencia y cómo se procederá en los primeros meses de gestión.
El consejero autonómico recalcó que el “traspaso de estas competencias no supondrá una reinterpretación de la ley vigente para favorecer determinados intereses, pero sí una mayor cercanía por parte de la administración a la hora de analizar estos procedimientos y “un interés claro de proteger el litoral como uno de nuestros bienes naturales más preciados”.
Asimismo, Valbuena recordó que este traspaso de competencias también supondrá la delegación de 20 puestos de trabajo por parte del Ministerio, “que se verán reforzados por otros 25 efectivos propios que se crearán en la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias”.
“Esta transferencia histórica ha precisado de un gran número de reuniones para alcanzar un acuerdo que situara a Canarias con las mismas competencias que otras comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, que era el objetivo prioritario de este Gobierno”, subrayó Valbuena.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se congratula de este resultado histórico tras una compleja negociación rematada en tiempo récord
El jefe del Ejecutivo explica que Canarias incorpora 20 trabajadores ahora estatales y dos sedes, si bien se contemplan 1,5 millones más en el capítulo de personal de la Consejería de Transición Ecológica para incrementar la plantilla en 25 más
La Comisión Bilateral ha permitido también aprobar el nuevo reglamento de este órgano, ya adaptado al Estatuto de Autonomía renovado en 2018, y ratificar la transferencia a las islas de la tutela financiera y de defensa de la competencia
Torres destaca el acuerdo logrado hoy en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que permite que unos 680 menores migrantes presentes en las islas se repartan entre otras regiones atendiendo al principio de solidaridad interterritorial
El presidente subraya que, según lo expuesto hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las entregas a cuenta a las islas por la financiación autonómica del Estado crecerán el 11% en 2023, lo que fortalece la atención de los servicios esenciales
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, suscribió esta tarde, en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en la sede Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, junto con la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, la transferencia de competencias en Costas contemplada en el Estatuto de Autonomía de las islas que se renovó en 2018.
En la rueda de prensa posterior, Torres se congratuló de este resultado histórico tras un difícil proceso de negociación, iniciado desde el comienzo de esta legislatura y que ha presentado diversos puntos complejos que, sin embargo, no han impedido que el Archipiélago pueda gestionar las competencias en Costas desde el 1 de enero de 2023. Otras regiones lograron incluir estas competencias en sus estatutos de autogobierno con mucha más antelación (algunas en 2008) y por ahora siguen sin ejercerlas.
Canarias asume las competencias en Costas a partir del 1 de enero tras el acuerdo sellado hoy con el Estado
Pese a la difícil negociación, Torres subrayó la relevancia de la agilidad en el traspaso si se atiende a que el nuevo Estatuto canario se aprobó hace menos de 4 años. Recalcó que lo que siempre ha buscado el Gobierno de Canarias es hacer un buen traspaso que diera seguridad jurídica y fuera pragmático y efectivo en el día a día y desde el principio, aunque eso supusiera algunos meses de retraso.
En esta línea, felicitó al equipo de la Consejería de Transición Ecológica que se ha encargado de este proceso y al del Ministerio por los esfuerzos hechos para alcanzar el acuerdo más satisfactorio posible. De hecho, subrayó que, como reclamaba Canarias, se gestionarán las mismas competencias que Cataluña o Andalucía.
El presidente de Canarias llamó la atención sobre el hecho de que la última Comisión Bilateral, cuya acta se aprobó hoy, tuvo lugar en diciembre de 2010, con Zapatero como presidente de España y Paulino Rivero como responsable del Gobierno regional, así como que la Comisión Mixta previa a la de hoy fue en 2015. Por eso, considera muy relevante que, en menos de 3 años, se hayan cerrado estas dos reuniones tras resolverse los 18 conflictos que ha habido entre Canarias y el Estado en este tiempo, algunos de ellos llevados al Tribunal Constitucional, si bien han decaído o se han alcanzado acuerdos, como ha ocurrido con el 80% de deducciones a la inversión para las producciones audiovisuales.
“Nuestra costa es una de las joyas de Canarias, pero hay que preservarla”
Torres subrayó que la costa de Canarias, mayor que la de otros territorios, “es una de las joyas de las islas y un gran reclamo turístico, pero hay que preservarla”. De ahí, la importancia de las desaladoras o los emisarios para cumplir también con la Agenda Canaria 2030”. A su juicio, los 20 puestos de trabajo que se traspasan por el Estado son insuficientes, pero se completarán con otros 25 empleados más que se irán incorporando desde enero próximo, con lo que la cifra final sí ofrece garantías para una gestión efectiva.
