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La ULL señala que la legislación dictada por la Covid-19 tiene un impacto positivo de género

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La Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad encargó un informe técnico-jurídico al Instituto de Estudio de las Mujeres (ULL) dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la pandemia afectan especialmente a las mujeres

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad, se analiza la legislación de la Covid-19 verificando su contenido y su impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género

La legislación española dictada a lo largo de 2020 para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 tiene, en general, un impacto positivo de género al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos por parte de las mujeres. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas se caracteriza por ser sexista y androcéntrico, lo que invisibiliza en muchas ocasiones a las mujeres. Solo se realiza un uso del lenguaje más inclusivo cuando se trata de asuntos relacionados directamente con la violencia de género.

Así se desprende del informe técnico-jurídico ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Este trabajo, realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue presentado hoy por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez justificó el estudio dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión. Asimismo, dijo que hay que examinar las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género ya que esta se ha incrementado durante la pandemia.

Pérez destacó que la historia pone de relieve que en las épocas de desventuras el peligro de retroceder y perder conquistas es real, así como de que el impacto de dichas adversidades se produzca con mayor intensidad en las personas más vulnerables.

Indicó que el impacto de la Covid-19 en el ordenamiento jurídico ha sido enorme y señaló que en este contexto de crisis es importante saber si el conjunto de las administraciones públicas está haciendo una buena labor. Al respecto, señaló que el estudio responde a dicha pregunta y permite orientar acciones futuras.

Violencia de género

Rosell afirmó que la crisis motivada por la Covid-19, como todas las crisis, afecta de manera desigual a mujeres y hombres y señaló la evidente sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales de las mujeres, así como de las tareas de cuidados o la mayor precariedad y pobreza laboral. En cuanto a la violencia de género, explicó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfocado la crisis para no dejar atrás más a las mujeres cuando la recomendación sanitaria era estar confinada con un agresor. Al respecto, informó de que durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 457% y las propias llamadas al 016 un 57,9%.

Destacó que el Gobierno de España a las 48 horas de declaración del estado de alarma, entre otras actuaciones, aprobó un plan de contingencia para víctimas de violencia de género y declaró esenciales los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género. En cuanto a la actuación del Gobierno de Canarias, Rosell dijo que el Ejecutivo canario ha sido un auténtico referente, recordó la campaña mascarilla-19 del Instituto Canario de Igualdad y toda la labor desarrollada durante la pandemia y sostuvo que el Gobierno canario es un ejemplo en hacer transversales los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de aplicar esos fondos en el ámbito judicial.

Análisis de la legislación

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se realiza un análisis exhaustivo de la legislación de la Covid-19 verificando cuáles han sido sus contenidos y cuáles de ellos tienen un especial impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género.

Ramos explicó las conclusiones del estudio y detalló que las medidas de protección social, como derecho a la vivienda, suministros básicos o prestaciones y subsidios por causa del desempleo contempladas en la normativa analizada tienen un impacto favorable para las mujeres, así como aquellas relacionadas con las ayudas a los sectores de comercio, hostelería y turismo, que tienen, dijo, un indudable efecto en las condiciones laborales y de vida de las mujeres.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora, Ramos expuso que a lo largo de 2020 múltiples medidas fueron adoptadas a fin de sostener la cohesión social con la puesta en marcha de iniciativas básicamente financiadas por el sistema de la Seguridad Social para atender necesidades derivadas de enfermedades, particularmente, de estar en riesgo o haber contraído el virus del COVID-19, haber caído en desempleo, medidas de apoyo a las empresas y personas que trabajan de forma autónoma, carencia general de ingresos de las personas o de las unidades familiares, con particular atención a familias monoparentales.

Entre ellas, destacó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más novedosas dictadas durante la pandemia por cuanto crea una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, y manifestó que su implementación tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género.

Medidas de conciliación

En las conclusiones del estudio se indica que las medidas de intervención pública para la conciliación entre la vida personal y familiar y el tiempo de trabajo constituyen una iniciativa que es preciso aplaudir. Se ha podido comprobar que las dificultades de conciliación de las mujeres unido a un gran déficit de corresponsabilidad de los hombres constituyen una de las causas más relevantes de la discriminación de las mujeres en el ámbito de las relaciones de trabajo, en la brecha salarial, en la promoción profesional y en las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y de poder. El informe destaca que aún no se puede afirmar que los derechos de conciliación y las medidas de corresponsabilidad sean suficientes y completamente eficaces.

Otras de las medidas objeto de análisis han sido las procesales y organizativas adoptadas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia con referencias a la actividad procesal, a los órganos judiciales y los cargos que los ocupan. El informe denuncia la generalizada utilización de un lenguaje claramente masculino en este marco legislativo, lo que supone la invisibilización casi absoluta de la alta tasa de participación que actualmente representan las mujeres en el ámbito de la Administración de Justicia.

