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Gobierno y sindicatos firman un acuerdo de mejora del sistema educativo a través del aumento del personal docente

FOTO FAMILIA ACUERDO MARCO

La consejera de Educación, Manuela Armas, explicó hoy en rueda de prensa que el aumento de la plantilla docente en más de 1.600 docentes desde este curso se dirige a mejorar la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo de las islas

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y las organizaciones sindicales con representación en el sector de la enseñanza pública han firmado hoy lunes, 18 de julio, un acuerdo para la mejora del sistema educativo público canario mediante la dotación de recursos humanos y la adopción de medidas que redunden en la progresión positiva de los indicadores académicos y la eficiencia de dicho sistema, que comenzará su vigencia en el curso 2022-2023. Esto supondrá un incremento de la plantilla docente en más de 1.600 docentes desde este periodo lectivo que se encamina a la mejora de la calidad, la equidad y la inclusión del sistema educativo de las islas, así como de las condiciones de trabajo del profesorado en el marco del fortalecimiento de la educación en el archipiélago.

Al acto acudieron la consejera del área, Manuela Armas, y el director General de Personal, Fidel Trujillo, por una parte, y en representación de los sindicatos, Víctor González, por ANPE Canarias; Emilio José Armas, por Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias-Intersindical Canaria STEC-IC; José Ramón Barroso, por Federación de Enseñazas de CCOO Canarias; Evelín Díaz, por Docentes de Canarias-Insucan (DCI); Francisco Javier Bautista, por UGT-Servicios Públicos Canarias; y Nieves Alonso, por Unión Sindical de Profesores de Secundaria-Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (USPS-SEPCA).

Para Armas, es un acuerdo “magnífico” que da cumplimiento a un objetivo “fundamental” de la Consejería, como es la mejora del sistema educativo de las islas, y recalcó que se trata de un día importante para la sociedad canaria en general, y para la educación de las islas en particular a fin de lograr que esté acorde con las necesidades de la sociedad del archipiélago.

También agradeció a los sindicatos su disposición para alcanzar estas medidas y recalcó que el aumento del personal docente (1.060 el año pasado y 1.600 en este) logra que en dos años el incremento supere los 2.600 profesionales, que se destinarán a la atención a la diversidad; la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado; al aumento de especialistas de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica, y las bajadas de ratios en los niveles “clave”, todo lo cual, apuntó, permitirá mejorar la equidad y la igualdad en el sistema educativo de Canarias, “y que nadie se quede atrás”.

Por su parte, Trujillo reiteró el agradecimiento a la disposición de los sindicatos para alcanzar este acuerdo tras muchas horas de trabajo y conseguir consensos en los criterios a aplicar “más que los números”, de forma que se consiga un sistema “más equitativo”.

Entre los objetivos de esta iniciativa cabe destacar la prevención del absentismo y del abandono escolar temprano, la consecución de un mejor rendimiento y la reducción de la desigualdad de oportunidades en la fase de transición del alumnado, así como la mejora de la atención a la diversidad del estudiantado en centros con desventaja social, económica o cultural, a través del incremento de las plantillas docentes.

Así, se establece un nuevo catálogo para la determinación de las plantillas correspondientes al Cuerpo de Maestros y Maestras. Entre otros, se señala que el horario lectivo del personal docente se rebaja de 25 a 23 horas. Esas dos horas que se reducen son de obligada permanencia en el centro, y se destinarán a actividades de coordinación de carácter pedagógico, así como al desarrollo y seguimiento de los proyectos educativos que cada centro lleve a cabo y que se reflejarán en su proyecto de gestión. Asimismo, se procurará la mínima rotación del profesorado por grupo.

Por otra parte, se recoge la mejora de las dotaciones de los recursos humanos para la configuración de las plantillas orgánicas de la especialidad de Orientación Educativa. Así, destaca que se dispondrá de un orientador u orientadora por cada 400 estudiantes del 2º ciclo de Infantil y Primaria en Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Centros del Profesorado de Canarias (CEP) y Escuelas de Educación Infantil (EEI).

En cuanto a los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), habrá un orientador u orientadora en centros con más de 275 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP).

