Este es un proceso extraordinario que se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo por la relevancia que conlleva la modificación de ambas leyes

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, cierra la ronda de aportaciones a la futura ley canaria de transparencia y participación ciudadana con la inscripción de más de 400 personas de todas las islas, con el objetivo de recabar las contribuciones de los diferentes agentes sociales a la futura ley.

Este ha sido un proceso extraordinario debido a la relevancia que conlleva la modificación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, de fomento a la participación ciudadana, que se unificarán en un único texto legislativo, conformando así la nueva Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. A su vez, el próximo jueves, 10 de abril, finalizará la consulta pública previa relativa a esta iniciativa legislativa, en la que cualquier persona puede hacer su aportación.

La consejera Nieves Lady Barreto destacó el compromiso del Ejecutivo regional por garantizar estos espacios más transparentes, donde se ha fomentado una mayor participación ciudadana, “como parte importante de este proceso en el que se pretende agrupar ambas leyes con unos hitos e indicadores de cumplimiento más exigentes, en busca de mejorar el proceso de transparencia y obtener una Administración cada vez más accesible para los ciudadanos”. Además, agradeció la colaboración de los diferentes cabildos insulares por su participación, así como al Parlamento de Canarias en el caso del encuentro en Tenerife.

La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto, resaltó la importancia de haber celebrado estas jornadas en distintas islas del archipiélago para recabar información y aspectos que deben estar contemplados atendiendo a la particularidad y realidad de cada territorio. “Estas jornadas han sido una oportunidad para acercar la Administración Pública a los canarios y canarias y que se sientan parte del proceso de actualización legislativo autonómico”, afirmó.

La Consejería de Presidencia invitó a administraciones públicas, empresas privadas y organizaciones empresariales, entidades del tercer sector, entidades ciudadanas, organizaciones sindicales de la región y ciudadanos a título particular a participar en estos foros y, como resultado de esta difusión, se recibió la inscripción de más de 400 personas, de las cuales un 48,1% pertenecía a la administración pública, un 21,6% a entidades del tercer sector, un 12,9% a entidades ciudadanas, un 9,7% a la ciudadanía a título personal, un 6,9% a empresas privadas u organizaciones empresariales y un 0,7% a organizaciones sindicales.

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Las asociaciones y colectivos herreños presentaron sus propuestas de mejora antes de la redacción de la nueva normativa

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, cerró hoy en El Hierro el último foro participativo para recoger las aportaciones al anteproyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. Las sesiones han formado parte del proceso de consulta pública antes de la redacción de la nueva normativa.

Las jornadas, organizadas por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, se han celebrado durante los meses de febrero y marzo en distintos puntos del Archipiélago y han permitido la recogida de información por parte de colectivos y asociaciones sobre distintos aspectos que pueden ser mejorados o incorporados en la futura ley, con una media de 14 aportaciones por isla.

En las sesiones se han inscrito un total de 367 personas, de cuales el 47,6% forman parte de la administración pública, un 21,8% son de entidades del tercer sector, un 13% pertenecen a entidades ciudadanas, un 9,8% son personas a título personal, un 7% son empresas privadas u organización empresarial y un 0,8% son de organizaciones sindicales.

La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto, resaltó la importancia de haber celebrado estas jornadas en distintas islas del archipiélago para recabar información y aspectos que deben estar contemplados atendiendo a la particularidad y realidad de cada territorio. “Estas jornadas han sido una oportunidad para acercar la Administración Pública a los canarios y canarias y que se sientan parte del proceso de actualización legislativo autonómico”, afirmó.

Asimismo, Carmen Delia Alberto destacó el compromiso del Ejecutivo regional por garantizar espacios más transparentes, donde se fomente una mayor participación ciudadana.

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de El Hierro, David Cabrera, subrayó que la participación activa de los ciudadanos en estos foros es un paso crucial hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática, asegurando que el Cabildo de El Hierro está comprometido con la transparencia y la participación ciudadana. ““Estas iniciativas son fundamentales para garantizar que las realidades de las islas no capitalinas también sean tenidas en cuenta, asegurando que sus particularidades sean plenamente integradas en la nueva legislación”, resaltó.

En la jornada intervinieron el jefe de servicio de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Roger Ulises Guillén; junto con el sociólogo del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la ULPGC Pedro Francisco Alemán.

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La Consejería de Transición Ecológica ha recogido aportaciones de entidades, colectivos y profesionales de cara a la elaboración del borrador definitivo de la Ley

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha celebrado esta semana el último de los ocho seminarios virtuales en los que más de 600 personas han podido debatir, analizar y hacer llegar sus aportaciones de cara al borrador definitivo de la futura Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural.

El último de los encuentros contó con la presencia del consejero del Departamento autonómico, José Antonio Valbuena, y el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez, agradecieron el esfuerzo del equipo organizador y la predisposición y el principio de colaboración que imperó en todos los intervinientes.