Víctimas de violencia de género

En cuanto a la legislación dictada por la Covid-19 en relación con la violencia de género y aunque algunas normas no contemplan directamente a las víctimas, estas se ven beneficiadas de muchas medidas de ayuda y apoyo social que han sido establecidas al formar parte de un colectivo vulnerable desde el punto de vista social y económico. Asimismo, se han articulado medidas específicas adoptadas de forma rápida para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de protección y atención a las víctimas durante la pandemia.

En cuanto al uso que se hace del lenguaje en el conjunto de las disposiciones normativas analizadas se afirma que, por lo general tiende a caracterizarse por ser sexista, un lenguaje que se utiliza en clave masculina. No obstante, recoge algunas observaciones que indican que se está tratando de avanzar en la dirección de visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción normativa, como es el caso de algunos textos, como los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo  y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como personas trabajadoras o personas vulnerables, pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino. La necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar la contribución de las mujeres a la vida económica y social.

 

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Carla Vallejo defiende la creación de espacios funcionales para mejorar la atención de las mujeres víctimas

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias participó en las III Jornadas de Justicia e Igualdad y defendió que los avances en esta materia tienen que ir acompañados de formación y sensibilización

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, defendió este viernes, durante las III Jornadas de Justicia e Igualdad, que la justicia tiene que ser “práctica” a la hora de atender y defender a las mujeres e infancia víctima de la violencia machista. La magistrada formó parte de la mesa de debate El sistema judicial en el ámbito de la violencia de género. Balance 15 años después de la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, dentro de este evento organizado por el Ministerio de Justicia con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.

Vallejo, desde su experiencia como magistrada especializada en orden penal y violencia contra la mujer, recordó que históricamente, en el grueso normativo, se ha defendido al acusado, pero que gracias a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y al Estatuto de la Víctima esto comenzó a cambiar y se presentó a la víctima como un sujeto con derechos.

“Esto supone la necesidad de hacer más rica la justicia, que no solo trata de construir juzgados y fiscalías, supuso crear nuevas instituciones y espacios”, indicó la viceconsejera, que explicó que el Gobierno de Canarias en estos momentos está inmiscuido en garantizar una justicia práctica que, entre sus misiones, tiene concebir edificios judiciales con espacios agradables y adaptados. Así, Vallejo resaltó que actualmente se está avanzando en la creación de un plan funcional que concretará cómo tendrán que ser a partir de ahora los espacios de espera y atención a la víctima, sin olvidar a la infancia, que tendrán que estar rodeados de servicios adecuados y equipos especializados.

Por otro lado, también reconoció que las nuevas tecnologías se pueden convertir en aliadas para la justicia y puso como ejemplo la puesta en funcionamiento de oficinas virtuales de atención a las víctimas o la mejora de los servicios de cita previa.  No obstante, admitió que hay márgenes de mejora en la tecnología, pero estas tienen que ir acompañadas de formación y sensibilización.

Por último, la viceconsejera apuntó que, en cuanto a la legislación, “queda mucho por mejorar y los retos son similares a los de 2003 y 2004 cuando se creó esta jurisdicción”, y ello pasa por avanzar hacia una justicia especializada, garantista y moderna que tenga en cuenta el papel que tiene que desempeñar las indemnizaciones a las víctimas, que a su parecer no garantizan la reparación integral de los daños. Para ello, dio como claves el trabajo “de manera firme y con humildad”.

Sobre las Jornadas de Justicia e Igualdad

Estas jornadas se celebran desde 2019, dentro de las actividades organizadas por la Unidad de Igualdad, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. En esta tercera edición, que ha tenido lugar este 4 y 5 de marzo, las jornadas llevaron por título El papel de la Justicia en la consecución de la Igualdad entre hombres y mujeres.

Las jornadas constaron de cinco mesas con asuntos muy variados y de actualidad. Los temas que se trataron fueron sentencias emblemáticas con perspectiva de género; los anteproyectos de ley de enjuiciamiento criminal y de garantía integral de la libertad sexual; los retos pendientes en la formación de los operadores jurídicos con perspectiva de género; el sistema judicial en el ámbito de la violencia de género 15 años después de la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; y el papel de las mujeres en la consecución de la igualdad en la justicia.

Con este acto se pretendía, a través de un recorrido por las temáticas de las diferentes mesas, destacar la labor de la justicia en España en los grandes avances dados hacia la igualdad real en nuestro país, así como los retos pendientes para seguir reduciendo los diferentes ámbitos de desigualdad.

Carla Vallejo, magistrada y socia fundadora de la Asociación Española de Mujeres Juezas, formó parte de una mesa moderada por el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio, Francisco de Borja Vargues, en la que estuvieron presentes Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, y de Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio, que también fue fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer.