En los Centros de Educación Obligatoria (CEO), la relación será de un orientador u orientadora cuando haya más de 250 estudiantes, y se añadirá otro más a partir de 401 alumnos y alumnas. En los Centros de Educación Especial (CEE) habrá un orientador u orientadora cuando haya entre 30 y 60 estudiantes, a los que se añadirá otro a partir de 61 alumnos y alumnas.

El acuerdo contempla asimismo medidas encaminadas a la mejora de las dotaciones de los recursos humanos en la especialidad de Pedagogía Terapéutica en los CEIP y los CEP. El número de especialistas será de uno cuando el número de grupos se encuentre entre ocho y 16; dos, si está entre 17 y 25, y tres, cuando sean más de 25. En los IES, habrá un especialista cuando haya cuatro o más grupos de 1º y 2º de ESO.

En el caso de Audición y Lenguaje, la relación será de una o un profesional por cada 300 alumnos o alumnas en conjunto de Infantil y 1º y 2º de Primaria, y a los centros con 27 o más unidades de Infantil y Primaria les corresponderá un maestro o maestra en la plantilla.

El acuerdo fija, entre otras cuestiones, nuevas ratios. En los CEIP y los CEP, cuando exista al menos un grupo autorizado en cada uno de los cursos de Infantil y Primaria no habrá mixtos en el tercer ciclo de Primaria. De la misma manera, se eliminarán los grupos mixtos en el primer y segundo ciclo de Primaria progresivamente.

Los niveles de 1º y 2º ESO mantienen (esta medida se puso en marcha durante el curso 2021/22) una ratio de 27 alumnos o alumnas, y 1º y 2º de Bachillerato 30 estudiantes.

Finalmente, con el fin de compensar las desigualdades en los centros con indicadores socioeconómicos y culturales más desfavorables, las dotaciones de recursos humanos se verán incrementados tomando como referencia el Índice Social, Económico y Cultural (ISEC) de la última evaluación de la Agencia Canaria de Calidad y Evaluación Educativa (ACCUEE).

Así, los CEIP y los CEP con un ISEC medio-bajo tendrán una dotación adicional de dos horas lectivas por grupo. En el caso de los IES y los CEO, cuando tengan una ratio mayor de 20 alumnos o alumnas, contarán con un profesor o profesora si tienen de dos a cuatro grupos de 1º y 2º de ESO; dos docentes, para los casos de cinco a ocho grupos; y tres si suman más de ocho grupos.

El acuerdo-marco ratificado hoy puede consultarse a través del enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/acuerdo_mejora_sistema_publico_educativo_canarias.pdf

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Carla Vallejo: “El proceso de selección de personal interino de Justicia no se realizaba desde 2009”

Carla Vallejo: “El proceso de selección de personal interino de Justicia no se realizaba desde 2009”

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto en marcha un procedimiento muy riguroso, para garantizar que el personal considerado idóneo sea el adecuado, al que se han presentado más de 38.300 solicitudes correspondientes a 20.000 expedientes

La viceconsejera de Justicia remarca la valentía del actual Gobierno de Canarias para abordar una situación que ningún otro había conseguido acometer

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha destacado esta semana que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha un procedimiento de selección y nombramiento de personal interino de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias que no se producía desde hace 13 años, y al que se han presentado más de 38.300 solicitudes correspondientes a 20.000 expedientes.

Se trata, según ha explicado, de un procedimiento muy riguroso, con criterios de selección muy detallados, que permitirá garantizar que el personal finalmente considerado idóneo sea el adecuado para atender las necesidades de la Administración de Justicia en las islas.

Vallejo ha respondido así en el Parlamento de Canarias a una pregunta sobre la resolución del proceso selectivo de las listas de empleo de los Cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, y ha recalcado que “desde 2009 no se había realizado ninguna actualización de la lista de personal interino” pese a que “gobiernos anteriores lo intentaron, pero no lo consiguieron”.

La viceconsejera ha relatado que la lista definitiva de personal interino correspondiente al Cuerpo de Médicos Forenses fue publicada en febrero en el Boletín Oficial de Canarias, mientras que la correspondiente a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial se prevé que se publique el próximo mes de septiembre.

Ha explicado que al procedimiento de selección se ha concurrido de forma masiva, con más de 38.000 solicitudes presentadas, y en el periodo de subsanación de errores se han presentado más de 4.000 alegaciones, de las que una menor parte afectaba al Cuerpo de Médicos Forenses, lo que ha permitido aprobar la lista definitiva.

