Logo del Gobierno de Canarias

La Dirección General de Trabajo resuelve todos los ERTE por causa de fuerza mayor presentados hasta la fecha

Elena Máñez

La autoridad laboral ha cursado los 29.099 expedientes por fuerza mayor vinculados a la crisis de la COVID-19, otros 1.135 por causas productivas y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes, el 3,13% de todas las presentadas

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha resuelto, a fecha de 23 de abril, las 29.099 solicitudes presentadas de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor como consecuencia de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Asimismo, se han resuelto otros 1.135 expedientes temporales por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes de ERTE, el 3,13% del total.

En términos generales, incluyendo los expedientes por fuerza mayor y por causas objetivas, la autoridad laboral ha resuelto el 97,11% de las 31.224 solicitudes presentadas, 20 de ellas han sido rechazadas y solo se ha presentado un ERE extintivo.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos números demuestran “el inmenso esfuerzo realizado por la Dirección General de Trabajo para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados”, pues desde el inicio de esta crisis se tomó la decisión de resolver todos y cada uno de los expedientes, incluso en los casos en los que ha operado el silencio positivo. Todo ello, subraya la consejera, en un contexto en el que “se ha pasado de tramitar 80 expedientes al año a más de 30.000 en apenas mes y medio”.

La Dirección General de Trabajo “tuvo que adaptarse en un tiempo récord para recibir este altísimo número de solicitudes de ERTE”, explica Máñez. Así, desde la declaración del estado de alarma se tomaron varias medidas encaminadas a agilizar las autorizaciones, entre ellas el refuerzo de la autoridad laboral con 46 trabajadores y trabajadoras para la tramitación de expedientes; la adaptación del procedimiento electrónico de la Consejería a las nuevas necesidades derivadas del Real Decreto-ley 8/2020, que regula los ERTE durante la emergencia de la COVID-19; el establecimiento de un diálogo constante con patronales, sindicatos y colegios profesionales para informar de los pasos a seguir y resolver dudas; la elaboración de guías prácticas y el desarrollo de una herramienta digital para analizar el gran volumen de datos recibido por la Dirección General.

En cualquier caso, la consejera considera que el alto número de solicitudes “pone de manifiesto la efectividad de la flexibilización de los ERTE por fuerza mayor a la hora de salvaguardar a las empresas y el empleo, garantizando las prestaciones a las personas afectadas”, ya que de no haberse aplicado una medida de este tipo “ahora estaríamos hablando de contratos extinguidos en vez de suspendidos de manera temporal”. Máñez recuerda también que el Gobierno de Canarias “lideró desde el principio de la crisis esta propuesta”, que finalmente ha supuesto la inyección, solo en las Islas, de 340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. Por ese motivo, ahora considera necesario prorrogar la medida en el sector turístico más allá del estado de alarma, iniciativa que de nuevo vuelve a liderar el Ejecutivo autonómico.

Plan específico de recuperación

Máñez afirma que Canarias ha demandado al Estado “un plan específico de recuperación que tenga en cuenta la importancia del turismo en las Islas”, un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo regionales, ya que si el Archipiélago “va a tener un impacto diferencial mayor que el resto de comunidades autónomas, también necesita un apoyo singular”. “Confiamos en que la demanda unánime de la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al turismo tenga una respuesta positiva por parte del Gobierno de España”, señala.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, considera que los datos de expedientes resueltos “reflejan la gran responsabilidad que están mostrando en esta crisis tanto sindicatos como patronales, ya que las personas trabajadoras tienen una especial protección en los ERTE de fuerza mayor”. Asimismo, recuerda que “la garantía jurídica de contar con una autorización expresa del expediente es, sin duda, el primer paso para estimular la recuperación paulatina de todo el tejido productivo canario, que ha actuado con absoluta responsabilidad tras el estado de alarma”.

Asimismo, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, agradece el “ingente trabajo” realizado por el personal público de la Consejería, “que se ha dejado la piel para dar garantías jurídicas a empresas y personas trabajadoras, trabajando sin descanso incluso los fines de semana”. “Desde Canarias hemos liderado esta primera fase de la crisis respecto al resto de comunidades autónomas, dando tranquilidad a empresas y personas trabajadoras para que estas últimas puedan cobrar a sus prestaciones por desempleo”, afirma.

