El objetivo de esta actividad, que compete a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, es crear un espacio de trabajo para que el proceso electoral se desarrolle con todas las garantías

Tendrá como ponentes a la catedrática de Derecho Constitucional y ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior, Rosario García, y al letrado de las Cortes Generales y director de la Secretaría Técnica de la JEC, Manuel Delgado-Iribarren

El encuentro, de carácter formativo y divulgativo, se llevará a cabo el próximo martes, 18 de abril, de 9:30 a 14:30 horas, en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha organizado, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, una jornada formativa y divulgativa sobre Derecho Electoral, destinada, específicamente, a aquellos jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia en quienes concurre la condición de miembro de las juntas electorales actuantes en las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo, con el fin de crear un espacio de trabajo para que el proceso electoral se desarrolle con todas las garantías.

La citada jornada, que se llevará a cabo el próximo martes, 18 de abril, de 9:30 a 14:30 horas, en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, tendrá como ponentes a la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I, ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior y ex vocal catedrática de la Junta Electoral Central (JEC), Rosario García Mahamut, y al letrado de las Cortes Generales, director de la Secretaría Técnica de la JEC y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Delgado-Iribarren.

La actividad, que se dividirá en dos partes, abordará, en la primera de ellas, cinco apartados: el proceso electoral y el marco normativo regulador, desde una visión de conjunto; el sistema electoral en la Ley Orgánica 1/2018 de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias; la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias; las novedades en el procedimiento de votación de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras la reforma del artículo 75 de la LOREG (Ley Orgánica 12/2022, de 30 septiembre); y la Instrucción 1/2023, de 30 de marzo de 2023, de la JEC y sus efectos en el proceso y escrutinio de los votos de los electores CERA en las Elecciones al Parlamento de Canarias.

En la segunda parte se acometerá, en seis bloques, la organización, funcionamiento y competencias de las juntas electorales, así como la función de garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad; la formación de las mesas electorales por los ayuntamientos y la competencia de las juntas electorales de zona de admisión de excusas; y las candidaturas –requisitos de las candidaturas y de los candidatos–; composición equilibrada de las listas; presentación, subsanación de irregularidades y proclamación; y recursos contra la proclamación de candidaturas.

También se analizará, en un cuarto bloque, la campaña electoral –concepto–; la precampaña permitida; las campañas y actos de los poderes públicos: campañas institucionales permitidas, y campañas de logros e inauguraciones prohibidas; actuaciones contrarias a los principios de igualdad y la neutralidad; la distribución de medios y espacios públicos gratuitos; el respeto a los principios de pluralismo político, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación social; campaña y redes sociales.

La votación y el escrutinio por la Mesa Electoral; la votación ante la Mesa Electoral; el voto por correo; el escrutinio provisional por las mesas electorales, se tratará en el quinto bloque, y, por último, se planteará el escrutinio general por las juntas electorales; el recurso ante la JEC y la proclamación de los candidatos electos por las juntas electorales; y el recurso contencioso-electoral y el recurso de amparo.

Esta actividad forma parte de los cometidos y aportación de medios materiales precisos que corresponde al Gobierno de Canarias realizar, a través de la consejería competente, para asegurar el correcto funcionamiento del proceso electoral.

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canarias2023.infoelecciones.com recoge contenidos relevantes para la ciudadanía como las modalidades para ejercer el derecho al voto –presencial, por correo o desde el extranjero–, el calendario electoral o los detalles de la organización y desarrollo de la jornada del 28M

Procura ofrecer un diseño intuitivo y moderno que facilita la navegación sencilla por los distintos contenidos que la integran y que están divididos en tres grandes apartados: Ciudadanía, Partidos Políticos y Noticias

En las Elecciones al Parlamento de Canarias habrá dos urnas: una para la circunscripción insular, en la que se depositará el sobre y la papeleta sepia; y otra para la circunscripción autonómica, donde se introducirá el sobre y papeleta amarilla

Podrán votar 1.772.423 personas –894.997 en la provincia de Las Palmas y 877.426 en la de Santa Cruz de Tenerife–, según el censo electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de febrero de 2023; de ellos, 1.610.958 residen en Canarias y 161.465 están inscritos en el CERA

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado, a través de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, cuya titular es Marta Saavedra, la página web canarias2023.infoelecciones.com, un portal que recoge información relevante para la ciudadanía sobre las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo. Entre otras cuestiones, se puede consultar cómo y dónde ejercer el derecho al voto, el calendario electoral o los detalles y organización de la jornada del 28M.

La web procura ofrecer un diseño intuitivo y moderno, lo que facilita una navegación sencilla por los distintos contenidos que la integran y que están divididos en tres grandes apartados, Ciudadanía, Partidos Políticos, y Noticias, desde los que se acceden a distintas secciones.

A través de este portal y sus diferentes secciones –Información Electoral, Resultados, Normativa Electoral, Curiosidades y Enlaces de Interés–, los electores tendrán la oportunidad de aclarar sus dudas sobre las modalidades de voto, presencial, por correo, desde el extranjero o accesible; los horarios de apertura de los colegios; o sobre los documentos de identificación personal que se deben presentar en las mesas electorales.

Del mismo modo, podrán conocer que en las Elecciones al Parlamento de Canarias habrá dos urnas: una para la circunscripción insular, en la que se depositará el sobre y la papeleta sepia; y otra para la circunscripción autonómica, donde se introducirá el sobre y papeleta amarilla.

