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La Consejería de Presidencia acuerda los modelos judiciales de la fase 2 de la Ley de eficiencia

El 1 de octubre se convierten los partidos judiciales de Telde, San Bartolomé de Tirajana, La Laguna y Arona en tribunales de instancia

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha reunido hoy en Santa Cruz de Tenerife a los miembros de la Comisión de Participación y Asesoramiento de Justicia para presentar y debatir los modelos de oficina judicial correspondientes a la fase 2 de implantación de los tribunales de instancia, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Con fecha de inicio 1 de octubre, los partidos judiciales de Telde, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de La Laguna y Arona se convierten en tribunales de instancia. Además, once juzgados de paz pasan a convertirse en oficinas de justicia municipal.

La reunión, dirigida por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, contó con la participación de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari del Carmen de León; la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el secretario de Gobierno del TSJC, Carlos Rubio; el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez; la decana del Consejo Canario de Graduados Sociales, Mercedes Leonor Morales y el vocal del Colegio de procuradores de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Salazar de Frías. En representación de las juntas de personal provinciales, intervinieron Luis Suárez y Desirée Guevara.

El orden del día se centró en facilitar la información disponible para consensuar los modelos de oficina judicial de los cuatro partidos judiciales. En base a los datos de población y el número de asuntos y ejecuciones, obtenidos del sistema de gestión procesal Atlante y la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se propone el modelo C1, que dispone del servicio común de tramitación (SCT), el servicio común general (SCG) y el servicio común de ejecución (SCEJ). Dado su especialización y diversificación de servicios para atender la complejidad y volumen de trabajo, este modelo cuenta con un equipo integrado por un número determinado de letrados de la Administración de Justicia (LAJ); gestores, tramitadores y auxilios judicial.

Por otra parte, se contemplan servicios transversales a las diferentes unidades de la oficina judicial, tales como servicio de guardia; coordinación con la oficina fiscal; coordinación con las oficinas de justicia en los municipios; coordinación con equipos de medios adecuados de solución de controversias provinciales; centros penitenciarios y Registro Civil.

En cuanto a los juzgados de paz que pasan a ser Oficinas de Justicia Municipal, las 11 se plantea que sean modelo A. Todos ellos tienen asignado gestor/es procesal/es y auxilio/s judicial/es y, en función de la población, disponen también de tramitador/es.

 

 

 

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La Consejería de Presidencia y el CGPJ firman un convenio de formación continuada para la carrera judicial

Este acuerdo permitirá el desarrollo de actividades formativas de perfeccionamiento para el personal judicial destinado en Canarias

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, han firmado un convenio de cooperación en materia de formación continuada de la Carrera Judicial para el año 2025. Este acuerdo tiene por objeto articular las diferentes actividades de formación y perfeccionamiento para jueces y magistrados con destino en Canarias, tanto aquellas que consistan en organización de congresos, seminarios, coloquios, jornadas y cursos, como las que impliquen la realización de investigaciones, publicaciones y estudios que puedan contribuir a su mejora.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en la financiación, organización y gestión de los programas dirigidos al conjunto de los jueces y magistrados que prestan sus servicios en Canarias.

El Consejo General del Poder Judicial aportará hasta un máximo de 19.000 euros y el Gobierno de Canarias 10.000 euros para la realización de las actividades que se desarrollen durante este año.

La Consejería de Presidencia, a través de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial asumirán conjuntamente la organización y gestión material de todas las actividades de formación y perfeccionamiento que se desarrollen en el ámbito de la comunidad. Además, la asistencia y participación en actividades de formación y perfeccionamiento se acreditará por medio de diplomas o certificaciones, tanto de asistencia como de aprovechamiento, que expedirán conjuntamente ambas instituciones organizadoras.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este convenio, así como para llevar a cabo su seguimiento, vigilancia y control, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, designados conforme a sus respectivas normas institucionales. Su presidencia corresponderá alternativamente, por períodos semestrales, a cada una de las dos partes intervinientes.

Entre las actividades, se proponen diferentes encuentros de jueces y juezas canarios o una jornada sobre la atención a las personas con discapacidad en la administración de justicia: Incidencias y posibles soluciones, entre otras temáticas.