Etiquetas

El Gobierno asegura a través de la Administración de Justicia la protección de los derechos de la ciudadanía

El Gobierno asegura a través de justicia la protección de derechos

 Todos los juzgados y órganos en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan en los mismos las peticiones y procedimientos considerados esenciales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, asegura que la Administración de Justicia sigue operativa durante el Estado de Alarma mediante la prestación de servicios esenciales, con lo que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos y las cuestiones más urgentes se atienden y reciben respuesta.

“Todos los Juzgados y órganos de la Administración de Justicia en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan aquellas peticiones y procedimientos considerados esenciales”, indica Pérez, quien subraya que se están cumpliendo con los servicios esenciales decretados por el Consejo General del Poder Judicial.

Estos servicios, explica, comprenden las actuaciones del juzgado de guardia, resolver sobre órdenes de protección y procesos que se sigan en el ámbito de la violencia sobre la mujer, la adopción de medidas urgentes de protección de menores y personas con discapacidad, actuaciones en causas con preso, inscripción de nacimientos y defunciones en el Registro civil y cualesquiera otras medidas cautelares o procesos urgentes que se sigan en los órdenes civil, social y contencioso administrativo.

En cumplimiento de tales criterios y desde la declaración del Estado de Alarma decretada el 14 de marzo y hasta el pasado 12 de abril, los Juzgados de Canarias han registrado 5.786 procedimientos nuevos y 608 trámites incidentales en procesos ya existentes, detalla el consejero.

Servicios esenciales

Al respecto, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, afirma que la Justicia no se ha parado, y precisa que, si bien los juzgados y órganos de la Administración de Justicia no funcionan al nivel que lo hacen habitualmente, sí prestan los servicios esenciales con los que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos.

Recalca que el funcionamiento del servicio público se asegura gracias al trabajo diario de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, así como al colectivo de profesionales de los servicios de seguridad y limpieza que cada día acuden a los edificios judiciales y a la labor profesional del cuerpo de letrados y de los integrantes de las carreras judicial y fiscal.

Vallejo señala que por la parte que le corresponde como administración al Gobierno de Canarias, como responsable de medios personales y materiales, se han reforzado los servicios de seguridad de los edificios, el servicio de limpieza, los sistemas de transporte y dotado a las personas usuarias de Equipos de Protección Individual.

Relación de Procedimientos

Entre el 14 de marzo y el 12 de abril se han registrado los siguientes procedimientos:

Provincia de las Palmas

·         Juzgados de Primera Instancia: 263 procedimientos nuevos y 52 incidentes

·         Juzgados de Instrucción: 2.005 procedimientos nuevos, 96 incidentes y cuatro ejecuciones

·         Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer (no se incluyen los procedimientos de violencia de genero registrados en juzgados de instrucción y mixtos): 138 procedimientos nuevos y 30 incidentes

·         Juzgados Mixtos: 606 asuntos nuevos, 41 incidentes y cinco ejecuciones

·         Juzgados de lo Penal: 26 asuntos nuevos, un incidente y 33 ejecuciones

·         Juzgados de lo Social: 172 asuntos nuevos y 10 incidentes

·         Juzgados de lo Contencioso Administrativo: Nueve asuntos nuevos y ocho incidentes

·         Juzgados de lo Mercantil: Un asunto principal y 26 incidentes

Provincia de Santa Cruz de Tenerife

·         Juzgados de Primera Instancia: 135 asuntos principales, 10 incidentes y una ejecución

·         Juzgados de Instrucción: 1.249 asuntos nuevos y 120 incidentes

·         Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer: 88 asuntos nuevos y 46 incidentes

·         Juzgados Mixtos: 994 asuntos nuevos, 140 incidentes y cinco ejecuciones

·         Juzgados de lo Penal: 37 asuntos nuevos, 10 incidentes y 83 ejecuciones

·         Juzgados de lo Social: 19 asuntos principales

·         Juzgado de lo Mercantil: 11 asuntos principales y 15 incidentes

·         Juzgado de lo Contencioso: 33 asuntos principales y 3 incidentes.

