La actuación se enmarca en la campaña de prevención de sustancias estupefacientes en el Valle de Aridane que realiza el Grupo de Respuesta Operativa

El Cuerpo General de la Policía Canaria detuvo el pasado martes en Los Llanos de Aridane a un varón de 42 años como presunto autor de un delito contra la salud por tráfico de drogas, tras incautarle 30 gramos de una sustancia que podría ser cocaína.

La actuación fue ejecutada por parte de la Unidad de Prevención e Intervención del Área de Dirección de la Zona Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a través del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE TFE), dentro de la campaña de prevención de sustancias estupefacientes y delitos contra el patrimonio que están llevando a cabo en los municipios que forman el Valle de Aridane, en la isla de La Palma.

Al percatarse de la presencia de los agentes, el detenido intentó una maniobra evasiva en su vehículo, lo que motivó un registro de sus pertenencias y la localización de la presunta droga.

Tras instruir las primeras diligencias, el detenido fue entregado al Puesto de La Guardia Civil de Los Llanos de Aridane para su posterior puesta a disposición judicial.

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Los agentes han intensificado las tareas de vigilancia ante la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha levantado un total de doce actas por infracciones en las zonas forestales de la isla de Gran Canaria, tras intensificar las tareas de vigilancia para dar cumplimiento a las medidas preventivas y prohibiciones por la situación de alerta máxima por riesgo de incendios forestales. Los hechos fueron detectados por la Unidad de vigilancia e inspección administrativa (UVIA) en diferentes ubicaciones de la cumbre de la isla, en los municipios de San Mateo, Tejeda y Moya.

Once de las infracciones han estado relacionadas con acampadas sin autorización, circulación por pistas forestales o estacionamiento dentro de monte.

La otra ha sido por la utilización de maquinaria que genera chispas, como es el caso de las motodesbrozadoras con cabezal de cuchilla. En este caso, los agentes localizaron al infractor en pleno uso de la herramienta motorizada, sin adoptar medidas de seguridad y en un entorno especialmente vulnerable debido a las altas temperaturas, la baja humedad y la acumulación de vegetación seca.

Tras la identificación, se procedió a levantar las actas de infracción conforme a la normativa vigente del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA) en Canarias.

Desde el Cuerpo General de la Policía Canaria se recuerda la obligación de cumplir con las restricciones de paso y uso dentro de la zona forestal y la prohibición del uso de herramientas como desbrozadoras, motosierras o sopladoras con motor térmico en áreas rurales durante los días de riesgo muy alto o extremo, debido al potencial peligro que suponen. Este tipo de maquinaria puede generar chispas que, al entrar en contacto con vegetación seca, pueden provocar incendios de rápida propagación.

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Los agentes del Grupo de Medioambiente y Patrimonio Cultural realizan funciones de vigilancia, inspección y protección de espacios naturales

El Grupo de Medioambiente y Patrimonio Cultural (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha procedido a identificar a los responsables de una caravana de vehículos tipo “jeep safari”, tras detectar su circulación dentro de la Reserva Integral de Inagua, espacio natural protegido de alto valor ecológico en la isla de Gran Canaria.

La intervención se produjo en el marco de las funciones de vigilancia, inspección y protección de los espacios naturales protegidos especialmente relevantes en esta zona debido a su singular biodiversidad y a la presencia de especies endémicas en peligro.

Los agentes del GRUMA levantaron las correspondientes actas de denuncia por infracción a la normativa medioambiental y de acceso a zonas de especial protección.

En el momento de los hechos, Gran Canaria se encontraba en alerta por altas temperaturas y por riesgo de incendios forestales, situación que exige extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la seguridad ambiental.

La Reserva Integral de Inagua cuenta con un régimen de acceso muy restringido para preservar su integridad y que toda actividad turística o recreativa debe respetar las regulaciones establecidas por la legislación vigente.

El compromiso del GRUMA del CGPC es velar por la conservación del patrimonio natural y cultural de Canarias, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de este legado único.

