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Torres cree que el Gobierno central mantendrá el escudo social aunque se levante el estado de alarma el 9 de mayo

Ángel Víctor Torres en el Parlamento de Canarias

Ángel Víctor Torres cree necesario prorrogar el tiempo necesario los ERTE, las ayudas a los alquileres sociales, al agua y a la luz, así como las medidas contra los desahucios o el apoyo a determinadas empresas

El jefe del Ejecutivo canario resalta la relevancia del traspaso de competencias sobre el litoral y pide que, junto a las de tutela financiera y control de la competencia en el ámbito local, se acompañe de los recursos y medios adecuados

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró convencido hoy, durante la sesión de control del pleno del Parlamento regional, de que el Gobierno de España mantendrá el actual escudo social creado por las consecuencias de la crisis sanitaria y socioeconómica desatada por la pandemia de la COVID-19, aunque al final se levante el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo. Esta es la fecha que baraja el presidente español, Pedro Sánchez, si los datos sanitarios y el ritmo de vacunación, “que están estrechamente ligados”, aconsejan ese levantamiento. Ante esto, Torres reflejó que resulta imprescindible que gran parte de las medidas sociales y de protección de las trabajadoras y trabajadores o de los sectores más vulnerables de la sociedad se mantengan “el tiempo preciso”.

El jefe del Ejecutivo regional se refirió, sobre todo, a mecanismos que han resultado cruciales para amortiguar los efectos de la crisis, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), especialmente relevantes en Canarias (región que hoy copa el 14% de ese recurso de apoyo laboral) por el mayor peso que tiene el turismo y el impacto de las restricciones a la movilidad. Como ha hecho en múltiples ocasiones, Torres dejó claro  que los ERTE, que han permitido que los trabajadores mantengan su vinculación contractual con sus empresas pese a la pérdida de actividad percibiendo desde el Estado el 70% de sus salarios, han de prorrogarse tras ese eventual levantamiento del estado de alarma y más allá de su vigencia actual, el 31 de mayo de 2021, durante el tiempo que sea necesario.

Además, el presidente de Canarias considera que el escudo social creado por el Gobierno central no debe quebrarse tampoco en lo relativo a las ayudas a los alquileres, las medidas para evitar los desahucios o el apoyo para el pago de luz y el agua. Según subrayó Torres, Canarias aportará al mantenimiento de ese colchón social la futura Ley de Renta de Ciudadanía, que completará la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el Salario Mínimo Vital y otras ayudas sociales directas, el respaldo a los alquileres de familias vulnerables y un aumento de las partidas para entidades del Tercer Sector, como Cruz Roja o Cáritas, entre otras.

Torres recordó que las aprobaciones anteriores de los estados de alarma siempre fueron consideradas por su Ejecutivo como una buena noticia por las medidas excepcionales que éstos facilitaban o permitían ante la casuística tan compleja que originaba la pandemia, como fueron la licitación más rápida de obras o la concesión de ayudas más ágiles. Además, subrayó que el decreto ley sobre los desahucios incluye la opción de prolongarlo, como también existe la posibilidad de extender la manutención de los niños de familias más vulnerables en caso de cierre de los colegios, o ampliar los bonos sociales o las ayudas a las empresas en dificultades.

Proyectos de modernización para las dos universidades públicas

El presidente de Canarias también se refirió a los proyectos a los que aspiran las dos universidades públicas canarias a financiar con los fondos de europeos REACT-EU (2021- 22) y otros recursos del Estado, principalmente enfocados a la sostenibilidad, la eficiencia energética, nuevos equipamientos o movilidad de investigadores.

Esas iniciativas se han coordinado con la Consejería de Educación y ya se han presentado al Ministerio, si bien aún no se ha concretado la distribución de partidas. Se cuenta con un total de 120 millones de euros del REACT-UE. Torres espera que estas partidas y otras ayuden a transformar aún más la economía canaria y “supongan un plus para las dos universidades públicas”. Al mismo tiempo resaltó los 12 millones que vendrán del Estado en 2021 para escuelas infantiles o los 20 de 2022, con el fin de crear unas 3.000 nuevas plazas anuales hasta 2023. Asimismo, aludió a los fondos para la Formación Profesional, para libros de texto o para la atención al alumnado vulnerable.