También, que, de acuerdo con la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, la Cámara autonómica se compone de 70 diputados y diputadas. 61 se eligen a través de las circunscripciones insulares: El Hierro, 3; Fuerteventura, 8; Gran Canaria, 15; La Gomera, 4; La Palma, 8; Lanzarote, 8 y Tenerife, 15. Los otros 9 diputados restantes se eligen a través de la circunscripción autonómica.

En el epígrafe Cómo y dónde votar, incluido en la sección Información Electoral, se resuelven dudas sobre cómo, cuándo y dónde votar, y se expone la información necesaria para ejercer el derecho al voto en función de la situación personal de cada persona, siendo importante el capítulo dedicado a las personas enfermas y las personas con discapacidad. En este último caso se incide de forma especial en las personas con discapacidad visual y en las herramientas puestas a su disposición para, si así lo desean, utilizar el procedimiento de voto accesible regulado.

Se indica, asimismo, cómo ejercer el derecho al voto de forma presencial o por correo y el procedimiento a seguir por las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El apartado dedicado a los Partidos Políticos, dividido en tres secciones –Calendario electoral, Documentación e Impresos online y Normativa– recoge una relación de las principales actuaciones a realizar por las formaciones políticas, formularios para la presentación de candidaturas, sus fechas y artículos de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG), que las regulan. Por su parte, el de Noticias incluye aquellas informaciones institucionales relacionadas con el proceso electoral.

El portal detalla en qué consiste la labor de las personas designadas como miembros de una mesa electoral y permite descargarse el manual correspondiente, e incluye, además, un glosario electoral, un epígrafe específico para quienes votan por primera vez y una explicación del Método D’ Hont y su aplicación en el reparto de los escaños del Parlamento de Canarias.

Igualmente, la web recuerda que el Gobierno de Canarias pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 012, un Servicio de Atención Telefónica desde el que puede obtener información de manera rápida y cómoda estando disponible las 24 horas de los 365 días del año.

Entre sus contenidos también hay una sección dedicada a los resultados de las elecciones al Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias celebradas en 2011, 2015 y 2019, pormenorizando el número de votos, asignación de escaños, candidatos electos, circunscripciones y municipios, entre otros aspectos.

Censo electoral

En las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo podrán votar 1.772.423 personas –894.997 en la provincia de Las Palmas y 877.426 en la de Santa Cruz de Tenerife–, según el censo electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de febrero de 2023, censo que también se puede consultar en la página web informativa presentada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

De estos 1.772.423 potenciales votantes, 1.610.958 residen en Canarias y 161.465 están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que en esta ocasión no tendrán que ejercer el voto rogado, sino que podrán participar directamente mediante correo certificado o en urna en los consulados.

La web expone que, para el voto presencial, la Oficina del Censo Electoral envía a todos los votantes una tarjeta censal donde figura la sección en la que están censados y la mesa en la que les corresponde votar, con la dirección del colegio electoral. La identificación se realizará mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o permiso (carné) de conducir (con fotografía), válido también mediante la aplicación miDGT de la Dirección General de Tráfico. No importa que dichos documentos estén caducados, pero deben ser los originales, en ningún caso fotocopia.

Voto por correo

En el caso del voto por correo, se puede solicitar desde el 4 de abril hasta el 18 de mayo y cabe la posibilidad de hacerlo a través del impreso de solicitud en la oficina de Correos o bien de forma online en la página web de Correos. Para esta última opción, es necesario disponer de un certificado DNI Electrónico (obtener DNI electrónico) o un certificado digital válido. Posteriormente, se podrá ejercer el derecho al voto entregándolo en una oficina de Correos.

El solicitante tiene de plazo para depositar el sobre con su voto hasta el 24 de mayo, en los horarios habituales de apertura de las oficinas postales. Hay que tener en cuenta que, una vez solicitado el voto por correo, ya no se puede votar personalmente en la mesa electoral.

Los canarios residentes en el extranjero tienen dos opciones para votar por correo, que depende de la circunstancia en la que se encuentren. Si son residentes permanentes en el exterior, basta con que estén inscritos en el CERA. Si están temporalmente en el extranjero, pero siguen censados en Canarias, deberán solicitar previamente el voto en el Registro de Matrícula Consular (RMC) como no residente.

El votante CERA podrá elegir indistintamente entre votar por correo o votar en urna entre el 24 y el 26 de mayo. En este último caso, deberá entregar personalmente los sobres en la embajada, oficina o sección consular en la que esté inscrito, o en los lugares que a tal efecto se habiliten para ello. También puedes votar en los consulados honorarios de España en el extranjero.

Voto accesible

La legislación española exige que los locales electorales deben ser accesibles a las personas con limitaciones de movilidad. Las personas asistentes pueden facilitar el acceso de personas discapacitadas a los colegios electorales, y en los casos que resulte imposible su acceso, el presidente o la presidenta de la mesa sacará la urna al lugar donde se encuentre esa persona.

En el caso de que no puedan desplazarte a una oficina de Correos, otra persona, autorizada notarial o consularmente, podrá solicitar el voto por correo en su nombre. En ese caso, el desplazamiento del notario o cónsul es gratuito. El plazo para solicitar el voto por correo es del 4 de abril al 18 de mayo y el voto se remitirá entre el 6 y el 24 de mayo.

Las personas con discapacidad visual que conozcan el sistema de lecto-escritura braille y tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o sean afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), y deseen utilizar el procedimiento de voto accesible regulado, deben inscribirse llamando gratis al 900 103 800, desde la convocatoria del proceso electoral hasta el día 1 de mayo.