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El Gobierno ha habilitado dos plataformas formativas, una desarrollada por las fundaciones de UD Las Palmas y CD Tenerife y otra por las direcciones generales de Protección a la Infancia y las Familias y de la Actividad Física y el Deporte

Los viceconsejeros de Bienestar Social y de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Francisco Candil y Ángel Sabroso, junto con los representantes de las fundaciones de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife, Francisco Ortiz y Artamy Rodríguez, respectivamente, y Jesica Sosa, de la empresa Creativa 7, presentaron este jueves las herramientas que las entidades deportivas del archipiélago tienen actualmente a su disposición para la formación de sus delegados y delegadas de protección, figura con la que, según la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, deben contar cuando trabajen con menores.

En concreto, se trata de dos plataformas: la que han desarrollado, de forma conjunta, las fundaciones de UD Las Palmas y del CD Tenerife, gracias a una subvención otorgada por el Gobierno de Canarias, y, por otro lado, la diseñada por las direcciones generales de Protección a la Infancia y las Familias y de la Actividad Física y el Deporte. Ambas estarán a disposición, de forma gratuita, para todas las organizaciones deportivas que aún no cuenten en sus estructuras con una persona delegada de protección.

En este sentido, Sabroso recalcó que estas dos iniciativas “suponen un nuevo esfuerzo del Gobierno por seguir apoyando a todos los integrantes del nuestro sistema, dotándoles de dos herramientas, gratuitas y accesibles, para que puedan formar, dentro de sus estructuras, a esta figura, cumpliendo así con la ley”, pero, muy especialmente, responde “a nuestra voluntad de trabajar por los más jóvenes, por su seguridad, su protección y su desarrollo en las mejores condiciones dentro del ámbito deportivo”. En este sentido, recordó que desde la Consejería se están llevando a cabo múltiples acciones, entre las que destacó el proyecto Ganar, que, en la misma línea, garantiza una práctica deportiva segura y saludable de la infancia y la adolescencia en las islas.

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, aseguró que “seguimos trabajando buscando llegar a todo el sistema deportivo canario” y explicó que el Proyecto Canarias Entorno Seguro, impulsado por las áreas de Infancia y Deportes, contempló inicialmente un conjunto de acciones que se materializaron en el mundo del fútbol de la mano de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP).

A través del Compromiso Fútbol Entorno Seguro, se realizaron una serie de actuaciones que se han desarrollado durante 2023 como la iniciativa ‘Formar y proteger’, cuyo fin es fomentar la adquisición de competencias de los agentes clave en la protección de las personas menores en el deporte. Con esta iniciativa se llegó a más de 200 entrenadores y entrenadoras que realizaron la formación “Educar en positivo construyendo entornos deportivos seguros en el fútbol. FIFLP”. Además, más de 30 familiares de deportistas vinculados a la FIFLP se interesaron en llevar a cabo la formación “Familias que educan en positivo en el fútbol. FIFLP” y alrededor de 30 personas, designadas delegados o delegadas de protección de sus entidades se formaron con “La importancia del delegado/a de protección para un deporte en positivo. FIFLP”.

Formación accesible y gratuita

Con este fin, ha sido puesto a disposición de todas las federaciones y de sus clubes afilados, el espacio cooperativo ¨La Importancia del delegado y Delegada de Protección para Construir Entornos 4P+ en el Deporte y para la Vida¨, que cuenta ya con casi 300 personas inscritas. Los cursos se realizan en línea, de forma autodirigida y su inscripción es abierta.

“A través de estas formaciones, se posibilita a las federaciones y clubes cumplir el requerimiento que la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, exige en esta materia”, matizó Candil.

Todas las organizaciones interesadas en acceder a estas formaciones podrán hacerlo a través de las direcciones de correo electrónico formacion.fundacion@udlaspalmas.es y formacion.fundacion@clubdeportivotenerife.es, para el curso desarrollado por las fundaciones de UD Las Palmas y CD Tenerife, y, a través de la asociación Jade que ha contado con la empresa Creativa 7 para acceder a la plataforma diseñada por el Gobierno de Canarias.

La puesta en marcha de estas herramientas responde al esfuerzo conjunto de las consejerías de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirigen Candelaria Delgado y Poli Suárez, respectivamente, como parte de su apoyo al deporte canario para el cumplimiento de la legislación vigente, poniendo a su servicio dos mecanismos con los que obtener la certificación necesaria, de forma cómoda y sin coste.