Sobre su reciente reunión en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el presidente de Canarias subrayó que fue una cita “fructífera y con compromisos”. Entre otros, destacó que, seguramente en el próximo mes de junio, Canarias estrenará las reuniones de la Comisión Bilateral creada el año pasado entre el Estado y diversas comunidades autónomas, reunión en la que se prevé que las Islas puedan iniciar el proceso para asumir la gestión y administración del litoral del Archipiélago. Para Torres, ese paso, demandado durante decenios, tiene una gran importancia y ha de venir acompañado de los recursos, medios y expedientes necesarios, algo que también reclama para cuando se traspasen las competencias sobre defensa de la competencia en el ámbito local y la tutela financiera, todas en cumplimiento del Estatuto de Autonomía renovado en octubre de 2018. “Vamos por el camino correcto”, concluyó el presidente Torres.

Erradicar el uso partidista de la migración

Torres volvió a pedir a los grupos de la oposición que no se haga partidismo con el fenómeno de la migración; que se valore la gestión que está haciendo Canarias de las únicas competencias que tiene en esa materia, que es la de los menores no acompañados, y que algunos representantes de partidos de la oposición convenzan a presidentas de comunidades autónomas como la de Madrid para que, “al menos”, respondan a las cartas remitidas desde Canarias para la búsqueda de solidaridad en la gestión de esos menores.

Además, Torres insistió en que Canarias está en condiciones de vacunar al 70% de su población este verano. Para ello, detalló hoy que están disponibles expresamente 1.500 enfermeros y que se dispondrá de 250 puntos de vacunación y de grandes centros, como el de Meloneras, Infecar, Magma y el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. “Esta es la clave para la recuperación económica. La vacuna significa seguridad y los canarios quieren vacunarse”, recalcó el presidente de Canarias.

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Agricultura abona casi un millón de euros para compensar los daños de la pandemia en el sector de la flor cortada

Las explotaciones de titularidad compartida serán consideradas como prioritarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha procedido al abono de ayudas valoradas en 986.000 euros para compensar las pérdidas ocasionadas por la pandemia en el sector de la flor cortada y la planta ornamental de Canarias.

Estos fondos, financiados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con 76 solicitudes presentadas, tienen el objetivo principal de mitigar las consecuencias de la Covid-19 en un sector que vio imposibilitada la comercialización de su producción en el período comprendido entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 por las restricciones del estado de alarma.

El importe de los créditos se establece entre los 7 y los 80 euros por metro cuadrado de superficie destruida, en función de la especie de flor o planta de la que se trate, y las explotaciones de titularidad compartida serán consideradas prioritarias a efectos de su percepción.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, destaca “la realidad de un sector que sufrió durante el confinamiento el cierre completo de floristerías y de la exportación a Europa, con un parón total de la actividad comercial, por lo que estas ayudas pretenden respaldar la economía e inyectar liquidez al sector”.

En esta línea, pone de manifiesto “el esfuerzo de todas estas empresas que tuvieron que seguir manteniendo sus costes fijos y laborales durante el estado de alarma, compensando las pérdidas económicas en uno de los sectores más damnificados por la crisis sanitaria”.

Cabe destacar que el Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2020 el acuerdo que autoriza la distribución territorial definitiva de los créditos presupuestarios destinados a las ‘Medidas excepcionales por el Covid-19 en el sector de la flor cortada y planta ornamental’.

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Agricultura abona cinco millones para compensar el parón comercial del sector de la flor cortada de Canarias

La consejera Alicia Vanoostende visitó ayer (viernes 15) diferentes explotaciones y empresas de flor cortada y planta ornamental en Valle de Guerra y Tejina (Tenerife)

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha procedido al abono de ayudas valoradas en cinco millones de euros para compensar las pérdidas ocasionadas por la pandemia en el sector de la flor cortada y la planta ornamental de Canarias.

Se trata de cuatro millones de fondos propios de la comunidad autónoma y otra subvención valorada en un millón de euros procedentes de créditos estatales (que se abonará en los próximos días) para mitigar las consecuencias de la Covid-19 en un sector que vio imposibilitada la comercialización de su producción en el período comprendido entre el 14 de marzo y el 20 de junio de 2020 por las restricciones del estado de alarma.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, anunció el pago de la ayuda de cuatro millones durante una visita realizada ayer (viernes 15) a las explotaciones y empresas de flor cortada y planta ornamental de Valle de Guerra y Tejina (La Laguna, Tenerife) como Agritaba, Teideflor, Orquidario Lycaste y Botany Island, dado que esta zona de Tenerife alberga la mayor producción de la isla.