Una vez realizada la comunicación anterior, el votante con discapacidad visual recibirá una confirmación de la recepción de la misma que le habilitará para recoger la documentación en la mesa electoral. El día de la votación, se dirigirá a el presidente o la presidenta de la mesa electoral, que, tras comprobar que el votante solicitó el voto accesible, le entregará un maletín con la documentación necesaria para ejercer su derecho a votar.

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La ciudadanía ya puede consultar, de una forma sencilla, los contratos suscritos por el Ejecutivo canario desde 2020 y en función de distintos criterios: año, categoría, tipología de contrato o procedimiento, entidad adjudicadora y empresa adjudicataria

De este modo, se facilita el acceso al número de contratos públicos que un mismo proveedor ha suscrito durante un periodo de tiempo o a cómo ha evolucionado el importe total de adjudicaciones que ha desarrollado cada departamento de la Administración autonómica

Según esta herramienta, en 2020 se adjudicaron 3.646 contratos; en 2021, ascendieron a 5.743; en 2022, disminuyeron a 3.647; y, en el tiempo transcurrido de 2023, se han registrado 923

Es una herramienta para informar de la contratación pública de manera ordenada y sencilla, a partir de los datos que obran en mano de la propia Administración, a los que se podía y puede acceder y conocer por distintos portales y plataformas del Gobierno

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado un visor interactivo de contratos, dentro de su portal de Transparencia –www.gobiernodecanarias.org/transparencia–, en el que se puede consultar, de una forma clara y sencilla, los contratos suscritos por el Gobierno de Canarias desde 2020, en función de distintos criterios: año, categoría, tipología de contrato o procedimiento, entidad adjudicadora o empresa adjudicataria.

El propósito de esta herramienta, que forma parte de los objetivos marcados al inicio de la legislatura por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, tal y como explica su titular, Marta Saavedra, es permitir a la ciudadanía comprender la contratación desde todas sus dimensiones (modalidad, adjudicador, línea de tiempo…), de una forma muy intuitiva, gracias a su grafía, y a través de muy pocos elementos.

A juicio de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, es importante que las administraciones visualicen de manera sencilla sus contratos en los portales de transparencia. Cuanto mejor se transmita esta información, más se estará avanzando en buenas prácticas en transparencia. “La ética en la gestión pública se mide, entre otros indicadores, por su manera de comunicar la contratación pública, y este visor no solo sirve para facilitar el acceso a la información, también contribuye, sin duda, a generar confianza al usuario y legitimidad pública”.

Mediante este visor interactivo, la ciudadanía puede acceder más fácilmente al número de contratos públicos que un mismo proveedor ha suscrito durante un periodo de tiempo o conocer de forma sencilla cómo ha evolucionado el importe total de contratación que ha desarrollado cada departamento de la Administración autonómica.

Como su propio nombre indica, es interactivo y ofrece al usuario la posibilidad de interactuar con el visor, establecer criterios de filtrado y consultar los detalles más pequeños en el contrato. En un primer vistazo a esta herramienta, se observa la página dividida en tres porciones. En la primera, se muestra la proporción del importe de los contratos, apareciendo el tamaño de cada departamento adjudicatario en función del montante de los contratos adjudicados. En la segunda, la línea temporal, con cuatro tipos de contratos –patrimonial, suministros, servicios y obras–, y las estadísticas generales; y en la tercera, el detalle de los principales adjudicatarios. Si se pincha o hace clic en uno de los contratos, aparece una ficha detallada del cómo se ha desarrollado el proceso de adjudicación.

De este modo, la ciudadanía puede ver que desde 2020 se han adjudicado 13.959 contratos por un importe de 2.095.980.137,77 euros, 3.346 de ellos en 2020, 5.743 en 2021, 3.647 en 2022 y 923 en el tiempo transcurrido de 2023.

También puede observar cómo, en estos cuatro años (2020-2023), se han suscrito 9.360 contratos de suministros, por un montante de 886.106.951,56 euros; 4.049 de servicios, por un importe de 800.899.284,97 euros; y 538 de obras, por un volumen de 408.406.577,61 euros.

Las entidades que han realizado mayores desembolsos son la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, con 277 contratos por 277.814.123,21 euros; la Gerencia de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, 39 contratos por 266.996,273,97 euros; la Consejería de Sanidad, 160 contratos por 247.151.074,79 euros; la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, con 1.133 contratos por 182.253.024,59 euros; la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, con 953 contratos por 163.805.916,97 euros; y la Dirección general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, con 890 contratos por 137.205.632,08 euros.

El visor de contratos es una herramienta para informar de la contratación pública de manera ordenada y sencilla, a partir de los datos que obran en mano de la propia Administración, a los que se podía y puede acceder y conocer por distintos portales y plataformas del Gobierno.

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Esta acreditación sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los ocho centros de España que pueden impartir esta formación lo que facilita que los médicos forenses continúen después en las islas

También se ha anunciado la habilitación, dentro del IMLCF Las Palmas, de un espacio dedicado a víctimas especialmente vulnerables como los menores, a los que se proporciona un espacio amigable adaptado al niño, niña o adolescente, denominado Casa de la Infancia

Esta actuación forma parte del proceso de humanización de la justicia promovido por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de esta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado este viernes, junto con su homólogo de Sanidad, Blas Trujillo; y la directora y subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, María José Melián y Eva Bajo, respectivamente, la acreditación del IMLCF de Las Palmas como unidad docente responsable del programa de Médico Interno Residente (MIR) para la formación de los médicos especializados en Medicina Forense.