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Forma parte del paquete de medidas puestas en marcha por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para garantizar la igualdad en el empleo público

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha aprobado un protocolo de actuación para garantizar la efectiva participación de mujeres víctimas de violencia de género en los procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Aquellas mujeres que se encuentren en esta situación tendrán la posibilidad de comunicarlo, de forma confidencial, a la Dirección General de la Función Pública, a fin de que, valorada la situación, los hechos y las circunstancias, se adopten medidas que garanticen su protección, tanto en relación con la publicidad de los actos que deben dictarse a lo largo del proceso selectivo, como en su caso, de ser necesario, para garantizar su protección en la realización de las pruebas selectivas.

Las mujeres en esta situación participarán en los procesos selectivos bajo las mismas condiciones que el resto de las personas aspirantes, las mismas pruebas y con los mismos requisitos, pero podrán adoptarse medidas de protección que eviten una exposición pública que pudiera constituir un riesgo para su persona.

Para ello, la Dirección General de la Función Pública habilitará un correo electrónico de uso confidencial, asesorará a las mujeres que se encuentren en esta situación de sus derechos y diseñará y aplicará las medidas concretas que se adopten que deberán siempre contar con la conformidad previa de la mujer solicitante.

Esta resolución, a su vez, viene amparada en los límites establecidos por la legislación estatal y autonómica, en relación con la protección de datos personales especialmente sensibles, de transparencia y de información pública, que atienden precisamente, a una superior entidad jurídica del interés particular de la mujer que se encuentra en dicha situación.

Este protocolo forma parte de las medidas que la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad viene adoptando desde el último trimestre del año pasado en materia de igualdad en el empleo público, como la puesta en marcha la realización de los diagnósticos previos de igualdad entre mujeres y hombres al servicio de la Administración Pública de Canarias, que serán la base para la posterior elaboración y aprobación de los planes de igualdad en los ámbitos de Administración General, Educación, Sanidad y Justicia.

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Traslada al Ministerio su preocupación por la ausencia de técnicos en todas las islas y el riesgo que supone en la protección de las mujeres

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Viceconsejería de Justicia, ha enviado una carta a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad en la que traslada la preocupación del Gobierno por las disfunciones detectadas en la implantación de los dispositivos temáticos para protección de las mujeres víctimas de violencia de género en las islas no capitalinas y solicita que se supervise el servicio que ofrece la empresa concesionaria en esta comunidad autónoma para asegurar que las órdenes judiciales se tramiten con la celeridad debida.

En el escrito, firmado por el viceconsejero Cesáreo Rodríguez, se detalla la información recabada tanto por su departamento, como la remitida por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que hace referencia a una comunicación de los juzgados de Los Llanos de Aridane donde se alerta sobre la escasez de dispositivos y el hecho de que la empresa concesionaria que debe entregar y poner en funcionamiento el transmisor que se ajusta a la muñeca o el tobillo del investigado, encausado o condenado no dispone de técnicos en las islas no capitalinas. “Esto supone un retroceso en la prestación del servicio que podría desembocar en una disminución de la necesaria protección de las víctimas de violencia y poner en riesgo la integridad de las mujeres”, señala Rodríguez.

Cesáreo Rodríguez advierte que, de ser cierta la información recibida de que solo hay dos de técnicos destinados por provincias, este número sería insuficiente para ofrecer el servicio en varias islas a la vez, ya que los dispositivos deben estar preparados para ser instalados el mismo día que se acuerde por la autoridad judicial, independientemente de la hora y la fecha, cualquier día de la semana.

Según el viceconsejero, “el hecho de que la empresa concesionaria no disponga de técnicos en todas las islas es un retroceso en la prestación del servicio que podría menoscabar la protección de las víctimas de violencia de género y poner en riesgo su integridad”.

El sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en el ámbito de la violencia de género y en el ámbito de la violencia sexual permite verificar el cumplimiento de las prohibiciones de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se sigan por violencia de género y por violencia sexual en los que la Autoridad Judicial acuerde su utilización. El sistema proporciona, además, información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al cumplimiento o incumplimiento de las medidas, así como de las posibles incidencias, tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados.

Según informa el propio Ministerio de Igualdad, la prestación del servicio del sistema de seguimiento está contratado a una empresa privada, que es la encargada de realizar las tareas relacionadas con la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos del Sistema de seguimiento. Estas tareas son desarrolladas por el Centro COMETA, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. COMETA está operativo las 24 horas del día los 365 días del año.

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La directora del ICI destaca que la policía suele estar “en la primera línea de intervención y ayuda a las víctimas de violencia de género” por lo que tiene que tener “la formación y empatía necesaria” para actuar de forma adecuada

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) impartió formación a lo largo del año 2023 sobre la intervención policial en los casos de ciberviolencias contra las mujeres, a 34 mujeres y 135 hombres agentes integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La directora del ICI, Ana Brito, considera que “la policía suele ser de las primeras personas que acude a proteger a la víctima en los casos de violencia y su actuación en los primeros momentos es vital para recabar datos fundamentales en cada caso”. “Suelen estar en la primera línea de ayuda, por eso es tan importante que tengan la formación adecuada, el conocimiento integral de lo qué es la violencia de género, de qué manera bloquea y anula a la víctima, y muestren la empatía suficiente para realizar interrogatorios, recoger pruebas o las actuaciones que precisen realizar en el desarrollo de su intervención policial”.

Entre los objetivos de este proyecto formativo destaca el de dotar al personal que se ocupa de la seguridad ciudadana de herramientas necesarias para reaccionar ante situaciones reales, bajo el paradigma del tratamiento asertivo y empático con la víctima; Establecer criterios comunes para el tratamiento de las víctimas de violencia machista, tanto por parte del colectivo policial como de las instituciones y mejorar las carencias detectadas en los protocolos policiales en materia de violencia de género.

5.527 mujeres en Canarias en el sistema Viogen

A fecha de 31 de octubre, y de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior recogidos en el Boletín estadístico mensual de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, las fuerzas de seguridad mantienen en seguimiento las situaciones de violencia de género que padecen 5.527 mujeres en Canarias de las que 67 son menores de 18 años (2 en riesgo alto y 18 en riesgo medio) y 126 mayores de 65 años (1 en riesgo alto y 16 medio).

Del total de casos activos en Canarias, 46 son de riesgo alto y 952 riesgo medio. Además, en 2.851 casos la víctima tiene menores a su cargo, en 702 casos están en situación de vulnerabilidad y en 85 en riesgo, es decir, la valoración policial indica que también pueden ser objeto de la agresión del maltratador.

Otros 669 se consideran casos de especial relevancia porque se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal.

VioGen integra toda la información necesaria para realizar seguimiento y protección a las víctimas.

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Las unidades de inspección del Ejecutivo y las instituciones insulares abordan en este encuentro un diagnóstico de sus recursos y prioridades en el desempeño de sus funciones

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural reunió en la isla de Lanzarote a las unidades de inspección de los siete cabildos insulares, en un encuentro cuyo propósito ha sido realizar un diagnóstico de los recursos, tanto humanos como técnico administrativos, en el desempeño de sus funciones, que responden actualmente a un criterio pro-activo de intervención encaminado a conocer el estado de los bienes culturales de Canarias y en función de su estado establecer las actuaciones que se estimen necesarias para su protección, tal y como establece la Ley.

Este encuentro contó con la asistencia de los consejeros y consejeras del área de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, Ascensión Toledo, Rayco León y Emilio Víctor Hernández, respectivamente; del director insular de Patrimonio Histórico de Gran Canaria, Sebastián López, y los inspectores insulares y jefes de servicio de Tenerife (Santiago Febles y José Carlos Cabrera), La Palma (Jorge Pais) Javier Velasco (Gran Canaria), Alejo Soler (Fuerteventura) y Ricardo Cabrera (Lanzarote).