Acompañada por el director general de Agricultura, Augusto Jesús Hernández, y representantes de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan) valoraron la realidad de un sector que sufrió durante el confinamiento el cierre completo de floristerías y de la exportación a Europa, con un parón total de la actividad comercial.

La responsable regional del área destacó “el esfuerzo de todas estas empresas que tuvieron que seguir manteniendo sus costes fijos y laborales durante el estado de alarma, por lo que esta ayuda viene a compensar las pérdidas económicas en uno de los sectores más damnificados por la crisis sanitaria”. “Estas líneas de subvención pretenden respaldar la economía e inyectar liquidez a un sector que no dispone de herramientas de regulación del mercado en el marco de la Organización Común de Mercados Agrarios”, explicó la consejera.

Por ultimo, Vanoostende agradeció “la predisposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las peticiones del Gobierno canario así como su sensibilidad con la situación de la flor cortada y la planta ornamental del archipiélago”.

 

 

 

 

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La Dirección General de Trabajo resuelve todos los ERTE por causa de fuerza mayor presentados hasta la fecha

Elena Máñez

La autoridad laboral ha cursado los 29.099 expedientes por fuerza mayor vinculados a la crisis de la COVID-19, otros 1.135 por causas productivas y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes, el 3,13% de todas las presentadas

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha resuelto, a fecha de 23 de abril, las 29.099 solicitudes presentadas de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor como consecuencia de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Asimismo, se han resuelto otros 1.135 expedientes temporales por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes de ERTE, el 3,13% del total.

En términos generales, incluyendo los expedientes por fuerza mayor y por causas objetivas, la autoridad laboral ha resuelto el 97,11% de las 31.224 solicitudes presentadas, 20 de ellas han sido rechazadas y solo se ha presentado un ERE extintivo.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos números demuestran “el inmenso esfuerzo realizado por la Dirección General de Trabajo para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados”, pues desde el inicio de esta crisis se tomó la decisión de resolver todos y cada uno de los expedientes, incluso en los casos en los que ha operado el silencio positivo. Todo ello, subraya la consejera, en un contexto en el que “se ha pasado de tramitar 80 expedientes al año a más de 30.000 en apenas mes y medio”.

La Dirección General de Trabajo “tuvo que adaptarse en un tiempo récord para recibir este altísimo número de solicitudes de ERTE”, explica Máñez. Así, desde la declaración del estado de alarma se tomaron varias medidas encaminadas a agilizar las autorizaciones, entre ellas el refuerzo de la autoridad laboral con 46 trabajadores y trabajadoras para la tramitación de expedientes; la adaptación del procedimiento electrónico de la Consejería a las nuevas necesidades derivadas del Real Decreto-ley 8/2020, que regula los ERTE durante la emergencia de la COVID-19; el establecimiento de un diálogo constante con patronales, sindicatos y colegios profesionales para informar de los pasos a seguir y resolver dudas; la elaboración de guías prácticas y el desarrollo de una herramienta digital para analizar el gran volumen de datos recibido por la Dirección General.

En cualquier caso, la consejera considera que el alto número de solicitudes “pone de manifiesto la efectividad de la flexibilización de los ERTE por fuerza mayor a la hora de salvaguardar a las empresas y el empleo, garantizando las prestaciones a las personas afectadas”, ya que de no haberse aplicado una medida de este tipo “ahora estaríamos hablando de contratos extinguidos en vez de suspendidos de manera temporal”. Máñez recuerda también que el Gobierno de Canarias “lideró desde el principio de la crisis esta propuesta”, que finalmente ha supuesto la inyección, solo en las Islas, de 340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. Por ese motivo, ahora considera necesario prorrogar la medida en el sector turístico más allá del estado de alarma, iniciativa que de nuevo vuelve a liderar el Ejecutivo autonómico.

Plan específico de recuperación

Máñez afirma que Canarias ha demandado al Estado “un plan específico de recuperación que tenga en cuenta la importancia del turismo en las Islas”, un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo regionales, ya que si el Archipiélago “va a tener un impacto diferencial mayor que el resto de comunidades autónomas, también necesita un apoyo singular”. “Confiamos en que la demanda unánime de la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al turismo tenga una respuesta positiva por parte del Gobierno de España”, señala.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, considera que los datos de expedientes resueltos “reflejan la gran responsabilidad que están mostrando en esta crisis tanto sindicatos como patronales, ya que las personas trabajadoras tienen una especial protección en los ERTE de fuerza mayor”. Asimismo, recuerda que “la garantía jurídica de contar con una autorización expresa del expediente es, sin duda, el primer paso para estimular la recuperación paulatina de todo el tejido productivo canario, que ha actuado con absoluta responsabilidad tras el estado de alarma”.

