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La Red de Puntos de Encuentro Familiar se extiende por toda Canarias tras la apertura del centro de Fuerteventura

El Cabildo majorero y los seis ayuntamientos de la isla acuerdan que el servicio sea itinerante por todos los municipios

La Red de Puntos de Encuentro Familiar se extiende por todas las islas del Archipiélago después de que este martes el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, haya inaugurado, junto al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, este recurso social en la isla majorera, que será gestionado por la ONG Centro de la Familia con una subvención de 33.828,64 euros otorgada por la Viceconsejería de Justicia.

En el acto, que tuvo lugar en la sede situada en Puerto del Rosario, estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno, Marta Bonnet; el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso; el alcalde de Puerto de Rosario, Juan Jiménez; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Yanira Domínguez; el presidente de la Mancomunidad Centro Sur de Fuerteventura, Matías Peña, así como el director de la ONG Centro de la Familia, Raimundo Moreno.

Pérez destacó que el Punto de Encuentro Familiar es un mecanismo que presta un servicio de intervención familiar que permite superar los conflictos que suponen la intervención de un tercero. Para ello, el Gobierno, a través de subvenciones directas a organizaciones no gubernamentales, pone a disposición de la ciudadanía estos espacios seguros y de aprendizaje gestionados por profesionales.

“Pocos servicios públicos tienen un nombre tan claro de lo que significa”, resaltó el consejero, que insistió que gracias a estos centros se facilita la conciliación y la comunicación en las familias que comparten la custodia de menores. Con el Punto de Encuentro Familiar se logra que situaciones que estaban teniendo lugar en dependencias judiciales o en la propia calle pasen a gestionarse en estos espacios pedagógicos adecuados para menores.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y, como ejemplo de ello, explicó que este Punto de Encuentro Familiar será itinerante en todo el territorio de la isla gracias a los acuerdos alcanzados por la Consejería de Políticas Sociales de la Institución insular con los seis municipios majoreros.

Por su parte Raimundo Moreno, director de la ONG que gestionará este espacio, apuntó que estos centros también realizan un acompañamiento a víctimas directas o indirectas de la violencia machista, lo que permita el empoderamiento de las personas afectadas, tanto menores y mujeres, superando las secuelas que puedan provocar esta situación.

Durante este 2020 la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas para el funcionamiento de la Red de Puntos de Encuentro Familiar en todo el territorio del Archipiélago. De hecho, a lo largo de este año se han puesto en funcionamiento estos recursos sociales, además de en Fuerteventura, en Lanzarote y el Sur de Gran Canaria. Estos tres centros se han unido a los ya existentes en el Sur de Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera.

En todos estos Puntos de Encuentro Familiar las prestaciones de los servicios corren a cargo de organizaciones no gubernamentales especializadas y con experiencias en estos ámbitos como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife).

Bases para el Centro de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+

Durante la visita a Fuerteventura la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, mantuvo un encuentro con el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso, y representantes de ALTIHAY Fuerteventura Colectivo LGTBI+ Simpatizantes de Canarias, en el que se sentaron las bases para crear un Centro de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+ que impulse las políticas en memoria histórica y promueva el reconocimiento a las víctimas que estuvieron en la Colonia Agrícola y Penitenciaria de Tefía.

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Abierta la consulta pública para realizar aportaciones a la iniciativa reguladora de los PEF

Abierta la consulta pública para el reglamento de los PEF

La propuesta tiene como fin acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y las contribuciones a la misma se podrán realizar hasta el 20 de marzo

La web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias ha abierto la consulta pública previa para recabar la opinión de personas y organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura iniciativa reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), elaborada de forma conjunta entre las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. El plazo para realización de aportaciones finaliza el 20 de marzo de 2020.

La iniciativa normativa tiene como objeto acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y tiene como objetivos fundamentales llevar a cabo la ordenación del régimen de organización, funcionamiento y gestión de los PEF en Canarias, los requisitos de acceso y permanencia de las personas usuarias al mismo, fijar el plazo máximo de duración de la atención y las causas de finalización de la intervención, así como la cualificación profesional del personal que presta sus servicios en los mismos.

El PEF es un recurso social especializado que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilite la relación de los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás integrantes de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada, realizándose en los mismos un programa individualizado de intervención.

Más funciones

Con esta normativa, se pretende un concepto de PEF que no se limite, únicamente, a ser un medio para garantizar el cumplimiento de un concreto régimen de visitas impuesto por una autoridad judicial. Esta será una de las funciones a cumplir, pero, junto a ella, debe atenderse también a las derivaciones provenientes de los órganos administrativos que, en el ejercicio de su competencia en materia de tutela, asistencia y protección de niños, niñas y adolescentes, consideren necesaria una específica intervención familiar ante una situación de dificultad en este entorno.

Además, dado que la regulación de un recurso como los PEF tiene una clara incidencia de género, pues enlaza directamente con él ámbito de educación, cuidado y protección de las personas menores de edad, se propone una norma en la que la perspectiva de género actúe como un principio informador de todas y cada una de las intervenciones que se produzcan en el centro. Asimismo, se entiende que debe abordar también la realidad de la violencia machista.

Se estima igualmente necesario que profesionales del equipo técnico que actúen en los PEF cuenten con formación específica en materia de género desde posicionamientos que engloben el respeto y atención a la diversidad.

Según recoge el informe sobre la iniciativa, la necesidad de establecer Puntos de Encuentro Familiar, como recurso social especializado, deriva tanto de instrumentos normativos internacionales como de la propia legislación española y, específicamente, de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, Canarias no ha desarrollado una regulación jurídica específica, como si acontece en otras Comunidades Autónomas, lo que ha generado importantes lagunas jurídicas que hacen necesaria una inmediata regulación normativa con el fin de acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales que, ante la importancia y trascendencia del recurso al que afectan, no pueden cubrirse con meras directrices o protocolos de actuación.

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