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Vivienda incrementa en 260.000 euros la partida destinada este año a evitar los desahucios de familias vulnerables

El dinero procedente del Plan Estatal de Vivienda refuerza el programa Canarias Pro Hogar que ya aplica el Gobierno canario para atender a las familias que se encuentran en riesgo de desahucio

Con esta aportación extra, que el año que viene se verá incrementada hasta los 585.000 euros, se podrán pagar alquileres de hasta 900 euros a familias vulnerables y otros 200 euros para suministros básicos, seguros, mantenimiento y conexión a Internet

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, incrementa en 260.000 euros el presupuesto que destina este año a evitar los desahucios de familias vulnerables en el Archipiélago gracias a una aportación extra del Gobierno de España a través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2026. Con esta partida extraordinaria se refuerza el programa Canarias Pro Hogar, uno delos principales programas del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, creado para atender a estas familias en situación de vulnerabilidad y que cuenta con una dotación de fondos propios de la Comunidad autónoma de 60.000 euros para este año.

Esta partida de 260.000 euros del Estado que comienza a aplicarse ya este mes se aplica en los meses que quedan de 2022. A partir de enero del próximo año la partida anual que aporta el Estado para el Canarias Pro Hogar será de 585.000 euros anuales hasta 2026, cantidad que se sumará a las aportaciones propias de la Comunidad Autónoma. Este programa del Plan Estatal está pensado para atender las necesidades de las familias en riesgo de desahucio, pero, además, también se atenderá las necesidades de las personas víctimas de violencia de género y a las personas sin hogar que estén inscritas en el programa Canarias Pro Hogar.

El objeto de esta partida es reforzar el programa Canarias Pro Hogar, herramienta con la que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) facilita una solución habitacional inmediata, mediante una subvención directa, a las personas más vulnerables. De esta forma, se concederán ayudas de hasta 900 euros al mes para garantizar el alquiler a cada una de estas familias. Las ayudas de abonarán por la administración directamente a los propietarios de las viviendas arrendadas. También podrá concederse una ayuda adicional de 200 euros por familia para atender los gastos de mantenimiento, seguros o suministros básicos, incluidos los gastos de acceso a Internet.

Para conceder estas ayudas el ICAVI pedirá previamente a los servicios sociales de cada ayuntamiento, un informe de vulnerabilidad social de carácter preceptivo y vinculante de cada una de las familias que soliciten acogerse a esta línea de subvenciones. Una vez sea concedida la ayuda, esta se pagará durante un año, finalizado el cual se volverá a evaluar a las familias y en el caso que proceda, prorrogar la ayuda de nuevo con un máximo de cinco años.

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Vivienda y la asociación Provivienda firman un convenio para atender a las personas en riesgo de desahucio

Esta línea de actuación cuenta con una partida de 500.000 euros anuales para desarrollar el Programa Canarias Pro Hogar, destinado a atender situaciones de emergencia habitacional en las familias con menos recursos

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), firma un Convenio de Cooperación con la Asociación Provivienda y la entidad Visocan para el desarrollo del programa ‘Canarias ProHogar’, integrado en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-25, que ofrece una respuesta a la emergencia habitacional para aquellas familias en riesgo de desahucio, y fomenta el acceso a la ciudadanía canaria a una vivienda digna y adecuada. Para su desarrollo, el Instituto Canario de la Vivienda aportará 500.000 euros a la Asociación Provivienda con carácter anual para que el personal de esta ONG facilite a las familias, en casos de urgencia, un alojamiento temporal, recursos, asesoramiento y seguimiento a las personas que se incluyan dentro del Programa Canarias Pro-Hogar.

