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El Gobierno de Canarias finaliza la situación de prealerta por fenómenos costeros en el archipiélago

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, finaliza la situación de prealerta por fenómenos costeros en Canarias a partir de las 20:00 horas de hoy, martes, 23 de diciembre. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

 

Ámbito territorial:  
Litoral oeste, norte y nordeste de La Palma y de Lanzarote; costa norte y oeste del Hierro, La Gomera, Tenerife y Fuerteventura; y litoral del noroeste y norte de Gran Canaria.

Observaciones:  

Habiendo terminado las malas condiciones del estado del mar que justificaron la declaración de la situación de prealerta, se da por finalizada la misma

25-12-23 Finalizacion 68 2025 PEFMA prealerta Fenomenos Costeros

La ESSSCAN incrementa su propuesta formativa un 14 por ciento en 2025 hasta alcanzar los 951 cursos

Una de las sesiones de formación de la ESSSCAN durante 2025

El consejo de administración de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias aprobó esta semana el proyecto formativo para 2026 y dio luz verde al presupuesto para el próximo año

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, celebró la semana pasada su consejo de administración, un encuentro en el que se aprobaron el proyecto formativo y el presupuesto de la ESSSCAN para el 2026, que marcan las líneas de trabajo relativas a la formación del personal del ámbito de la salud, la gestión, la administración y la asistencia sanitaria y social.

Por otra parte, se presentó el balance de actividad del presente año. En este sentido, se resaltó que durante el actual ejercicio se han desarrollado 951 cursos, un 14,03 por ciento más que en el año 2024.

En cuanto a los reconocimientos de oficialidad, 769 cursos han contado con esta categoría y 662 formaciones han podido ser acreditadas.

Durante la reunión también se desglosaron los proyectos subvencionados. En este caso, en el 2025 se han organizado 543 cursos distribuidos en siete planes formativos: uso racional del medicamento, Atención Primaria y cronicidad, salud mental y adicciones, bioética y formación continuada.

También se han desarrollado el XIX Encuentro Regional de la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, organizado por la ESSSCAN y promovido por el Instituto Canario de Igualdad, y la Escuela Preventiva, una iniciativa formativa puesta en marcha en colaboración con el Cabildo de Tenerife.

Por último, se detallaron los convenios firmados con otras entidades sociosanitarias de Canarias, como la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria, el Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas, la Universidad Fernando Pessoa Canarias o el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, entre otros.

Estos acuerdos de colaboración persiguen impulsar la formación entre los profesionales de las islas vinculados a la promoción de la salud y el bienestar general del conjunto de la población.

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Policía Autonómica y Policía Local inspeccionan 23 vehículos de transporte en un operativo en Tenerife Sur

La actuación conjunta permitió detectar infracciones relacionadas con autorizaciones, ITV y seguridad de la carga

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), en coordinación con la Policía Local de Granadilla de Abona, han desarrollado un operativo conjunto de inspección de vehículos de transporte en los accesos al Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía), dentro de las actuaciones de vigilancia e inspección administrativa del transporte por carretera.

El operativo, planificado por la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa, de la que depende el Grupo de Transporte del Cuerpo General de la Policía Canaria, se desarrolló en Granadilla de Abona, uno de los puntos considerados de mayor afluencia de tránsito y la actividad vinculada al transporte de viajeros.

Durante el dispositivo se inspeccionaron un total de 23 vehículos, con el objetivo principal de detectar posibles situaciones de intrusismo profesional y transportes irregulares o carentes de la correspondiente autorización administrativa, prácticas que perjudican directamente a los transportistas que cumplen con la normativa vigente.

El operativo incluyó, además, la realización de pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas durante la conducción, en el marco de las actuaciones preventivas para reforzar la seguridad vial.

Como resultado del control, los agentes de la Policía Autonómica tramitaron cuatro infracciones por carencia de autorización de transporte. Por su parte, la Policía Local de Granadilla de Abona detectó infracciones relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y con deficiencias en la carga, al afectar a la seguridad de los ocupantes.

Esta actuación conjunta reafirma el compromiso de ambos cuerpos policiales con el control del transporte, la seguridad vial y la protección de los profesionales que ejercen su actividad de forma legal en Canarias.