Asimismo, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, agradece el “ingente trabajo” realizado por el personal público de la Consejería, “que se ha dejado la piel para dar garantías jurídicas a empresas y personas trabajadoras, trabajando sin descanso incluso los fines de semana”. “Desde Canarias hemos liderado esta primera fase de la crisis respecto al resto de comunidades autónomas, dando tranquilidad a empresas y personas trabajadoras para que estas últimas puedan cobrar a sus prestaciones por desempleo”, afirma.

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El Gobierno asegura a través de la Administración de Justicia la protección de los derechos de la ciudadanía

El Gobierno asegura a través de justicia la protección de derechos

 Todos los juzgados y órganos en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan en los mismos las peticiones y procedimientos considerados esenciales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, asegura que la Administración de Justicia sigue operativa durante el Estado de Alarma mediante la prestación de servicios esenciales, con lo que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos y las cuestiones más urgentes se atienden y reciben respuesta.

“Todos los Juzgados y órganos de la Administración de Justicia en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan aquellas peticiones y procedimientos considerados esenciales”, indica Pérez, quien subraya que se están cumpliendo con los servicios esenciales decretados por el Consejo General del Poder Judicial.

Estos servicios, explica, comprenden las actuaciones del juzgado de guardia, resolver sobre órdenes de protección y procesos que se sigan en el ámbito de la violencia sobre la mujer, la adopción de medidas urgentes de protección de menores y personas con discapacidad, actuaciones en causas con preso, inscripción de nacimientos y defunciones en el Registro civil y cualesquiera otras medidas cautelares o procesos urgentes que se sigan en los órdenes civil, social y contencioso administrativo.

En cumplimiento de tales criterios y desde la declaración del Estado de Alarma decretada el 14 de marzo y hasta el pasado 12 de abril, los Juzgados de Canarias han registrado 5.786 procedimientos nuevos y 608 trámites incidentales en procesos ya existentes, detalla el consejero.

Servicios esenciales

Al respecto, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, afirma que la Justicia no se ha parado, y precisa que, si bien los juzgados y órganos de la Administración de Justicia no funcionan al nivel que lo hacen habitualmente, sí prestan los servicios esenciales con los que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos.

Recalca que el funcionamiento del servicio público se asegura gracias al trabajo diario de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, así como al colectivo de profesionales de los servicios de seguridad y limpieza que cada día acuden a los edificios judiciales y a la labor profesional del cuerpo de letrados y de los integrantes de las carreras judicial y fiscal.

Vallejo señala que por la parte que le corresponde como administración al Gobierno de Canarias, como responsable de medios personales y materiales, se han reforzado los servicios de seguridad de los edificios, el servicio de limpieza, los sistemas de transporte y dotado a las personas usuarias de Equipos de Protección Individual.

Relación de Procedimientos

Entre el 14 de marzo y el 12 de abril se han registrado los siguientes procedimientos:

Provincia de las Palmas

·         Juzgados de Primera Instancia: 263 procedimientos nuevos y 52 incidentes

·         Juzgados de Instrucción: 2.005 procedimientos nuevos, 96 incidentes y cuatro ejecuciones

·         Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer (no se incluyen los procedimientos de violencia de genero registrados en juzgados de instrucción y mixtos): 138 procedimientos nuevos y 30 incidentes

·         Juzgados Mixtos: 606 asuntos nuevos, 41 incidentes y cinco ejecuciones

·         Juzgados de lo Penal: 26 asuntos nuevos, un incidente y 33 ejecuciones

·         Juzgados de lo Social: 172 asuntos nuevos y 10 incidentes

·         Juzgados de lo Contencioso Administrativo: Nueve asuntos nuevos y ocho incidentes

·         Juzgados de lo Mercantil: Un asunto principal y 26 incidentes

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

·         Juzgados de Primera Instancia: 135 asuntos principales, 10 incidentes y una ejecución

·         Juzgados de Instrucción: 1.249 asuntos nuevos y 120 incidentes

·         Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer: 88 asuntos nuevos y 46 incidentes

·         Juzgados Mixtos: 994 asuntos nuevos, 140 incidentes y cinco ejecuciones

·         Juzgados de lo Penal: 37 asuntos nuevos, 10 incidentes y 83 ejecuciones

·         Juzgados de lo Social: 19 asuntos principales

·         Juzgado de lo Mercantil: 11 asuntos principales y 15 incidentes

·         Juzgado de lo Contencioso: 33 asuntos principales y 3 incidentes.