Para el desarrollo de este programa, el Instituto Canario de la Vivienda ha formalizado un convenio – publicado recientemente en el Boletín Oficial de Canarias- que permite a la Asociación Provivienda realizar una orientación y acompañamiento de quienes se encuentren en riesgo de desahucio y necesiten este recurso habitacional, supervisando que se cumplan con las obligaciones contractuales de los beneficiarios del programa Canarias-ProHogar y ofrecer un asesoramiento que permita su inclusión social. Esta entidad, por tanto, gestionará las viviendas que el ICAVI incorpore al Programa mediante un equipo de personas especializadas que se mantendrá en coordinación permanente con el personal del Instituto y mantendrá un servicio de apoyo a las necesidades de las personas usuarias del Programa Canarias Pro-Hogar.

Por su parte, mediante este convenio se establece que Visocan cederá y continuará incrementando la bolsa de viviendas destinada a este programa, a través de la aportación de una partida presupuestaria de 4,5 millones de euros para la adquisición de forma inmediata de nuevas casas, a través de la compra de promociones de viviendas inacabadas siempre que éstas se encuentren entre el 50% o el 75% de su ejecución. Esto permitirá aumentar la oferta de viviendas sin un consumo adicional de suelo ni afectar al mercado privado y, a su vez, dar una respuesta rápida institucional para quienes se encuentren en una situación de urgencia habitacional.

El Canarias Pro-Hogar, se crea para atender, de una forma global, a las familias que se hallen o estén próximas a hallarse en situación de desahucio o de lanzamiento, pudiendo encontrar soluciones habitacionales para las personas o familias afectadas por una situación de emergencia.  El nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 dota de mayores recursos al programa Canarias Pro-Hogar con el objetivo de mejorar la cohesión social y ofrecer un recurso habitacional a personas que se encuentren en situación vulnerable (víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social, desahucios etc.) a través de la gestión del parque de viviendas disponible y con un asesoramiento, mediación y acompañamiento por los diversos recursos del Instituto Canario de la Vivienda.

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Torres cree que el Gobierno central mantendrá el escudo social aunque se levante el estado de alarma el 9 de mayo

Ángel Víctor Torres en el Parlamento de Canarias

Ángel Víctor Torres cree necesario prorrogar el tiempo necesario los ERTE, las ayudas a los alquileres sociales, al agua y a la luz, así como las medidas contra los desahucios o el apoyo a determinadas empresas

El jefe del Ejecutivo canario resalta la relevancia del traspaso de competencias sobre el litoral y pide que, junto a las de tutela financiera y control de la competencia en el ámbito local, se acompañe de los recursos y medios adecuados

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró convencido hoy, durante la sesión de control del pleno del Parlamento regional, de que el Gobierno de España mantendrá el actual escudo social creado por las consecuencias de la crisis sanitaria y socioeconómica desatada por la pandemia de la COVID-19, aunque al final se levante el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo. Esta es la fecha que baraja el presidente español, Pedro Sánchez, si los datos sanitarios y el ritmo de vacunación, “que están estrechamente ligados”, aconsejan ese levantamiento. Ante esto, Torres reflejó que resulta imprescindible que gran parte de las medidas sociales y de protección de las trabajadoras y trabajadores o de los sectores más vulnerables de la sociedad se mantengan “el tiempo preciso”.

El jefe del Ejecutivo regional se refirió, sobre todo, a mecanismos que han resultado cruciales para amortiguar los efectos de la crisis, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), especialmente relevantes en Canarias (región que hoy copa el 14% de ese recurso de apoyo laboral) por el mayor peso que tiene el turismo y el impacto de las restricciones a la movilidad. Como ha hecho en múltiples ocasiones, Torres dejó claro  que los ERTE, que han permitido que los trabajadores mantengan su vinculación contractual con sus empresas pese a la pérdida de actividad percibiendo desde el Estado el 70% de sus salarios, han de prorrogarse tras ese eventual levantamiento del estado de alarma y más allá de su vigencia actual, el 31 de mayo de 2021, durante el tiempo que sea necesario.