 

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El ICAP aprueba el Plan de Formación 2026 destinado a la capacitación del personal público de la Comunidad Autónoma

El Instituto ofrece 303 actividades durante el año, con más de 16.000 plazas

El Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha aprobado hoy el Plan de Formación de la Comunidad Autónoma para el año 2026 destinado a la adquisición de competencias y herramientas profesionales del personal público, cuyo presupuesto asciende a 858.808,09 euros. Cuenta con un total de 303 acciones formativas, 7.273 horas lectivas y 16.283 plazas, lo que supone un incremento con respecto a la edición de 2025, reflejo del compromiso con la formación de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves lady Barreto.

La directora del ICAP, Pino de León, señala que las diferentes acciones formativas del Plan se han diseñado en base a las necesidades reales de capacitación que tiene el personal público. “El objetivo final es mejorar la atención y los servicios que se prestan al conjunto de la ciudadanía, una meta que pretendemos alcanzar a través del desarrollo de las competencias profesionales del personal público, dotándolo de herramientas que le permitan afrontar los nuevos retos derivados del contexto de transformación actual”, resaltó De León.

El Plan de Formación de la Comunidad Autónoma 2026 abarca áreas como contratación pública, liderazgo, el funcionamiento de medios electrónicos en el sector público, la adquisición de competencias para la transformación digital de las Administraciones públicas, la gestión de fondos europeos, la participación ciudadana y la organización y desarrollo del teletrabajo, entre otros temas.

Para su definición se ha tenido en cuenta el análisis de los datos relativos a la demanda registrada en las actividades celebradas en el ejercicio 2025 y los resultados de ejecución y evaluación de las mismas, con refuerzo de las que han sido más requeridas y han recibido mejor valoración por las personas participantes.

Las actividades formativas del Plan 2026 se estructuran en distintos bloques, según los profesionales a los que se dirigen. En primer término está el programa de formación general, que incluye formación de carácter general y transversal dirigida a todas las empleadas y empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, orientada a facilitar la adquisición, mejora y actualización de conocimientos, habilidades y aptitudes en diferentes áreas, favoreciendo la mejora profesional, la adaptación al cambio y el aprendizaje permanente.

Por otro lado, el programa de formación sectorial, que contempla formación específica para el dominio de las competencias necesarias para una adaptación permanente al puesto de trabajo desempeñado. Este programa está alineado con los objetivos estratégicos de cada departamento. Asimismo, el Programa de Gestión de Fondos Next Generation EU, que impartirá formación inicial y respecto a materias comunes a medida para la gestión de los fondos en materias tales como planificación estratégica, habilidades directivas, contratación pública, procedimientos de subvenciones y ayudas, gestión financiera o presupuestaria, convenios o colaboración público-privada, entre otras.

El Programa de gestión del conocimiento, por su parte, pretende tratar las situaciones de salida y entrada de personas considerando el riesgo de pérdida de conocimiento, y abarca el Programa Mentor y las Comunidades de Aprendizaje Profesional (CAP).

En el Programa Mentor, la experiencia, formación y conocimiento de empleados públicos con una trayectoria administrativa más amplia, se pone al servicio de otros para que la Administración de la Comunidad Autónoma mejore. Los participantes mentorizados, a partir de un diagnóstico inicial individualizado, elaboran y desarrollan un plan de acción que les permitirá su cualificación.

La Comunidad de Aprendizaje Profesional es una actividad formativa donde un grupo de empleadas y empleados públicos que desarrollan funciones con una temática común, comparten y adquieren conocimientos de forma conjunta mientras elaboran un producto final que puede ser un proyecto, un plan, una guía, un protocolo, un manual de procedimiento o la realización de un estudio de investigación sobre la materia.

Por último, el programa de acogida ofrece un proceso formativo a las personas que acceden a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes de convocatorias de acceso al empleo público, de manera que puedan adaptarse más eficazmente a su nuevo puesto de trabajo.

El plan profundiza en aspectos como la formación interadministrativa, que recoge un conjunto de acciones encaminadas a mejorar la gestión de aquellos servicios en los que concurren varias administraciones, compartiendo recursos formativos, normas y pautas de actuación; y el programa de autoformación, que incluye recursos de autoaprendizaje, constituyendo un complemento a los programas anteriormente descritos y permitiendo a un número muy amplio de personas la adquisición de conocimientos de modo autónomo. Abarca, asimismo, el programa de cooperación y coordinación.

Entre las novedades introducidas en 2026 se encuentran el programa de liderazgo y alta dirección, transformación digital, transferencia del conocimiento e “islotes del conocimiento”, una medida innovadora que, a través de grabaciones breves y accesibles a través de la web, permitirá explicar de forma sencilla cómo realizar procedimientos administrativos o aprovechar recursos disponibles.

