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Alumnos de la ULL realizarán prácticas externas en juzgados y tribunales de Canarias

Alumnos de la ULL realizarán prácticas externas en juzgados y tribunales de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribe un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad de La Laguna

El objetivo es que los estudiantes universitarios adquieran una formación integral como profesionales para que en un futuro puedan colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de esta

Una vez terminadas las prácticas, recibirán un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado a juicio de la persona o personas encargadas de la tutoría

Este curso hay 163 alumnos matriculados en la asignatura Prácticas Externas del grado de Derecho

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha suscrito un convenio –http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/052/005.html– con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su presidente por sustitución Rafael Mozo; la ministra de Justicia, Pilar Llop;  y la rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, para que alumnos de este centro de educación superior puedan realizar prácticas externas en juzgados y tribunales, y, de este modo, completar los conocimientos adquiridos en las aulas.

Esta iniciativa pretende, según el contenido del convenio, que los estudiantes universitarios adquieran una formación que combine la teoría y la práctica, impulsando así su empleabilidad como futuros profesionales, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.

El deseo de las instituciones firmantes del convenio es la organización de prácticas externas en juzgados y tribunales, por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación integral de profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de esta.

En concreto, las prácticas externas –curriculares y extracurriculares–, en los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Canarias, están dirigidas al alumnado matriculado en la asignatura de Prácticas Externas de estudios oficiales de grado o máster que imparte la ULL y siempre de titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia. En el caso concreto del grado de Derecho este curso hay 163 alumnos matriculados en dicha asignatura.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compromete, dentro de sus competencias, a facilitar la realización de estas prácticas, así como el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales. Por su parte, corresponderá a la ULL, a través de la persona que ejerza la dirección de la asignatura de Prácticas Externas, proponer a los estudiantes que vayan a desarrollarlas.

Confidencialidad

Estos deberán mantener el secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener conocimiento durante las prácticas, incluso una vez finalizadas estas.

Una vez terminado el periodo establecido de prácticas, recibirán un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado a juicio de la persona o personas encargadas de la tutoría.

La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de servicios prestados en el conjunto de las administraciones públicas.

Este convenio no conlleva obligaciones financieras ni contraprestación económica para ninguna de las partes. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación se ha creado una comisión integrada por dos miembros de cada una de las instituciones firmantes que se reunirá al menos una vez al año.

Asimismo, la ULL se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su colaboración al Ministerio de Justicia y al CGPJ mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y de acceso a las carreras judicial y fiscal.

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Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señala que “hasta ahora no ha habido una explicación clara de las causas de esta situación”

En su opinión, «no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia»

Según los últimos datos oficiales del CGPJ, Canarias registró durante el tercer trimestre del 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado, que en su conjunto fue de 32,1

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha reclamado una reflexión colectiva –Parlamento, Gobierno y operadores jurídicos– sobre la elevada litigiosidad que se registra en Canarias, pues, “hasta ahora, no hay una explicación clara de las causas de esta situación, de por qué en Canarias se ponen más pleitos y se va a los tribunales más que la media de los españoles”.

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunidad Autónoma de Canarias registró durante el tercer trimestre del año 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado en el periodo de estudio, que en su conjunto fue de 32,1, nueve puntos menos. Y ello a pesar de que en el mismo periodo las islas obtuvieron la segunda mejor tasa de resolución del país. Hay que retroceder a las estadísticas judiciales de hace siete años, a 2016, para no encontrar a Canarias a la cabeza de las regiones donde más se pleitea.

Además de haber sido Canarias la comunidad donde más se litigó en ese intervalo de tiempo, la provincia de Las Palmas fue la cuarta con mayor tasa de litigiosidad, 43,17 pleitos por cada 1.000 habitantes. La primera fue Ceuta (46,35), la segunda Málaga (43,69) y Lugo la tercera (43,43). En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la tasa de litigiosidad en el periodo de referencia fue de 35,7, lo que la sitúa en los puestos medios de la tabla nacional. La provincia más tranquila en cuanto a pleitos fue Lleida, con 18,92 litigios por cada 1.000 habitantes.

A raíz de una pregunta efectuada por la diputada socialista Matilde Fleitas en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias, en la que indicó que en las islas “litigamos mucho, pero nuestros órganos administrativos y judiciales también resuelven proporcionalmente”, Julio Pérez ha señalado que la litigiosidad excesiva de Canarias “quizás sea uno de los problemas más importantes de la Justicia de Canarias”.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que, aunque se podría caer en la tentación de pensar que se debe a que la Justicia funciona peor, la excesiva litigiosidad “no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia”. Más bien al revés, ha dicho, “se podría pensar que los ciudadanos y las ciudadanas confían en la Justicia”.