Además, el presidente de Canarias considera que el escudo social creado por el Gobierno central no debe quebrarse tampoco en lo relativo a las ayudas a los alquileres, las medidas para evitar los desahucios o el apoyo para el pago de luz y el agua. Según subrayó Torres, Canarias aportará al mantenimiento de ese colchón social la futura Ley de Renta de Ciudadanía, que completará la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el Salario Mínimo Vital y otras ayudas sociales directas, el respaldo a los alquileres de familias vulnerables y un aumento de las partidas para entidades del Tercer Sector, como Cruz Roja o Cáritas, entre otras.

Torres recordó que las aprobaciones anteriores de los estados de alarma siempre fueron consideradas por su Ejecutivo como una buena noticia por las medidas excepcionales que éstos facilitaban o permitían ante la casuística tan compleja que originaba la pandemia, como fueron la licitación más rápida de obras o la concesión de ayudas más ágiles. Además, subrayó que el decreto ley sobre los desahucios incluye la opción de prolongarlo, como también existe la posibilidad de extender la manutención de los niños de familias más vulnerables en caso de cierre de los colegios, o ampliar los bonos sociales o las ayudas a las empresas en dificultades.

Proyectos de modernización para las dos universidades públicas

El presidente de Canarias también se refirió a los proyectos a los que aspiran las dos universidades públicas canarias a financiar con los fondos de europeos REACT-EU (2021- 22) y otros recursos del Estado, principalmente enfocados a la sostenibilidad, la eficiencia energética, nuevos equipamientos o movilidad de investigadores.

Esas iniciativas se han coordinado con la Consejería de Educación y ya se han presentado al Ministerio, si bien aún no se ha concretado la distribución de partidas. Se cuenta con un total de 120 millones de euros del REACT-UE. Torres espera que estas partidas y otras ayuden a transformar aún más la economía canaria y “supongan un plus para las dos universidades públicas”. Al mismo tiempo resaltó los 12 millones que vendrán del Estado en 2021 para escuelas infantiles o los 20 de 2022, con el fin de crear unas 3.000 nuevas plazas anuales hasta 2023. Asimismo, aludió a los fondos para la Formación Profesional, para libros de texto o para la atención al alumnado vulnerable.

Sobre su reciente reunión en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el presidente de Canarias subrayó que fue una cita “fructífera y con compromisos”. Entre otros, destacó que, seguramente en el próximo mes de junio, Canarias estrenará las reuniones de la Comisión Bilateral creada el año pasado entre el Estado y diversas comunidades autónomas, reunión en la que se prevé que las Islas puedan iniciar el proceso para asumir la gestión y administración del litoral del Archipiélago. Para Torres, ese paso, demandado durante decenios, tiene una gran importancia y ha de venir acompañado de los recursos, medios y expedientes necesarios, algo que también reclama para cuando se traspasen las competencias sobre defensa de la competencia en el ámbito local y la tutela financiera, todas en cumplimiento del Estatuto de Autonomía renovado en octubre de 2018. “Vamos por el camino correcto”, concluyó el presidente Torres.

Erradicar el uso partidista de la migración

Torres volvió a pedir a los grupos de la oposición que no se haga partidismo con el fenómeno de la migración; que se valore la gestión que está haciendo Canarias de las únicas competencias que tiene en esa materia, que es la de los menores no acompañados, y que algunos representantes de partidos de la oposición convenzan a presidentas de comunidades autónomas como la de Madrid para que, “al menos”, respondan a las cartas remitidas desde Canarias para la búsqueda de solidaridad en la gestión de esos menores.

Además, Torres insistió en que Canarias está en condiciones de vacunar al 70% de su población este verano. Para ello, detalló hoy que están disponibles expresamente 1.500 enfermeros y que se dispondrá de 250 puntos de vacunación y de grandes centros, como el de Meloneras, Infecar, Magma y el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. “Esta es la clave para la recuperación económica. La vacuna significa seguridad y los canarios quieren vacunarse”, recalcó el presidente de Canarias.

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