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La Consejería contrata el mantenimiento de los jardines de los juzgados de Granadilla, Arona y Valverde

El servicio tendrá un coste de 60.000 euros anuales, prorrogable por cuatro años

Entre otras actuaciones en los edificios judiciales, este mes ha comenzado la sustitución del falso techo de la planta baja del juzgado de Güímar

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha aprobado la contratación de un servicio de mantenimiento y conservación de los jardines existentes en los edificios judiciales en Granadilla de Abona y Arona, en Tenerife, y Valverde, en El Hierro.

La directora general Mari Carmen de León informó que el importe asciende 59.713,53 euros anuales, prorrogable por cuatro años más.

Por otra parte y entre otras actuaciones de conservación, Mari Carmen de León anunció que ya se está acometiendo la sustitución de falso techo en planta baja del edificio judicial de Güímar. El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de junio de 2024 y el importe de la obra de 21.031,24 euros

El edificio de Güímar tiene un falso techo formado por placas de yeso suspendidas con perfiles ocultos y en una reciente actuación de sustitución de las luminarias se detectó que muchas de las placas se encuentran dañadas por el paso del tiempo y la manipulación constante para labores de mantenimiento. La ejecución de estos trabajos permitirá que las nuevas luminarias queden perfectamente encajadas y alineadas con las placas existentes.

 

 

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Educación elabora un manual para los ayuntamientos sobre el uso, conservación y mantenimiento de los colegios

Manual sobre el uso, conservación y mantenimiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria

Asimismo, el departamento ha puesto en marcha una nueva interfaz de trabajo para la gestión de incidencias relacionadas con las infraestructuras educativas para reducir la carga administrativa de los equipos directivos de los centros docentes

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, ha elaborado un manual sobre el uso, conservación y mantenimiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) destinado a los ayuntamientos de las Islas. Asimismo, este departamento ha puesto en marcha una nueva interfaz de trabajo para la gestión de incidencias en infraestructuras educativas con el fin de reducir la carga administrativa de los equipos directivos de los centros docentes y mejorar la coordinación de los distintos departamentos, entidades y administraciones para agilizar la resolución de estas.

La directora del área, Laly González, ha señalado que el objetivo de la primera de estas medidas es que las administraciones locales cuenten con una herramienta de asesoramiento dirigida a garantizar la calidad de las infraestructuras, prevenir costes de reparación y evitar daños accidentales.

Entre otros aspectos, esta guía explica que según recogen la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la conservación, reparación y vigilancia de los edificios públicos escolares corresponde a los ayuntamientos, así como su limpieza y asegurar el suministro de agua, electricidad y calefacción. Asimismo, con carácter general, también son responsables del mantenimiento que deban ejecutarse a esas infraestructuras ante el menoscabo que produzca el transcurso del tiempo por su uso.

De la misma manera, se aclara que las obras de mantenimiento en los colegios las deben asumir los ayuntamientos, mientras que las de los Institutos de Educación Secundaria (IES) son competencia del Gobierno. La ejecución de estas obras corresponderá al personal de mantenimiento del centro, y cuando no sea posible, la realizará una empresa externa previa solicitud de presupuesto de conformidad con las instrucciones dictadas por la Secretaría General Técnica.

El manual está dividido en capítulos en los que se abordan distintos aspectos como la cimentación, estructura, cubiertas, fachadas, particiones, protecciones y defensas, pavimentos, revestimientos, carpintería, pinturas, saneamiento, fontanería, electricidad, alumbrado exterior del centro, calefacción, protección contra incendios, depósitos de combustibles, ascensores, plataformas salvaescaleras, ventilación, riego y jardinería, zonas de juego y vallados exteriores.

En cuanto a la una nueva interfaz de trabajo para la gestión de incidencias en infraestructuras educativas que el departamento educativo ha puesto en marcha, cabe destacar que este servicio se fundamenta en la estructura OTRS, sistema moderno y flexible basado en tickets y procesos, que ofrece numerosas ventajas, entre las que se encuentra la rápida organización de la documentación recibida a través de la creación de listas de tareas, y sobre todo, con capacidad de aligerar la tramitación de los expedientes.