Todos coincidieron con el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo y su equipo, en la necesaria cooperación del Gobierno con las instituciones insulares y locales, junto a los agentes sociales, como método imprescindible para desarrollar nuevas pautas de gestión, conservación y accesibilidad a los bienes culturales, dada su vinculación y proximidad. Así mismo, se acordó dar continuidad a estas citas, «como herramienta y mesa de seguimiento en el cumplimiento de objetivos acordados,  con carácter bianual, bajo la denominación, Encuentro Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias», señala Miguel Ángel Clavijo.

Ascensión Toledo, consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, destacó en la apertura de la reunión, que “este encuentro se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestras acciones y colaborar de manera más efectiva con un objetivo primordial, como es el de proteger nuestra cultura y nuestro patrimonio, elementos fundamentales que nos definen como canarias y canarios”.

Encuentro Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias

Para una planificación de intervenciones e inspecciones,  se atenderá a criterios como los procedimientos y la gestión, para mejorar el sistema de protección y seguridad; también a la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles y la accesibilidad a los mismos. Además, se traza como objetivo trabajar en la digitalización y registro del patrimonio cultural, a través de los catálogos municipales e insulares, instrumentos necesarios para desarrollar las actuaciones que marca la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias a estas unidades de inspección, cuyas fichas actualizadas permitirán, también, la conservación preventiva.

Toda esta información estará volcada en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Canarias (LAVA), que el Ejecutivo esta ultimando. Una plataforma- web en constante actualización, a disposición de la ciudadanía, personal investigador y administraciones públicas con toda la información, material gráfico y audiovisual sobre los bienes culturales, que hasta el momento resulta de difícil acceso debido a su dispersión y heterogeneidad. Principalmente, la plataforma incluye los catálogos insulares, cartas arqueológicas, etnográficas y paleontológicas municipales, expedientes de Bien de Interés Cultural (BIC), memorias sobre las investigaciones en los diversos campos del patrimonio, así como inventarios de diversa índole, sin olvidar a los museos y sus colecciones, y el patrimonio documental y bibliográfico, proyectos formativos y enlaces de interés, entre otros.

«La protección y conservación del patrimonio cultural empieza por un reconocimiento de todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Al tenerlo inventariado y en constante actualización se podrán establecer continuos diagnósticos que permitan optimizar las intervenciones y realizar así acciones que reduzcan, minimicen e incluso anulen el efecto de los riesgos y afecciones a los que los bienes culturales son sometidos», afirma el director general del área. Toda esta documentación, añade, «aportará información a tener en cuenta para llevar a cabo prioridades en las intervenciones, elaborando programas de inspección regulares y de mantenimiento».

Por otra parte, se apuntó la necesidad de realizar acciones tendentes a la formación de los agentes forestales y resto de cuerpos y fuerzas de seguridad en la protección del patrimonio cultural, principalmente en las islas no capitalinas, que cuentan con pocos efectivos para actuar sobre el terreno.

Finalmente, se acordó que el próximo ‘Encuentro Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias’, se celebrará en la isla de Gran Canaria, en el mes de mayo de 2024.

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Este montante será financiado a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y servirá para subvencionar la puesta en marcha y desarrollo de cinco proyectos en Gran Canaria, Tenerife (2), Lanzarote y Fuerteventura

Entre sus objetivos, prevenir y detectar casos de violencia de género entre los usuarios y usuarias que acuden a los PEF y garantizar una atención y respuesta adecuada a los niños, niñas y mujeres, atendiendo a su condición de víctima

En la actualidad, en Canarias existen once PEF, diez de ellos financiados y promovidos por el Gobierno de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado, a propuesta de la Viceconsejería de Justicia, cinco órdenes por las que se conceden 425.000 euros a la red de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) especializados en violencia de género, con el fin de financiar, durante el año 2023, cinco programas en distintas islas del archipiélago, con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género establecido por el Ministerio de Igualdad para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estos cinco proyectos tienen como objetivos garantizar una atención y respuesta adecuada a los niños, niñas y mujeres, atendiendo a su condición de víctima y tomando como principio fundamental de actuación la protección y salvaguarda de las personas vulnerables; fortalecer la relación entre los menores y sus madres víctimas de violencia de género, teniendo por objeto su asistencia y reparación moral; y prevenir y detectar casos de violencia de género entre los usuarios y usuarias que acuden a los PEF.

