Traslada al Ministerio su preocupación por la ausencia de técnicos en todas las islas y el riesgo que supone en la protección de las mujeres

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Viceconsejería de Justicia, ha enviado una carta a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad en la que traslada la preocupación del Gobierno por las disfunciones detectadas en la implantación de los dispositivos temáticos para protección de las mujeres víctimas de violencia de género en las islas no capitalinas y solicita que se supervise el servicio que ofrece la empresa concesionaria en esta comunidad autónoma para asegurar que las órdenes judiciales se tramiten con la celeridad debida.

En el escrito, firmado por el viceconsejero Cesáreo Rodríguez, se detalla la información recabada tanto por su departamento, como la remitida por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que hace referencia a una comunicación de los juzgados de Los Llanos de Aridane donde se alerta sobre la escasez de dispositivos y el hecho de que la empresa concesionaria que debe entregar y poner en funcionamiento el transmisor que se ajusta a la muñeca o el tobillo del investigado, encausado o condenado no dispone de técnicos en las islas no capitalinas. “Esto supone un retroceso en la prestación del servicio que podría desembocar en una disminución de la necesaria protección de las víctimas de violencia y poner en riesgo la integridad de las mujeres”, señala Rodríguez.

Cesáreo Rodríguez advierte que, de ser cierta la información recibida de que solo hay dos de técnicos destinados por provincias, este número sería insuficiente para ofrecer el servicio en varias islas a la vez, ya que los dispositivos deben estar preparados para ser instalados el mismo día que se acuerde por la autoridad judicial, independientemente de la hora y la fecha, cualquier día de la semana.

Según el viceconsejero, “el hecho de que la empresa concesionaria no disponga de técnicos en todas las islas es un retroceso en la prestación del servicio que podría menoscabar la protección de las víctimas de violencia de género y poner en riesgo su integridad”.

El sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de la violencia sexual permite verificar el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género y por violencia sexual en los que la Autoridad Judicial acuerde su utilización. El sistema proporciona, además, información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de las medidas, así como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados.

Según informa el propio Ministerio de Igualdad, la prestación del servicio del sistema de seguimiento está contratado a una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos del Sistema de seguimiento. Estas tareas son desarrolladas por el Centro COMETA, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. COMETA está operativo las 24 horas del día los 365 días del año.

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La directora del ICI destaca que la policía suele estar “en la primera línea de intervención y ayuda a las víctimas de violencia de género” por lo que tiene que tener “la formación y empatía necesaria” para actuar de forma adecuada

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) impartió formación a lo largo del año 2023 sobre la intervención policial en los casos de ciberviolencias contra las mujeres, a 34 mujeres y 135 hombres agentes integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La directora del ICI, Ana Brito, considera que “la policía suele ser de las primeras personas que acude a proteger a la víctima en los casos de violencia y su actuación en los primeros momentos es vital para recabar datos fundamentales en cada caso”. “Suelen estar en la primera línea de ayuda, por eso es tan importante que tengan la formación adecuada, el conocimiento integral de lo qué es la violencia de género, de qué manera bloquea y anula a la víctima, y muestren la empatía suficiente para realizar interrogatorios, recoger pruebas o las actuaciones que precisen realizar en el desarrollo de su intervención policial”.

Entre los objetivos de este proyecto formativo destaca el de dotar al personal que se ocupa de la seguridad ciudadana de herramientas necesarias para reaccionar ante situaciones reales, bajo el paradigma del tratamiento asertivo y empático con la víctima; Establecer criterios comunes para el tratamiento de las víctimas de violencia machista, tanto por parte del colectivo policial como de las instituciones y mejorar las carencias detectadas en los protocolos policiales en materia de violencia de género.

5.527 mujeres en Canarias en el sistema Viogen

A fecha de 31 de octubre, y de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior recogidos en el Boletín estadístico mensual de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, las fuerzas de seguridad mantienen en seguimiento las situaciones de violencia de género que padecen 5.527 mujeres en Canarias de las que 67 son menores de 18 años (2 en riesgo alto y 18 en riesgo medio) y 126 mayores de 65 años (1 en riesgo alto y 16 medio).

Del total de casos activos en Canarias, 46 son de riesgo alto y 952 riesgo medio. Además, en 2.851 casos la víctima tiene menores a su cargo, en 702 casos están en situación de vulnerabilidad y en 85 en riesgo, es decir, la valoración policial indica que también pueden ser objeto de la agresión del maltratador.