“El objetivo de esta medida es reducir significativamente la carga administrativa de los equipos directivos, cambiando la forma de trabajo, con una comunicación más eficiente, mejorando la relación entre equipos, departamentos y personal externo, automatizando los procesos, jerarquizando las actividades con una excelente gestión del tiempo y optimizando los flujos de trabajo, derivando a responsables externos a esta Dirección General si fuera necesario”, señaló Laly González.

“Esta nueva incorporación deriva en una mejor sintonía entre administraciones, simplicidad interdepartamental, con cargas de trabajo equilibradas que generan resultados óptimos, todo ello traducido en ambientes laborales cómodos y amables que favorecen la cooperación y el correcto ejercicio de las competencias propias de cada entidad”, agregó la directora.

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Valbuena destaca la ejemplaridad del proceso de participación pública del PRUG del Teide

El consejero regional de Transición Ecológica recuerda que se trata de un documento provisional y que se están manteniendo reuniones con sectores específicos para llegar a acuerdos de cara al documento definitivo

El Gobierno regional garantiza que se llegará a acuerdos con todos los colectivos interesados en el PRUG

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, a raíz de las últimas informaciones publicadas sobre el borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, ha querido destacar la ejemplaridad del proceso de participación pública que se ha llevado a cabo con este instrumento, que en la actualidad sigue abierto y ha ampliado su plazo para presentar aportaciones.

“Este Gobierno se toma muy en serio la participación real y efectiva de la ciudadanía, hasta el punto de no solo ampliar el plazo de exposición pública, como hicimos con las leyes de Cambio Climático y Biodiversidad, sino incluso mantener reuniones específicas con colectivos y administraciones que han presentado alegaciones por la vía oficial. Solo de esa manera hemos conseguido, entre otros hitos, que la Ley de Cambio Climático sea la más participativa de la historia de las islas, gracias a las más de 500 aportaciones que logramos recopilar por las vías presencial y telemática”, explicó Valbuena.

El consejero subrayó que se trata de un documento previo de trabajo del que se partirá y que su versión final “distará a buen seguro del original al enriquecerse con las contribuciones de los distintos colectivos, que se están haciendo llegar en el período de exposición pública y a través de los encuentros de trabajo que ya se están manteniendo con entidades y representantes de distintos sectores que tienen algo que decir sobre este PRUG”. De hecho, Valbuena hizo hincapié en que el borrador contiene más de 60 páginas y existen discrepancias en tres apartados concretos que “no son la esencia del documento”.

“Se trata de un principio de participación y cogobernanza que tenemos interiorizado y que va más allá del proceso de exposición al uso al que estábamos acostumbrados en la tramitación de leyes como la del suelo, por lo que no lo vamos a paralizar en ningún caso”, expuso el dirigente autonómico.

“Entendemos que determinados partidos políticos tengan interés en detener este procedimiento de participación pública, porque supondría llegar a acuerdos con colectivos y ciudadanía en general, conciliando las distintas necesidades del Parque Nacional del Teide, pero en ningún caso nos planteamos desmantelar el trabajo ya realizado y desechar las numerosas aportaciones que ya hemos logrado recopilar”, insistió.

“El PRUG supone un avance importante en la regulación y conservación del P.N. del Teide, basándose en la protección de flora y fauna, la preservación del patrimonio arqueológico, la protección de la calidad del cielo y el paisaje, el fomento de la investigación y la erradicación de especies invasoras, entre otras medidas”, expuso el consejero.

“Por lo tanto, la única forma que existe y en la que creemos para llegar a acuerdos con los colectivos interesados en el PRUG del Teide es este formato de trabajo basado en la exposición pública y el despliegue de otros procesos de escucha activa como las reuniones y encuentros personales. Descartamos la paralización de este proceso, ya que lo único que supondría sería que la ciudadanía no nos pueda hacer llegar sus aportaciones”, aseveró.

El consejero lamentó algunas “críticas interesadas” que se han vertido en los últimos días acerca de este proceso de exposición pública que, en su opinión, “lo único que esconden es el miedo a que lleguemos a acuerdos con colectivos y que, de esa manera, consigamos zanjar las polémicas que puedan surgir en determinados artículos del PRUG”.