El primer encuentro de jueces y juezas canarios del orden social tuvo lugar a final de mayo en La Gomera. El próximo, que se celebrará los días 19 y 20 de junio en Lanzarote, analizará la Justicia bajo otras miradas: Autocuidados y atención a una sociedad diversa. En este sentido se tratará la atención a las personas con discapacidad en la administración de justicia y la Justicia Restaurativa.

La formación continuará en el mes de octubre con encuentros de jueces y juezas canario de los órdenes civil y penal en Gran Canaria y del orden contencioso administrativo, en El Hierro.

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La Consejería de Presidencia y la FECAM repasan los asuntos de seguridad y justicia en el ámbito local

Nieves Lady Barreto y Mari Brito acuerdan trabajar conjuntamente para definir los criterios y poder priorizar los desplazamientos de la Policía Autonómica a los municipios que solicitan un refuerzo para cubrir eventos

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Mari Brito, han encabezado hoy la reunión de coordinación y seguimiento de los asuntos relacionados con la seguridad y la justicia en el ámbito local.

Nieves Lady Barreto señaló que estas reuniones permiten conocer los problemas y trabajar en la solución de los mismos de manera conjunta entre el Gobierno de Canarias y los municipios y puso en valor el esfuerzo que se está realizando todas las administraciones para crear nuevas plazas de policía local y de policía autonómica y poner en marcha las comisarías insulares.

Por parte de la FECAM, el presidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad, Francisco Atta, manifestó que se trata de seguir avanzando en todos los asuntos que tienen relevancia con el mundo del municipalismo “y alcanzado las metas que todos compartimos en estas áreas”.

En la reunión se abordó el convenio en materia de seguridad pública suscrito entre la FECAM y la Comunidad Autónoma al que se adhieren los ayuntamientos, con el objetivo de definir los criterios a seguir para decidir los desplazamientos de la Policía Autonómica entre los municipios que solicitan su presencia, especialmente numerosos durante los meses de verano.

También se trasladó el estado en que se encuentra la segunda convocatoria unificada de Policías Locales, que asume la Consejería, y la previsión de fechas para iniciar la tercera convocatoria, que cuenta con una gran demanda por parte de los ayuntamientos. Sobre las iniciativas legislativas, se informó de que la Ley de Seguridad Pública se encuentra en fase de borrador para empezar en breve con su tramitación.

En lo que respecta al área de Justicia, se trató la carga de trabajo y el coste económico que supone la transformación de los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia Municipal, en aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En este sentido, la consejera Nieves Lady Barreto compartió su preocupación, pero reiteró que el Estado no ha previsto financiación ni para los ayuntamientos ni para los Gobiernos regionales, con el problema que esto supone para todos.

Por la Consejería asistieron también a la reunión el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez; el director general de Seguridad, David del Pino; el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso, y el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Antonio Almenara.

En el caso de la FECAM, además de la presidenta y Francisco Atta, participaron Francisco Paz, vicepresidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la FECAM y Trinidad Pérez, técnica jurídica coordinadora de la Comisión.

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Eva Bajo, nueva directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas

Desde el año 2012 ha ocupado el cargo de subdirectora de este organismo provincial, que ha compaginado con la atención integral a víctimas de violencia de género en la Unidad de Valoración Integral Forense

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado en su edición de hoy lunes, 2 de junio, la designación de Eva María Bajo Tobio como directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, mediante orden de la consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

Concluye así el proceso selectivo por convocatoria pública para la provisión de este puesto tramitado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por el procedimiento de libre designación, iniciado el 9 de abril, en la que podían participar los funcionarios pertenecientes al cuerpo de médicos forenses.

Eva Bajo es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid (1998) e ingresó en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en 2001. Desde entonces, ha desarrollado toda su carrera profesional en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Gobierno de Canarias.

Durante la primera etapa de su trayectoria, centró su labor en el ámbito de la Patología Forense. Fue jefa de Sección de Histopatología en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife entre 2005 y 2007, y posteriormente ocupó el mismo cargo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas de 2007 a 2010. En 2010 asumió la Jefatura del Servicio de Patología Forense, responsabilidad que ejerció hasta 2012, año en que fue nombrada subdirectora del IMLCF de Las Palmas.

A partir de su incorporación a la Subdirección, reorientó su especialización hacia el ámbito de la victimología, los malos tratos y la violencia de género. Desde entonces ha compaginado las funciones directivas con la atención integral a víctimas de violencia de género en la Unidad de Valoración Integral Forense (UVIVG) del IMLCF de Las Palmas.

