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El Gobierno aprueba las medidas preventivas para el personal público y da prioridad al trabajo a distancia

Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife

Función Pública recoge en su resolución las aportaciones de las organizaciones sindicales realizadas en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos que abordó la semana pasada el desarrollo de las medidas de prevención para la vuelta gradual del personal a las oficinas

La Dirección General de la Función Pública dictó ayer la Resolución 505, de 19 de mayo de 2020, por la que se establece el marco organizativo y se fijan los criterios de recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de los planes de desescalada del COVID-19. Tiene por objeto ajustar la prestación de los servicios por parte del personal de la Administración autonómica canaria (Administración General) a partir del 25 de mayo próximo, regulando las distintas modalidades en que a partir de dicha fecha podrá desarrollarse la prestación de esos servicios, y garantizando la actuación coordinada y homogénea de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos. Entre los puntos a destacar figura la priorización del trabajo no presencial.

El cumplimiento de las medidas previstas en esa resolución se ajusta a los principios generales de continuidad de la prestación del servicio público; de garantía de la seguridad y salud, tanto del personal al servicio de la Administración autonómica, como de los usuarios de los servicios; de protección del personal especialmente sensible; de conciliación de la vida personal, laboral y familiar; de priorización de las modalidades de trabajo no presenciales, incluido el teletrabajo, y de flexibilidad horaria y planificación del trabajo mediante distintas fórmulas, como el establecimiento de franjas horarias, para evitar la aglomeración de personas.

La resolución señala que la aplicación de las distintas modalidades de prestación de servicios (presencial, no presencial y mixta) tendrá carácter estrictamente individual, y se efectuará teniendo en cuenta, tanto la garantía del servicio público, como las medidas organizativas que se establezcan por los distintos Departamentos, Organismos y Centros Directivos, así como en el propio servicio o unidad administrativa, y las preferencias del empleado/a, siempre que en atención a las características y contenidos funcionales del puesto desempeñado sea posible la prestación bajo distintas modalidades.

Trabajo presencial, no presencial y jornadas

Establece la resolución que durante su vigencia, y siempre que sea compatible con la naturaleza del trabajo desempeñado, se priorizará la prestación de los servicios en modalidades no presenciales, evitando de esta forma la concentración de personas en los centros de trabajo. Esta modalidad de trabajo podrá ser total o parcial, según que su aplicación requiera o no de la prestación de servicios de forma presencial en uno o más días de la semana.

El personal que no pueda desarrollar la prestación de sus servicios a través de cualquiera de las modalidades no presenciales efectuará dicha prestación de forma presencial. Para ello, deberá observar de modo muy especial las previsiones contenidas en el Procedimiento para la implantación de medidas de Prevención de Riesgos Laborales frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2, debiendo los responsables de cada Servicio, en coordinación y bajo las directrices de los titulares de los centros directivos y de las respectivas Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes de los Organismos Autónomos, planificar las tareas y procesos laborales de forma que el personal pueda desarrollar su actividad con las mayores garantías para su seguridad y salud en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias a tal fin, tanto en lo que se refiere a la organización del trabajo propiamente dicho, como en lo relativo a la gestión de espacios y otros aspectos.

Según la modalidad en que se efectúe la prestación de servicios será la aplicación del régimen de jornada y horarios. En el caso de las modalidades no presenciales, se aplicarán criterios de máxima flexibilización en la jornada laboral, si bien se mantiene la obligatoriedad de la jornada mínima diaria de seis horas, o la que proporcionalmente proceda, en los casos de jornada reducida, en los términos establecidos por la normativa de referencia.

A fin de conjugar esta flexibilización de la actividad laboral con el normal funcionamiento del servicio, los empleados y empleadas públicas deberán adoptar las medidas para asegurar la correcta coordinación y eficacia en el desarrollo de su actividad laboral, mediante las comunicaciones pertinentes a sus respectivos responsables funcionales.

En los supuestos de prestación de servicios en la modalidad presencial, o en las jornadas de prestación presencial del personal que tenga autorizada prestación de servicios en la modalidad no presencial parcial, el desarrollo de la actividad laboral se deberá ajustar a los límites establecidos en las normas antes citadas, en el periodo horario comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas, debiendo establecerse medidas que favorezcan la paulatina y gradual entrada del personal en los centros de trabajo, evitando acumulaciones en los momentos de entrada y salida a los mismos, o incluso durante el transcurso de la jornada laboral.

Además, se establece que en los supuestos en que la prestación de servicios se realice de forma presencial, con independencia de la prestación bajo esta modalidad se produzca de forma total o parcial, la realización de trabajos que excedan de la duración de la jornada semanal y de horas o servicios extraordinarios estará sujeta al régimen vigente en cuanto a su realización y a su compensación.