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Canarias pone en marcha el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas para atender con garantía la crisis de la COVID-19

Se trata del primero de los tres juzgados solicitados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al Ministerio de Justicia para atender el incremento de litigios generados por la crisis del coronavirus en el ámbito social y mercantil

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas, el primero de los tres que se solicitó el pasado verano al Ministerio de Justicia para hacer frente al aumento de los litigios derivados de la crisis de la COVID-19.

La Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria cuenta desde el pasado 30 de diciembre con esta nueva dotación, cuya creación se promovió en junio durante la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. En este encuentro, además del juzgado ya en funcionamiento, se instó a la creación del Juzgado de los Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas, que está previsto que entren en funcionamiento el próximo mes de junio.

Como señala la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, estos tres órganos judiciales se han creado con carácter urgente dada la situación excepcional generada por la crisis económica actual, que ha hecho que se hayan incrementado los litigios mercantiles y sociales. Para su puesta en marcha, el Ejecutivo autonómico asumió el compromiso de dotarlos de medios materiales y personales adecuados. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas contempladas en el Plan de Choque de la Administración de Justicia para hacer frente a los efectos de la crisis de la COVID-19.

El plan se centra en atender las necesidades de las jurisdicciones más afectadas por las circunstancias actuales (mercantil y social) en el que, además de un sistema de refuerzos implantado desde septiembre de 2020 al que han podido acogerse voluntariamente los juzgados de esos órdenes jurisdiccionales, prevé la creación de estas tres nuevas unidades judiciales.

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Las asociaciones de memoria histórica de Canarias se reúnen con el secretario de Estado de Memoria Democrática

En el encuentro, organizado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estuvo presente la Asociación de Memoria Histórica de Arucas en representación de las asociaciones de las Islas

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, mantuvieron este pasado lunes, en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, un encuentro con la Asociación de Memoria Histórica de Arucas como representante de las asociaciones de memoria histórica de las Islas.

En la reunión estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; además de, por parte de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, su presidenta, Pino Sosa; su secretario, Gregorio Arencibia; y el vocal, Orlando Rodríguez; así como el director del Gabinete del secretario de Estado de Memoria Democrática, Alfonso Berlanga. También estaban convocadas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Palma y la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que excusaron su ausencia.

El secretario de Estado ha explicado el contenido del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, y que inicia ahora su trámite de audiencia pública. Según explicó, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática tiene la ambición de poner a las víctimas y su dignificación en el centro de la actuación pública. Con la nueva normativa se pretende la declaración de ilegitimidad de los tribunales de excepción y la nulidad de las resoluciones que dictaron, así como potenciar y reconocer la labor del movimiento memorialista, creando un órgano permanente de consulta.

Así mismo, en el anteproyecto se refleja que las labores de búsqueda, localización y exhumación de restos de personas desaparecidas son una responsabilidad del estado, por lo que se establecerá un plan cuatrienial de actuación y se crearán un banco de ADN nacional de víctimas, así como una fiscalía especial de Memoria Histórica y Derechos Humanos que garantice el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos durante GC y dictadura.

Los representantes de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas saludaron positivamente el contenido de la ley e insistieron en la importancia de su cumplimiento efectivo y de que se cuente con la imprescindible aportación que realizan las asociaciones memorialistas. En particular, indicaron la urgencia de proceder a la investigación, localización y exhumación de las fosas que aún quedan por intervenir en Canarias.

En la actualidad en Canarias está en marcha la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, que tuvo su primera reunión constitutiva el pasado 25 de septiembre. Su constitución no es más que un mandato de la Ley 5/2018, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, y con ella se busca alcanzar una política de recuperación y dignificación de la memoria democrática.

El dictamen de esta Comisión Técnica es necesario también para la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, así como, entre otras cuestiones, aprobar el catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, la actualización del mapa de fosas o la aprobación del protocolo de exhumaciones, siendo todas estas actividades en las que trabaja intensamente el Gobierno de Canarias.

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La Red de Puntos de Encuentro Familiar se extiende por toda Canarias tras la apertura del centro de Fuerteventura

El Cabildo majorero y los seis ayuntamientos de la isla acuerdan que el servicio sea itinerante por todos los municipios

La Red de Puntos de Encuentro Familiar se extiende por todas las islas del Archipiélago después de que este martes el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, haya inaugurado, junto al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, este recurso social en la isla majorera, que será gestionado por la ONG Centro de la Familia con una subvención de 33.828,64 euros otorgada por la Viceconsejería de Justicia.

En el acto, que tuvo lugar en la sede situada en Puerto del Rosario, estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno, Marta Bonnet; el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso; el alcalde de Puerto de Rosario, Juan Jiménez; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Yanira Domínguez; el presidente de la Mancomunidad Centro Sur de Fuerteventura, Matías Peña, así como el director de la ONG Centro de la Familia, Raimundo Moreno.