Desde 2021 forma parte de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (UVFIVIA), que presta servicio al primer juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia de España, con sede en Las Palmas de Gran Canaria.

Es experta en Criminología (2010) y posee el Máster en Malos Tratos y Violencia de Género (2021) y el Máster en Maltrato Infantil: aspectos clínicos, prevención y tratamiento (2022), ambos por la UNED. Además, realiza formación continuada en maltrato infantil a través del programa Evidentia Learning, certificado por el Postgraduate Institute for Medicine (EE. UU.).

 

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Consejería de Presidencia y Cabildo de La Palma avanzan en la coordinación de los Puntos de Encuentro Familiar

La consejera de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, junto al viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, ha mantenido hoy una reunión con la consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Ángeles Fernández, y el personal técnico del área para avanzar en la coordinación entre todos los agentes implicados en el buen funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en la isla, con especial atención a los casos en los que media violencia de género.

“Nuestro objetivo es evaluar el funcionamiento del servicio para mejorar aquello que sea necesario en una materia que es de la máxima sensibilidad, garantizando siempre la perspectiva de género cuando hay de por medio denuncias o sentencias por violencia de género, tal y como establece la ley”, explica Nieves Lady Barreto.

Por su parte, Ángeles Fernández destaca la importancia de la celebración periódica de estas reuniones de coordinación entre administraciones, para ir dando una respuesta eficaz a las cuestiones que puedan surgir en la gestión del día a día.

La Consejería de Presidencia aporta anualmente una financiación cercana al millón de euros para el funcionamiento de los PEF de toda Canarias, cuya gestión está en manos de entidades del tercer sector. Nieves Lady Barreto ofreció, adémas, dar desde el Gobierno la formación específica que soliciten estas entidades para especializar a su personal.

En una segunda parte de la reunión, se incorporó Juan Antonio Rodríguez, como decano del Colegio de Abogados de La Palma, para tratar con el personal técnico del Cabildo sobre la mediación en los procesos de familia. En este aspecto, se abordaron también los cambios que introduce la Ley de Eficiencia Judicial y la implantación, como norma general en este tipo de procesos, de los medios alternativos de solución de conflictos (MASC).

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La Consejería de Presidencia refuerza la seguridad en los juzgados de San Bartolomé de Tirajana

Se ha instalado una puerta con control remoto y una cámara de videovigilancia que cubrirá las deficiencias detectadas por la Comisaría de Maspalomas

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha reforzado la seguridad del acceso a la zona de custodia de las personas detenidas del edificio de juzgados de San Bartolomé de Tirajana con la instalación de una nueva puerta con control remoto en la rampa de acceso a las instalaciones, junto a la puesta en marcha de una cámara de videovigilancia en dicha entrada.

Estas medidas de seguridad para el acceso a los calabozos solucionan las deficiencias detectadas por parte de la Comisaría de Maspalomas, debido a que la rampa de entrada al área de las personas detenidas sólo estaba delimitada por una señal de prohibición del paso.

A través de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, que dirige Cesáreo Rodríguez, y de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, bajo responsabilidad de Mari Carmen de León, se ha llevado a cabo estas mejoras con el objeto de aumentar la seguridad del personal funcionario que diariamente desarrollan la labor de custodia y la conducción de personas detenidas y presos carcelarios en esta área del edificio.

También como novedad se han instalado cámaras de seguridad en las celdas para poder llevar a cabo una labor de control desde el cuarto asignado a la Policía Nacional y Guardia Civil, y se han colocado varios pulsadores de alarma en el área de pasillo de las celdas para el funcionariado en caso de necesidad o urgencia.

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Barreto traslada al Ministerio de Justicia la complejidad para aplicar la Ley de eficiencia y solicita recursos

La consejera manifiesta que el Gobierno de Canarias está trabajando con todos los operadores para cumplir con los plazos

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha planteado hoy al ministro de Justicia, Félix Bolaños, su preocupación por la complejidad de la puesta en marcha de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia y por la falta de recursos extraordinarios ante unos presupuestos que ya están aprobados.  “Estamos ante la mayor reforma de la Justicia en décadas, que es, sin duda, muy positiva y necesaria, pero se imponen unos plazos poco realistas y conlleva un elevado coste económico para las Comunidades Autónomas”, explica la consejera, que recuerda que esta Ley se aprobó en enero, cuando los presupuestos autonómicos ya estaban aprobados. “En ningún caso, el Gobierno de Canarias va a parar el proceso y estamos trabajando desde enero con todos los operadores implicados para cumplir con los plazos”.