Otros 669 se consideran casos de especial relevancia porque se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal.

VioGen integra toda la información necesaria para realizar seguimiento y protección a las víctimas.

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Las unidades de inspección del Ejecutivo y las instituciones insulares abordan en este encuentro un diagnóstico de sus recursos y prioridades en el desempeño de sus funciones

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural reunió en la isla de Lanzarote a las unidades de inspección de los siete cabildos insulares, en un encuentro cuyo propósito ha sido realizar un diagnóstico de los recursos, tanto humanos como técnico administrativos, en el desempeño de sus funciones, que responden actualmente a un criterio pro-activo de intervención encaminado a conocer el estado de los bienes culturales de Canarias y en función de su estado establecer las actuaciones que se estimen necesarias para su protección, tal y como establece la Ley.

Este encuentro contó con la asistencia de los consejeros y consejeras del área de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, Ascensión Toledo, Rayco León y Emilio Víctor Hernández, respectivamente; del director insular de Patrimonio Histórico de Gran Canaria, Sebastián López, y los inspectores insulares y jefes de servicio de Tenerife (Santiago Febles y José Carlos Cabrera), La Palma (Jorge Pais) Javier Velasco (Gran Canaria), Alejo Soler (Fuerteventura) y Ricardo Cabrera (Lanzarote).

Todos coincidieron con el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo y su equipo, en la necesaria cooperación del Gobierno con las instituciones insulares y locales, junto a los agentes sociales, como método imprescindible para desarrollar nuevas pautas de gestión, conservación y accesibilidad a los bienes culturales, dada su vinculación y proximidad. Así mismo, se acordó dar continuidad a estas citas, «como herramienta y mesa de seguimiento en el cumplimiento de objetivos acordados,  con carácter bianual, bajo la denominación, Encuentro Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias», señala Miguel Ángel Clavijo.

Ascensión Toledo, consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, destacó en la apertura de la reunión, que “este encuentro se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestras acciones y colaborar de manera más efectiva con un objetivo primordial, como es el de proteger nuestra cultura y nuestro patrimonio, elementos fundamentales que nos definen como canarias y canarios”.

Encuentro Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias

Para una planificación de intervenciones e inspecciones,  se atenderá a criterios como los procedimientos y la gestión, para mejorar el sistema de protección y seguridad; también a la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles y la accesibilidad a los mismos. Además, se traza como objetivo trabajar en la digitalización y registro del patrimonio cultural, a través de los catálogos municipales e insulares, instrumentos necesarios para desarrollar las actuaciones que marca la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias a estas unidades de inspección, cuyas fichas actualizadas permitirán, también, la conservación preventiva.

Toda esta información estará volcada en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Canarias (LAVA), que el Ejecutivo esta ultimando. Una plataforma- web en constante actualización, a disposición de la ciudadanía, personal investigador y administraciones públicas con toda la información, material gráfico y audiovisual sobre los bienes culturales, que hasta el momento resulta de difícil acceso debido a su dispersión y heterogeneidad. Principalmente, la plataforma incluye los catálogos insulares, cartas arqueológicas, etnográficas y paleontológicas municipales, expedientes de Bien de Interés Cultural (BIC), memorias sobre las investigaciones en los diversos campos del patrimonio, así como inventarios de diversa índole, sin olvidar a los museos y sus colecciones, y el patrimonio documental y bibliográfico, proyectos formativos y enlaces de interés, entre otros.

«La protección y conservación del patrimonio cultural empieza por un reconocimiento de todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Al tenerlo inventariado y en constante actualización se podrán establecer continuos diagnósticos que permitan optimizar las intervenciones y realizar así acciones que reduzcan, minimicen e incluso anulen el efecto de los riesgos y afecciones a los que los bienes culturales son sometidos», afirma el director general del área. Toda esta documentación, añade, «aportará información a tener en cuenta para llevar a cabo prioridades en las intervenciones, elaborando programas de inspección regulares y de mantenimiento».

Por otra parte, se apuntó la necesidad de realizar acciones tendentes a la formación de los agentes forestales y resto de cuerpos y fuerzas de seguridad en la protección del patrimonio cultural, principalmente en las islas no capitalinas, que cuentan con pocos efectivos para actuar sobre el terreno.

Finalmente, se acordó que el próximo ‘Encuentro Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias’, se celebrará en la isla de Gran Canaria, en el mes de mayo de 2024.