Esta acreditación, que se ha logrado tras un proceso complejo, que ha requerido un importante trabajo, sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los 8 centros dentro de España donde se puede impartir esta formación MIR, (Barcelona, Murcia, Zaragoza, Albacete, Burgos, Bilbao y Cáceres), al poder acoger a un residente por año.

La Medicina Forense es una especialidad médica creada en 2020, que requiere que los IMLCF, para poder impartir esa formación a los MIR, se acrediten frente a Sanidad aportando un proyecto formativo y acreditando el cumplimiento de una serie de estándares de calidad.

Además, esta acreditación sitúa a estos centros no solo como unidades de apoyo fundamental a la actividad judicial, con la elaboración de pruebas periciales, sino como centros de formación e investigación, lo que redunda en la calidad y excelencia de su labor.

Julio Pérez ha explicado que el hecho de poder formar a los MIR es una señal importante sobre la calidad formativa de las instalaciones del IMLCF de Las Palmas, similar a las grandes instalaciones hospitalarias, que es donde habitualmente se lleva a cabo, y ha agradecido al Ministerio de Sanidad la acreditación.

Blas Trujillo ha destacado el esfuerzo del IMLCF de Las Palmas para acreditar la formación MIR de especialistas en Medicina Forense, lo que ha permitido que este IMLCF sea uno de los ocho que existen en España con acreditación del Ministerio de Sanidad. Para ello, ha dicho, se ha firmado un convenio con el SCS para la rotación de los MIR en los hospitales del Servicio Canario de Salud (SCS) durante su periodo formativo de cuatro años.

La directora del IMLCF de Las Palmas ha agradecido al equipo de la Consejería de Sanidad los logros de esta legislatura y se ha referido a la sala de autopsias nivel de bioseguridad, a la colaboración con los centros sanitarios y a la acreditación presentada hoy, que va a permitir el relevo generacional con médicos especialistas formados en el propio IMLCF de Las Palmas. A su juicio, la unión entre Sanidad y Justicia debe estar siempre. Por su parte, Eva Bajo, ha hecho hincapié en que esta acreditación supone un impulso para el IMLCF de Las Palmas.

Casa de la Infancia

Julio Pérez ha mostrado también, a través de una visita a sus instalaciones, la finalización de la obra de la Casa de la Infancia del IMLCF de Las Palmas, una iniciativa promovida desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dentro de su labor de humanización de la justicia como vía de mejora de su calidad y con el objetivo de aportar más valor y alcanzar la excelencia, que se sustenta en la eficiencia y eficacia de todos los procesos.

Dentro de ese proceso de humanización de la justicia se encuentra la adaptación de los espacios judiciales en los que se trata con víctimas vulnerables a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos.

Sin duda, cuando una persona ha sido víctima de una grave agresión afloran unos sentimientos de vulnerabilidad extrema, casi imposible de soportar. Ese daño se revive durante todo el proceso judicial de manera reiterada. Por ello, necesitamos de toda nuestra capacidad para que el resultado de este proceso judicial sea un éxito compartido para todas las personas implicadas, que van desde las víctimas y sus familiares, hasta los profesionales que trabajan en este ámbito. Y muy especialmente en el caso de menores.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estas instalaciones deben ser un ejemplo, un faro que ilumine el camino a seguir por otros juzgados, como han hecho recientemente en Valencia, al copiar las que hay en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Ha resaltado, además, que se ha hecho con unos presupuestos modestos, muy manejables.

Blas Trujillo ha valorado el trabajo de todos los que han hecho posible este espacio amigable, un proyecto referente, en su opinión, calificativo que ha compartido María José Melián, que lo ha puesto como ejemplo para la atención de la infancia en toda España.

La subdirectora del IMLCF de Las Palmas ha señalado que la Casa de la Infancia es un modelo público en el que está todo integrado, una actuación innovadora, donde las instalaciones llevan aparejado un proyecto de investigación y atenciones. Se trata de una experiencia novedosa de la que está pendiente mucha gente fuera.

Tanto en la presentación de la acreditación docente como en la visita de las instalaciones de la Casa de la Infancia han estado presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y el director del IMLCF de Tenerife, Jesús Vega.

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Todos ellos son del modelo Bell 412 EP, que reúne una serie de características más apropiadas a las labores de rescate en mar y tierra, extinción de incendios y otros servicios de vigilancia y prevención

Además de prestar un servicio multifuncional, ofrece la posibilidad de localizar personas a través del móvil y cuenta con flotadores y patines que dan mayor seguridad a las operaciones en el mar

El contrato, de cinco años y financiado con fondos europeos, tiene un presupuesto de unos 50 millones de euros, que incluye los costes necesarios para disponer de las aeronaves y su tripulación permanentemente operativas, y las horas de vuelo a realizar

El consejero de Administraciones Públicas, Seguridad y Emergencias ha presentado este jueves, en el helipuerto de La Guancha, uno de los seis nuevos helicópteros multifuncionales que el Gobierno de Canarias ha incorporado al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). Se trata del modelo Bell 412 EP, aeronave que reúne una serie de características que la hacen más apropiada a las labores que se desarrollan en el archipiélago.