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Bienestar Social firma los convenios de dependencia aprobados ya por los cabildos de Tenerife y Lanzarote

  • La aportación de la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre
  • Marci Acuña destaca los importantes avances organizativos que se han puesto en marcha para mejorar la respuesta a la ciudadanía
  • Águeda Fumero asegura que es el “acuerdo más importante en materia social”

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado ya los convenios que, ratificados por los cabildos de Tenerife y Lanzarote, aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad.

El convenio con Lanzarote contempla una aportación de 52.705.130,88 millones de euros procedentes de la Comunidad Autónoma hasta 2028 para la financiación de servicios y de un total de 847 plazas de carácter residencial y diurnas y 160 de promoción de la autonomía personal.

Por su parte, en Tenerife, el convenio contempla la aportación de 489.531.685,04 euros, hasta 2028 para financiar los servicios y un total de 5.472 plazas de carácter residencial y diurnas, lo que supone un incremento de 269 plazas con respecto a 2024, además de 300 plazas para promoción de la autonomía personal.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre una partida plurianual de 1.132,4 millones de euros, aproximadamente, para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros. En el caso de Tenerife, la institución insular aportará 202.000.242 euros (un 29,21% del total del coste del Sistema); y en Lanzarote, la administración insular aportará el 30,39%, lo que supone 23.009.614,12 millones de euros.

Los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

El nuevo marco introduce importantes novedades para mejorar la gestión y la respuesta a las personas dependientes de la isla, como la modernización del sistema de información o la incorporación de un protocolo para la derivación de las urgencias sociosanitarias (pendiente de negociación entre las administraciones participantes).

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, señaló que “el nuevo convenio de dependencia refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas”.

Todo el procedimiento ha sido documentado y participativo, con la implicación de los cabildos y agentes del tercer sector. En este contexto, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, destacó “el esfuerzo económico que realiza la institución insular para sostener y mejorar el sistema de atención a la dependencia”. Asimismo, subrayó que “esta aportación va acompañada de importantes avances organizativos que nos están permitiendo acelerar las valoraciones, reducir tiempos de espera y mejorar la respuesta a las personas y familias que necesitan estos recursos con urgencia”.

Por su parte, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, señaló que “éste es el acuerdo más importante del mandato en materia social, ofreciendo un marco jurídico-financiero, que garantiza estabilidad en la atención a la dependencia en Tenerife hasta 2028”.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

 

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El Gobierno aprueba el decreto del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y el nuevo sistema de adjudicación

El decreto sustituye el sistema de sorteo por un modelo de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación

El nuevo marco exige acreditar al menos 10 años de residencia en Canarias, o 15 en caso de residencia discontinua, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública

La norma refuerza la transparencia y la equidad en el acceso a la vivienda protegida, priorizando a las personas y familias con mayor necesidad habitacional

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el Proyecto de Decreto por el que se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, así como el régimen de adjudicación de viviendas protegidas y de promoción pública y sus anejos no vinculados.

Con este acuerdo, el Ejecutivo toma en consideración el texto normativo y solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, para su posterior aprobación definitiva. El decreto establece un marco actualizado y homogéneo para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que será de carácter único para todo el Archipiélago y de inscripción obligatoria para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.

La norma introduce un cambio en el sistema de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública. Frente al modelo anterior, basado fundamentalmente en el sorteo cuando la demanda superaba a la oferta, el nuevo decreto regula un procedimiento de adjudicación sustentado en criterios objetivos de baremación. Este sistema permite priorizar el acceso a las viviendas en función de la situación social, económica y familiar de las personas demandantes, atendiendo especialmente a las unidades de convivencia con mayores dificultades de acceso a una vivienda digna.

El decreto refuerza de manera expresa los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como elemento clave del acceso a la vivienda pública. Para ser adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en el Archipiélago de al menos diez años, o quince años en caso de que dicha residencia haya sido interrumpida. Asimismo, se exige la residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público de vivienda atienda prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.

Asimismo, el texto regula de forma detallada los requisitos de inscripción en el Registro, estableciendo con claridad los niveles de ingresos y patrimonio exigidos para acceder a una vivienda protegida.

