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El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, afirma que las islas se hacen cargo por puro sentido de responsabilidad, pues desborda su capacidad y competencias. La cifra de llegadas se ha multiplicado por 50 en cinco años, al pasar de 400 en 2017 a 20.000 en 2021

Julio Pérez insiste, igualmente, en un cambio en la legislación española para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en la acogida de los niños que llegan no acompañados, ya que ante 2.500 que hay en las islas la respuesta solidaria de éstas se reduce a 200

A su juicio, el objetivo no debe ser solo impedir que salgan de su país, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente

El último convenio suscrito entre la Consejería y el CGPJ convierte a Canarias en sede permanente del Foro de Inmigración para la realización de actividades de estudio y formación sobre el fenómeno migratorio

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha reiterado este lunes, durante la inauguración de unas jornadas sobre inmigración, organizadas en Santa Cruz de Tenerife por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en colaboración con el Ejecutivo canario, que debe ser la Unión Europea quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios, tal y como le atribuye el artículo 67 del Tratado de la UE, y no la administración del lugar en el que están situadas.

Julio Pérez, que ha intervenido tras el vocal del CGPJ delegado para Canarias, Álvaro Cuesta, quien ha definido el archipiélago como referente de los estudios migratorios, ha afirmado que las islas se hacen cargo de la llegada de los inmigrantes a sus costas por puro sentido de la responsabilidad, pues esta tarea desborda tanto su capacidad como sus competencias. Se trata, ha dicho, de una materia que no solo es objeto de atención y preocupación para el Gobierno de Canarias, sino una prioridad política, tanto atenderla como que sea atendida.

En este sentido, ha recordado que, en cinco años, desde 2017, que arribaron al archipiélago cerca de 400 inmigrantes, hasta 2021, que se registraron más de 20.000, la cifra de llegadas se ha multiplicado por 50, y todo hace suponer, tras observar los datos de los primeros meses de 2022, que la tendencia se va a mantener.

Ha abogado, igualmente, por un cambio de la legislación española en materia de atención a los niños inmigrantes que arriban no acompañados, para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en su acogida, ya que la respuesta solidaria hasta ahora para los 2.500 que hay en las islas se reduce a 200 niños.

A su juicio, el objetivo de la gestión de la migración no debe ser solo impedir la salida de estas personas de su país, pues eso va contra el respeto a su dignidad, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha reconocido la calidad e interés de las materias incluidas en estas jornadas, que se celebran en el marco de un escenario se cooperación de varios años entre el Gobierno canario y el CGPJ. Marco que se ha visto reforzado recientemente con la firma de un convenio que hace de Canarias la sede permanente del Foro de Inmigración del poder judicial, con el fin de llevar a cabo actividades de estudio y formación, y que pretende implicar a otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Ha agradecido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, su dirección, y al magistrado Ángel Llorente, su coordinación.

Igualmente, ha tenido palabras de gratitud para algunos de los ponentes presentes en la sala que, durante tres días, acoge estas jornadas en el hotel AC Santa Cruz de Tenerife, como el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella; el jefe superior de Policía de Canarias, Rafael Martínez, y el director general de Casa África, José Segura. Y para la viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos.

Conocimiento

Durante estos tres días, también está previsto que participen el vocal del CGPJ y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Gerardo Martínez; el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Pedro Hernández; la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, Pilar Alonso; el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Úbeda; la magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias Sánchez; el teniente general del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Dirección General de la Guardia Civil, Juan Luis Pérez; el magistrado especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Óscar González; la representante de ACNUR en España, Sophie Müller; la jefa de misión en España de la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas (OIM), María Jesús Herrera, y la periodista de El País María Martín. La clausura correrá a cargo del vocal del CGPJ Gerardo Martínez.

Antes de finalizar, Julio Pérez ha animado a los participantes a convertir estas jornadas en espacios de aprendizaje y conocimiento ante un asunto tan importante como la inmigración, que desde el continente africano tienen unas connotaciones de peligrosidad que no se dan en otros casos.

En esta línea, ha apuntado que los últimos acontecimientos vividos tanto en Canarias como en el resto del mundo han puesto en valor que la gestión política se fundamenta en el conocimiento, que es imprescindible, e incluso decisivo, para no dar pie a la improvisación, la ocurrencia y el disparate.

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Julio Pérez propone prorrogar la especialización judicial en cláusulas suelo, pero sugiere cambios en el sistema

Julio Pérez y Marta Bonnet, durante la reunión sobre los juzgados especializados en la cláusula suelo

El consejero defendió ante la Comisión de Coordinación del CGPJ la continuidad de estos órganos judiciales, que dan una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, previéndose, además, un incremento de estos procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, trasladó hoy en la Comisión de Coordinación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de que se prorrogue el funcionamiento de los juzgados de primera instancia especializados en la cláusula suelo en las Islas. Así lo trasladó al presidente de CGPJ, Carlos Lesmes, y al resto de representantes autonómicos en materia de Justicia que abordaron el asunto hoy. A la reunión, celebrada por videoconferencia, también asistieron la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Justicia, Marta Bonnet.

En Canarias hay cuatro de estos juzgados, de los que dos (Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna) ya se había acordado que continuaran hasta diciembre de este año, fecha en la que se evaluará su desempeño, mientras que los dos restantes (Puerto del Rosario y Arrecife) debían revisarse antes del 30 de junio. Con la decisión adoptada hoy, estos dos últimos continuaran hasta el otoño, cuando se volverá a estudiar la necesidad de su continuidad.

Pérez explicó que el sistema actual, que incluye estos cuatro juzgados especializados, ha aportado al sistema judicial beneficios que justifican su continuidad, por lo que es mejor que existan a que se supriman, si bien cuestionó la suficiencia del sistema y aclaró que hay aspectos que son susceptibles de mejora. Añadió que han dado una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, y defendió su continuidad también al preverse un incremento de los procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH.

Entre los beneficios que comportan, Pérez destacó la especialización de los mismos, que ha contribuido a que los asuntos de los que conocen se resuelvan con calidad y más pronto, además de crear una provincialización indirecta en esta materia judicial que sirve de experiencia para otros proyectos futuros. Entre los temas a mejorar, el consejero indicó la conveniencia de introducir medidas sustantivas y otras de carácter procesal que desincentiven la excesiva judicialización de estos asuntos, estableciendo un marco más protector con el consumidor y apostando por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

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