Vallejo ha insistido en la complejidad del procedimiento, que partió de una negociación previa y la aprobación de una orden que regula un nuevo procedimiento, y ha remarcado la valentía del actual Gobierno de Canarias para abordar una situación que ningún otro había conseguido acometer.

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Educación prorrogará las contrataciones de personal en el marco del proyecto PROA+

Actuación de PROA+

La Consejería garantiza el mantenimiento de los recursos humanos en el curso 2022-2023, con lo que se da continuidad a las contrataciones de educadores y educadoras sociales, así como de técnicos y técnicas en Infantil

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias garantiza el mantenimiento de los recursos humanos destinados a la ejecución del Programa de Cooperación Territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo (PROA+) hasta la finalización del mismo, en el curso 2022-2023. Para ello, se da continuidad a las contrataciones de educadores y educadoras sociales, así como de técnicos y técnicas en Infantil, que desempeñan sus funciones en el marco del desarrollo de las actividades palanca contempladas en esta iniciativa.

La Consejería asegura así el sostenimiento de esta acción mediante la dotación extraordinaria de recursos humanos, que comprende horario lectivo de profesorado para la atención directa del alumnado y la coordinación del programa en los centros, así como la presencia en los centros PROA+ del personal antes mencionado.

A través de estas iniciativas, la Consejería continúa una línea de trabajo con un marcado carácter social en su empeño de asegurar el bienestar del alumnado canario más allá, incluso, del entorno educativo tras el primer año de andadura del PROA+, dado el éxito alcanzado en las evaluaciones de seguimiento del mismo, para lo que se facilitan a los centros recursos económicos y educativos a fin de dar respuesta a estas necesidades.

PROA+ está financiado por el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), y se dirige a los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias en los que se atiende a un porcentaje elevado de alumnado en clara situación de vulnerabilidad educativa. En este curso han participado 171 centros educativos de las islas.

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Educación publica las listas definitivas de empleo para el nombramiento de personal docente interino

Profesora Secundaria

Asimismo, se ha publicado la ordenación y actualización provisional de los listados de las especialidades convocadas por Orden de 24 de marzo de 2021 tras la finalización del proceso selectivo

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha publicado en su portal web las listas definitivas de empleo para el nombramiento de personal docente interino en el ámbito educativo no universitario de Canarias, así como el de personas excluidas.

Los listados están distribuidos por cuerpos, e incluyen el de Maestros y Maestras; Maestros y Maestras de Taller de Artes Plásticas y Diseño; de Profesorado de Artes Plásticas y Diseño; de Enseñanza Secundaria; de Escuelas Oficiales de Idiomas; de Música y Artes Escénicas, y de Profesorado Técnico de Formación Profesional.

Toda la información se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/oferta/interinos-sustitutos/constitucion-de-listas-de-empleo/constitucion-inicial-disp-trans/definitiva/

Asimismo, se publicó la ordenación y actualización provisional de las listas de empleo de las especialidades convocadas por Orden de 24 de marzo de 2021 tras la finalización del proceso selectivo. En este caso, los anexos incluyen el Cuerpo del Profesorado de Enseñanza Secundaria; el de Escuelas Oficiales de Idiomas, y el del Profesorado Técnico de Formación Profesional.

La información completa está disponible en la web de la Consejería:

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/oferta/interinos-sustitutos/constitucion-de-listas-de-empleo/reordenacion-especialidades/provisional/

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Educación aprueba en Mesa Sectorial la Oferta Pública de Empleo de personal docente 2021

OPE de personal docente 2021

Comprende 3.648 plazas a ejecutar en las convocatorias del 2022 al 2024

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha acordado en la sesión de la Mesa Sectorial celebrada hoy, 25 de noviembre, la Oferta de Empleo Público de personal docente de centros educativos públicos no universitarios, de 2021. Esta comprende 3.648 plazas y deberá ser ejecutada en el plazo de 3 años, es decir, en las convocatorias correspondientes a los años del 2022 al 2024.