Impulso social a la política de vivienda pública

El proyecto de decreto introduce además un claro impulso social a la política de vivienda pública, al revisar al alza los porcentajes de reserva destinados a colectivos específicos. En concreto, la reserva para personas jóvenes se incrementa del 5 % al 20 %, la correspondiente a personas mayores de 65 años pasa del 5 % al 10 %, al igual que la prevista para personas con limitaciones funcionales, mientras que el cupo reservado a víctimas de violencia de género se eleva del 5 % al 8 %.

Asimismo, el decreto incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, con el fin de asegurar una gestión responsable, adecuada y sostenible del patrimonio público, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y preservando su función social a largo plazo.

Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.

La norma avanza también en la modernización de las tipologías habitacionales, al definir expresamente qué se entiende por viviendas prefabricadas y viviendas modulares y regular su utilización por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con este proyecto de decreto, el Gobierno de Canarias da un paso decisivo en la modernización de su marco normativo en materia de vivienda, reforzando la transparencia, la equidad y el carácter social del acceso a la vivienda protegida, y garantizando que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes más los necesitan.

El Gobierno aprueba la OPE de 2025 del Servicio Canario de la Salud para la estabilización de 702 plazas

La oferta incluye 74 plazas de facultativo especialista de área, 53 de medica/o de familia, ocho de pediatra de equipo de Atención Primaria, 183 de enfermería y 115 de auxiliar de enfermería, entre otras de las categorías sanitarias y de gestión y servicios

La OPE fue consensuada con los sindicatos que conforman la Mesa Sectorial de Sanidad en el mes de noviembre

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a iniciativa de la Consejería de Sanidad, la Oferta de Empleo Público del Servicio Canario de la Salud (SCS) del año 2025, integrada por 702 plazas de personal estatutario correspondientes a la tasa de reposición de efectivos, que fue consensuada en Mesa Sectorial de Sanidad, el 17 de noviembre pasado, entre la administración y las organizaciones sindicales.

La oferta de empleo se distribuye en 511 plazas sanitarias y 191 de gestión y servicios, de un total de 61 categorías profesionales diferentes, cuyo desglose se incluye en el decreto de aprobación de la nueva OPE, que fue ratificado hoy por el Ejecutivo regional y se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

En la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta las plazas básicas vacantes con dotación presupuestaria incluidas en las plantillas orgánicas de las once Gerencias del SCS, que no están afectadas por ofertas de empleo público anteriores, ni en situación de reserva a favor de personal fijo.

La oferta de plazas de las categorías sanitarias incluye 74 de facultativo especialista de área, 77 de médicos, de las que 53 corresponde a médica/o de familia, y el resto a otras especialidades como Admisión y Documentación Clínica, Cuidados Paliativos o Urgencias y además contempla ocho plazas para pediatra de equipo de Atención Primaria.

A estas plazas se añaden 183 de enfermería, doce de matrón/a, once de fisioterapia, 115 de auxiliar de enfermería, doce de técnica/o de auxiliar de farmacia, 26 plazas para técnicos especialistas en las especialidades de laboratorio, anatomía patológica y radiodiagnóstico, entre otras categorías profesionales.

Categorías de gestión y servicios

La oferta de plazas de las categorías no sanitarias se compone de 191, entre las que se incluyen 37 del grupo auxiliar administrativo de la función administrativa, dieciocho de celador/a, trece de pinche, doce de limpiador/a, diez de grupo técnico de la función administrativa, diez de grupo administrativo, además de plazas para otras 34 categorías profesionales.

Con esta nueva OPE, la Consejería de Sanidad continúa la senda iniciada años anteriores para la reducción de la temporalidad en el empleo en el Servicio Canario de la Salud, mediante procesos selectivos por sistema de acceso libre, para personal de nuevo ingreso, como de promoción interna, para facilitar el derecho a la promoción profesional del personal estatutario fijo.

En cumplimiento de la normativa vigente se reserva un porcentaje del siete por ciento de las plazas ofertadas, en su cuantía global, para ser cubiertas por personas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que superen los procesos selectivos, acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.

Educación aprueba una nueva oferta de empleo público con 957 plazas para reforzar la estabilidad del profesorado

La OPE de 2025 permitirá avanzar en la reducción de la temporalidad y consolidar plantillas en los centros educativos públicos de Canarias

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha aprobado en el Consejo de Gobierno la Oferta de Empleo Público (OPE) de personal docente no universitario correspondiente al año 2025, que contempla un total de 957 plazas para los distintos cuerpos del sistema educativo público canario.