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Este montante será financiado a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y servirá para subvencionar la puesta en marcha y desarrollo de cinco proyectos en Gran Canaria, Tenerife (2), Lanzarote y Fuerteventura

Entre sus objetivos, prevenir y detectar casos de violencia de género entre los usuarios y usuarias que acuden a los PEF y garantizar una atención y respuesta adecuada a los niños, niñas y mujeres, atendiendo a su condición de víctima

En la actualidad, en Canarias existen once PEF, diez de ellos financiados y promovidos por el Gobierno de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado, a propuesta de la Viceconsejería de Justicia, cinco órdenes por las que se conceden 425.000 euros a la red de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) especializados en violencia de género, con el fin de financiar, durante el año 2023, cinco programas en distintas islas del archipiélago, con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género establecido por el Ministerio de Igualdad para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estos cinco proyectos tienen como objetivos garantizar una atención y respuesta adecuada a los niños, niñas y mujeres, atendiendo a su condición de víctima y tomando como principio fundamental de actuación la protección y salvaguarda de las personas vulnerables; fortalecer la relación entre los menores y sus madres víctimas de violencia de género, teniendo por objeto su asistencia y reparación moral; y prevenir y detectar casos de violencia de género entre los usuarios y usuarias que acuden a los PEF.

En concreto, se han concedido dos subvenciones directas con carácter excepcional de interés público a la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial “+Familia”. Una, por importe de 160.000 euros, para el desarrollo del programa “Punto de Encuentro Familiar Específico de Violencia de Género en Gran Canaria”, y otra, de 80.000 euros, para la implementación de la perspectiva de género en el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote.

Igualmente, se han otorgado tres subvenciones directas con carácter excepcional de interés público a la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, por importe de 99.424,91 euros, 56.256,78 euros y 29.318,31 euros, para el programa “La Fortaleza: Superando la Violencia Machista en Santa Cruz de Tenerife”, “La Fortaleza: Superando la violencia Machista en Tenerife Norte” y “La Fortaleza: Superando la Violencia Machista en Fuerteventura”, respectivamente.

Los PEF son un recurso social especializado, que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico interdisciplinar, se facilita la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás miembros de su familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación de estos con algún familiar se encuentra interrumpida o dificultada y así se haya acordad por resolución judicial o administrativa.

Incremento del presupuesto

Teniendo en cuenta que Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de denuncias por violencia de género, el desarrollo de los programas ahora subvencionados se consideran de interés público porque favorecen el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia al constituir un instrumento para la ejecución de las medidas judiciales dictadas por los tribunales, en el ámbito de la violencia de género, respecto del ejercicio del derecho de visita, evitando además situaciones de peligrosidad para las mujeres y sus hijos e hijas.

Las asociaciones subvencionadas deberán presentar, antes del 31 de diciembre, una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, así como una memoria económica justificativa del coste de las actividades desarrolladas.

El PEF es un recurso social especializado de responsabilidad pública, pudiendo establecerse tanto por la Administración autonómica como por los cabildos insulares y los ayuntamientos de canarias. No obstante, también se permite la iniciativa privada, a través de entidades sociales o del tercer sector reconocidas e inscritas en los correspondientes registros de acuerdo a la normativa de servicios sociales.

En la actualidad, en Canarias existen once PEF, diez de ellos financiados y promovidos por el Gobierno de Canarias y otro cuya gestión y competencia corresponde al Cabildo de Gran Canaria.

Desde el año 2019 se ha desarrollado una estrategia destinada a favorecer la extensión de estos servicios a través de la concesión de subvenciones a entidades con experiencia y formación en este ámbito. En tal sentido, se han creado cinco PEF y se ha incrementado notablemente el presupuesto dedicado a esta línea de actuación (de 600.000 euros en 2020 a 920.000 euros en 2022), además de una línea específica de financiación apoyada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero con el fin de especializar a los PEF y que den una respuesta específica a esta realidad.

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Sus miembros, con una formación específica en esta materia y dedicación exclusiva, están adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

Practicarán las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento y las averiguaciones necesarias para esclarecer aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia

Julio Pérez subraya el valor de esta iniciativa con la que el Gobierno cumple el mandato de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de poner en marcha una policía especializada en esta materia

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha dado un importante paso con la puesta en marcha de su Unidad Especializada de Violencia e Infancia. Así lo ha resaltado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, con motivo de su presentación en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, pues, según ha dicho, además de ser la primera que se crea en España, una de las razones de ser de este Cuerpo es prestar servicios específicos como estos.