Uno de esos ejemplos de entendimiento ha sido la reunión mantenida recientemente por el viceconsejero regional de Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez, con representantes de sector audiovisual. “Durante este encuentro hemos insistido en la necesidad de alcanzar acuerdos a la hora de regular esta actividad, recogiendo las aportaciones de los profesionales de este ámbito y alcanzando puntos de encuentro, sin perder de vista el principio de conservación y protección del parque”, añadió Valbuena.

Usos y prohibiciones

Por otro lado, el consejero ha querido recalcar que el PRUG no recoge en su articulado ninguna prohibición para el tránsito de vehículos por las carreteras de este enclave natural. De hecho, el borrador señala que “la circulación por carretera será libre para cualquier vehículo en el parque nacional, por lo que se garantizará el derecho de tránsito de quienes deseen utilizar cualquiera de las carreteras TF-21. TF-24 o TF-38”. Además, se deja en manos del Cabildo de Tenerife, como administración competente, la definición final del plan de movilidad sostenible que se decida aplicar en este entorno.

“Lo que sí se refleja en este borrador son medidas para incentivar el uso del transporte público y sostenible que se ofrecerá desde las lanzaderas ubicadas fuera de la extensión del parque”, detalló. Estas medidas se basan, principalmente, en la regulación de los estacionamientos disponibles del parque, y sólo en determinadas franjas horarias del día en las que se registra una mayor afluencia de público y en las que se han detectado algunos incidentes, como la invasión de vehículos en tramos no autorizados e incluso daños a la flora autóctona del Teide.

“Es completamente falso que se vaya a cobrar por acceder al Parque Nacional del Teide”, continuó el consejero. De hecho, el apartado 5.3.1. del PRUG señala que «se mantendrá el carácter gratuito del acceso al parque nacional y a los servicios básicos que ofrece la administración gestora al visitante».

Del mismo modo, tampoco se prohíbe la práctica del senderismo, el montañismo, la escalada, la circulación en bicicleta o el entrenamiento de carreras de montañas por el Teide. Todas esas actividades y otras disciplinas similares están reguladas en el PRUG.

Este plan no contempla la creación de ninguna superficie comercial o gran superficie en el P.N. del Teide. Lo que sí se contemplan son áreas de servicio donde se estacionar los vehículos en las afueras del parque y desde las cuales partirán las lanzaderas. Este planteamiento se basa en tres emplazamientos: uno en la zona del Portillo (fuera del parque nacional) y otras dos en Chío y Vilaflor, a varios kilómetros del propio parque.

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Educación prorrogará las contrataciones de personal en el marco del proyecto PROA+

Actuación de PROA+

La Consejería garantiza el mantenimiento de los recursos humanos en el curso 2022-2023, con lo que se da continuidad a las contrataciones de educadores y educadoras sociales, así como de técnicos y técnicas en Infantil

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias garantiza el mantenimiento de los recursos humanos destinados a la ejecución del Programa de Cooperación Territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo (PROA+) hasta la finalización del mismo, en el curso 2022-2023. Para ello, se da continuidad a las contrataciones de educadores y educadoras sociales, así como de técnicos y técnicas en Infantil, que desempeñan sus funciones en el marco del desarrollo de las actividades palanca contempladas en esta iniciativa.

La Consejería asegura así el sostenimiento de esta acción mediante la dotación extraordinaria de recursos humanos, que comprende horario lectivo de profesorado para la atención directa del alumnado y la coordinación del programa en los centros, así como la presencia en los centros PROA+ del personal antes mencionado.

A través de estas iniciativas, la Consejería continúa una línea de trabajo con un marcado carácter social en su empeño de asegurar el bienestar del alumnado canario más allá, incluso, del entorno educativo tras el primer año de andadura del PROA+, dado el éxito alcanzado en las evaluaciones de seguimiento del mismo, para lo que se facilitan a los centros recursos económicos y educativos a fin de dar respuesta a estas necesidades.

PROA+ está financiado por el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), y se dirige a los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias en los que se atiende a un porcentaje elevado de alumnado en clara situación de vulnerabilidad educativa. En este curso han participado 171 centros educativos de las islas.

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