Esta nueva oferta se enmarca en las líneas de actuación impulsadas por la Consejería para avanzar en la estabilización del empleo docente, reducir la tasa de temporalidad y garantizar la continuidad de los proyectos educativos en los centros, favoreciendo una mayor estabilidad de las plantillas y una mejora de la calidad del servicio público educativo.

La Oferta de Empleo Público de 2025 se distribuye entre los distintos cuerpos docentes, con 466 plazas del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria; 457 del cuerpo de maestros; diecisiete del cuerpo de profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional; siete del cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; cinco del cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño; tres del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas – una de ellas correspondiente a una rectificación de la OPE de 2023 –; una del cuerpo de maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; y una plaza del cuerpo de Inspectores de Educación.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, subrayó que esta OPE “responde a una planificación responsable y sostenida en el tiempo, que nos permite seguir consolidando empleo estable y ofrecer certidumbre tanto al profesorado como a los equipos directivos”. En este sentido, señaló que “la estabilidad de las plantillas es clave para reforzar la calidad educativa y dar continuidad a los proyectos pedagógicos de los centros”.

Ramírez destacó además que “esta oferta se suma al importante esfuerzo realizado en los dos últimos cursos para transformar empleo temporal en empleo estable”, un proceso que ha permitido la incorporación de 6.125 nuevos funcionarios de carrera al sistema educativo público canario tras la culminación de los procedimientos de estabilización y de las convocatorias ordinarias. “Este trabajo ha sido clave para reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad de las plantillas y ofrecer mayor certidumbre tanto al profesorado como a los centros”, añadió.

La aprobación de esta oferta no es una medida aislada, sino que forma parte de una planificación más amplia que combina la estabilización del empleo con la incorporación de nuevos perfiles docentes y el refuerzo de áreas estratégicas del sistema educativo, como la atención a la diversidad, la orientación educativa o la formación profesional. En este sentido, la OPE constituye una herramienta fundamental para seguir avanzando hacia un modelo educativo más sólido, con profesionales que puedan desarrollar su labor con estabilidad y perspectiva de futuro.

La aprobación de esta oferta de empleo público permitirá, en los próximos meses, la convocatoria de los procedimientos de ingreso al cuerpo docente a través de las correspondientes pruebas selectivas.

El Gobierno aprueba la creación de una Unidad Administrativa Temporal en el Servicio Canario de Empleo

La unidad contará con 158 técnicos y reforzará la atención a desempleados, así como las políticas activas de empleo en todas las islas

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este martes la creación de una Unidad Administrativa Temporal en el Servicio Canario de Empleo (SCE) para mejorar la atención a las personas desempleadas y reforzar las políticas activas de empleo en todas las islas.

La unidad contará con 158 técnicos especializados del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio. Esta iniciativa da continuidad a la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado 31 de octubre para crear una bolsa de empleo de técnicos laborales. Gracias a esta bolsa, se seleccionarán los profesionales que formarán parte de la nueva unidad.

La Unidad Administrativa Temporal, con una vigencia inicial de tres años para el periodo 2026-2028, tendrá carácter transversal, prestando apoyo a las distintas subdirecciones del SCE y, en particular, a la red de oficinas de empleo de las islas. Entre sus principales funciones se encuentran el refuerzo de la atención personalizada a las personas demandantes de empleo, la realización de diagnósticos de empleabilidad, la orientación profesional, la prospección empresarial, así como la gestión, seguimiento y control de las subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar.

La creación de esta unidad también da cumplimiento a la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, que busca mejorar la calidad de los servicios de orientación profesional, fomentar la participación en formación y reforzar la atención a las empresas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya la importante contribución de estos puestos de carácter estructural, a los que calificó como “fundamentales para el fomento de la empleabilidad”, subrayando su papel clave en los resultados históricos del mercado laboral registrados en Canarias en este último año.

Asimismo, señala que “esta medida responde a la necesidad de consolidar la atención que se presta a las personas usuarias, reforzando especialmente la atención a colectivos prioritarios, como jóvenes y personas desempleadas de larga duración, con el objetivo de mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la eficacia, la eficiencia y la calidad en los servicios públicos de empleo, garantizando una atención más ágil y personalizada a personas demandantes de empleo y al tejido productivo de las islas.

El Gobierno aprueba primeros planes de igualdad entre hombres y mujeres de la Administración General y de Justicia

La Comunidad Autónoma avanza en la integración del enfoque de género en la estructura, el funcionamiento y los procedimientos de trabajo para favorecer la igualdad entre 11.500 empleados públicos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los primeros planes de Igualdad entre hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se establecen los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato, de oportunidades y de resultado en el empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su consecución para el personal al servicio de la Administración General y de la Administración de Justicia. Ambos planes abarcan a un total de 11.500 empleados públicos, de los que 8.600 forman parte de la plantilla de la Administración General y 2.900 de la de Justicia.