Procedimiento para la implantación de medidas de prevención

Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha desarrollado el Procedimiento para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al sars-cov-2, que amplía el Anexo I de la Resolución 313 de 12 de marzo de la Dirección General de la Función Pública (DGFP), por la que se aprueban las medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19.

La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos abordó este asunto el pasado miércoles. Las organizaciones sindicales trasladaron entonces tanto al viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, como a la directora general de Función Pública, Laura Martín, numerosas aportaciones que el Gobierno de Canarias estudió a fin de mejorar la propuesta inicial que el Ejecutivo presentó ese día. De esta forma, se han marcado pautas ante las distintas situaciones laborales que pudieran aumentar el riesgo del personal autonómico a sufrir contagio por el mencionado virus.

Por un lado, el desarrollo de las medidas aborda la atención al público de manera continuada, como la desempeñada en oficinas de atención ciudadana, oficinas de registro, oficinas de atención tributaria, oficinas de empleo, centros de valoración de la dependencia, bibliotecas públicas u oficinas judiciales. Por otro lado, incluye la vuelta al centro de trabajo habitual y la realización de las tareas rutinarias.

En todo caso, se establece la prioridad en la adopción de medidas preventivas colectivas, de tipo técnico u organizativo (distancia de seguridad interpersonal de dos metros, reorganización de tareas y procedimientos de trabajo, de los espacios de trabajo, trabajos a turnos, gestión de colas o el uso de barreras físicas, entre otras) frente a las de protección individual mediante el uso de equipos de protección individual (mascarillas y/o guantes).

Asimismo, la DGFP aclara que el desarrollo de estas medidas de prevención no modifica las pautas de actuación respecto del personal especialmente sensible, la forma de seguimiento y valoración de los contactos, y los aspectos previstos en caso de detectarse determinadas situaciones entre el personal establecido a través la Instrucción actualizada de 31 de marzo de 2020.

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La Consejería afronta la crisis del Covid con una respuesta tecnológica que moderniza la Administración Pública

Julio Pérez, durante la comparecencia ante la Diputación Permanente el 5 de mayo de 2020

En lo que va de crisis, esta consejería ha emitido 30.000 certificados para la conexión del personal de los que ha distribuido 13.000 (cerca de 8.000 personas están conectadas de forma asidua); ha adquirido más de 400 ordenadores portátiles para extender el teletrabajo; ha implantado una app para el fichaje remoto; ha multiplicado por cinco la capacidad de videoconferencias, ha desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para trabajo a distancia; ha ampliado un 25% la plataforma de correos electrónicos, ha creado un chatbot para responder las dudas de la ciudadanía en materia de Justicia, y ha mejorado la sede electrónica con la introducción del sistema aCl@ve Pin

El 012 ha gestionado más de 700.000 llamadas sobre infocoronavirus, cita previa e información general, y ha recibido en una semana más de 32.000 llamadas sobre el Ingreso Canario de Emergencia, del cual se ha tramitado por esta vía unas 5.000 solicitudes. Además, se ha pasado de gestionar menos de un centenar de ERTES a más de 20.000 y se ha ampliado en casi 150 canales la capacidad telefónica de los hospitales para que no se produzcan colapsos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó ayer martes ante la Diputación Permanente del Parlamento las principales actuaciones impulsadas desde este departamento para afrontar la crisis del Covid-19. En buena parte, se trata de una respuesta tecnológica que moderniza la Administración autonómica bajo el paraguas cuatro principios que han orientado la actuación del Departamento: el mantenimiento de los servicios públicos (a pesar del incremento del trabajo a distancia); la extensión del propio teletrabajo; la simplificación de los procedimientos (en algunos casos, con posibilidad de permanencia) y la integración práctica en un único cuerpo de administración y de servicio con otras consejerías, pero muy especialmente con la de Sanidad.

El consejero apuntó que la gestión de la crisis ha servido para producir un avance significativo en los procesos de modernización, de informatización, de teletrabajo, de telepresencia y de relación con la ciudadanía. Admitió que queda mucho camino por recorrer pero, en cualquier caso, insistió, lo hemos iniciado a mucha más velocidad de la que llevábamos.

Personal público

Pérez también remarcó la adaptación continua de la Dirección General de Función Pública y sus actuaciones a las sucesivas y variadas exigencias de la prestación del servicio debido a la crisis del Covid, y enfatizó la prioridad dada a la protección de la salud del personal público. Es importante prestar el servicio, pero también lo hacerlo sin que nuestros trabajadores sufran, afirmó.