El jefe del Ejecutivo destacó la “implicación” del Gobierno de España con Canarias no sólo con este paso en las competencias, sino con “los 1.144 millones en ayudas a empresas por la crisis de la covid, el apoyo por el volcán en La Palma o, en estos últimos días, con el incendio del norte de Tenerife”.
Además, Torres se congratuló de que, según lo expuesto en la reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las entregas a cuenta a las islas de la financiación autonómica por parte del Estado crecerán el 11% en 2023 (hasta los 543 millones de euros), a lo que se suma la liquidación del año 2019 (719 millones). Con estos incrementos se garantiza el mantenimiento y el reforzamiento de los servicios públicos básicos, a lo que también ayuda la confirmación de las suspensión de las reglas fiscales en 2023.
Ese refuerzo presupuestario se une también a la coincidencia entre ambos gobiernos en la necesidad de que haya un cambio legislativo en materia de migración para la gestión de los menores no acompañados. En este sentido, Torres resaltó los 50 millones que incluirá, de nuevo, el presupuesto estatal para esta cuestión y, sobre todo, el anuncio de hoy, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, de que se ha aprobado que unos 680 menores se trasladarán a otras comunidades autónomas atendiendo a un principio de solidaridad interterritorial reclamado por Canarias.
La ministra de Política Territorial, por su parte, destacó la relevancia de esta Comisión Bilateral y Mixta, “el punto final a muchos días de trabajo y que responde a un Gobierno que comprende la pluralidad del país y la necesidad del desarrollo de los estatutos de autonomía”. Según recalcó, ha sido “una colaboración leal en línea con la atención preferente que le da el Gobierno central a las islas. De hecho -indicó-, nunca ha habido un Gobierno más comprometido con Canarias que el actual Ejecutivo central”.
La ministra recordó también que esta Comisión Bilateral no se daba desde 2010 y que ha permitido mejorar la prestación de servicios de los ayuntamientos a sus vecinos y una transferencia de Costas en cumplimiento del Estatuto “que se ve culminada hoy”.
La Comisión Bilateral contó, asimismo, con la presencia del consejero regional de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y del responsable del área de Obras, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. El vicepresidente autonómico y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, no pudo asistir por encontrarse desde esta mañana en Madrid con motivo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
1,5 millones para el incremento paulatino de personal
El acuerdo del traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad en materia de ordenación y gestión del litoral de las islas prevé un paulatino incremento del personal encargado de estas competencias con el fin de garantizar una adecuada gestión. Con ese fin, se prevé destinar 1,5 millones de euros de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha Contra el Cambio Climático para incrementar el capítulo 1 (personal) y asumir esta plantilla según los términos contemplados en el Estatuto de Autonomía.
La transferencia no implica cambios en la Ley de Costas, aunque sí garantiza una mayor cercanía, conocimiento y sensibilidad en la protección y gestión del litoral isleño al encargarse desde ahora el Ejecutivo canario, siempre dentro de los márgenes de la normativa estatal.
Fruto de esta negociación, y aparte de los 20 trabajadores, el traspaso incluye dos bienes inmuebles (cuyo mantenimiento y reposición corresponderá ahora a la Comunidad), 7 vehículos y los contratos del suministro de agua y electricidad. A falta de incrementar la plantilla, el acuerdo requiere de un desembolso de 805.368 euros por el personal y los equipos traspasados.
Una Comisión Bilateral Canarias-Estado que se reúne por primera vez en casi 12 años
Además de este histórico traspaso de competencias, concretado en la reunión de la Comisión Mixta, durante la Comisión Bilateral se ha aprobado también un nuevo reglamento, ya adaptado al Estatuto de Autonomía de 2018. Torres destacó, asimismo, el traspaso de competencias en tutela financiera, lo que ayudará a los ayuntamientos a costear los servicios a sus vecinos, y el derecho de defensa de la competencia.
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión de la Comisión Bilateral anterior, de 2010, y se analizaron los puntos pendientes en estos casi 12 años, sobre todo las cuestiones en las que existen conflictos entre el Gobierno central y el regional abordados hasta ahora por comisiones de trabajo.