Integrada, de momento, por cuatro agentes, dotados de una formación específica, esta unidad está adscrita al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España dedicado exclusivamente a la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo titular es el magistrado Tomás Luis Martín. Para él, Canarias está dando pasos muy importantes en esta cuestión y se va constituyendo en un lugar referente a nivel mundial en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, pues junto a ser la primera comunidad autónoma con una unidad policial especializada en violencia e infancia, la asistencia gratuita a las víctimas menores de edad está funcionando de una forma ejemplar.

La Unidad Especializada de Violencia e Infancia del CGPC tiene dedicación exclusiva a esta materia y está dotada de un alto grado de especialización. Los agentes cuentan con un conocimiento profundo de la Ley Orgánica 8/2021, de 3 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el tratamiento con personas menores de edad y la toma de declaración de estos. Además, son conocedores de la importancia de dicha declaración, pues puede ser tomada sin la presencia de adulto alguno y, en aras de evitar segundas victimizaciones, ser la única válida para todo un proceso judicial.

Los agentes adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria son los encargados de practicar las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento, con independencia del origen, informando al magistrado del resultado, con el fin de determinar si procede efectuar o no una investigación por existir indicios delictivos.

En aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia, practican las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos, asegurando la protección de la víctima e involucrando a cuantas administraciones sea necesario. Todo ello bajo el amparo de las instrucciones dictadas por el magistrado, al que tienen que entregar un dossier final para que determine si procede realizar una investigación exhaustiva y qué cuerpo policial debe actuar.

La citada unidad también lleva a cabo las investigaciones y participa en los procedimientos que le sean asignados directamente por el juez, interviene en la formación de primer nivel a otros agentes no integrantes de la unidad, para instruirles en la detección y en los protocolos de actuación en casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, asesora al CGPC y a la autoridad judicial en aquellos aspectos de mejora que permitan una mejora aplicación de la normativa y que se encaminen a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Enorme satisfacción

Durante la presentación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con esta iniciativa el Gobierno de Canarias cumple el mandato de la LOPIVI a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de poner en marcha unidades especializadas en esta materia, lo que, a su juicio, además de ser una enorme satisfacción, tiene una importancia superlativa para el CGPC, que no es una policía integral, sino especializada, a la que se le demandan competencias o funciones específicas como esta.

Del mismo modo, Julio Pérez ha relacionado el paso dado con esta unidad con el papel fundamental que desempeña la Administración de Justicia en su apoyo a los órganos jurisdiccionales, como proveedora de medios para que puedan ejercer mejor su trabajo. También ha vuelto a felicitar al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por poner en primer plano la naturaleza singular de sus últimos destinatarios, niñas y niños víctimas de una agresión.

Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha felicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por esta iniciativa, que supone una dotación de medios a un área tan sensible como la protección de menores y a un juzgado que es referente no solo a nivel nacional, sino también internacional. En su opinión, este recurso va a servir para garantizar mayores niveles de protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier actuación violenta.

El comisario jefe del CGPC, Luis Santos, ha mostrado también su satisfacción al ver a esta unidad especializada colaborar en una línea estratégica como la que desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y comprobar los resultados que está provocando el aumento de efectivos a la hora de prestar un servicio público a la ciudadanía como el que lleva a cabo el CGPC.

Por su parte el titular del Juzgado ha incidido en la idea de que sea la primera unidad policial especializada en violencia e infancia, y solo eso, adscrita a un Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuyo cometido no está compartido con otras materias.

A su juicio, es a lo que se tiende en estos momentos, a la hiper especialización de un grupo policial para trabajar las competencias que tiene atribuidas el juzgado, que en este caso son la violencia intrafamiliar, todos los delitos contra la libertad sexual y contra la libertad, y la trata de seres humanos siempre que concurra el requisito de que una de las partes sea menor de edad.

La aprobación de la LOPIVI ha supuesto un grana avance en el ámbito de las garantías legales y defensa de los derechos de los menores ante cualquier acto que pueda atentar contra su integridad física, psicológica o moral. En su capítulo X se centra en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concepto al que hace mención en una treintena de ocasiones, dotando a todas las instituciones policiales de las mismas obligaciones para con la referida norma.