En concreto, se han concedido dos subvenciones directas con carácter excepcional de interés público a la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial “+Familia”. Una, por importe de 160.000 euros, para el desarrollo del programa “Punto de Encuentro Familiar Específico de Violencia de Género en Gran Canaria”, y otra, de 80.000 euros, para la implementación de la perspectiva de género en el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote.

Igualmente, se han otorgado tres subvenciones directas con carácter excepcional de interés público a la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, por importe de 99.424,91 euros, 56.256,78 euros y 29.318,31 euros, para el programa “La Fortaleza: Superando la Violencia Machista en Santa Cruz de Tenerife”, “La Fortaleza: Superando la violencia Machista en Tenerife Norte” y “La Fortaleza: Superando la Violencia Machista en Fuerteventura”, respectivamente.

Los PEF son un recurso social especializado, que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico interdisciplinar, se facilita la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás miembros de su familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación de estos con algún familiar se encuentra interrumpida o dificultada y así se haya acordad por resolución judicial o administrativa.

Incremento del presupuesto

Teniendo en cuenta que Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de denuncias por violencia de género, el desarrollo de los programas ahora subvencionados se consideran de interés público porque favorecen el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia al constituir un instrumento para la ejecución de las medidas judiciales dictadas por los tribunales, en el ámbito de la violencia de género, respecto del ejercicio del derecho de visita, evitando además situaciones de peligrosidad para las mujeres y sus hijos e hijas.

Las asociaciones subvencionadas deberán presentar, antes del 31 de diciembre, una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, así como una memoria económica justificativa del coste de las actividades desarrolladas.

El PEF es un recurso social especializado de responsabilidad pública, pudiendo establecerse tanto por la Administración autonómica como por los cabildos insulares y los ayuntamientos de canarias. No obstante, también se permite la iniciativa privada, a través de entidades sociales o del tercer sector reconocidas e inscritas en los correspondientes registros de acuerdo a la normativa de servicios sociales.

En la actualidad, en Canarias existen once PEF, diez de ellos financiados y promovidos por el Gobierno de Canarias y otro cuya gestión y competencia corresponde al Cabildo de Gran Canaria.

Desde el año 2019 se ha desarrollado una estrategia destinada a favorecer la extensión de estos servicios a través de la concesión de subvenciones a entidades con experiencia y formación en este ámbito. En tal sentido, se han creado cinco PEF y se ha incrementado notablemente el presupuesto dedicado a esta línea de actuación (de 600.000 euros en 2020 a 920.000 euros en 2022), además de una línea específica de financiación apoyada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero con el fin de especializar a los PEF y que den una respuesta específica a esta realidad.

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Sus miembros, con una formación específica en esta materia y dedicación exclusiva, están adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

Practicarán las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento y las averiguaciones necesarias para esclarecer aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia

Julio Pérez subraya el valor de esta iniciativa con la que el Gobierno cumple el mandato de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de poner en marcha una policía especializada en esta materia

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha dado un importante paso con la puesta en marcha de su Unidad Especializada de Violencia e Infancia. Así lo ha resaltado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, con motivo de su presentación en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, pues, según ha dicho, además de ser la primera que se crea en España, una de las razones de ser de este Cuerpo es prestar servicios específicos como estos.

Integrada, de momento, por cuatro agentes, dotados de una formación específica, esta unidad está adscrita al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España dedicado exclusivamente a la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo titular es el magistrado Tomás Luis Martín. Para él, Canarias está dando pasos muy importantes en esta cuestión y se va constituyendo en un lugar referente a nivel mundial en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, pues junto a ser la primera comunidad autónoma con una unidad policial especializada en violencia e infancia, la asistencia gratuita a las víctimas menores de edad está funcionando de una forma ejemplar.