En este sentido, apuntó que, hasta la fecha, se han producido 47 incidentes entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de los que siete han resultado casos positivos del Covid. Los restantes se descartaron o se sometieron a controles de aislamiento. En el primer periodo de alarma, añadió Pérez, se dispensaron 5.000 permisos retribuidos para la aplicación real de las normas que facilitaban la ausencia de los trabajadores.

Tecnología y modernización

Además, resaltó la respuesta tecnológica dada a la crisis desde este departamento ante la demanda de teletrabajo. Se han emitido 30.000 certificados para la conexión del personal de los que se distribuyeron unos 13.000, lo que permite a unas 8.000 personas conectarse de forma asidua.

Se ha implantado una app para el fichaje remoto para el control horario -el denominado SICHO-; se han adquirido 400 ordenadores portátiles por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, más otros equipos que otras consejerías y servicios han adquirido; se ha generalizado el sistema de videoconferencia tras multiplicarse por cinco su capacidad, y destacó el aumento en 600 del sistema de escritorios virtuales, lo que permite que haya estaciones de trabajo adicionales -del Cuerpo General de la Policía Canaria, entre otros-.

Asimismo, señaló que se han desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para teletrabajo; se ha ampliado un 25% la plataforma de correo electrónico, se han aumentado en 10.000 las licencias de correo electrónico, y todo este esfuerzo se ha complementado con un proceso de extensión del conocimiento y de familiarización del personal con los mecanismos informáticos.

Recordó también la puesta en marcha de un chatbot -un sistema de respuestas automáticas- en el ámbito de la Justicia, mientras que el ICAP ha adaptado su plan de formación para mantenerlo a distancia. Por otra parte, se ha aumentado la capacidad de la Red de Emergencias, la RESCAN, con ampliaciones para las policías autonómicas y las locales, y una pasarela para la UME, de modo que la conexión con la RESCAN sea más fácil.

En materia de Transparencia, Pérez recordó la creación de un portal específico para el Covid y el establecido de una base con datos del mismo, que se ampliará, previsiblemente, en los próximos días para facilitar más información.

En cuanto a la sede electrónica, se ha mejorado utilizando la introducción del Sistema Cl@ve Pin, el mismo que utiliza la Agencia Tributaria, de modo que basta con el DNI y una llamada telefónica para acceder a los servicios de la Administración Pública. Asimismo, se ha adquirido una nueva herramienta (Insuite) para facilitar el acceso a personas con discapacidades o con pocas competencias digitales.

Atención telefónica

El consejero recordó que los servicios de atención telefónica dependen de esta Consejería, y que los mismos han sido cruciales en la gestión de la crisis. Así, apuntó que se han recibido más de 700.000 llamadas sobre infocoronavirus, cita previa e información general a través del 012.

Destacó que se ha reforzado el servicio de cita médica; se ha implantado un servicio de atención telefónica que no existía hasta ahora para la Dirección de Salud Pública, y se ha ampliado en casi 150 canales la capacidad telefónica de los hospitales para que no se produzcan colapsos.

Mediante un convenio especial en el que ha sido pionera la Comunidad Autónoma de Canarias (junto con otras pocas), se ha incorporado una app que permite un sistema de autoevaluación y de gestión parecida a la telefónica en los casos sospechosos de contagio del Covid-19. Y junto con el Servicio de Salud y la Dirección de Programas Asistenciales, se ha establecido un sistema único de reporte de datos de los laboratorios y una plataforma permanente de datos epidemiológicos.

ERTES y el ICE

En materia de ERTES, remarcó que se ha pasado de gestionar menos de un centenar a más de 20.000, mientras que del Ingreso Canario de Emergencia ICE se recibió durante la primera semana a través del 012 casi 32.000 llamadas telefónicas, que ha dado lugar a la gestión de unas 5.000 solicitudes por esta misma vía.

En materia de Justicia, el consejero destacó el mantenimiento de los servicios y la garantía de la seguridad del personal y la propia ciudadanía, además de mantenerse la normalidad en los pagos a proveedores.

Por su parte, la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos ha acelerado el proceso de informatización, de manera que este centro ha funcionado casi en modo presencial a pesar de que la mayor parte de su personal ha podido trabajar a distancia.

Además, señaló que ahora la Consejería tramita una solicitud del Parlamento para incorporarse más estrechamente al llamado SICAC, el Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias, que permitirá mejorar el servicio de Relaciones con el Parlamento, y el propio funcionamiento del Parlamento.