En uno de los dos artículos de este capítulo, el 49 se refiere a las unidades especializadas y obliga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), a contar con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia contra personas menores de edad y que cuenten con protocolos que permitan una correcta y adecuada actuación ante tales casos, exigiendo que los agentes que la integren reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

Julio Pérez ha estado acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas. Entre las autoridades presentes, además del presidente del TSJC, se encontraban la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el titular del Juzgado de Instrucción número 3 y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y la fiscal jefa provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

Por parte del CGPC, han asistido, junto al comisario jefe, el comisario José Luis de los Reyes; el subcomisario David Pino; el inspector Ramón García; y el subinspector Ángel Acosta.

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La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad inicia los trabajos dirigidos a establecer los mecanismos previstos en esta norma que entró en vigor el lunes

La ley proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea o que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave

Una de las claves de esta normativa es la implementación de canales de información de situaciones de corrupción

El Gobierno de Canarias ha iniciado ya, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, los trabajos destinados a implantar los procedimientos y mecanismo previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción –https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2/con–, que ha entrado en vigor este lunes 13 de marzo.

Según ha explicado la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde, esta ley tiene como finalidad proteger, frente a las represalias que puedan sufrir, a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.

Esta ley, que proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, los conocidos como whistleblower, pretende amparar a los ciudadanos y ciudadanas que denuncien posibles irregularidades y corrupción en la Administración pública y en la empresa privada. Con este propósito, prohíbe las represalias contra el denunciante y protege a intermediarios, compañeros o familiares del mismo.

En su implantación trabajan ya, entre otros centros directivos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, las direcciones generales de Modernización y Calidad de los Servicios, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, y la Secretaría General Técnica.

Dentro de las claves de esta normativa, Conde ha destacado la implementación de dos canales de información de situaciones de corrupción, uno interno y otro externo. Estos deben diseñarse, establecerse y administrarse “de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante”.

El interno es para todos aquellos trabajadores del sector público, trabajadores de empresas que hayan contratado con el sector público, personas en programas de formación, etc., que puedan estar en conocimiento de prácticas que pudieran ser corruptas. El externo es para cualquier persona en conocimiento de actos de corrupción, que podrá ser propio de la Comunidad Autónoma o ser el que la Autoridad Independiente de Protección del Informante del Estado implemente. Estos canales deberán garantizar tanto la información verbal como por escrito.

Están obligados a implementar canales internos el sector público y las empresas que tengan más de 50 empleados, y las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. En el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir el sistema y los recursos entre sí o con otras administraciones.

La ley también obliga a disponer de un canal interno de información a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de trabajadores.

Respecto a las sanciones, establece multas de entre 1.001 y 300.000 euros en el caso de las personas físicas, y entre 100.000 y el millón de euros si se trata de personas jurídicas, las que cometen una infracción. Por ejemplo, impedir o dificultar una denuncia, no cumplir con el derecho de confidencialidad o por practicar represalias puede suponer una multa de 50.000 euros.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destaca la importancia de regular una actividad lícita, pero restringida, mirada con prevención y, en algunos casos, temida

Julio Pérez señala que en Canarias hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de jugar, llamadas tipo B, 3.443 establecimientos de hostelería con máquinas tipo B1 instaladas y 4.656 máquinas tipo B1 instaladas en dichos establecimientos

En la actualidad, juegos y apuestas generan en las islas unos ingresos fiscales de casi 60 millones de euros

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha defendido este jueves en el Parlamento de Canarias el proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, y ha hecho un llamamiento a las formaciones con representación en la Cámara autonómica para que estudien la propuesta y la perfeccionen durante su tramitación, pero sin perder de vista los principios que la sustentan: protección de los menores, impedimento de la adicción, de la ruina y del daño económico, y regulación y control del acceso al mercado.

Julio Pérez ha explicado que los objetivos del proyecto de ley elaborado por el Gobierno canario, y que ahora debe aprobar el Parlamento, son reforzar las medidas de protección y alejamiento de los lugares concurridos por los menores, que pasa de 50 a 300 metros; el refuerzo de los controles de acceso a la actividad y su ejercicio, pues hoy es demasiado fácil; y la prohibición de la publicidad en aquellos ámbitos en los que el la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias, la RTVC y el deporte. Además, se ha referido a la regulación de algunos aspectos de esta actividad, para evitar las malas prácticas.