De igual forma, para cumplir con las previsiones del RD 10/2020 de limitación de la movilidad y favorecer su reducción a niveles propios de un fin de semana, el Ministerio de Justicia, a través de una resolución de 29 de marzo de 2020, ha establecido un sistema de prestación de los servicios de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia distinguiendo entre aquellos que deben ser prestados de manera presencial y los que pueden quedar en disponibilidad.

La relación a los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia que se encuentran trabajando presencialmente (en porcentaje medio) es la siguiente:

·         Un 25% de los facultativos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses

·         Un 20.9% de los funcionarios de los Juzgados de Instrucción

·         Un 24.9 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

·         Un 24.8 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer

·         Un 23.2 % de los funcionarios y funcionarias de las Fiscalías

·         Un 9% de los funcionarios y funcionarias de las secciones penales de la Audiencia Provincial.

·         Entre un 5% y un 6% de los Juzgados Penales, Decanato y Registros Civiles

En el resto de órganos se encuentran en régimen de disponibilidad

Por su parte, los integrantes de las carreras judicial y fiscal y los letrados y letradas de la Administración de Justicia se han organizado en turnos rotatorios presenciales por partido judicial y especialidad para atender los servicios esenciales, pudiendo trabajar desde su domicilio los que no acudan al juzgado al disponer de medios técnicos para la conexión en remoto al despacho profesional.

Etiquetas

La Dirección General de Trabajo registra hasta el 26 de marzo 15.119 expedientes de regulación temporal de empleo

El 93,4% de las solicitudes de ERTE presentadas están motivadas por causa de fuerza mayor y ya se ha dado trámite al 38,3% de ellas

Las autorizaciones de los expedientes, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, se llevan a cabo dentro de plazo y las notificaciones llegan a las entidades solicitantes por vía telemática en unos días

Elena Máñez afirma que el Gobierno “seguirá defendiendo las singularidades canarias en esta crisis sanitaria” y destaca como “una cuestión clave” la unidad de acción mantenida con organizaciones patronales y sindicales

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado entre el 13 de marzo, fecha de la suspensión de la actividad docente y académica con motivo de la emergencia del COVID-19, y el 26 de marzo un total de 15.119 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de los cuales 14.120 están motivados por causa de fuerza mayor. Así se extrae de los datos analizados este lunes en la reunión del Consejo Asesor del Presidente, en la que se informó al respecto a las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

Las solicitudes de ERTE, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, son en su mayor parte (un 93,4%) suspensiones de las relaciones de trabajo y suspensión de jornada por causas de fuerza mayor, mientras que hay 998 solicitudes (el 6,6%) de expedientes de regulación de empleo por causas productivas y solo un caso de expediente de regulación de empleo extintivo. Las autorizaciones se están llevando a cabo dentro de los plazos establecidos y las notificaciones llegan a las empresas en unos días por vía telemática. Así, hasta el 26 de marzo se ha dado trámite a 5.413 expedientes, un 38,3% del total de las solicitudes de los ERTE de causa mayor.

Como afirmó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, los expedientes de regulación temporal representan ahora mismo “la mejor medida para proteger el empleo, garantizar las prestaciones y evitar el cierre de empresas”, ya que “una vez pase esta situación extraordinaria, las personas afectadas podrán reincorporarse nuevamente a sus puestos de trabajo”. La consejera subrayó la importancia de articular medidas que, como esta, “permitan mitigar el impacto social y económico de la emergencia”.

Unidad de acción

En este sentido, la consejera incidió en que el Gobierno de Canarias “va a seguir defendiendo las singularidades del Archipiélago en esta crisis sanitaria por el gran impacto que está teniendo y va a tener en nuestra economía” e insistió en la importancia “de la unidad de acción mantenida con sindicatos y patronales”, algo que consideró “una cuestión clave”. Así, agradeció a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas “el compromiso demostrado con este esfuerzo compartido para mantener el empleo”, al tiempo que reconoció el trabajo de los empleados y empleadas de la administración pública, “que hacen posible que los ERTE se estén tramitando dentro de plazo, dando garantías jurídicas tanto a las personas afectadas como a las empresas”.

“Aunque la prioridad en esta primera fase es luchar contra el coronavirus, proteger el empleo y evitar cierres es clave para superar este proceso con garantías y afrontar la recuperación económica una vez pase todo”, añadió Máñez.