De igual forma, para cumplir con las previsiones del RD 10/2020 de limitación de la movilidad y favorecer su reducción a niveles propios de un fin de semana, el Ministerio de Justicia, a través de una resolución de 29 de marzo de 2020, ha establecido un sistema de prestación de los servicios de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia distinguiendo entre aquellos que deben ser prestados de manera presencial y los que pueden quedar en disponibilidad.

La relación a los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia que se encuentran trabajando presencialmente (en porcentaje medio) es la siguiente:

·         Un 25% de los facultativos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses

·         Un 20.9% de los funcionarios de los Juzgados de Instrucción

·         Un 24.9 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

·         Un 24.8 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer

·         Un 23.2 % de los funcionarios y funcionarias de las Fiscalías

·         Un 9% de los funcionarios y funcionarias de las secciones penales de la Audiencia Provincial.

·         Entre un 5% y un 6% de los Juzgados Penales, Decanato y Registros Civiles

En el resto de órganos se encuentran en régimen de disponibilidad

Por su parte, los integrantes de las carreras judicial y fiscal y los letrados y letradas de la Administración de Justicia se han organizado en turnos rotatorios presenciales por partido judicial y especialidad para atender los servicios esenciales, pudiendo trabajar desde su domicilio los que no acudan al juzgado al disponer de medios técnicos para la conexión en remoto al despacho profesional.

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La Dirección General de Trabajo registra hasta el 26 de marzo 15.119 expedientes de regulación temporal de empleo

El 93,4% de las solicitudes de ERTE presentadas están motivadas por causa de fuerza mayor y ya se ha dado trámite al 38,3% de ellas

Las autorizaciones de los expedientes, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, se llevan a cabo dentro de plazo y las notificaciones llegan a las entidades solicitantes por vía telemática en unos días

Elena Máñez afirma que el Gobierno “seguirá defendiendo las singularidades canarias en esta crisis sanitaria” y destaca como “una cuestión clave” la unidad de acción mantenida con organizaciones patronales y sindicales

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado entre el 13 de marzo, fecha de la suspensión de la actividad docente y académica con motivo de la emergencia del COVID-19, y el 26 de marzo un total de 15.119 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de los cuales 14.120 están motivados por causa de fuerza mayor. Así se extrae de los datos analizados este lunes en la reunión del Consejo Asesor del Presidente, en la que se informó al respecto a las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

Las solicitudes de ERTE, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, son en su mayor parte (un 93,4%) suspensiones de las relaciones de trabajo y suspensión de jornada por causas de fuerza mayor, mientras que hay 998 solicitudes (el 6,6%) de expedientes de regulación de empleo por causas productivas y solo un caso de expediente de regulación de empleo extintivo. Las autorizaciones se están llevando a cabo dentro de los plazos establecidos y las notificaciones llegan a las empresas en unos días por vía telemática. Así, hasta el 26 de marzo se ha dado trámite a 5.413 expedientes, un 38,3% del total de las solicitudes de los ERTE de causa mayor.

Como afirmó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, los expedientes de regulación temporal representan ahora mismo “la mejor medida para proteger el empleo, garantizar las prestaciones y evitar el cierre de empresas”, ya que “una vez pase esta situación extraordinaria, las personas afectadas podrán reincorporarse nuevamente a sus puestos de trabajo”. La consejera subrayó la importancia de articular medidas que, como esta, “permitan mitigar el impacto social y económico de la emergencia”.

Unidad de acción

En este sentido, la consejera incidió en que el Gobierno de Canarias “va a seguir defendiendo las singularidades del Archipiélago en esta crisis sanitaria por el gran impacto que está teniendo y va a tener en nuestra economía” e insistió en la importancia “de la unidad de acción mantenida con sindicatos y patronales”, algo que consideró “una cuestión clave”. Así, agradeció a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas “el compromiso demostrado con este esfuerzo compartido para mantener el empleo”, al tiempo que reconoció el trabajo de los empleados y empleadas de la administración pública, “que hacen posible que los ERTE se estén tramitando dentro de plazo, dando garantías jurídicas tanto a las personas afectadas como a las empresas”.