Pérez destacó que el Punto de Encuentro Familiar es un mecanismo que presta un servicio de intervención familiar que permite superar los conflictos que suponen la intervención de un tercero. Para ello, el Gobierno, a través de subvenciones directas a organizaciones no gubernamentales, pone a disposición de la ciudadanía estos espacios seguros y de aprendizaje gestionados por profesionales.

“Pocos servicios públicos tienen un nombre tan claro de lo que significa”, resaltó el consejero, que insistió que gracias a estos centros se facilita la conciliación y la comunicación en las familias que comparten la custodia de menores. Con el Punto de Encuentro Familiar se logra que situaciones que estaban teniendo lugar en dependencias judiciales o en la propia calle pasen a gestionarse en estos espacios pedagógicos adecuados para menores.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y, como ejemplo de ello, explicó que este Punto de Encuentro Familiar será itinerante en todo el territorio de la isla gracias a los acuerdos alcanzados por la Consejería de Políticas Sociales de la Institución insular con los seis municipios majoreros.

Por su parte Raimundo Moreno, director de la ONG que gestionará este espacio, apuntó que estos centros también realizan un acompañamiento a víctimas directas o indirectas de la violencia machista, lo que permita el empoderamiento de las personas afectadas, tanto menores y mujeres, superando las secuelas que puedan provocar esta situación.

Durante este 2020 la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas para el funcionamiento de la Red de Puntos de Encuentro Familiar en todo el territorio del Archipiélago. De hecho, a lo largo de este año se han puesto en funcionamiento estos recursos sociales, además de en Fuerteventura, en Lanzarote y el Sur de Gran Canaria. Estos tres centros se han unido a los ya existentes en el Sur de Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera.

En todos estos Puntos de Encuentro Familiar las prestaciones de los servicios corren a cargo de organizaciones no gubernamentales especializadas y con experiencias en estos ámbitos como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife).

Bases para el Centro de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+

Durante la visita a Fuerteventura la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, mantuvo un encuentro con el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso, y representantes de ALTIHAY Fuerteventura Colectivo LGTBI+ Simpatizantes de Canarias, en el que se sentaron las bases para crear un Centro de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+ que impulse las políticas en memoria histórica y promueva el reconocimiento a las víctimas que estuvieron en la Colonia Agrícola y Penitenciaria de Tefía.

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La viceconsejera de Justicia participa en la presentación del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote

El acto tendrá lugar de manera telemática con unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, presentará el próximo 28 de octubre el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, en funcionamiento desde el pasado mes de septiembre gracias a una subvención concedida por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que dirige Julio Pérez. Con motivo de este acto se celebrarán, de manera telemática, unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género.

En dichas jornadas se contará con tres ponencias que analizarán y expondrán la organización y funcionamiento del nuevo punto de encuentro familiar de Lanzarote, la normativa en materia de puntos de encuentro familiar y la relación entre los puntos de encuentro familiar y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Al finalizar cada ponencia habrá turno para el debate entre ponentes y asistentes.

La jornada arrancará a las 16.00 horas con la inauguración, que correrá a cargo de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viñas; y el juez decano del Partido Judicial de Arrecife, Adalberto de la Cruz. Posteriormente tendrá lugar la primera de las tres ponencias del día que versará sobre El Nuevo Punto de Encuentro Familiar de Arrecife: Organización y Funcionamiento y en la que participa la psicóloga-coordinadora del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, Daura Hernández.

La siguiente ponencia la dará la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, quien hablará sobre El futuro reglamento de Puntos de Encuentro Familiar, que en la actualidad se está elaborando tras haber estado abierto a consulta ciudadana. Por último, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, Silvia Muñoz, cerrará la jornada con su conferencia Punto de Encuentro y Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Las jornadas, que son gratuitas, están dirigidas principalmente a profesionales jurídicos, aunque también están abiertas a los medios de comunicación y a todas aquellas personas que que puedan tener interés en el funcionamiento, gestión, fines y objetivos de los puntos de encuentro familiar. Para asistir a ellas hay que completar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web www.jornadaspuntodeencuentroarrecife.com.

El Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote está situado en el barrio de Altavista, en Arrecife, y está gestionado por la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial +Familia, a través de una subvención de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Durante este 2020 la Consejería ha otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas para el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar en todo el territorio del Archipiélago. De hecho, a lo largo de este año se han puesto en funcionamiento estos recursos sociales en Lanzarote, el Sur de Gran Canaria y Fuerteventura, que se han unido a los ya existentes en el Sur de Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. En todos estos centros, las prestaciones de los servicios corren a cargo de ONG especializadas y con experiencias en estos ámbitos como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife).

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