Entre las principales novedades de este modelo de helicóptero, que estará en las bases ubicadas en las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura, conviene destacar su capacidad para prestar un servicio multifuncional (rescates en mar y tierra, extinción de incendios y otros servicios de vigilancia y prevención); la posibilidad de llevar a cabo la localización de personas a través del teléfono móvil; y la incorporación de flotadores y patines para dar mayor seguridad a las operaciones de rescate en el mar y en el repostaje de la cesta de incendios.

Igualmente, cuenta con mejoras en los sistemas de los helibaldes para la extinción de incendios -dos bambis por cada una de las seis bases, con sistema electrónico de múltiple descarga y un mecanismo que permite el llenado del dispositivo sin que sea preciso sumergirlo totalmente- y también en las comunicaciones de los rescatadores.

Otra ventaja es que, al ser los seis helicópteros de iguales características, se garantiza la continuidad del servicio, ya que se pueden incorporar personas de la tripulación de cualquiera de las aeronaves, algo que no ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia, por tener dos modelos de helicópteros diferentes.

Acompañado del director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas; la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de las Emergencias, Montserrat Román; el director ejecutivo y el coordinador de operaciones de la empresa adjudicataria del servicio (Pegasus), Jesús de la Fuente y Manuel Ferragut, respectivamente; y la tripulación del GES Aire, y después de haber observado el helicóptero, Julio Pérez, ha puesto de relieve que el nuevo equipamiento es fruto de un laborioso proceso -ha felicitado a la Administración y a sus funcionarios-, que ha tenido como fruto el contrato de estos seis helicópteros, durante cinco años por 50 millones de euros.

Ha resaltado que se trata de una inversión en seguridad y, por tanto, de tranquilidad para los canarios de las 8 islas, que permite incorporar novedades técnicas y modernizar y mejorar el equipamiento. El consejero se ha referido igualmente a la cualificación de las personas que prestan este servicio, pilotos, operadores de grúa y rescatadores, y ha recalcado sus características humanas, con una vocación y un compromiso singular con este tipo de labor que hacen. Del mismo modo, ha afirmado que en esta legislatura la seguridad ha sido una de las prioridades del Gobierno.

Un modelo referente

La jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de las Emergencias también ha subrayado la importancia del acto por el trabajo desarrollado durante estos años para adecuar estos helicópteros a las circunstancias del archipiélago. Ha hablado de la formación del personal ya cualificado para rescates complicados en tierra y mar, y ha advertido de que en España solo se puede encontrar un servicio similar en Cantabria, donde cuentan con dos aeronaves, por lo que se puede decir que estamos ante un modelo referente.

El coordinador de operaciones de la empresa Pegasus ha hecho hincapié en la excelencia del operativo en un terreno complicado, por parte un personal exigente, que dispone de maquinaria moderna adaptada a las características de las islas.

También ha intervenido Hugo Asensio Álvarez, uno de los pilotos que opera desde la base de La Guancha, quien, tras explicar cómo sería un operativo en el caso de un desaparecido en el Parque Natural de Anaga, ha dicho que forma parte de un equipo muy engrasado para operaciones muy exigentes, que pueden pasar en solo horas de un rescate en el mar a uno en alta montaña.

Durante esta legislatura (2019-2023) el GES ha efectuado 796 rescates en tierra, 856 en mar (muchos de ellos en condiciones difíciles de oleaje, calima y turbulencias de viento racheado) y 264 servicios de extinción de incendios. En total, 1.916 intervenciones en las misiones principales. También se llevan a cabo otras actuaciones como las de detección y seguimiento de episodios de contaminación marina o vuelos preventivos en eventos multitudinarios.

Por islas, Tenerife se lleva la palma en cuanto a números de intervenciones, 375 rescates en tierra, 294 rescates en mar y 79 incendios. La sigue Gran Canaria, 175 en tierra, 209 en mar y 81 incendios. La Palma registró 95 en tierra, 88 en mar y 68 incendios. Lanzarote es la cuarta con 46 en tierra, 104 en mar y un incendio. Fuerteventura, con 26 en tierra, 95 en mar y cero incendios es la quinta. La Gomera ocupa el sexto lugar con 66 rescates en tierra, 22 en mar y 11 incendios. Y cierra la lista El Hierro con 13 en tierra, 44 en mar y 24 incendios.

El contrato, financiado con fondos europeos, se podrá prorrogar hasta que comience la ejecución del nuevo, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

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En la defensa de su creación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda que la ley básica que regula su puesta en marcha pone al mismo nivel los intereses de los profesionales y de quienes reciben sus servicios, lo que en este caso cobra más importancia

La propuesta para sacar adelante estas dos corporaciones de Derecho Público atañe a cientos de profesionales en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad dos proyectos de ley de creación del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas, por un lado, y del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Santa Cruz de Tenerife, por otro.

La puesta en marcha de ambos está amparada en lo establecido en el artículo 190.1 y 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y de acuerdo con lo recogido en el artículo 6 de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, y en su reglamento, aprobado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, con las modificaciones introducidas por el Decreto 16/1992, de 7 de febrero.

Según ha señalado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, a la hora de defender ambos proyectos de ley ante la Cámara autonómica, con la creación de estos dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía se da cumplimiento a los principios de buena regulación, ya que son respetuosos con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, en tanto que su creación está justificada por una razón de interés general, toda vez que como corporaciones de Derecho Público de adscripción voluntaria no solo representarán y defenderán los derechos de las personas profesionales colegiadas, sino que tutelarán y protegerán los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias de los servicios ofrecidos por aquellas, ordenando el ejercicio de su actividad y su control deontológico.