La Unidad Especializada de Violencia e Infancia del CGPC tiene dedicación exclusiva a esta materia y está dotada de un alto grado de especialización. Los agentes cuentan con un conocimiento profundo de la Ley Orgánica 8/2021, de 3 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el tratamiento con personas menores de edad y la toma de declaración de estos. Además, son conocedores de la importancia de dicha declaración, pues puede ser tomada sin la presencia de adulto alguno y, en aras de evitar segundas victimizaciones, ser la única válida para todo un proceso judicial.

Los agentes adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria son los encargados de practicar las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento, con independencia del origen, informando al magistrado del resultado, con el fin de determinar si procede efectuar o no una investigación por existir indicios delictivos.

En aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia, practican las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos, asegurando la protección de la víctima e involucrando a cuantas administraciones sea necesario. Todo ello bajo el amparo de las instrucciones dictadas por el magistrado, al que tienen que entregar un dossier final para que determine si procede realizar una investigación exhaustiva y qué cuerpo policial debe actuar.

La citada unidad también lleva a cabo las investigaciones y participa en los procedimientos que le sean asignados directamente por el juez, interviene en la formación de primer nivel a otros agentes no integrantes de la unidad, para instruirles en la detección y en los protocolos de actuación en casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, asesora al CGPC y a la autoridad judicial en aquellos aspectos de mejora que permitan una mejora aplicación de la normativa y que se encaminen a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Enorme satisfacción

Durante la presentación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con esta iniciativa el Gobierno de Canarias cumple el mandato de la LOPIVI a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de poner en marcha unidades especializadas en esta materia, lo que, a su juicio, además de ser una enorme satisfacción, tiene una importancia superlativa para el CGPC, que no es una policía integral, sino especializada, a la que se le demandan competencias o funciones específicas como esta.

Del mismo modo, Julio Pérez ha relacionado el paso dado con esta unidad con el papel fundamental que desempeña la Administración de Justicia en su apoyo a los órganos jurisdiccionales, como proveedora de medios para que puedan ejercer mejor su trabajo. También ha vuelto a felicitar al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por poner en primer plano la naturaleza singular de sus últimos destinatarios, niñas y niños víctimas de una agresión.

Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha felicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por esta iniciativa, que supone una dotación de medios a un área tan sensible como la protección de menores y a un juzgado que es referente no solo a nivel nacional, sino también internacional. En su opinión, este recurso va a servir para garantizar mayores niveles de protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier actuación violenta.

El comisario jefe del CGPC, Luis Santos, ha mostrado también su satisfacción al ver a esta unidad especializada colaborar en una línea estratégica como la que desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y comprobar los resultados que está provocando el aumento de efectivos a la hora de prestar un servicio público a la ciudadanía como el que lleva a cabo el CGPC.

Por su parte el titular del Juzgado ha incidido en la idea de que sea la primera unidad policial especializada en violencia e infancia, y solo eso, adscrita a un Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuyo cometido no está compartido con otras materias.

A su juicio, es a lo que se tiende en estos momentos, a la hiper especialización de un grupo policial para trabajar las competencias que tiene atribuidas el juzgado, que en este caso son la violencia intrafamiliar, todos los delitos contra la libertad sexual y contra la libertad, y la trata de seres humanos siempre que concurra el requisito de que una de las partes sea menor de edad.

La aprobación de la LOPIVI ha supuesto un grana avance en el ámbito de las garantías legales y defensa de los derechos de los menores ante cualquier acto que pueda atentar contra su integridad física, psicológica o moral. En su capítulo X se centra en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concepto al que hace mención en una treintena de ocasiones, dotando a todas las instituciones policiales de las mismas obligaciones para con la referida norma.

En uno de los dos artículos de este capítulo, el 49 se refiere a las unidades especializadas y obliga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), a contar con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia contra personas menores de edad y que cuenten con protocolos que permitan una correcta y adecuada actuación ante tales casos, exigiendo que los agentes que la integren reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

Julio Pérez ha estado acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas. Entre las autoridades presentes, además del presidente del TSJC, se encontraban la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el titular del Juzgado de Instrucción número 3 y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y la fiscal jefa provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

Por parte del CGPC, han asistido, junto al comisario jefe, el comisario José Luis de los Reyes; el subcomisario David Pino; el inspector Ramón García; y el subinspector Ángel Acosta.

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