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La subida salarial de 2020 abarca todo el personal de las administraciones públicas y no solo a los directivos

Escudo del Gobierno de Canarias en una de las sedes

El incremento salarial comprende todo el personal de todas las Administraciones y responde a un acuerdo alcanzado con los sindicatos nacionales y el Ejecutivo central de 2018, que entonces presidía Mariano Rajoy

La subida salarial del 2% que entró en vigor en enero de este año, y que el personal público ha comenzado a percibir desde la nómina de febrero, es de aplicación para todas las retribuciones públicas, por lo que comprende no solo al Gobierno de Canarias, sino al personal de toda la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y al de todas las administraciones públicas, la nacional y locales incluidas.

Los incrementos o decrementos en salario base y trienios solo le corresponde establecerlos al Estado, por lo que esta medida responde a la aprobación el pasado 21 de enero de un Real Decreto-ley de medidas urgentes por parte del Consejo de Ministros que incluyó esta subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020. La fijación de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos de todas las administraciones tiene carácter básico y solo puede decidirlo el Estado.

Se trata del porcentaje que estaba pactado en el acuerdo a tres años alcanzado en marzo de 2018 entre el Gobierno del Estado, entonces presidido por Mariano Rajoy, y los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF).

El Gobierno de Canarias publicó el viernes 20 de este mes una instrucción en el Boletín Oficial de Canarias (1161, Resolución de 10 de marzo de 2020, por la que se dictan instrucciones en relación con las retribuciones para el año 2020 del personal al servicio del sector público) que, como es obligado, aplica lo aprobado en la Ley de Presupuestos de Canarias de 2020.

Si bien en esa instrucción concreta dictada por la Dirección General de la Función Pública (en conjunto con la Dirección General de Planificación y Presupuesto) no está incluido el personal sanitario, el aumento también abarca a este colectivo, incluido en una instrucción anterior específica para el mismo (número 1/20, de la directora del Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para el ejercicio 2020). Por tanto todos los sueldos y salarios de las administraciones públicas subirán en la misma proporción en toda España.

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El Gobierno de Canarias mejora su plataforma corporativa para incrementar el trabajo no presencial

La Dirección General de Emigración convoca las subvenciones para las entidades canarias en el exterior

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, refuerza los medios tecnológicos y de comunicaciones para asegurar el normal funcionamiento  de la Administración autonómica mientras dure el estado de alarma decretado por el Ejecutivo central por el Covid-19

Entre otras medidas, desde el pasado lunes 16, los servicios de atención al empleado público y los servicios de Gestión de la Infraestructura tecnológica corporativa del Gobierno de Canarias se prestan telemáticamente. También se ha multiplicado por cinco la capacidad para la realización de multivideoconferencias y se ha incrementado en 180 los canales de Atención del Servicio 0-1-2

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, ha tratado de redoblar los esfuerzos para asegurar el normal funcionamiento de la Administración autonómica a pesar del estado de alarma decretado por el Ejecutivo central por la pandemia del coronavirus Covid-19. Esta situación conlleva, entre otras actuaciones, medidas de aislamiento para la población que, lógicamente, también abarca al personal público, que debe permanecer también su domicilio.

Uno de los primeros resultados de estos esfuerzos ha sido la mejora de la plataforma corporativa, actuación llevada a cabo por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), lo que permitirá incrementar hasta 30.000 los accesos remotos a través de una red privada virtual (VPN).

Se trata de una de las modalidades en las que el personal público autonómico está trabajando. Esta fórmula permite a los trabajadores y trabajadoras conectarse a la red del Gobierno de Canarias incluso estando fuera de sus puestos de trabajo, de manera que pueden acceder a sus aplicaciones corporativas desde un ordenador situado en su casa.

Este sistema organizado de trabajo en casa y conexión VPN ha permitido, por ejemplo, que el Boletín Oficial de Canarias se edite y se publique por el personal funcionario responsable desde su casa.

La DGTNT ha emitido más de 7.000 certificados desde el pasado 9 de marzo que permiten este tipo de conexión remota. En la actualidad, ya hay 3.200 trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Canarias que pueden trabajar de esta manera.

Si bien hay una parte del personal, no elevada, que no puede trabajar desde casa por su propia naturaleza labores de mantenimiento y vigilancia, como las de conductores y otras, la mayor parte del personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias puede trabajar y lo está haciendo de forma no presencial, sin requerir una VPN. Son los empleados y las empleadas que solo necesitan acceso a internet y un ordenador para desarrollar sus funciones porque no precisan las aplicaciones que están en la red del Gobierno de Canarias.

Para ello, basta con que los responsables de las unidades asignen a cada empleado tareas y cometidos que no requieren la presencia personal del empleado en las oficinas públicas, sino que puede trabajar en su casa y reportar después sus resultados a sus superiores. Así está ocurriendo desde el pasado martes, tras la definición el lunes, por los Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos, de los nuevos procedimientos.