En este sentido, Torres recordó que Canarias es una de las comunidades con mayor índice de conflictividad con el Estado, si bien esos grupos de trabajo han ido resolviendo distintos aspectos, tales como el referente al 80% de deducción fiscal para inversiones audiovisuales (el REF del cine). Todos estos asuntos han decaído porque la Comunidad se ha amoldado a lo que ha dicho el Constitucional, como ocurrió con los tests de antígenos (aunque ya no tiene actualidad ante la evolución de las medidas anticovid) o porque hubo un acuerdo entre los dos ejecutivos respecto a las producciones audiovisuales a favor de los intereses de Canarias. También porque a veces se ha fallado en contra de la propuesta de las islas, como pasó con el conflicto del vino del plátano.
La controversia respecto a los puertos también se ha resuelto hoy, según indicó Torres, con una postura común que preserva el hecho de que se prorroguen las licencias de los puertos deportivos cuando existen inversiones relevantes.
Esta iniciativa, liderada por la consultora elittoral y apoyada por la Consejería regional de Transición Ecológica, celebró en el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, FICMEC, su primer workshop
El consejero José Antonio Valbuena destacó la importancia de este tipo de talleres para involucrar a la población en las acciones de adaptación al cambio climático
El proyecto ‘LIFE Garachico’, impulsado por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, y a través de la consultora elittoral, ha invitado a la población a conocer en profundidad las afecciones que el cambio climático puede generar en las costas canarias y a participar en el diseño de soluciones ante esta problemática a través de su primer workshop, que formó parte del programa de actividades de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, FICMEC.
El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, señaló la importancia de aprovechar este tipo de eventos para hacer partícipe a la ciudadanía de toda la información que se está generando sobre el cambio climático y los efectos que puede tener en Canarias e involucrarla en las posibles soluciones. “Como digo siempre, necesitamos del empuje de toda la sociedad para tener éxito en la transición que hemos iniciado y con la que desde este Gobierno estamos plenamente comprometidos”.
El programa LIFE Garachico está centrado en las zonas de la Macaronesia y permite estandarizar un procedimiento de análisis de riesgo de inundación costera en zonas urbanas, proporcionar herramientas para determinar los niveles de riesgo aceptable y, tras implementar las medidas de adaptación en Garachico y probarlas en otros enclaves, poder desarrollar recomendaciones técnicas y políticas de gestión, así como productos de mercado extrapolables a otras áreas urbanas costeras vulnerables de la Unión Europea.
El taller tuvo lugar coincidiendo con el Día de Canarias en el Convento de San Francisco y se proyectaron imágenes impactantes para concienciar a los asistentes sobre la gravedad de los temporales marítimos en zonas urbanas costeras y su vínculo con el cambio climático.
Durante la presentación Jorge López, de la consultora elittoral, explicó que “debemos ser conscientes de los impactos y consecuencias del cambio climático en nuestro entorno más cercano y entender que se trata de un problema de primer orden cuando se consideran sus efectos a escala global. Resulta esencial que la ciudadanía se implique, tanto a nivel individual como colectivo, en el planteamiento de soluciones y en el impulso de políticas que den respuesta al cambio climático”.
LIFE Garachico también estuvo presente en el FICMEC durante todo el fin de semana con un estand en el que desarrolló actividades que tenían como objetivo potenciar la implicación ciudadana, de manera que la población local pueda no sólo tomar conciencia del problema, sino participar de la elaboración de propuestas de acción. “Es fundamental escuchar lo que la población tiene que decir sobre una problemática que les afecta y de la que tienen que ser parte de la solución”, indicó la investigadora de la Universidad de La Laguna Carla González. En este sentido, durante los últimos meses se han desarrollado en Garachico distintas acciones de investigación que tienen como finalidad conocer cómo percibe la población local el riesgo y de qué forma impactan los eventos costeros extremos en sus vidas.
Un proyecto alineado con los ODS 2030
LIFE Garachico cuenta con un presupuesto de ejecución de 2.638.132 euros y cuenta con un 55% de financiación de la Unión Europea, a través del programa LIFE. Está liderado por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y cuenta con un partenariado de once socios. El objetivo de este proyecto es poner en práctica, probar, evaluar y difundir metodologías y nuevos e innovadores enfoques, en el contexto de la protección de áreas urbanas frente al riesgo de inundaciones costeras y en el desarrollo de una estrategia de adaptación flexible de estas áreas frente al cambio climático.