“Aunque la prioridad en esta primera fase es luchar contra el coronavirus, proteger el empleo y evitar cierres es clave para superar este proceso con garantías y afrontar la recuperación económica una vez pase todo”, añadió Máñez.

Desde la suspensión de la actividad docente y académica en Canarias el 13 de marzo, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha puesto en marcha una serie de acciones para agilizar la tramitación de los ERTE, siempre en coordinación con los agentes sociales y económicos, así como con los colegios profesionales, entre ellas la actualización del sitio web de la Dirección General de Trabajo para adaptarla a la realidad derivada del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; la elaboración de guías prácticas y preguntas frecuentes sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo; el refuerzo de las plantillas de la Dirección General para la tramitación de estos expedientes o la implantación de una herramienta digital para el tratamiento masivo de datos.

 

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Turismo satisfecha con la aclaración de Madrid que da amparo a todos los alojamientos para acoger turistas

25032020 Yaiza Castilla

Yaiza Castilla celebra el respaldo legal para que los visitantes que no han podido retornar, puedan seguir en alojamientos, independientemente de la lista de establecimientos declarados de servicios esenciales, lo que beneficia a los clientes que están en viviendas vacacionales y casas rurales, entre otros.

Desde el anuncio del estado de alarma han salido de las Islas 400.000 turistas y se estima que queden 16.000.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias recibió anoche respuesta a la concreción solicitada ayer al Gobierno central sobre las medidas decretadas en torno a la prestación de servicios alojativos a los turistas que pudieran quedar a partir de hoy en las islas.

La respuesta recibida da amparo legal a cualquier establecimiento turístico para que puedan alojar a turistas que no hayan podido salir aún de las islas, aunque no estén incluidos en la relación de establecimientos declarados de servicios esenciales que el pasado miércoles publicó el Ministerio de Transportes, dentro de la orden TMA/277/2020, y que en el caso de Canarias contemplaba una relación de sólo 14 establecimientos hoteleros y extrahoteleros.

En un escrito de respuesta dirigido a la consejera regional de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, la Secretaría de Estado de Turismo especifica que se permitirá la prestación del servicio alojativo a los colectivos afectados, “como es el caso de turistas que tengan que regresar después del 26 de marzo, por parte del resto de los alojamientos turísticos” y que no figuran en el anexo de la orden declarados de servicios esenciales.

Por supuesto, cualquier persona y establecimiento deberá observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del Covid-19. Igualmente, el Estado permite a los establecimientos prestar servicio de restauración y cualquier otro que resulte necesario para la correcta prestación de servicio de alojamiento, exclusivamente a las personas alojadas en ellos.

Esta repuesta, según Castilla, es acogida con satisfacción “pues viene a aclarar la indefinición y dudas que existían en torno a las posibilidades de prestar servicio de alojamiento tanto en establecimientos, como en viviendas vacacionales y casas rurales a los turistas que  quedaran en las islas a partir de hoy, 26 de marzo, fecha límite que se había dado para el cierre de alojamientos turístico, conforme Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamientos”.

Esta orden del 19 de marzo, solicitada por el sector hotelero, “ha permitido”, según Castilla, “garantizar la vuelta a casa de la gran mayoría de turistas, gracias a un trabajo coordinado entre Gobierno, embajadas y consulados, compañías aéreas y turoperadores, de tal forma que desde el día 13 de marzo, en el que se anunció el estado de alarma por el Covid-19, hasta la fecha se ha logrado la salida de unos 400.000 visitantes de las distintas islas”.

No obstante, según la consejera, se estima que en torno a 16.000 personas podrían quedar en Canarias a partir de esta noche entre hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales y segundas residencias, y “eran esas personas las que nos preocupaban, tanto para garantizarles un lugar donde cumplir con las condiciones del estado de alarma como cualquier ciudadano, como para seguir velando desde Turismo de Canarias  por  la buena imagen del destino, aun en las condiciones actuales en las que nos encontramos”.

Por otro lado, el Estado ha previsto que no sea inamovible la lista de establecimientos turísticos declarados de servicios esenciales, conforme a la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y en la que se contemplaban un establecimiento en El Hierro, 3 en Fuerteventura, 1 en La Gomera, 2 en Lanzarote, 2 en Gran Canaria, 5 en Tenerife y ninguno en La Palma. En ese sentido esta lista puede cambiar diariamente con nuevas incorporaciones de establecimientos o bajas de otros existentes.

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