Trabajo no presencial en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

Para hacerse una idea de lo que estas actuaciones suponen, basta hacer un repaso a las cifras del trabajo no presencial en la propia consejería de Administraciones Públicas. Así, el pasado viernes 20 de marzo, en la Dirección General de Función Pública solo trabajaron de forma presencial dos personas, mientras que 54 lo hicieron de manera no presencial, y en la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana solo acudieron dos personas a sus puestos de trabajo, mientras que otras 10 trabajaron desde casa.

En la Viceconsejería de Servicios Jurídicos trabajaron de forma presencial cinco personas, y en el ICAP todo el personal (20 personas) lo hizo desde casa. En la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia solo acudieron dos personas a su puesto de trabajo, frente a las 34 que lo hicieron de forma no presencial. Y en la DGTNT, 13 personas fueron a las oficinas, mientras que 71 lo hicieron desde casa.

Estos números y los porcentajes que se derivan de ellos pueden ser similares a los de las demás consejerías.

Dotaciones prioritarias

La DGTNT ha dado máxima prioridad a la dotación de medios tecnológicos y de comunicaciones a favor de los servicios que se están enfrentando de manera directa con esta situación (servicios sanitarios de hospitales y centros de salud).

También ha reforzado y dotado de infraestructura y asistencia tecnológica a las diferentes consejerías de la Administración Pública de Canarias para garantizar que los servicios a la ciudadanía continúen funcionando con normalidad a pese a las medidas de aislamiento mediante herramientas telemáticas que les permita desarrollar sus funciones laborales desde sus hogares, si bien una minoría debe continuar de forma presencial por necesidades de obligado cumplimiento.

A grandes rasgos, las actuaciones de la DGTNT se pueden englobar en dos grandes bloques: acciones corporativas, que afectan de manera general a todo el Gobierno de Canarias, y actuaciones departamentales, focalizadas en resolver cuestiones específicas.

Actuaciones corporativas: atención y asesoramiento de Cibercentro

La DGTNT ha elaborado decenas de documentos y material multimedia para dar soporte al personal público en la configuración de sus equipos, así como de autoconfiguración de equipos y herramientas informáticas, y ha multiplicado por cinco la atención de incidencias, habiéndose reforzado con más horas el servicio de atención de Cibercentro para los empleados públicos.

Asimismo, ha configurado más de 13.000 puestos de trabajo para permitir el acceso remoto para el teletrabajo y ha ampliado la capacidad del sistema de Escritorios Virtuales (VDI) en más de 600 unidades, además de crear estaciones de trabajo virtuales para la Policía Canaria y el personal de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Los servicios de atención al empleado público y los servicios de Gestión de la Infraestructura tecnológica corporativa del Gobierno de Canarias se prestan telemáticamente desde el lunes, y ha ampliado ocho veces la capacidad de generar certificados digitales para los empleados públicos.

Telecomunicaciones

La capacidad para la realización de multivideoconferencias se ha multiplicado por cinco y se han creado Salas de Videoconferencias Virtuales Permanentes para varios centros directivos permitiendo la conexión deslocalizada.

La Consejería también ha ampliado los equipos virtuales de videoconferencias personales e incrementado en 180 canales la Atención del Servicio 0-1-2, al tiempo que ha desplegado una plataforma para permitir la prestación del servicio de telefonía desde ubicaciones remotas, de forma que determinados servicios puedan atender las llamadas con destino a su extensión fija desde su puesto de trabajo remoto.

Igualmente, ha adquirido y distribuido 400 ordenadores portátiles para que el personal público que no disponga de medios en sus hogares pueda trabajar de forma remota, además de dotar al personal TIC estratégico de equipamiento de la Red de Seguridad y Emergencias (equipos red TETRA).

Actuaciones departamentales

Este apartado incluye  las siguientes actuaciones por parte de la DGTNT:

·         La apertura dos nuevos “call center” en el IES frente al TEA, en Santa Cruz de Tenerife, y en el CEIP Iberia, de Las Palmas de Gran Canaria.

·         La instalación de un servicio de atención telefónico para la Dirección General de Salud Pública.

·         El incremento por 10 de la capacidad de tráfico de datos de los Servidores de Educación.

·         La asistencia, junto con el fabricante Cisco, a la Consejería de Educación para que el personal docente disponga de una plataforma para el establecimiento de videoconferencias con los alumnos y capacidad de compartir escritorio y favorecer la Teleenseñanza.

·         La habilitación de los Centros Atención a Usuarios (CAU) de segundo nivel de Justicia, Educación y Sanidad a fin de que puedan atender remotamente al personal público del Gobierno de  Canarias.