El único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente y a la acción por el clima cumple 30 años. Desde 1992, se han aprobado más de 900 proyectos LIFE en España (5.400 en toda la UE), con un presupuesto total de 1.555 M€ y una contribución de la UE de 781 M€ (9.000M€ en toda la UE, con una contribución total de la UE de más de 6.500 M€).
José Antonio Valbuena subrayó que todos los escenarios climáticos que se contemplan en este documento son en base a un hipotético escenario de ausencia total de medidas frente a este fenómeno medioambiental
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha culminado los trabajos del proyecto ‘PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente) Adapta Costas Canarias’, un documento que permitirá al Archipiélago conocer, por primera vez, lo riesgos a los que se enfrentan sus entornos costeros si no se toman las medidas de adaptación necesarias frente al cambio climático.
El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que “estos trabajos se enmarcan dentro la Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y que su propósito principal es determinar los posibles efectos socioeconómicos y ecológicos en las ocho islas, en el hipotético caso de que se confirmen los peores escenarios sobre este fenómeno global”.
En este sentido, Valbuena recordó que el Ejecutivo ha puesto en marcha un ambicioso ecosistema legislativo en esta legislatura, con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como punta de lanza, la cual obtendrá muy pronto la aprobación definitiva por parte del Parlamento regional.
El informe PIMA Adapta Costas avanza que las consecuencias de la inacción climática podrían abarcar desde un aumento de las inundaciones episódicas con afectación directa a la población, a daños en infraestructuras claves como las vías de transporte terrestre, la desaparición de playas turísticas, la reducción de hábitats y ecosistemas y un aumento de la erosión en toda la franja costera de las islas. Los resultados recopilados responden siempre a hipotéticos escenarios de ausencia total de aplicación de medidas de adaptación.
Valbuena señaló que “el alcance e intensidad asociados a estos fenómenos, que constituyen los componentes de peligrosidad, han sido proyectados para mediados y finales de siglo XXI bajo dos hipótesis de cambio climático, una de intensidad media (percentil 50% de subida del nivel del mar) y otra de intensidad alta (percentil 95% de subida del nivel del mar)”.
Por su parte, el viceconsejero regional de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, explicó que “se espera que la variedad de situaciones probables que se puedan dar en un futuro, derivadas de la multitud de escenarios de concentraciones de gases de efecto invernadero y de modelos de ascenso del nivel medio del mar, se encuentren comprendidas entre estos modelos, y esto sirva para dar una aproximación orientativa al rango de las situaciones probables”.
Entre otros datos, se refleja que las pérdidas económicas directas estimadas, asociadas tanto a los procesos erosivos como a los procesos de inundación costera derivados del cambio climático, pueden alcanzar un 11% del PIB actual en el peor escenario de cambio climático en 2100.
Miguel Ángel Pérez resaltó que “el impacto más importante y que podrá componer hasta el 75% de las pérdidas económicas directas estimadas, corresponde a los efectos de la erosión estructural o permanente sobre las playas turísticas del Archipiélago”. “Se estima que el peor escenario climático de 2050 pueda afectar a 147 playas turísticas, con una pérdida total de superficie del 10,6%”, aseveró.
Los resultados indican un patrón este-oeste en la distribución geográfica del riesgo costero asociado al cambio climático en el Archipiélago. En este sentido, los territorios de las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, estarán sometidos a riesgos significativamente más elevados en 2050 y 2100.
Teniendo en cuenta todos los impactos socioeconómicos y ecosistémicos modelizados, se han identificado 47 tramos de costa de alto riesgo acumulado en Canarias que deberán ser objeto prioritario de estudios de detalle y de planes de adaptación al cambio climático a nivel local.
El PIMA Adapta Costas garantiza la uniformidad metodológica de todas las comunidades autonómicas con el impulso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). En Canarias, la Consejería de Transición Ecológica encomendó su redacción a la Empresa Pública Cartografía de Canarias S.A (Grafcan) que, a su vez, ha contado con la asesoría y la asistencia de cuadros técnicos y científicos propios, así como del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHC) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Toda la información sobre el estudio realizado dentro del PIMA Adapta Costas se encuentra disponible en https://pimacostas.grafcan.es/.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que el propósito del Gobierno de Canarias es que el próximo 1 de julio se efectúe, en las condiciones adecuadas, la transferencia de costas
La administración autonómica ha logrado mejorar la relación de competencias y servicios que se traspasan, así como que el Estado ceda los expedientes en curso
Ahora mismo el escollo está en la cifra de personal a transferir, insuficiente, a juicio de Canarias, porque la dotación actual que el Estado tiene en las islas es escasa y debería revisarse
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este miércoles, en el Parlamento de Canarias, que hacer pronto un traspaso de competencias es importante, pero hacerlo bien es mucho más importante, de ahí que, aunque el propósito es que la transferencia de costas esté resuelta el 1 de julio, no se realizará si las condiciones ofrecidas por el Estado no son las adecuadas.