Del total de la oferta, 474 plazas corresponden a la tasa de reposición de efectivos prevista en las leyes presupuestarias, y las restantes, un total de 3.174 plazas, al tercer proceso de estabilización de empleo previsto en el Real Decreto Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y en cumplimiento de la Directiva 1999/70 CE del Consejo, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada.

El departamento autonómico ha iniciado la tramitación para su aprobación por el Gobierno. De total de plazas, 1.467 corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Grupo A, Subgrupo A1); otras 269 al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y otros Cuerpos (Grupo A, Subgrupo A2); mientras que 59 pertenecen al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A, Subgrupo A1), y 151 al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Grupo A, Subgrupo A1).

Además, 93 plazas son del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A1); una corresponde a Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A2); 1.595 pertenecen al Cuerpo de Maestros (Grupo A, Subgrupo A2), y las 13 restantes, al Cuerpo de Inspectores de Educación (Grupo A, Subgrupo A1).

El 7% del total de plazas se reserva para ser cubiertas por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, siempre que superen las pruebas selectivas y que, en su momento, acrediten la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones docentes.

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Educación convoca el concurso de traslados de carácter autonómico

Concurso traslados. Freepik.es

El plazo para la presentación de solicitudes se extenderá del 4 al 23 de noviembre

Se incluye la oferta de plazas “de especial dificultad” y “de carácter itinerante”

El director general de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Fidel Trujillo, ha firmado la Resolución de la convocatoria por la que se regirá el concurso de traslados de personal docente de carácter autonómico, que saldrá publicada en el Boletín Oficial de Canarias el miércoles 3 de noviembre.

El personal docente interesado en participar en la convocatoria dispondrá del 4 al 23 de noviembre, ambos inclusive, para cumplimentar la solicitud de forma telemática a través de la aplicación que la Consejería ha puesto a disposición para este fin. Durante este periodo se pondrán alegar los méritos que aún no hayan sido recogidos, para que sean tenidos en cuenta.

Como novedad, en la presente convocatoria se ofertan puestos “de carácter itinerante” y “de especial dificultad”, entre otros, en centros de Educación a distancia, de Enseñanzas de Personas Adultas y de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, en equipos de orientación o colectivos de Escuelas Rurales.

La participación en este concurso de traslados tiene carácter voluntario, salvo para el personal docente en situaciones en las que resulte forzoso, como el personal excedente, suprimido, en expectativa de destino, en prácticas o similar. Pueden acceder únicamente funcionarios y funcionarias de carrera o en prácticas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Consejería tiene prevista la Resolución provisional del concurso para la primera quincena del próximo mes de febrero y la publicación definitiva en marzo de 2022.

Canarias convoca este concurso de traslados en virtud de la habilitación prevista en la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Educación, que prevé que en los cursos escolares en que no se convoque concurso de ámbito nacional puedan celebrarse estos en el ámbito territorial de las comunidades autónomas.

Fotografía de Freepik.es

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El Gobierno aprueba una ampliación presupuestaria para la incorporación de nuevo personal al ICIA

El organismo autónomo incorporará nuevos perfiles de cuatro especialidades distintas a puestos que han quedado vacantes y que ayudarán al desarrollo de la veintena de proyectos de investigación que actualmente se encuentran en marcha

El Gobierno de Canarias ha aprobado una ampliación presupuestaria para que el Instituto Canario de Investigaciones Agracias (ICIA) pueda contratar nuevo personal laboral temporal que cubrirá una serie de plazas vacantes por jubilación. En total, se contratarán cuatro perfiles diferentes para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad investigadora.

Esta aprobación, que se hecho con el amparo del artículo 52.4 de la Ley de Presupuestos, hará que se incorporen cuatro nuevos trabajadores al ICIA, uno de ellos en la Sección de Apoyo a la Investigación ubicada en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria y tres en distintas unidades de Valle de Guerra, en Tenerife.

Mientras que para la provincia oriental se precisa de un Oficial I, las otras plazas requeridas son de Oficial II adscrito a la Sección de Apoyo a la Investigación, de Administrativo para la Unidad de Laboratorio y de Auxiliar de Laboratorio para el Departamento de Producción Vegetal en Zona Tropicales y Subtropicales de la Finca Isamar, en La Laguna.