Tampoco hay ningún dato que respalde que los canarios y las canarias tienen dificultades para llegar a acuerdos o entendimientos que eviten los conflictos, ha manifestado Julio Pérez, quien ha insistido en que la realidad es que año tras año, mes tras mes y semana tras semana, “tenemos más pleitos que el resto de los españoles”.

A su juicio, “algo nos pasa y convendría tener una explicación”. Mientras tanto, “si no tenemos ninguna y tenemos muchos pleitos, tendremos que poner más medios, ya que –ha apuntado– no se le puede decir a la gente que no vaya a los juzgados”. “Habrá que acomodar la oferta de medios judiciales a la demanda”, ha resaltado.

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Julio Pérez felicita al Juzgado de Violencia contra la Infancia de la capital grancanaria por el galardón del CGPJ

Julio Pérez felicita al Juzgado de Violencia contra la Infancia de la capital grancanaria por el galardón del CGPJ

El órgano de gobierno de los jueces otorga a este juzgado uno de los X Premios Calidad de la Justicia, por garantizar de forma más eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños y adolescentes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad muestra su satisfacción porque se reconoce la labor llevada a cabo a través de este proyecto puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha trasladado su felicitación al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, y al titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, por el galardón concedido a este órgano judicial por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Julio Pérez ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento del CGPJ a la labor llevada a cabo a través de este proyecto, puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento, en lo que se refiere a medios humanos y materiales, y de forma especial a través del trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, como apuntó recientemente el propio Tomás Martín, con motivo de la presentación de la Guía de actuación del propio Juzgado.

El galardón del CGPJ, uno de los Premios Calidad de la Justicia de esta edición, en concreto a la Justicia más accesible, distingue al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de la capital grancanaria por constituir “una iniciativa pionera que ha logrado garantizar de forma eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños, niñas y adolescentes”. Para ello, según explica el jurado, se han dedicado instrumentos y recursos que “facilitan el acceso a la justicia de los y las menores víctimas de violencia, generando espacios de tranquilidad, confianza y seguridad en la realización de las actuaciones judiciales que evita su victimización secundaria”.

Entre los principales hitos de este proyecto figuran la creación de una sala Gesell telemática, la creación de una unidad de valoración forense integral, la incorporación de un dispositivo móvil de video grabación para la práctica de pruebas constituidas, protocolos de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado o la puesta en marcha del programa “Vente con tu mascota”, junto con el uso del “kit de bienvenida” para la práctica de citaciones judiciales.

Julio Pérez ha insistido en la importancia de esta iniciativa, cuyas actuaciones han permitido ofrecer una protección especial a más de 400 niños, niñas y adolescentes a lo largo del último año, porque ha demostrado, en opinión del consejero, que se puede humanizar la justicia, envuelta tradicionalmente de aspereza. “Con la misma ley y las mismas personas, los mismos medios, han hecho realidad un procedimiento, una justicia, que no es áspera”, ha dicho.

A su vez, ha hecho hincapié, citando el texto de la Memoria del juzgado de este primer año, en que ese proceso de humanización de la justicia “es un camino de excelencia enfocado hacia la eficiencia y eficacia del trabajo que realizan los trabajadores del juzgado”, y ha defendido que, como proyecto ejemplar, en el sentido literal de la palabra, “debemos proponernos, entre todos, extender el modelo a otros partidos judiciales”.

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El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, afirma que las islas se hacen cargo por puro sentido de responsabilidad, pues desborda su capacidad y competencias. La cifra de llegadas se ha multiplicado por 50 en cinco años, al pasar de 400 en 2017 a 20.000 en 2021

Julio Pérez insiste, igualmente, en un cambio en la legislación española para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en la acogida de los niños que llegan no acompañados, ya que ante 2.500 que hay en las islas la respuesta solidaria de éstas se reduce a 200

A su juicio, el objetivo no debe ser solo impedir que salgan de su país, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente

El último convenio suscrito entre la Consejería y el CGPJ convierte a Canarias en sede permanente del Foro de Inmigración para la realización de actividades de estudio y formación sobre el fenómeno migratorio

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha reiterado este lunes, durante la inauguración de unas jornadas sobre inmigración, organizadas en Santa Cruz de Tenerife por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en colaboración con el Ejecutivo canario, que debe ser la Unión Europea quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios, tal y como le atribuye el artículo 67 del Tratado de la UE, y no la administración del lugar en el que están situadas.

Julio Pérez, que ha intervenido tras el vocal del CGPJ delegado para Canarias, Álvaro Cuesta, quien ha definido el archipiélago como referente de los estudios migratorios, ha afirmado que las islas se hacen cargo de la llegada de los inmigrantes a sus costas por puro sentido de la responsabilidad, pues esta tarea desborda tanto su capacidad como sus competencias. Se trata, ha dicho, de una materia que no solo es objeto de atención y preocupación para el Gobierno de Canarias, sino una prioridad política, tanto atenderla como que sea atendida.