·         La ampliación de la capacidad telefónica de los Hospitales Dr. Negrín (60 canales), CHUIMI (60 canales) y del HUC (30 canales). También está prevista la ampliación en La Candelaria.

·         La recategorización de miles de extensiones telefónicas del SCS a fin de poder contactar con pacientes en sus móviles, fijos, e incluso con números del extranjero.

·         El desarrollo e implantación de una APP para móvil a fin de permitir el fichaje remoto (SICHO), conjuntamente con Función Pública.

·         El apoyo a la DG de Trabajo para agilizar la tramitación de los ERTES, tanto en la parte operativa como formación y asesoramiento al personal en la herramienta gestor de expedientes corporativo (PLATEA) mediante teleformación y la asignación de un consultor funcional específico para la resolución de dudas, y soporte en la tramitación de estos procedimientos.

·         La implantación de medidas de apoyo en un plan de choque a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración para agilizar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción –PCI- (tanto para el reconocimiento del derecho como la renovación) de forma que se consiga automatizar la consulta de la documentación e información obrante en otras Administraciones necesaria para validar el cumplimiento de los requisitos mediante un plan de choque.

·         El estudio de medios de autenticación a implantar (conjuntamente con la DG de Modernización y Calidad de los Servicios) para facilitar la relación electrónica de la ciudadanía con la Administración autonómica de forma más ágil y sencilla, y la admisión de certificados digitales caducados a partir de la declaración del estado de alarma.

Esto último incluye la implantación de CLAVE PIN como sistema de autenticación de nivel medio o sustancial (además del ya existente de clave permanente), así como la de nuevos medios de autenticación de nivel medio o sustancial basados en el móvil (DNI + IDESP + SMS) que sean más accesibles y usables por la ciudadanía.

Pese a todo lo anterior, la Consejería y todo el Gobierno trabajan para seguir extendiendo las posibilidades de trabajo no presencial y de conexión remota, desde cualquier punto, a los “escritorios” o pantallas de acceso a las aplicaciones informáticas, de modo que la eventual prolongación de la situación actual no impida la actividad administrativa.

Como es obvio, la paralización de los plazos administrativos permite, además, concentrarse en la resolución y tramitación de expedientes pendientes, en la reordenación de los propios servicios y también en la extensión de programas de formación y actualización de conocimientos profesionales de los empleados y empleadas públicos.

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El Gobierno asegura el mantenimiento de los servicios públicos con medidas de flexibilidad y protección al personal

Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, una de las sedes del Gobierno de Canarias

El personal directivo del Ejecutivo de Canarias mañana lunes organizará el trabajo de las próximas dos semanas de la Administración autonómica

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, en el marco de medidas que viene adoptando para hacer frente a la crisis sanitaria originada por la pandemia del Covid-19 y dentro del margen de actuación del estado de alarma decretado por el Ejecutivo del Estado, un acuerdo a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por el que mañana el personal directivo del Gobierno de Canarias organizará el trabajo de las próximas dos semanas de la Administración autonómica.

Así, mañana lunes 16 solo acudirán a los centros de trabajo el personal directivo y el que desempeña funciones de carácter crítico, sin perjuicio de las medidas de conciliación y de prescripción sanitaria, a fin de llevar a cabo dicha organización. Se busca de esta manera garantizar la prestación de los servicios públicos con medidas de flexibilidad y de protección al personal de la Comunidad Autónoma.

Se trata de los altos cargos, personal eventual y todo el personal funcionario y laboral que desempeña funciones directivas (jefaturas de Área, de Servicio y de Sección o asimilados), así como el personal que se considere imprescindible por los responsables de cada unidad orgánica o administrativa. Así mismo, tiene esta consideración todo el personal vinculado a funciones de seguridad, mantenimiento y comunicaciones u otros servicios relacionados con las tecnologías de información.

Este acuerdo es de aplicación en la Administración General y sus Organismos Autónomos, y al colectivo de Administración General que realice funciones en la Administración Sanitaria y Educativa y responde a la necesidad de garantizar la continuidad de las funciones básicas desarrolladas por cada Departamento.
Esta medida tiene por objetivo establecer una adecuada organización de tareas durante este período excepcional, extendiendo las posibilidades de trabajo no presencial o por medios telemáticos, y, en el caso del resto de puestos de trabajo que requieran de presencia física del empleado, reforzar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Contención del Coronavirus

El Gobierno de Canarias muestra así su voluntad decidida para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad frente a la presente crisis sanitaria, si bien entiende que deben también realizarse todos los esfuerzos necesarios para mantener los servicios esenciales de la Administración Pública de Canarias, ya que constituye un pilar fundamental para el funcionamiento un Estado social, democrático y de Derecho, sobre todo en una situación excepcional como la que implica la declaración del estado de alarma.