Julio Pérez, que ha contestado al diputado regional del Partido Popular Fernando Enseñat sobre cuándo está previsto llevar a cabo la transferencia de costas, ha explicado que ambas administraciones llevan tres años manteniendo conversaciones para gestionar este traspaso, tiempo en el que se han dado pasos importantes al ganarse determinadas discusiones con el Estado, por lo que, ha resaltado, es un error decir que se está igual que el primer día.
En este sentido, ha señalado que en todo proceso de este tipo hay tres materias fundamentales en las que hay que ponerse de acuerdo. La primera, las competencias, servicios o funciones que se traspasan, capítulo en el que, según ha indicado, se ha mejorado, al aceptarse la posición de Canarias y el Estado dar marcha atrás.
La segunda discusión ha estado relacionada con los expedientes en curso, si debían seguir en manos del Gobierno estatal, tal y como se pretendía en un primer momento, o tenían que traspasarse a Canarias, lo que al final ha sucedido. También aquí el Estado ha dado marcha atrás.
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que el tercer debate, que es en el que se está actualmente, se refiere al importe, naturaleza, calidad y cantidad de los medios que se traspasan. Según ha comentado, en este punto se ha suscitado una discusión técnica, porque el Estado sostiene que se transfiere lo que hay, acogiéndose a una norma de 1995, y Canarias entiende que debe ser reinterpretada, pues en las islas la dotación de personal de los servicios de Costas es insuficiente, debido a la limitación de la tasa de reposición de funcionarios, que ha impedido aumentar su número en los últimos años, lo que no ocurrió ni en Cataluña ni en Andalucía, dadas las fechas de sus traspasos.
Julio Pérez ha hecho hincapié en que el Gobierno de Canarias no puede aceptar que se le traspase la competencia en costas en esas condiciones, pues el objetivo es poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, como ocurrió con la educación o la sanidad. Se trata, ha manifestado, de que los ciudadanos noten que el traspaso mejora la calidad de los servicios, no de que sigan igual.
El consejero regional José Antonio Valbuena ha recalcado que su Departamento no va a renunciar a tener las mismas competencias que ostentan actualmente otras comunidades como Andalucía o Cataluña
El objetivo es que el traspaso se formalice oficialmente a principios de 2022
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias confía en concluir la transferencia de las competencias en materia de costas en la última reunión de la Comisión Técnica que conforman los ministerios de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Política Territorial y Función Pública junto al Ejecutivo regional. La fecha de este encuentro está sólo a la espera de que la Dirección General de Costas termine de analizar la última propuesta y argumentación remitida desde la administración autonómica. El objetivo es que el traspaso sea una realidad a principios de 2022.
En este sentido, el consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, ha señalado que su Departamento no va a renunciar a tener las mismas competencias que sí se han transferido desde el Estado a otras comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, con quien se han mantenido diferentes encuentros de trabajo desde el Ejecutivo autonómico.
“Aún quedan por depurar algunos aspectos técnicos como la potestad sancionadora en dominio público, aunque se han logrado importantes avances y consensos en otros apartados como las concesiones de los servicios en playas (incluyendo autorización de eventos), las autorizaciones en el dominio público de pequeña y mayor entidad o las concesiones para usos en la servidumbre de tránsito y los accesos al mar, así como en su zona de influencia”, añadió Valbuena.
Desde el pasado mes de mayo se remitió por parte del Gobierno de Canarias el primer borrador para esta transferencia y desde ese entonces se han mantenido numerosas reuniones para analizar las aportaciones del Ministerio y conformar un documento único antes de la celebración formal de la Comisión Mixta que formalice el traspaso.
El equipo de trabajo de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias también ha celebrado más de una decena de encuentros de trabajo internos y con asesores externos para analizar las propuestas recibidas hasta el momento y la evolución de estas negociaciones.