En este sentido, Julio Pérez ha explicado que la ley básica que regula los colegios profesionales pone al mismo nivel los intereses de los profesionales y los intereses de quienes reciben sus servicios. Algo que en este caso tiene gran relevancia, porque las personas que acuden a los pedagogos y psicopedagogos son personas en una especial situación de necesidad de atendimiento y compañía.

El consejero ha añadido que son personas que están en el camino del aprendizaje, que están queriendo aprender, que tienen que aprender, y que en ese camino del aprendizaje necesitan una asistencia.

Ha citado a algunos colectivos concretos como el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje, a quienes tienen trastornos de déficit de atención, las personas con especiales condiciones o especial historia escolar o quienes han hecho una incorporación tardía al sistema educativo, quienes tienen altas capacidades educativas, que también requieren una atención pedagógica especial.

Todas ellas, ha indicado, tienen que aprender a aprender y, probablemente, aprender sea lo más importante que se hace en la vida, una circunstancia a tener muy en cuenta a la hora aprobar su creación.

Esta iniciativa para poner en marcha estas dos corporaciones de Derecho Público afecta a cientos de profesionales, tanto de la provincia de Las Palmas como la de Santa Cruz de Tenerife. Algunas de sus promotoras asistieron ayer en el Parlamento de Canarias a su aprobación, acompañadas de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra.

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Julio Pérez y Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa pública, alcanzan un acuerdo con los representantes de los trabajadores que supone un avance muy positivo para los empleados del 1-1-2 Canarias y del SUC

Entre otras mejoras destacan la formación de nivel para todo el personal, el cambio de modelo en la gestión de localizados, activaciones extras y la regulación de la disponibilidad de los trabajadores

El acuerdo, impulsado tras haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Ejecutivo canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias S.A. (GSC), han alcanzado este miércoles un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Andrés Hernández y Lorenzo Galindo, respectivamente, que supone un avance muy positivo en las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa pública que gestiona el CECOES 1-1-2 y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El acuerdo, logrado tras sucesivas reuniones entre ambas partes y haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Gobierno canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC. En él se recogen una serie de compromisos y pactos que surtirán efecto una vez recabada la pertinente autorización y aprobación de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, este acuerdo debe ser un punto de partida para seguir mejorando los servicios de seguridad y emergencias que presta el Gobierno de Canarias, no solo en la parte retributiva sino procedimental. Ha mencionado las complicaciones encontradas para superar el escollo del 5% y las derivadas de lo que supone organizar una empresa que se dedica a las emergencias, y ha agradecido a los trabajadores que, a pesar del conflicto, este no haya repercutido en el servicio que prestan, lo que demuestra su identificación con la labor que desarrollan y que pretenden mejorar sus condiciones laborales, pero continuar trabajando en este servicio público esencial.

El titular de Sanidad también ha resaltado la importancia del acuerdo, por tratarse de un servicio público esencial, una de las prioridades del Gobierno de Canarias, al que se llega tras una reivindicación salarial justa, compleja de resolver, que introduce mejoras desde el punto de vista funcional que redundarán en una mejor prestación del servicio. Con esto avanzamos y hacemos más Canarias, ha recalcado.

Por su parte, los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife, Lorenzo Galindo, y Las Palmas, Andrés Hernández, han valorado de forma positiva el acuerdo, han agradecido la disposición del Consejo de Administración de GSC para alcanzarlo y han mostrado su satisfacción por haber conseguido un objetivo que parecía inalcanzable, como la restitución del 5% de los salarios, y haber avanzado en más cuestiones de regulación del personal de la empresa pública.

Entre los trece puntos incluidos en el documento que da forma al acuerdo se encuentra el impulso de la formación de nivel para todo el personal de GSC; la rebaja de la conflictividad laboral, con la resolución de expedientes pendientes de manera pactada con los trabajadores y el establecimiento de un protocolo de mediación; y la modificación de instrucciones para evitar conflictos al establecer turnos.

Cambios organización

También recoge cambios en la organización de las guardias localizadas y las activaciones extra, para garantizar el disfrute ininterrumpido de las horas de descanso semanal, que solo podrá ser suspendido cuando concurran circunstancias de causa de fuerza mayor y tras haber agotado otras opciones; y el derecho a la desconexión digital del trabajador mientras no deba estar disponible.

La empresa va a continuar con los procesos de selección de empleados que se encuentran en curso en la actualidad y publicará otros para una serie de puestos operativos. Además, mantendrá actualizadas las diferentes bolsas y listas de reserva para la adecuada contratación de todas las categorías profesionales.

Igualmente, GSC establecerá un Plan de Riesgos Psicosociales para todo el personal y medidas especiales ante el estrés y la ansiedad dentro de la sala operativa y los recursos aéreos.

Otros puntos que destacar son la incorporación de dos técnicos de atención a la mujer (TAM) en la estructura del actual colectivo; de un gestor de recursos en Tenerife, por incremento de actividad; de personal enfermero de recursos aéreos en el plus de noches; y la actualización de la tasa de reposición para la contratación como indefinidos de dos trabajadores, uno de los cuales cubrirá una plaza que ha quedado libre por jubilación.

Los dos consejeros y los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas han estado acompañados, entre otros, por la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencias, Alicia Álvarez; el gerente de GSC, Juan Ignacio Nieva; y algunos miembros del comité de empresa, Estefanía Ramos, María José Reiriz y José Luis Izquierdo.