Los ocho seminarios, que abordaron distintas temáticas que afectan a esta Ley, se celebraron durante los últimos dos meses. De manera paralela, también se llevaron a cabo siete talleres, uno de periodistas especializados en ciencia, otro de medio ambiente y otros con sectores especializados y expertos.

José Antonio Valbuena agradeció todas las aportaciones y sugerencias realizadas y señaló que se tendrán en cuenta en los distintos procesos por los que tiene que pasar este texto normativo hasta su aprobación definitiva. “Esta Ley, que esperamos que inicie su trámite parlamentario a finales de este año, pretende ser lo más ambiciosa posible y velar por la protección de nuestra riqueza medioambiental”, añadió.

Por su parte, Miguel Ángel Pérez subrayó la importancia de este proceso de participación, que nunca se había realizado en la fase previa a la elaboración del borrador de una ley. “Este trabajo de participación ciudadana no se acaba aquí, ya que se podrán hacer alegaciones en los distintos procesos de información pública preceptivos de cualquier texto normativo”, añadió.

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La Consejería ha contabilizado un total de 14 aportaciones por parte de particulares, cabildos insulares, organizaciones profesionales agrarias y colegios profesionales

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha valorado de forma positiva la alta participación en la consulta pública previa del proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo agrario, orientado a corregir la problemática ocasionada por las restricciones que marcan los planes generales y las normas subsidiarias que afectan a la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos.

Una finalizado en enero el plazo de exposición pública del proyecto, el departamento ha contabilizado un total de 14 aportaciones por parte de particulares, cabildos insulares, organizaciones profesionales agrarias y colegios profesionales. Estas sugerencias están siendo analizadas por el equipo técnico de la Consejería para valorar su viabilidad y posterior inclusión en el reglamento.

En una comparativa de estas 14 aportaciones con las 5 recibidas por las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario de Canarias en enero del 2018, se observa un incremento de la sensibilidad de la sociedad de las islas sobre los problemas que presentan los suelos agrarios y la actividad agraria que en ellos se desarrolla.

Vanoostende apuntó que “con este incremento de sugerencias por parte de la sociedad vamos a continuar y mejorar la campaña de divulgación de las DOSA y del reglamento y avances del Decreto Ley 15/2020, tanto a través de charlas como de talleres a lo largo del presente año”.

Cabe destacar que la Consejería ha optado por abordar la problemática de la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos a través de dos acciones fundamentales: las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) y el impulso de un reglamento que aborde las cuestiones urbanísticas de los usos agrarios en el suelo rústico, con el objetivo de facilitar, homogenizar y aportar carácter agrario a las determinaciones que afectan a la actividad agrícola y ganadera de nuestras islas.

Esta norma pretende la regulación de las condiciones urbanísticas que afecten a los usos agrarios, ordinarios y específicos, así como de sus construcciones e instalaciones, con la explicación de los requisitos documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los estudios que sean exigibles para su viabilidad. El Reglamento regulará también los parques agrarios, con especial atención a su formulación jurídica, así como a los procedimientos de creación de nuevos parques agrarios.

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La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo organizará 10 encuentros telemáticos de grupos de expertos vinculados a universidades, I+D+i, sector empresarial, administraciones públicas, sindicatos y tercer sector

Además, la ciudadanía podrá hacer llegar sus aportaciones a ambos documentos a través del sitio web de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

El Gobierno de Canarias ha abierto este martes a la participación pública sus dos borradores de la Estrategia Canaria de Economía Azul y de la Estrategia Canaria de Economía Circular, un proceso participativo abierto que permanecerá activo durante todo el mes de septiembre y que pretende, en palabras de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, “recabar las opiniones de los agentes sectoriales vinculados a estas áreas y de la sociedad en general para identificar las necesidades existentes, incorporar nuevas propuestas y contar con unos documentos de máximo consenso”. Para ello, la Consejería organizará 10 mesas telemáticas de grupos de expertos directamente relacionados con las universidades, la I+D+i, el sector empresarial, las administraciones públicas, los sindicatos y el tercer sector. Además, se pondrá a disposición de la ciudadanía el texto íntegro de las estrategias en el sitio web de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, donde se podrá dejar comentarios y aportaciones.

Como señaló Máñez, el proceso de elaboración de las estrategias de economía circular y de economía azul se ha basado en un proceso “participativo, continuo, transparente y abierto” en el que se ha contado con la complicidad de administraciones, universidades, centros de investigación, empresas y agentes sociales y económicos. Así, hasta la fecha, la definición de las estrategias ya ha contado con dos procesos participativos previos, uno inicial de diagnóstico, que permitió definir las bases de ambos documentos mediante mesas de trabajo, entrevistas y encuestas con los agentes implicados; y un segundo, realizado en el primer semestre de 2020, en el que los departamentos del Gobierno de Canarias vinculados a los objetivos de las estrategias hicieron sus aportaciones a los borradores redactados a lo largo de 2019.