Para ese normal desarrollo de los servicios públicos se requiere de la colaboración, coordinación y cooperación de todas y todos los empleados públicos, como han venido haciendo hasta ahora, y con especial intensidad mientras dure la situación de estado de alarma que, según el artículo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, será inicialmente de 15 días naturales.

Para ello, el acuerdo también faculta a las Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes para que, durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma, establezcan los servicios necesarios que deberán permanecer en funcionamiento dentro del ámbito de su Consejería a propuesta de los centros directivos reforzando las medidas de seguridad y salud en protección del personal.

Requisitos para autorizar el teletrabajo

Las Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes, en tanto órganos responsables de personal, facilitarán el desempeño del puesto de trabajo de los empleados públicos por medios no presenciales o por medios telemáticos, teniendo en consideración la adecuación al puesto para la modalidad de trabajo no presencial, sin perjuicio de las limitaciones por razón de esencialidad del puesto, las limitaciones técnicas y la capacidad de los sistemas informáticos.

La autorización de la modalidad no presencial de trabajo tendrá en cuenta los siguientes requisitos:
a) Carácter crítico del puesto para el funcionamiento de los servicios públicos (esenciales o críticos), infraestructuras críticas, o sectores estratégicos.
b) Adecuación del puesto de trabajo a la modalidad de trabajo no presencial.
c) Aseguramiento de la eficacia en la prestación de los servicios críticos o esenciales.

Obligación de estar localizable

Sin perjuicio de lo anterior, todos los empleados públicos permanecerán localizables y deberán acudir a sus puestos de trabajo presenciales cuando sean requeridos para ello.

Estas medidas de carácter extraordinario tendrán la duración imprescindible para dar respuesta a la situación que ha motivado su adopción.

La atención administrativa a la ciudadanía de carácter urgente se canalizará preferentemente a través de modalidades no presenciales.

En los casos en que el desempeño, laboral o funcionarial, deba realizarse de manera presencial, se establecerán las medidas contempladas en la Resolución núm. 313, de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública por la que se aprobó la instrucción de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19, y en la Resolución 323, de 13 de marzo de 2020, de este mismo centro directivo en relación a los aparados 3.6 de “Medidas de aislamiento decretadas por la Autoridad Sanitaria”, el apartado 3.8.b) de “Medidas de conciliación por el cierre de centros educativos y de mayores” o el apartado 4.1 de “Sistemas de control horario”, sin perjuicio de sus adaptaciones o modificaciones que resulten oportunas.

Estas medidas se aplicarán a los empleados y empleadas del sector público estimativo autonómico comprendido en el art. 3.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria de Canarias con las singularidades que se estimen oportunas en cada entidad.

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El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

Se trata de un conjunto de medidas para salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia la aprobación de un protocolo de medidas preventivas dirigido al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19.

Así, se establecen medidas destinadas a reducir el riesgo a la exposición y, asimismo, procedimientos de actuación para distintos casos que pueden producirse, incluyendo también recomendaciones de fomento del distanciamiento social como técnica más efectiva de contención del citado patógeno, en el actual escenario. Este protocolo es de aplicación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, con las adaptaciones y desarrollos que resulten precisas en los ámbitos específicos o competenciales que lo requirieran, como Sanidad, Educación, Justicia y Policía Canaria, entre otros.

Procedimiento en caso de sospecha de infección

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la población general, si un trabajador/a de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sospecha que pudiera estar infectado/a por darse las siguientes situaciones:

1)      Ha viajado recientemente a alguno de las zonas consideradas de riesgo según el Ministerio de Sanidad:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

y/o

2)      Ha tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19

y/o

3)      Presenta síntomas de enfermedad respiratoria: fiebre, tos y sensación de falta de aire.

El trabajador deberá:

Llamar al 900112061 y permanecer en su domicilio siguiendo las instrucciones que le facilite el Servicio Canario de la Salud. En caso de que el trabajador esté en su puesto de trabajo se contactará con el 900112061, y hasta su valoración por parte de los servicios médicos, se separará a la persona enferma del resto del personal, manteniendo al menos dos metros de distancia y, si es posible, se la reubicará en una habitación separada que se mantenga aireada, instándola a adoptar medidas de higiene respiratoria.
Trasladar la información facilitada, y en su caso el diagnóstico, vía telefónica a su Servicio de Personal, de forma que pueda comenzar a aplicarse, de forma inmediata, las medidas que se consideren necesarias a fin de prevenir el riesgo de contagio.

En el caso de que un trabajador/a tenga conocimiento de haber tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19, aunque no presente síntomas, informará vía telefónica, al 900112061 y seguirá las instrucciones que le faciliten.