En su intervención, ha recordado que, hoy en día, en España el juego es una actividad lícita, pero restringida, mirada con prevención por la sociedad y, en algunos casos, temida, de ahí la importancia de su regulación legal. Ha señalado, también, que está regulada, con una especial intensidad, por todos los ordenamientos jurídicos modernos del mundo europeo y no europeo, y que es la única actividad humana en la que una persona puede acudir a la autoridad para que le impida desarrollarla y el Estado está obligado a ello.

En Canarias, según ha enumerado, hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de jugar, llamadas tipo B, 3.443 establecimientos de hostelería de hostelería con máquinas tipo B1 y 4.656 máquinas tipo B1 en dichos establecimientos. En la actualidad, juegos y apuestas generan para las arcas públicas de las islas unos ingresos fiscales de casi 60 millones de euros, de ahí la importancia de establecer unos gravámenes que permitan un aprovechamiento colectivo de las ganancias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho hincapié en que la nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego –tanto presencial como online–, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

Con su aprobación se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad muestra su admiración por esta iniciativa que califica de importantísima porque demuestra que se puede humanizar la justicia envuelta tradicionalmente de aspereza

El presidente del TSJC espera que esta experiencia piloto, que cuenta con el refrendo de la sala de gobierno y el CGPJ, sea exportable a todos los partidos judiciales del archipiélago

Tomás Martín, impulsor del Juzgado, subraya que el objetivo es sacar a la víctima cuanto antes del proceso y reducir los plazos, lo que ha permitido que la media de realización de la prueba preconstituida sea de 13 días

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha agradecido al titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; a la letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado, Ana Sola, y a todo su equipo, el trabajo desarrollado a lo largo del último año, que ha permitido ofrecer una protección especial a más de 400 niños, niñas y adolescentes.

Julio Pérez, que intervino ayer en la presentación de la Guía de Actuación del citado Juzgado –un detallado documento de 123 páginas–, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo; el decano del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avelló, y el propio Tomás Martín, ha mostrado su admiración y respeto por la labor llevada a cabo a través de este proyecto puesto en marcha, gracias a la colaboración de su departamento, hace un año, tiempo en el que se ha atendido a 406 víctimas y registrado 365 causas.

También ha calificado de importantísima esta iniciativa porque demuestra que se puede humanizar la justicia, envuelta tradicionalmente de aspereza. “Con la misma ley y las mismas personas, los mismos medios, han hecho realidad un procedimiento, una justicia, que no es áspera”, ha dicho. Igualmente, ha hecho hincapié, citando el texto de la memoria del juzgado de este primer año, en que ese proceso de humanización de la justicia “es un camino de excelencia enfocado hacia la eficiencia y eficacia del trabajo que realizan los trabajadores del juzgado”.

Ha resaltado la disponibilidad de los trabajadores, que no han tenido ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en incorporarse antes y salir más tarde, para poder atender el incremento de la carga de trabajo, con un importante componente emocional, que ha supuesto la puesta en marcha de este proyecto piloto.

El consejero se ha referido a la incorporación de novedades técnicas y tecnológicas, que no es ajena a la justicia, a pesar de que a veces se cree lo contrario, y ha señalado la comunicación, para agilizar las pruebas periciales, e incluso la arquitectura, adaptada a las necesidades de las víctimas y con objeto de proteger al menor. “Todo esto es muy importante”, ha recalcado.

Julio Pérez ha manifestado su satisfacción doble, tanto por su papel de responsable de la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias como por la protección al menor, que le produce los resultados logrados por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, un proyecto pionero en España.

Un referente y un verdadero orgullo

También el decano del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido palabras de felicitación para Tomás Martín como impulsor del proyecto y por haber contagiado a los trabajadores de su juzgado, que se ha convertido en un referente y un verdadero orgullo, al proporcionar una especial protección y tutela a los menores que son víctimas de violencia. En este sentido, ha advertido de que “una sociedad que no cuida a sus niños y niñas no tiene futuro”.