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Sus miembros, con una formación específica en esta materia y dedicación exclusiva, están adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

Practicarán las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento y las averiguaciones necesarias para esclarecer aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia

Julio Pérez subraya el valor de esta iniciativa con la que el Gobierno cumple el mandato de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de poner en marcha una policía especializada en esta materia

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha dado un importante paso con la puesta en marcha de su Unidad Especializada de Violencia e Infancia. Así lo ha resaltado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, con motivo de su presentación en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, pues, según ha dicho, además de ser la primera que se crea en España, una de las razones de ser de este Cuerpo es prestar servicios específicos como estos.

Integrada, de momento, por cuatro agentes, dotados de una formación específica, esta unidad está adscrita al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España dedicado exclusivamente a la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo titular es el magistrado Tomás Luis Martín. Para él, Canarias está dando pasos muy importantes en esta cuestión y se va constituyendo en un lugar referente a nivel mundial en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, pues junto a ser la primera comunidad autónoma con una unidad policial especializada en violencia e infancia, la asistencia gratuita a las víctimas menores de edad está funcionando de una forma ejemplar.

La Unidad Especializada de Violencia e Infancia del CGPC tiene dedicación exclusiva a esta materia y está dotada de un alto grado de especialización. Los agentes cuentan con un conocimiento profundo de la Ley Orgánica 8/2021, de 3 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el tratamiento con personas menores de edad y la toma de declaración de estos. Además, son conocedores de la importancia de dicha declaración, pues puede ser tomada sin la presencia de adulto alguno y, en aras de evitar segundas victimizaciones, ser la única válida para todo un proceso judicial.

Los agentes adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria son los encargados de practicar las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento, con independencia del origen, informando al magistrado del resultado, con el fin de determinar si procede efectuar o no una investigación por existir indicios delictivos.

En aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia, practican las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos, asegurando la protección de la víctima e involucrando a cuantas administraciones sea necesario. Todo ello bajo el amparo de las instrucciones dictadas por el magistrado, al que tienen que entregar un dossier final para que determine si procede realizar una investigación exhaustiva y qué cuerpo policial debe actuar.

La citada unidad también lleva a cabo las investigaciones y participa en los procedimientos que le sean asignados directamente por el juez, interviene en la formación de primer nivel a otros agentes no integrantes de la unidad, para instruirles en la detección y en los protocolos de actuación en casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, asesora al CGPC y a la autoridad judicial en aquellos aspectos de mejora que permitan una mejora aplicación de la normativa y que se encaminen a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Enorme satisfacción

Durante la presentación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con esta iniciativa el Gobierno de Canarias cumple el mandato de la LOPIVI a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de poner en marcha unidades especializadas en esta materia, lo que, a su juicio, además de ser una enorme satisfacción, tiene una importancia superlativa para el CGPC, que no es una policía integral, sino especializada, a la que se le demandan competencias o funciones específicas como esta.

Del mismo modo, Julio Pérez ha relacionado el paso dado con esta unidad con el papel fundamental que desempeña la Administración de Justicia en su apoyo a los órganos jurisdiccionales, como proveedora de medios para que puedan ejercer mejor su trabajo. También ha vuelto a felicitar al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por poner en primer plano la naturaleza singular de sus últimos destinatarios, niñas y niños víctimas de una agresión.

Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha felicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por esta iniciativa, que supone una dotación de medios a un área tan sensible como la protección de menores y a un juzgado que es referente no solo a nivel nacional, sino también internacional. En su opinión, este recurso va a servir para garantizar mayores niveles de protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier actuación violenta.

El comisario jefe del CGPC, Luis Santos, ha mostrado también su satisfacción al ver a esta unidad especializada colaborar en una línea estratégica como la que desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y comprobar los resultados que está provocando el aumento de efectivos a la hora de prestar un servicio público a la ciudadanía como el que lleva a cabo el CGPC.

Por su parte el titular del Juzgado ha incidido en la idea de que sea la primera unidad policial especializada en violencia e infancia, y solo eso, adscrita a un Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuyo cometido no está compartido con otras materias.

A su juicio, es a lo que se tiende en estos momentos, a la hiper especialización de un grupo policial para trabajar las competencias que tiene atribuidas el juzgado, que en este caso son la violencia intrafamiliar, todos los delitos contra la libertad sexual y contra la libertad, y la trata de seres humanos siempre que concurra el requisito de que una de las partes sea menor de edad.

La aprobación de la LOPIVI ha supuesto un grana avance en el ámbito de las garantías legales y defensa de los derechos de los menores ante cualquier acto que pueda atentar contra su integridad física, psicológica o moral. En su capítulo X se centra en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concepto al que hace mención en una treintena de ocasiones, dotando a todas las instituciones policiales de las mismas obligaciones para con la referida norma.

En uno de los dos artículos de este capítulo, el 49 se refiere a las unidades especializadas y obliga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), a contar con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia contra personas menores de edad y que cuenten con protocolos que permitan una correcta y adecuada actuación ante tales casos, exigiendo que los agentes que la integren reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

Julio Pérez ha estado acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas. Entre las autoridades presentes, además del presidente del TSJC, se encontraban la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el titular del Juzgado de Instrucción número 3 y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y la fiscal jefa provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

Por parte del CGPC, han asistido, junto al comisario jefe, el comisario José Luis de los Reyes; el subcomisario David Pino; el inspector Ramón García; y el subinspector Ángel Acosta.