Reactivación económica

“La crisis abierta por la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto la necesidad de impulsar la diversificación productiva de nuestro tejido empresarial, así como la importancia de analizar y definir el papel de las actividades marino-marítimas y las actividades de Economía circular en el marco del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias”, afirmó Elena Máñez. Por su parte, la viceconsejera de Economía e Internacionalización, Almudena Estévez, apuntó que “la Comisión Europea ha insistido en la necesaria conexión entre la programación de fondos estructurales y de inversión y la existencia de estrategias propias para las economías azul y circular en las regiones ultraperiféricas (RUP), por lo que la actual elaboración de los dos documentos por parte del Gobierno de Canarias cobra una especial relevancia de cara al próximo periodo de financiación comunitaria”.

A juicio de Estévez, ambas estrategias representan “importantes palancas de cambio para definir el futuro de Canarias, así que esta nueva puesta en común de los dos documentos con los agentes y la ciudadanía resulta fundamental para dar un impulso a la diversificación y la mejora, ahora más importante que nunca, del tejido productivo de las Islas”.

Las estrategias de economía azul y de economía circular han sido impulsadas por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, con el apoyo técnico de la empresa pública Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). Para su elaboración se ha llevado a cabo un análisis detallado del contexto y marcos de referencia de la economía circular y azul en Europa, España y Canarias, un diagnóstico actualizado y un análisis que ha permitido la posterior definición de objetivos y ejes estratégicos, acciones concretas, una estructura organizativa para la gobernanza y la definición de los procesos de monitorización, seguimiento y evaluación.

En el caso concreto de la Estrategia Canaria de Economía Azul se ha hecho un esfuerzo importante para contar con una estrategia integral para todas las actividades económicas relacionadas con el mar: pesca, transporte, puertos, energía, turismo y recursos marinos. Por otro lado, la Estrategia Canaria de Economía Circular se ha construido también de manera integral, orientada a la transición hacia una economía más sostenible, alineada con el Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN), la Ley de Economía Circular de Canarias y la Ley de Cambio Climático en Canarias, en las que actualmente trabaja el Gobierno regional.

Se puede acceder al texto íntegro de los borradores y al formulario para hacer aportaciones en el siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/ece/economia-azul-y-circular/index.html

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La propuesta tiene como fin acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y las contribuciones a la misma se podrán realizar hasta el 20 de marzo

La web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias ha abierto la consulta pública previa para recabar la opinión de personas y organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura iniciativa reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), elaborada de forma conjunta entre las Consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. El plazo para realización de aportaciones finaliza el 20 de marzo de 2020.

La iniciativa normativa tiene como objeto acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales, y tiene como objetivos fundamentales llevar a cabo la ordenación del régimen de organización, funcionamiento y gestión de los PEF en Canarias, los requisitos de acceso y permanencia de las personas usuarias al mismo, fijar el plazo máximo de duración de la atención y las causas de finalización de la intervención, así como la cualificación profesional del personal que presta sus servicios en los mismos.

El PEF es un recurso social especializado que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico multidisciplinar, se facilite la relación de los niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás integrantes de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación se encuentra interrumpida o dificultada, realizándose en los mismos un programa individualizado de intervención.

Más funciones

Con esta normativa, se pretende un concepto de PEF que no se limite, únicamente, a ser un medio para garantizar el cumplimiento de un concreto régimen de visitas impuesto por una autoridad judicial. Esta será una de las funciones a cumplir, pero, junto a ella, debe atenderse también a las derivaciones provenientes de los órganos administrativos que, en el ejercicio de su competencia en materia de tutela, asistencia y protección de niños, niñas y adolescentes, consideren necesaria una específica intervención familiar ante una situación de dificultad en este entorno.

Además, dado que la regulación de un recurso como los PEF tiene una clara incidencia de género, pues enlaza directamente con él ámbito de educación, cuidado y protección de las personas menores de edad, se propone una norma en la que la perspectiva de género actúe como un principio informador de todas y cada una de las intervenciones que se produzcan en el centro. Asimismo, se entiende que debe abordar también la realidad de la violencia machista.

Se estima igualmente necesario que profesionales del equipo técnico que actúen en los PEF cuenten con formación específica en materia de género desde posicionamientos que engloben el respeto y atención a la diversidad.

Según recoge el informe sobre la iniciativa, la necesidad de establecer Puntos de Encuentro Familiar, como recurso social especializado, deriva tanto de instrumentos normativos internacionales como de la propia legislación española y, específicamente, de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, Canarias no ha desarrollado una regulación jurídica específica, como si acontece en otras Comunidades Autónomas, lo que ha generado importantes lagunas jurídicas que hacen necesaria una inmediata regulación normativa con el fin de acabar con una legislación dispersa e incompleta y evitar los vacíos legales que, ante la importancia y trascendencia del recurso al que afectan, no pueden cubrirse con meras directrices o protocolos de actuación.

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