El presidente del TSJC ha hecho énfasis en los resultados obtenidos en este primer año de funcionamiento del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, “concretos y tangibles”, y en la necesaria coordinación y cooperación de todas las partes implicadas para alcanzarlos. “Un proyecto que aglutina y motiva hace que todos arrimen el hombro”, ha explicado, a la vez que ha mostrado su deseo de que esta experiencia sea exportable a todos los partidos judiciales del Archipiélago, partiendo de que tiene el refrendo de la sala de gobierno del TSJC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tomás Martín, por su parte, ha manifestado su gratitud, en primer lugar, a sus compañeros, y después, al trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, cuya directora, María José Melián estaba presente, por el servicio de calidad y diferenciado que proporciona al Juzgado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también estaban representados, por su dedicación y disponibilidad, y a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por la dotación de recursos, tanto humanos como materiales, así como su impulso, para hacer realidad este proyecto.

Ha apuntado que los procedimientos que están aplicando en el Juzgado están siendo copiados en todo el mundo y ha subrayado que el objetivo principal es sacar a la víctima cuanto antes del proceso, reducir los plazos, lo que ha permitido que la media de realización de la prueba preconstituida sea de 13 días.

A la presentación de la guía asistieron, entre otros, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; la fiscal jefe provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Sánchez; y el secretario coordinador de la sala de gobierno del TSJC, Carlos Rubio.

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Hasta la fecha se han distribuido 22.166 gafas de protección y 280.080 mascarillas FFP2. La Dirección General de Salud Pública recuerda a la población la necesidad de tomar las medidas de protección de la salud frente a la exposición a las emanaciones volcánicas

El Área de Salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se ha encargado de coordinar la distribución entre la población afectada y no afectada por la erupción volcánica en la Isla del material de protección que diversos organismos, entidades, empresas y particulares han enviado a La Palma.

Hasta la fecha se ha distribuido un total de 22.166 gafas de protección y 280.080 mascarillas FFP2 entre los ayuntamientos afectados directamente por la erupción y el resto de consistorios, así como a todo el personal sanitario y no sanitario del Área de Salud de La Palma.

Así, ya se ha entregado la totalidad de las gafas protectoras a los ayuntamientos de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, consistorios a los que se les han enviado un total de 136.900 mascarillas FFP2.

También se han distribuido 134.000 mascarillas FFP2 a los ayuntamientos de Mazo, Fuencaliente, Breña Baja, Puntagorda, Tijarafe, Garafía, Breña Alta y Santa Cruz de La Palma. Además, se continuará haciendo envíos hasta repartir todo el material que sea necesario para garantizar la seguridad a la ciudadanía.

Este material repartido procede de donaciones realizadas por, entre otras entidades y organismos públicos, el Ministerio de Sanidad, el Servicio Canario de la Salud, el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, el Hospital Clinic de Barcelona, la Cooperativa Farmacéutica de Tenerife y laboratorios privados, así como empresas y personas particulares.

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, agradece la solidaridad de todas las entidades y personas implicadas en estas donaciones, pues “evidencia el sentimiento de cercanía con toda la población palmera que, en mayor o menor medida, se está viendo afectada por este proceso eruptivo”.

Para la gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, es fundamental salvaguardar la salud de la ciudadanía, por lo que es esencial facilitar a cada vecino medios para protegerse de los efectos negativos que la ceniza y los gases procedentes del volcán puedan tener en su salud.

Recomendaciones sanitarias ante la erupción volcánica

Ante el proceso eruptivo que se vive en La Palma, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud recuerda a la población la necesidad de tomar las medidas de protección de la salud frente a la exposición de emanaciones volcánicas y mientras persista esta situación se debe limitar la estancia de las personas al aire libre a lo estrictamente imprescindible.

Las personas que deban permanecer en una zona de exposición a las cenizas durante el proceso eruptivo del volcán, deben adoptar las medidas de protección individual: mascarilla FFP2, gafas de protección y la piel totalmente cubierta con camisa de manga larga, pantalón y gorra.

Los niños, mujeres gestantes, ancianos y personas con enfermedad pulmonar o cardíaca son las de mayor riesgo y las que deben extremar el cumplimiento de las medidas de protección de su salud.

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El Gobierno canario desarrolla diferentes medidas de conservación y preservación de esta especie, enmarcadas en el proyecto Life Egyptian Vulture que se desarrollará hasta el año 2023

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha visitado este martes, 31 de agosto, las instalaciones de la Estación Biológica de La Oliva dedicadas al proyecto Life Egyptian Vulture, una iniciativa centrada en la protección y conservación del guirre.