Nieves Lady Barreto hizo esta advertencia en la reunión de trabajo celebrada en Barcelona con el Ministerio de Justicia y varias comunidades en sustitución de la Conferencia Sectorial de Justicia, que no pudo celebrarse ante la falta de quórum porque las comunidades del Partido Popular decidieron no entrar a la reunión.

La aprobación de la nueva ley conlleva la creación de tres estructuras organizativas diferenciadas, pero interconectadas. Por una parte, los juzgados serán reemplazados por tribunales de instancia. De esta forma, los 220 juzgados unipersonales existentes en Canarias se convertirán en 19 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial, con una o varias secciones.

La constitución de los tribunales de instancia se hará de manera escalonada en tres fases, que tienen como fecha el 1 de julio, el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año 2025.

Asimismo, se contemplan 19 Oficinas Judiciales en Canarias, adscritas a cada tribunal de instancia, formadas por Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

La ley también recoge la creación de Oficinas de Justicia Municipal, un elemento innovador en la transformación de la Administración de Justicia como servicio público para la ciudadanía, que sustituirán a los juzgados de paz.

En Canarias hay 69 juzgados de paz que se convertirán en Oficinas de Justicia Municipal, a medida que se vayan constituyendo los 19 tribunales de instancia previstos, uno por partido judicial. Bajo esta premisa, en la primera fase, el 1 de julio, se crean nueve tribunales de instancia y se transformarán 34 juzgados de paz: seis en La Palma, seis en La Gomera, dos en El Hierro, cinco en Gran Canaria y 16 en Tenerife.

Para llevar a cabo esta compleja reorganización, la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias está trabajando desde enero con los distintos operadores jurídicos. En este sentido se han celebrado reuniones de trabajo con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ); la Comisión Mixta de Letrados de la Administración de Justicia; sindicatos representados en la mesa sectorial; la Fiscalía y también la FECAM, además de las que se mantienen regularmente con el Ministerio. Este mes de abril se convocó la Comisión de Participación y Asesoramiento de la CCAA para la presentación y debate de los modelos de la oficina judicial.

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La Consejería de Presidencia colabora con la Confederación Autismo España para mejorar la atención en la Justicia

Nieves Lady Barreto señala que esta iniciativa suma en el impulso que está dando la Consejería a la humanización de la Justicia

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, colabora con la Confederación Autismo España en la divulgación de la guía de recomendaciones ‘Comunicación accesible y comprensible con personas con autismo en el ámbito judicial’, siguiendo el mandato legal vigente de la accesibilidad universal.

La consejera Nieves Lady Barreto señala que “esta iniciativa se enmarca en la línea de su departamento que está impulsando la humanización de la Justicia, junto al desarrollo de la figura del facilitador judicial para personas con discapacidad intelectual y los mayores, el refuerzo del bienestar de los menores víctima de delito mediante terapia con animales o el compromiso con la justicia restaurativa”.

La presente guía ofrece unas reflexiones generales introductorias que presentan el autismo como una condición del neurodesarrollo. A continuación, repasa las barreras para personas autistas detectadas en entornos judiciales de España, para, posteriormente, abordar algunas cuestiones de relieve para la comunicación accesible y comprensible con personas en el espectro del autismo. Por último, recoge una serie de recomendaciones para la aplicación práctica de las anteriores reflexiones.

Según el artículo 27.1 del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, la Administración de Justicia debe garantizar la accesibilidad universal y la prestación de apoyos que sean necesarios en las oficinas públicas, los dispositivos, los servicios de atención y participación del ciudadano.

Dado que el paradigma de la accesibilidad universal implica adoptar una mirada que incluya todas las necesidades presentes en la sociedad, la creación de herramientas como esta guía supone avanzar en la materialización de este principio en la Administración de Justicia de España.