Desde la suspensión de la actividad docente y académica en Canarias el 13 de marzo, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha puesto en marcha una serie de acciones para agilizar la tramitación de los ERTE, siempre en coordinación con los agentes sociales y económicos, así como con los colegios profesionales, entre ellas la actualización del sitio web de la Dirección General de Trabajo para adaptarla a la realidad derivada del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; la elaboración de guías prácticas y preguntas frecuentes sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo; el refuerzo de las plantillas de la Dirección General para la tramitación de estos expedientes o la implantación de una herramienta digital para el tratamiento masivo de datos.

 

Etiquetas

Turismo satisfecha con la aclaración de Madrid que da amparo a todos los alojamientos para acoger turistas

25032020 Yaiza Castilla

Yaiza Castilla celebra el respaldo legal para que los visitantes que no han podido retornar, puedan seguir en alojamientos, independientemente de la lista de establecimientos declarados de servicios esenciales, lo que beneficia a los clientes que están en viviendas vacacionales y casas rurales, entre otros.

Desde el anuncio del estado de alarma han salido de las Islas 400.000 turistas y se estima que queden 16.000.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias recibió anoche respuesta a la concreción solicitada ayer al Gobierno central sobre las medidas decretadas en torno a la prestación de servicios alojativos a los turistas que pudieran quedar a partir de hoy en las islas.

La respuesta recibida da amparo legal a cualquier establecimiento turístico para que puedan alojar a turistas que no hayan podido salir aún de las islas, aunque no estén incluidos en la relación de establecimientos declarados de servicios esenciales que el pasado miércoles publicó el Ministerio de Transportes, dentro de la orden TMA/277/2020, y que en el caso de Canarias contemplaba una relación de sólo 14 establecimientos hoteleros y extrahoteleros.

En un escrito de respuesta dirigido a la consejera regional de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, la Secretaría de Estado de Turismo especifica que se permitirá la prestación del servicio alojativo a los colectivos afectados, “como es el caso de turistas que tengan que regresar después del 26 de marzo, por parte del resto de los alojamientos turísticos” y que no figuran en el anexo de la orden declarados de servicios esenciales.

Por supuesto, cualquier persona y establecimiento deberá observar las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del Covid-19. Igualmente, el Estado permite a los establecimientos prestar servicio de restauración y cualquier otro que resulte necesario para la correcta prestación de servicio de alojamiento, exclusivamente a las personas alojadas en ellos.

Esta repuesta, según Castilla, es acogida con satisfacción “pues viene a aclarar la indefinición y dudas que existían en torno a las posibilidades de prestar servicio de alojamiento tanto en establecimientos, como en viviendas vacacionales y casas rurales a los turistas que  quedaran en las islas a partir de hoy, 26 de marzo, fecha límite que se había dado para el cierre de alojamientos turístico, conforme Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamientos”.

Esta orden del 19 de marzo, solicitada por el sector hotelero, “ha permitido”, según Castilla, “garantizar la vuelta a casa de la gran mayoría de turistas, gracias a un trabajo coordinado entre Gobierno, embajadas y consulados, compañías aéreas y turoperadores, de tal forma que desde el día 13 de marzo, en el que se anunció el estado de alarma por el Covid-19, hasta la fecha se ha logrado la salida de unos 400.000 visitantes de las distintas islas”.

No obstante, según la consejera, se estima que en torno a 16.000 personas podrían quedar en Canarias a partir de esta noche entre hoteles, apartamentos, viviendas vacacionales y segundas residencias, y “eran esas personas las que nos preocupaban, tanto para garantizarles un lugar donde cumplir con las condiciones del estado de alarma como cualquier ciudadano, como para seguir velando desde Turismo de Canarias  por  la buena imagen del destino, aun en las condiciones actuales en las que nos encontramos”.

Por otro lado, el Estado ha previsto que no sea inamovible la lista de establecimientos turísticos declarados de servicios esenciales, conforme a la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y en la que se contemplaban un establecimiento en El Hierro, 3 en Fuerteventura, 1 en La Gomera, 2 en Lanzarote, 2 en Gran Canaria, 5 en Tenerife y ninguno en La Palma. En ese sentido esta lista puede cambiar diariamente con nuevas incorporaciones de establecimientos o bajas de otros existentes.

Etiquetas