Durante la visita, el consejero Valbuena agradeció la labor de los profesionales implicados en esta iniciativa, especialmente al Servicio de Biodiversidad del Ejecutivo regional, que persigue “asegurar la supervivencia y reproducción en el área de distribución de esta especie, catalogada como ‘en peligro de extinción’ en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el Catálogo Canario de Especies Protegidas”.

En este sentido, el titular del Área avanzó que la previsión para este año 2021 es que, entre Fuerteventura y Lanzarote, isla en la que también se desarrolla el proyecto, se superen los 400 ejemplares de guirres, una cifra muy superior a las 150 unidades identificadas en 1998. Además, en lo que va de año se han cuantificado un total de 49 crías en los territorios reproductores, frente a las 36 crías contabilizadas durante el 2020.

Por último, Valbuena recordó que el proyecto Life Egyptian Vulture cuenta con un presupuesto total de 5.084.605 euros, de los cuales cerca de cuatro millones están financiados por la Unión Europea (UE), ya que se trata de una iniciativa que también se desarrolla en otros países del territorio continental.

El consejero estuvo acompañado en la visita por el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret; la consejera insular de Sostenibilidad Medioambiental, Lola García; y la alcaldesa de La Oliva, Pilar González.

Lloret señaló que “se trabaja con Gobierno y ayuntamientos en esa labor de ir creando cada vez mayor conciencia social sobre la necesidad de preservar las especies amenazadas, en concreto en este caso del guirre”. Por su parte, García recalcó que “desde las instituciones debemos combatir todos los factores de riesgo que existen, como el uso ilegal de veneno, una de las principales amenazas de la especie”.

En este sentido, durante la visita también se realizó una demostración del entrenamiento de los perros de la Unidad Canina Antiveneno (UCA) que participan en el proyecto Life Egyptian Vulture.

En último término, la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, agradeció la visita del consejero y reconoció el trabajo de las personas que desarrollan su tarea en la Estación Biológica de La Oliva, «que contribuyen a situar el municipio de La Oliva como referencia en la protección y conservación de la avifauna de la isla de Fuerteventura, de manera especial con una especie tan sensible como el guirre, que supone también un reclamo para el turismo de avistamiento de aves y ligado a la naturaleza».

Crecimiento de la población de guirres

Las medidas de conservación aplicadas desde el año 2004 hasta la actualidad han permitido que la población de guirres en Canarias crezca una media de un 5% al año  en relación con los datos de  1998, año en el que la especie no superaba los 150 ejemplares.

Los datos provisionales de 2021 indican que en Fuerteventura se habrían alcanzado al menos un total de 81 territorios reproductores, lo que sumado a los 9 de Lanzarote harían un total de 90 áreas de cría. En dichas áreas se ha podido cuantificar un total de 49 pollos, lo que constituye un récord absoluto, por lo que con casi total seguridad este año se superarán los 400 ejemplares.

Life Egyptian Vulture

Las actuaciones directas impulsadas por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial encaminadas a la preservación y protección del guirre se engloban en tres líneas de trabajo.

Por un lado, el proyecto Life Egyptian Vulture, para el que Canarias contará con un presupuesto de 1.776.834 euros y cuya previsión de ejecución abarca hasta el año 2023.

Además, la Consejería de Transición ha puesto en marcha este año, y también hasta el 2023, el servicio denominado Actuaciones de conservación de especies amenazadas de avifauna en las islas orientales del Archipiélago canario. Minimización del impacto asociado al cambio climático, que ejecutará la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) para dar continuidad a las tareas de seguimiento generales de la población de guirres una vez finalizado el proyecto Life Egyptian Vulture.

Por último, se están desarrollando acciones en colaboración con las empresas titulares de las líneas eléctricas de transporte y distribución de Lanzarote y Fuerteventura para reducir la mortalidad de la especie vinculada a la electrocución y enganche en tendidos eléctricos.

Desglose de las actuaciones

Las medidas de conservación previstas entre 2017 y hasta el año 2023 abarcan, además del seguimiento de la población de guirres y el mantenimiento de los ejemplares en cautividad, la instalación de espacios muladares de gestión alimentación suplementaria (comederos), acciones encaminadas a reducir el uso ilegal de veneno, la corrección de tendidos eléctricos y la divulgación y sensibilización de la población acerca de la importancia que tiene la conservación del guirre.

Con respecto a este último punto, más de 5.500 escolares de Lanzarote y Fuerteventura han participado en los talleres organizados por las diferentes instituciones involucradas en el proyecto.

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