Durante los ejercicios 2020 y 2021, el número de Proyectos de Investigación que se desarrollan en el ICIA se ha incrementado de forma considerable, encontrándose en ejecución los siguientes: 5 proyectos del programa Estatal I+D+I, 4 proyectos Estratégicos Agrarios financiados por el Gobierno de Canarias, 9 proyectos INTERREG-EUROPEOS-MAC, y 2 de la Fundación Caja-Canarias. Esto ha producido el aumento en las labores de campo y laboratorio, así como las administrativas que se llevan a cabo en relación con los mismos, tanto para su desarrollo, como para su justificación.

Todo ello sin olvidar que el ICIA es un centro dedicado a la investigación agraria, y como tal, tiene que mantener cultivos, colecciones de plantas, semillas o germoplasma, así como la cría de insectos y otros agentes biológicos, necesarios para utilizar en sus ensayos. Para ello es necesario que las plantillas de personal de las Unidades Operativas donde se ejecutan los proyectos están cubiertas al 100%.

Por lo que para garantizar el correcto funcionamiento de la actividad investigadora, resulta imprescindible y urgente la provisión de los citados puestos en cuanto que tienen como funciones la realización de las tareas de campo, laboratorio y administrativas de apoyo directo a los departamentos y unidades de investigación del organismo.

 

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El Gobierno aprueba las medidas preventivas para el personal público y da prioridad al trabajo a distancia

Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife

Función Pública recoge en su resolución las aportaciones de las organizaciones sindicales realizadas en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos que abordó la semana pasada el desarrollo de las medidas de prevención para la vuelta gradual del personal a las oficinas

La Dirección General de la Función Pública dictó ayer la Resolución 505, de 19 de mayo de 2020, por la que se establece el marco organizativo y se fijan los criterios de recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de los planes de desescalada del COVID-19. Tiene por objeto ajustar la prestación de los servicios por parte del personal de la Administración autonómica canaria (Administración General) a partir del 25 de mayo próximo, regulando las distintas modalidades en que a partir de dicha fecha podrá desarrollarse la prestación de esos servicios, y garantizando la actuación coordinada y homogénea de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos. Entre los puntos a destacar figura la priorización del trabajo no presencial.

El cumplimiento de las medidas previstas en esa resolución se ajusta a los principios generales de continuidad de la prestación del servicio público; de garantía de la seguridad y salud, tanto del personal al servicio de la Administración autonómica, como de los usuarios de los servicios; de protección del personal especialmente sensible; de conciliación de la vida personal, laboral y familiar; de priorización de las modalidades de trabajo no presenciales, incluido el teletrabajo, y de flexibilidad horaria y planificación del trabajo mediante distintas fórmulas, como el establecimiento de franjas horarias, para evitar la aglomeración de personas.

La resolución señala que la aplicación de las distintas modalidades de prestación de servicios (presencial, no presencial y mixta) tendrá carácter estrictamente individual, y se efectuará teniendo en cuenta, tanto la garantía del servicio público, como las medidas organizativas que se establezcan por los distintos Departamentos, Organismos y Centros Directivos, así como en el propio servicio o unidad administrativa, y las preferencias del empleado/a, siempre que en atención a las características y contenidos funcionales del puesto desempeñado sea posible la prestación bajo distintas modalidades.

Trabajo presencial, no presencial y jornadas

Establece la resolución que durante su vigencia, y siempre que sea compatible con la naturaleza del trabajo desempeñado, se priorizará la prestación de los servicios en modalidades no presenciales, evitando de esta forma la concentración de personas en los centros de trabajo. Esta modalidad de trabajo podrá ser total o parcial, según que su aplicación requiera o no de la prestación de servicios de forma presencial en uno o más días de la semana.

El personal que no pueda desarrollar la prestación de sus servicios a través de cualquiera de las modalidades no presenciales efectuará dicha prestación de forma presencial. Para ello, deberá observar de modo muy especial las previsiones contenidas en el Procedimiento para la implantación de medidas de Prevención de Riesgos Laborales frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2, debiendo los responsables de cada Servicio, en coordinación y bajo las directrices de los titulares de los centros directivos y de las respectivas Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes de los Organismos Autónomos, planificar las tareas y procesos laborales de forma que el personal pueda desarrollar su actividad con las mayores garantías para su seguridad y salud en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias a tal fin, tanto en lo que se refiere a la organización del trabajo propiamente dicho, como en lo relativo a la gestión de espacios y otros aspectos.