La Confederación Autismo España aborda este proyecto en desarrollo de diferentes previsiones en materia de accesibilidad y defensa de derechos en el ámbito de la Justicia incluidas en la Estrategia Española sobre Trastorno del Espectro del Autismo 2023-2027 y su I Plan de Acción.

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La Consejería de Presidencia presenta a la Comisión de asesoramiento en Justicia los modelos de oficina judicial

Las propuestas estudiadas contemplan la primera fase de la implantación en Canarias de la Ley orgánica 1/2025, de medidas de eficiencia del servicio público de Justicia

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha reunido hoy en Santa Cruz de Tenerife a los miembros de la Comisión de Participación y Asesoramiento de Justicia para presentar la propuesta de estructura de los servicios por modelos de la oficina judicial, que se contempla para la primera fase de implantación de los tribunales de instancia establecida en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

La reunión, dirigida por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, contó con la participación de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari del Carmen de León; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado; el secretario de Gobierno del TSJC, Carlos Rubio; el fiscal jefe provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui; el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez; la presidenta del Consejo Canario de Colegio de Procuradores, Gloria Oramas y el secretario del Consejo Canario de Graduados Sociales, Adalberto Luis Bethencourt. En representación de las juntas de personal provinciales, intervinieron Luis Suárez y Desirée Guevara.

El orden del día se centró en la presentación y debate de los modelos de oficina judicial (OJ) de los nueve partidos judiciales que entran en esta primera fase y que el 1 de julio se convierten en tribunales de instancia. Para la determinación de estos modelos se han tenido en cuenta los datos de población y el número de asuntos y ejecuciones, obtenidos del sistema de gestión procesal Atlante y la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las oficinas judiciales que apoyan a los Tribunales de Instancia, en los que se agruparán los juzgados existentes, se componen de diferentes servicios comunes en función de las tareas asumidas, que se denominan de tramitación, general y de ejecución, y que se implantarán en función del volumen de trabajo y del número de personal existente en cada partido judicial (letrados de la Administración de Justicia (LAJ); gestores, tramitadores y auxilios judicial).

En esta primera fase entran Valverde; San Sebastián de La Gomera, Los Llanos de Aridane, Icod de los Vinos,, Arucas, Güímar, Puerto de la Cruz- La Orotava y Granadilla de Abona.

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Nieves Lady Barreto: “Estamos trabajando de manera coordinada para cumplir con la Ley de Eficiencia Judicial”

La consejera de Presidencia expuso en la comisión parlamentaria las reuniones mantenidas por la Administración con los operadores jurídicos para la puesta en marcha de la primera fase, pero recordó que enfrentan a “plazos inabordables y una carencia de ficha financiera”

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha expuesto hoy en la comisión parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, la intensa actividad desarrollada por su departamento para la implantación en Canarias de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia. “Estamos trabajando de manera coordinada para cumplir con la ley, pero hay que recordar que los plazos son inabordables y que no existe ficha financiera”, destacó la consejera, que emplazó a la Conferencia Sectorial del mes de abril, donde se espera poder avanzar en estos términos.

Nieves Lady Barreto enumeró las numerosas reuniones mantenidas, dentro de una planificación en la que además de los operadores jurídicos, tienen representación los sindicatos y los ayuntamientos. En este sentido citó las celebradas con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ); la Comisión Mixta de Letrados de la Administración de Justicia; sindicatos representados en la mesa sectorial; la Fiscalía y también la FECAM, además de las que se mantienen regularmente con el Ministerio.

“Estas reuniones nos han permitido tener una hoja de ruta clara, para no duplicar recursos y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo y tener un borrador de las relaciones de puestos de trabajo (RPT)”. La consejera señaló que, para cumplir con la primera fase, el 1 de julio,  tendremos que tener aprobadas un total de 27 RPT: ocho oficinas judiciales, ocho registros civiles y once de los juzgados de paz que se transforman en OJM y tienen personal de Justicia. Además, se ha hecho un inventario de necesidades tecnológicas, de adecuación de sedes y de formación del personal.

En el mes de abril se reunirá la Comisión de Participación y Asesoramiento de la CCAA para la presentación de los modelos de la oficina judicial y tendrá lugar la negociación con los sindicatos para las RPT. Además, la consejera y el viceconsejero de Justicia asistirán a al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia (CTAJE) y a la Conferencia Sectorial entre las comunidades autónomas y el Ministerio.

 

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