En este sentido, ha recordado que, en cinco años, desde 2017, que arribaron al archipiélago cerca de 400 inmigrantes, hasta 2021, que se registraron más de 20.000, la cifra de llegadas se ha multiplicado por 50, y todo hace suponer, tras observar los datos de los primeros meses de 2022, que la tendencia se va a mantener.

Ha abogado, igualmente, por un cambio de la legislación española en materia de atención a los niños inmigrantes que arriban no acompañados, para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en su acogida, ya que la respuesta solidaria hasta ahora para los 2.500 que hay en las islas se reduce a 200 niños.

A su juicio, el objetivo de la gestión de la migración no debe ser solo impedir la salida de estas personas de su país, pues eso va contra el respeto a su dignidad, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha reconocido la calidad e interés de las materias incluidas en estas jornadas, que se celebran en el marco de un escenario se cooperación de varios años entre el Gobierno canario y el CGPJ. Marco que se ha visto reforzado recientemente con la firma de un convenio que hace de Canarias la sede permanente del Foro de Inmigración del poder judicial, con el fin de llevar a cabo actividades de estudio y formación, y que pretende implicar a otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Ha agradecido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, su dirección, y al magistrado Ángel Llorente, su coordinación.

Igualmente, ha tenido palabras de gratitud para algunos de los ponentes presentes en la sala que, durante tres días, acoge estas jornadas en el hotel AC Santa Cruz de Tenerife, como el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella; el jefe superior de Policía de Canarias, Rafael Martínez, y el director general de Casa África, José Segura. Y para la viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos.

Conocimiento

Durante estos tres días, también está previsto que participen el vocal del CGPJ y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Gerardo Martínez; el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Pedro Hernández; la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, Pilar Alonso; el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Úbeda; la magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias Sánchez; el teniente general del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Dirección General de la Guardia Civil, Juan Luis Pérez; el magistrado especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Óscar González; la representante de ACNUR en España, Sophie Müller; la jefa de misión en España de la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas (OIM), María Jesús Herrera, y la periodista de El País María Martín. La clausura correrá a cargo del vocal del CGPJ Gerardo Martínez.

Antes de finalizar, Julio Pérez ha animado a los participantes a convertir estas jornadas en espacios de aprendizaje y conocimiento ante un asunto tan importante como la inmigración, que desde el continente africano tienen unas connotaciones de peligrosidad que no se dan en otros casos.

En esta línea, ha apuntado que los últimos acontecimientos vividos tanto en Canarias como en el resto del mundo han puesto en valor que la gestión política se fundamenta en el conocimiento, que es imprescindible, e incluso decisivo, para no dar pie a la improvisación, la ocurrencia y el disparate.

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Julio Pérez propone prorrogar la especialización judicial en cláusulas suelo, pero sugiere cambios en el sistema

Julio Pérez y Marta Bonnet, durante la reunión sobre los juzgados especializados en la cláusula suelo

El consejero defendió ante la Comisión de Coordinación del CGPJ la continuidad de estos órganos judiciales, que dan una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, previéndose, además, un incremento de estos procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, trasladó hoy en la Comisión de Coordinación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de que se prorrogue el funcionamiento de los juzgados de primera instancia especializados en la cláusula suelo en las Islas. Así lo trasladó al presidente de CGPJ, Carlos Lesmes, y al resto de representantes autonómicos en materia de Justicia que abordaron el asunto hoy. A la reunión, celebrada por videoconferencia, también asistieron la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Justicia, Marta Bonnet.

En Canarias hay cuatro de estos juzgados, de los que dos (Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna) ya se había acordado que continuaran hasta diciembre de este año, fecha en la que se evaluará su desempeño, mientras que los dos restantes (Puerto del Rosario y Arrecife) debían revisarse antes del 30 de junio. Con la decisión adoptada hoy, estos dos últimos continuaran hasta el otoño, cuando se volverá a estudiar la necesidad de su continuidad.

Pérez explicó que el sistema actual, que incluye estos cuatro juzgados especializados, ha aportado al sistema judicial beneficios que justifican su continuidad, por lo que es mejor que existan a que se supriman, si bien cuestionó la suficiencia del sistema y aclaró que hay aspectos que son susceptibles de mejora. Añadió que han dado una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, y defendió su continuidad también al preverse un incremento de los procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH.

Entre los beneficios que comportan, Pérez destacó la especialización de los mismos, que ha contribuido a que los asuntos de los que conocen se resuelvan con calidad y más pronto, además de crear una provincialización indirecta en esta materia judicial que sirve de experiencia para otros proyectos futuros. Entre los temas a mejorar, el consejero indicó la conveniencia de introducir medidas sustantivas y otras de carácter procesal que desincentiven la excesiva judicialización de estos asuntos, estableciendo un marco más protector con el consumidor y apostando por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

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