Estos dos planes han sido presentados por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, en el ámbito de sus competencias, como resultado del acuerdo de Gobierno de noviembre de 2023. En dicho Consejo se fijaron cuatro ámbitos funcionales de la Comunidad Autónoma dadas las diferencias sustanciales en la Administración General, Educación, Sanidad y Justicia, así como los órganos directivos para impulsar su elaboración y aprobación durante esta legislatura.

A partir del 1 de enero de 2026, los planes de la Administración General y la Administración de Justicia, se convertirán en los instrumentos para la consecución de los objetivos fundamentales de favorecer la igualdad entre las mujeres y los hombres que conforman su personal y avanzar en la integración del enfoque de género en la estructura, el funcionamiento y los procedimientos de trabajo.

Con carácter previo, se elaboraron los diagnósticos de la situación de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la Administración General y la Administración de Justicia, que finalizaron en noviembre de 2024. Los resultados han servido como base para la elaboración de la guía y del plan de igualdad. Asimismo, se constituyeron los Comités de Igualdad para impulsar la elaboración de los planes con participación activa en el proceso.

Los Planes de Igualdad de la Administración General ha sido presentado e informado ante los Comités de Igualdad y sometido a negociación colectiva previa con los sindicatos en los ámbitos de la Mesa Sectorial de negociación de personal funcionario y de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral y de Justicia, respectivamente

En los seis primeros meses del año 2026, las Direcciones Generales de Función Pública y de Relaciones con la Administración de Justicia, respectivamente, promoverán las actuaciones necesarias, incluidas las normativas y organizativas, que permitan la correcta aplicación del plan.

El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General Canaria se aplica a todo su personal y tiene un plazo de ejecución de 4 años, desde 2026 a 2029, pudiendo prorrogarse hasta la elaboración y aprobación de un nuevo Plan.

La estructura del Plan de Igualdad se organiza en torno a los ejes de intervención identificados a partir de las materias de análisis definidas para la realización del diagnóstico.
Cada eje estratégico tiene definido un objetivo general a cuyo logro se contribuirá con el Plan de Igualdad a través de la consecución de los objetivos específicos mediante la puesta en marcha de una serie de acciones determinadas.

En el eje de las personas se articulan los objetivos y las acciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos para la identificación de eventuales brechas de género y, en su caso, para su erradicación, así como para evitar que intervenciones aparentemente neutras puedan tener como resultado involuntario discriminaciones indirectas. Implica promover un entorno laboral seguro y libre de violencias sexistas, y fomentar la corresponsabilidad con respecto al trabajo de cuidados.

Por otra parte, están los procedimientos de trabajo en materia de comunicación y relación con entidades externas. En eje articula los objetivos y acciones dirigidas a la integración de la perspectiva de género en los procesos de trabajo relacionados con la comunicación interna y externa y la contratación administrativa.

Introducir la perspectiva de género en dichos procedimientos implica, en primer lugar, avanzar en el uso de un lenguaje no sexista en todas las comunicaciones internas y externas de la Administración General Canaria y la Administración de Justicia y, en segundo lugar, en la incorporación de cláusulas de igualdad en los procesos de contratación pública dependientes de las direcciones generales responsables (Función Pública y Relaciones con la Administración de Justicia).

El modelo escogido de mejora continua requiere de un proceso de evaluación basado en el seguimiento de los indicadores de realización de las acciones que se desarrollen anualmente, lo que permitirá tomar decisiones y, en caso de que se valore necesario, plantear reajustes.

La evaluación tiene, también, un carácter agregado, al ir acumulando la información que se obtiene cada año y que servirá de apoyo a la evaluación final. Esta será cuantitativa y cualitativa, y facilitará la identificación de las áreas de intervención y las mejoras que definirán el siguiente Plan para el avance hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en la Administración General Canaria y en la Administración de Justicia.

De este modo, la evaluación proporcionará información sobre el grado en el que se han realizado las actuaciones señaladas para cada eje de intervención y sobre el modelo de gestión utilizado; los resultados obtenidos en el cumplimiento de los objetivos y las mejoras que realizar y las líneas de intervención a futuro en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Ambos planes serán publicados en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).