Procedimiento si no hay sospecha de infección, pero presenta síntomas

Si un trabajador/a no tiene sospecha de estar infectado por el nuevo coronavirus, por no haberse dado ninguna de las situaciones indicadas en el apartado anterior, pero presenta síntomas de infección respiratoria, informará de la situación a su superior inmediato, y solicitará cita telefónica de su centro de atención primaria. Una vez tenga diagnóstico de su médico de atención primaria, y si este descarta la infección por COVID-19, el/la trabajador/a contactará con el Servicio de Personal para informar de su situación, y seguir las recomendaciones que se le indiquen.

Actuación en caso de detectarse un positivo entre el personal

El/la trabajador/a informará de inmediato, vía telefónica o correo electrónico, al Servicio de Personal o, en su ausencia, a su superior jerárquico quien lo notificará a su Secretaría General Técnica, o al órgano equivalente en el ámbito de la Administración Sanitaria, Educativa y de Justicia, según corresponda. Además, no accederá a su centro de trabajo hasta que así lo determinen las Autoridades Sanitarias.

Se estudiará cada caso con carácter particular junto con la Dirección General de Salud Pública, según el escenario específico, adoptándose acciones concretas dependiendo del centro de trabajo, actividad laboral y número de contactos estrechos, entre otros aspectos, y se determinarán las áreas de trabajo que requerirían limpieza y desinfección especial dándose indicaciones específicas al personal afectado.

Incapacidad temporal y aislamiento

La expedición de los partes de baja y de sus confirmaciones se efectuará preferentemente por medios telemáticos, y su entrega se realizará preferentemente utilizando la sede electrónica. Si se tratara de un empleado/a público/a en régimen de cotización a la Seguridad Social, deberá llamar al 012 o 9000112061 y solicitar cita telefónica con su médico de Atención Primaria, pero si fuera mutualista de MUFACE o MUGEJU, deberá ponerse en contacto telefónico con ellos.

En los supuestos de que los profesionales sanitarios aconsejen una medida de aislamiento o “cuarentena”, el/la trabajador/a lo comunicará telefónicamente o por correo electrónico a su Servicio de Personal correspondiente. La acreditación de dicha medida conllevará la consideración de deber inexcusable y, según el Decreto Ley, la asimilación a incapacidad temporal por accidente laboral.

Viajes a zonas de riesgo por motivos ajenos al trabajo y conciliación

Si algún trabajador/a ha realizado o tiene previsto realizar viajes, por motivos distintos a los laborales, a zonas declaradas de riesgo por infección de COVID-19, tendrá la responsabilidad de informar, de inmediato, al Servicio de Personal de su Departamento.

Al personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes que pudieran verse afectados por el cierre de centros educativos o de mayores, les será de aplicación medidas de flexibilización y/o permanencia en domicilio.

Instrucciones laborales

En el actual escenario, de acuerdo con las recomendaciones generales de las autoridades de salud pública, es conveniente el seguimiento de pautas de actuación que promuevan el distanciamiento físico entre los empleados públicos. Para ello, en el ámbito de las relaciones de trabajo de la Administración autonómica se adoptarán, por los correspondientes centros directivos las siguientes medidas:

Control horario, atención al público, reuniones

Se podrá utilizar un sistema de control horario alternativo al actual y de carácter voluntario que permitirá el debido seguimiento de la jornada de trabajo a través de un aplicativo en los teléfonos móviles.

En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y, en particular, la telemática. Se promueven sistemas de cita previa y se restringen, en la medida de lo posible, el acceso a las zonas no específicas de atención al público.

En la medida de lo posible, se incrementarán la realización de las reuniones de trabajo a través del uso de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Cursos, procesos selectivos, viajes

Se fomentará la utilización de medios telemáticos como alternativa a la formación presencial, cuando resulte posible, en los casos en que el número de asistentes o las características físicas de las instalaciones lo hagan aconsejable.

Se mantendrán los procesos selectivos en los que se pueda asegurar una distancia correcta entre aspirantes y tribunales y colaboradores.

De acuerdo con las recomendaciones generales, se realizarán los viajes de trabajo que sean imprescindibles para la normal prestación de servicios esenciales. Pueden realizarse con normalidad viajes de carácter interinsular, sin perjuicio del fomento de las reuniones a través de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Medidas extraordinarias de flexibilización

Las medidas de prevención, de seguirse rigurosamente, se han mostrado efectivas en el control de epidemias similares. No obstante, y si bien la situación actual no requiere de la adopción de otras medidas excepcionales o extraordinarias, atendiendo a las circunstancias de cada centro directivo y siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrán habilitar otros sistemas de prestación de servicios.

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