Según la modalidad en que se efectúe la prestación de servicios será la aplicación del régimen de jornada y horarios. En el caso de las modalidades no presenciales, se aplicarán criterios de máxima flexibilización en la jornada laboral, si bien se mantiene la obligatoriedad de la jornada mínima diaria de seis horas, o la que proporcionalmente proceda, en los casos de jornada reducida, en los términos establecidos por la normativa de referencia.

A fin de conjugar esta flexibilización de la actividad laboral con el normal funcionamiento del servicio, los empleados y empleadas públicas deberán adoptar las medidas para asegurar la correcta coordinación y eficacia en el desarrollo de su actividad laboral, mediante las comunicaciones pertinentes a sus respectivos responsables funcionales.

En los supuestos de prestación de servicios en la modalidad presencial, o en las jornadas de prestación presencial del personal que tenga autorizada prestación de servicios en la modalidad no presencial parcial, el desarrollo de la actividad laboral se deberá ajustar a los límites establecidos en las normas antes citadas, en el periodo horario comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas, debiendo establecerse medidas que favorezcan la paulatina y gradual entrada del personal en los centros de trabajo, evitando acumulaciones en los momentos de entrada y salida a los mismos, o incluso durante el transcurso de la jornada laboral.

Además, se establece que en los supuestos en que la prestación de servicios se realice de forma presencial, con independencia de la prestación bajo esta modalidad se produzca de forma total o parcial, la realización de trabajos que excedan de la duración de la jornada semanal y de horas o servicios extraordinarios estará sujeta al régimen vigente en cuanto a su realización y a su compensación.

Procedimiento para la implantación de medidas de prevención

Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha desarrollado el Procedimiento para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al sars-cov-2, que amplía el Anexo I de la Resolución 313 de 12 de marzo de la Dirección General de la Función Pública (DGFP), por la que se aprueban las medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19.

La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos abordó este asunto el pasado miércoles. Las organizaciones sindicales trasladaron entonces tanto al viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, como a la directora general de Función Pública, Laura Martín, numerosas aportaciones que el Gobierno de Canarias estudió a fin de mejorar la propuesta inicial que el Ejecutivo presentó ese día. De esta forma, se han marcado pautas ante las distintas situaciones laborales que pudieran aumentar el riesgo del personal autonómico a sufrir contagio por el mencionado virus.

Por un lado, el desarrollo de las medidas aborda la atención al público de manera continuada, como la desempeñada en oficinas de atención ciudadana, oficinas de registro, oficinas de atención tributaria, oficinas de empleo, centros de valoración de la dependencia, bibliotecas públicas u oficinas judiciales. Por otro lado, incluye la vuelta al centro de trabajo habitual y la realización de las tareas rutinarias.

En todo caso, se establece la prioridad en la adopción de medidas preventivas colectivas, de tipo técnico u organizativo (distancia de seguridad interpersonal de dos metros, reorganización de tareas y procedimientos de trabajo, de los espacios de trabajo, trabajos a turnos, gestión de colas o el uso de barreras físicas, entre otras) frente a las de protección individual mediante el uso de equipos de protección individual (mascarillas y/o guantes).

Asimismo, la DGFP aclara que el desarrollo de estas medidas de prevención no modifica las pautas de actuación respecto del personal especialmente sensible, la forma de seguimiento y valoración de los contactos, y los aspectos previstos en caso de detectarse determinadas situaciones entre el personal establecido a través la Instrucción actualizada de 31 de marzo de 2020.

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La Consejería afronta la crisis del Covid con una respuesta tecnológica que moderniza la Administración Pública

Julio Pérez, durante la comparecencia ante la Diputación Permanente el 5 de mayo de 2020

En lo que va de crisis, esta consejería ha emitido 30.000 certificados para la conexión del personal de los que ha distribuido 13.000 (cerca de 8.000 personas están conectadas de forma asidua); ha adquirido más de 400 ordenadores portátiles para extender el teletrabajo; ha implantado una app para el fichaje remoto; ha multiplicado por cinco la capacidad de videoconferencias, ha desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para trabajo a distancia; ha ampliado un 25% la plataforma de correos electrónicos, ha creado un chatbot para responder las dudas de la ciudadanía en materia de Justicia, y ha mejorado la sede electrónica con la introducción del sistema aCl@ve Pin