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Estas plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021

La incorporación de estos candidatos permitirá que el Cuerpo General de la Policía Canaria cuente con 295 efectivos al inicio de la próxima legislatura, 225 más que al comienzo de la presente

Son las primeras oposiciones para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria sin el requisito de la estatura mínima

Mil cien aspirantes se han presentado este fin de semana al test incluido en las pruebas de selección convocadas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, a través de una resolución publicada el pasado 16 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para cubrir, mediante el sistema general de acceso libre, 75 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Escala Básica, Empleo Policía, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estas 75 plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, aprobada mediante el Decreto 120/2021, de 2 de diciembre, en cuyo Anexo I establece dicha cifra para el CGPC. Esta convocatoria permitirá que el CGPC cuente con 295 efectivos al comienzo de la próxima legislatura, 225 más que al inicio de la presente.

Los aspirantes deben reunir, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y no exceder la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con destino, así como estar en posición o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico.

Asimismo, deben carecer de antecedentes penales y antecedentes por delitos sexuales, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas y estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y A2.

La prueba de test, de 100 preguntas con tres respuestas alternativas, se ha llevado a cabo, de forma simultánea, en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a cuyas aulas han acudido 688 aspirantes, y de la Universidad de La Laguna, en cuyo aulario se han presentado 412 candidatos.

Una vez superada esta prueba de conocimiento, que es eliminatoria, deberán enfrentarse a un supuesto práctico, un examen de inglés, una prueba física y otra psicológica. Posteriormente, y antes de incorporarse al CGPC, ingresarán en la academia, donde estarán un periodo de cuatro meses de formación.

En estas oposiciones ya está en vigor la orden aprobada, a finales de octubre de 2022, por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que establecía el nuevo cuadro de exclusiones médicas para el acceso y provisión a las diferentes escalas y empleos del CGPC, cuadro que tiene como principal cambio, respecto al anterior, la supresión de la estatura mínima como requisito para el ingreso en el citado Cuerpo, antes estaba fijado en 1,65 metros, para los hombres, y en 1,60 metros, para las mujeres, y también aquellas enfermedades que no impidan el normal desarrollo de las funciones y tareas asignadas a los agentes, como el asma bronquial, las jaquecas y la úlcera gastro-duodenal.

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Establecen los protocolos a seguir para continuar realizando autopsias y otros servicios mediante el uso de las instalaciones del centro sanitario palmero

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, subraya el interés por alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurando el desarrollo básico de las tareas y la reducción de los tiempos

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, destaca la importancia de la medida, pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, ha visitado esta semana, junto con el director de Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, las instalaciones del Hospital Universitario de La Palma que el Servicio Canario de la Salud viene cediendo, para el desarrollo de actividades propias del Servicio de Patología Forense, colaboración que ahora se ha formalizado a través de una resolución conjunta suscrita por la propia Ceballos y la directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández.

Esta resolución establece el procedimiento de actuación entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife (IMLCF-TF), adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, y la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma del Servicio Canario de la Salud, para formalizar la cooperación que viene prestando el Hospital Universitario de La Palma a la realización de autopsias, autorizando a dicho instituto el uso de zonas de autopsias y servicios asociados.

En ella se plasma también que, en los supuestos excepcionales en los que no pueda desplazarse a La Palma personal auxiliar adscrito al IMLCF-TF, para realizar autopsias con el médico forense, la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma facilita la disposición de una persona técnica en anatomía patológica que realice las funciones de auxiliar de autopsias con disponibilidad horaria para la práctica de las autopsias judiciales, lo que permite reducir los tiempos.

Durante la visita al centro sanitario de La Palma, Ceballos ha apuntado el interés, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de “alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurándose el desarrollo básico de las tareas”.

En este sentido, y con el fin de adecuar las instalaciones del hospital a las nuevas necesidades, se ha comprometido a iniciar el procedimiento para adquirir cuatro cámaras de conservación de cadáveres, así como una campana extractora para manipulación de formol, que serán instaladas en el Hospital Universitario de La Palma, y que, junto a las cuatro cámaras existentes actualmente, serán de uso compartido por parte de dicho hospital y el servicio de patología forense del IMLCF-TF.

Asimismo, Ceballos se ha referido al protocolo de recogida, entrada y salida de cadáveres, así como su custodia, en el IMLCF-TF en la isla de La Palma, que refuerza las garantías legales en la práctica de las autopsias.

Por su parte, el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, ha resaltado la importancia de esta resolución conjunta, “pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla, tanto por las mejoras en equipamiento técnico como por el apoyo que los profesionales sanitarios de La Palma prestarán a los trabajadores del Instituto de Medicina Legal cuando no se puedan desplazar a la isla”.

A la visita al Hospital Universitario de La Palma han asistido también el director del IMLCF-TF, Jesús Vega; la directora de Gestión y Recursos Generales del Área de Salud de La Palma, Raquel Alonso; la directora médica de Atención Hospitalaria, Diheva Fernández; y el director de enfermería de Atención Hospitalaria, Javier Jerónimo.

Conviene recordar, por último, que el IMLCF-TF tiene como misión asesorar y auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil de los partidos judiciales de su ámbito de actuación, mediante la práctica de pruebas periciales, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio. En esta línea, el Servicio de Patología Forense, como órgano de funcionamiento del IMLCF-TF, tiene encomendadas las funciones de investigación médico-legal, y efectuó 46 autopsias en La Palma en 2022, con un tiempo medio de realización de 24 horas.

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