El 012 ha gestionado más de 700.000 llamadas sobre infocoronavirus, cita previa e información general, y ha recibido en una semana más de 32.000 llamadas sobre el Ingreso Canario de Emergencia, del cual se ha tramitado por esta vía unas 5.000 solicitudes. Además, se ha pasado de gestionar menos de un centenar de ERTES a más de 20.000 y se ha ampliado en casi 150 canales la capacidad telefónica de los hospitales para que no se produzcan colapsos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó ayer martes ante la Diputación Permanente del Parlamento las principales actuaciones impulsadas desde este departamento para afrontar la crisis del Covid-19. En buena parte, se trata de una respuesta tecnológica que moderniza la Administración autonómica bajo el paraguas cuatro principios que han orientado la actuación del Departamento: el mantenimiento de los servicios públicos (a pesar del incremento del trabajo a distancia); la extensión del propio teletrabajo; la simplificación de los procedimientos (en algunos casos, con posibilidad de permanencia) y la integración práctica en un único cuerpo de administración y de servicio con otras consejerías, pero muy especialmente con la de Sanidad.

El consejero apuntó que la gestión de la crisis ha servido para producir un avance significativo en los procesos de modernización, de informatización, de teletrabajo, de telepresencia y de relación con la ciudadanía. Admitió que queda mucho camino por recorrer pero, en cualquier caso, insistió, lo hemos iniciado a mucha más velocidad de la que llevábamos.

Personal público

Pérez también remarcó la adaptación continua de la Dirección General de Función Pública y sus actuaciones a las sucesivas y variadas exigencias de la prestación del servicio debido a la crisis del Covid, y enfatizó la prioridad dada a la protección de la salud del personal público. Es importante prestar el servicio, pero también lo hacerlo sin que nuestros trabajadores sufran, afirmó.

En este sentido, apuntó que, hasta la fecha, se han producido 47 incidentes entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de los que siete han resultado casos positivos del Covid. Los restantes se descartaron o se sometieron a controles de aislamiento. En el primer periodo de alarma, añadió Pérez, se dispensaron 5.000 permisos retribuidos para la aplicación real de las normas que facilitaban la ausencia de los trabajadores.

Tecnología y modernización

Además, resaltó la respuesta tecnológica dada a la crisis desde este departamento ante la demanda de teletrabajo. Se han emitido 30.000 certificados para la conexión del personal de los que se distribuyeron unos 13.000, lo que permite a unas 8.000 personas conectarse de forma asidua.

Se ha implantado una app para el fichaje remoto para el control horario -el denominado SICHO-; se han adquirido 400 ordenadores portátiles por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, más otros equipos que otras consejerías y servicios han adquirido; se ha generalizado el sistema de videoconferencia tras multiplicarse por cinco su capacidad, y destacó el aumento en 600 del sistema de escritorios virtuales, lo que permite que haya estaciones de trabajo adicionales -del Cuerpo General de la Policía Canaria, entre otros-.

Asimismo, señaló que se han desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para teletrabajo; se ha ampliado un 25% la plataforma de correo electrónico, se han aumentado en 10.000 las licencias de correo electrónico, y todo este esfuerzo se ha complementado con un proceso de extensión del conocimiento y de familiarización del personal con los mecanismos informáticos.

Recordó también la puesta en marcha de un chatbot -un sistema de respuestas automáticas- en el ámbito de la Justicia, mientras que el ICAP ha adaptado su plan de formación para mantenerlo a distancia. Por otra parte, se ha aumentado la capacidad de la Red de Emergencias, la RESCAN, con ampliaciones para las policías autonómicas y las locales, y una pasarela para la UME, de modo que la conexión con la RESCAN sea más fácil.

En materia de Transparencia, Pérez recordó la creación de un portal específico para el Covid y el establecido de una base con datos del mismo, que se ampliará, previsiblemente, en los próximos días para facilitar más información.

En cuanto a la sede electrónica, se ha mejorado utilizando la introducción del Sistema Cl@ve Pin, el mismo que utiliza la Agencia Tributaria, de modo que basta con el DNI y una llamada telefónica para acceder a los servicios de la Administración Pública. Asimismo, se ha adquirido una nueva herramienta (Insuite) para facilitar el acceso a personas con discapacidades o con pocas competencias digitales.

Atención telefónica

El consejero recordó que los servicios de atención telefónica dependen de esta Consejería, y que los mismos han sido cruciales en la gestión de la crisis. Así, apuntó que se han recibido más de 700.000 llamadas sobre infocoronavirus, cita previa e información general a través del 012.

Destacó que se ha reforzado el servicio de cita médica; se ha implantado un servicio de atención telefónica que no existía hasta ahora para la Dirección de Salud Pública, y se ha ampliado en casi 150 canales la capacidad telefónica de los hospitales para que no se produzcan colapsos.

Mediante un convenio especial en el que ha sido pionera la Comunidad Autónoma de Canarias (junto con otras pocas), se ha incorporado una app que permite un sistema de autoevaluación y de gestión parecida a la telefónica en los casos sospechosos de contagio del Covid-19. Y junto con el Servicio de Salud y la Dirección de Programas Asistenciales, se ha establecido un sistema único de reporte de datos de los laboratorios y una plataforma permanente de datos epidemiológicos.

ERTES y el ICE

En materia de ERTES, remarcó que se ha pasado de gestionar menos de un centenar a más de 20.000, mientras que del Ingreso Canario de Emergencia ICE se recibió durante la primera semana a través del 012 casi 32.000 llamadas telefónicas, que ha dado lugar a la gestión de unas 5.000 solicitudes por esta misma vía.

En materia de Justicia, el consejero destacó el mantenimiento de los servicios y la garantía de la seguridad del personal y la propia ciudadanía, además de mantenerse la normalidad en los pagos a proveedores.

Por su parte, la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos ha acelerado el proceso de informatización, de manera que este centro ha funcionado casi en modo presencial a pesar de que la mayor parte de su personal ha podido trabajar a distancia.

Además, señaló que ahora la Consejería tramita una solicitud del Parlamento para incorporarse más estrechamente al llamado SICAC, el Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias, que permitirá mejorar el servicio de Relaciones con el Parlamento, y el propio funcionamiento del Parlamento.

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La subida salarial de 2020 abarca todo el personal de las administraciones públicas y no solo a los directivos

Escudo del Gobierno de Canarias en una de las sedes

El incremento salarial comprende todo el personal de todas las Administraciones y responde a un acuerdo alcanzado con los sindicatos nacionales y el Ejecutivo central de 2018, que entonces presidía Mariano Rajoy

La subida salarial del 2% que entró en vigor en enero de este año, y que el personal público ha comenzado a percibir desde la nómina de febrero, es de aplicación para todas las retribuciones públicas, por lo que comprende no solo al Gobierno de Canarias, sino al personal de toda la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y al de todas las administraciones públicas, la nacional y locales incluidas.

Los incrementos o decrementos en salario base y trienios solo le corresponde establecerlos al Estado, por lo que esta medida responde a la aprobación el pasado 21 de enero de un Real Decreto-ley de medidas urgentes por parte del Consejo de Ministros que incluyó esta subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020. La fijación de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos de todas las administraciones tiene carácter básico y solo puede decidirlo el Estado.

Se trata del porcentaje que estaba pactado en el acuerdo a tres años alcanzado en marzo de 2018 entre el Gobierno del Estado, entonces presidido por Mariano Rajoy, y los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF).

El Gobierno de Canarias publicó el viernes 20 de este mes una instrucción en el Boletín Oficial de Canarias (1161, Resolución de 10 de marzo de 2020, por la que se dictan instrucciones en relación con las retribuciones para el año 2020 del personal al servicio del sector público) que, como es obligado, aplica lo aprobado en la Ley de Presupuestos de Canarias de 2020.

Si bien en esa instrucción concreta dictada por la Dirección General de la Función Pública (en conjunto con la Dirección General de Planificación y Presupuesto) no está incluido el personal sanitario, el aumento también abarca a este colectivo, incluido en una instrucción anterior específica para el mismo (número 1/20, de la directora del Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para el ejercicio 2020). Por tanto todos los sueldos y salarios de las administraciones públicas subirán en la misma proporción en toda España.

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