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Julio Pérez expone a Fepeco el contenido y los objetivos del decreto que regula el teletrabajo

Julio Pérez expone a Fepeco el contenido y los objetivos del decreto que regula el teletrabajo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta que la aprobación de la nueva norma, además de ser obligatoria, va a permitir medir la productividad de los empleados públicos

El presidente de la patronal de la construcción agradece la disponibilidad del Gobierno y confía en que su aplicación mejore también la agilidad y eficacia de la Administración Pública

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido un encuentro con miembros de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), encabezados por su presidente, Óscar Izquierdo, donde les ha expuesto el contenido y los objetivos del recién aprobado decreto que regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes.

Acompañado de la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez, y los directores generales de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde, y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, el consejero ha indicado que la aprobación de este decreto es una obligación legal que, además, va a permitir medir la productividad del empleado público, al establecer un sistema de objetivos a cada uno de ellos.

Julio Pérez ha resaltado la necesidad de que los trabajadores tengan un plan personal de trabajo para poder acogerse a esta modalidad, régimen que es reversible, y ha detallado las circunstancias, requisitos –de carácter personal, organizativos o tecnológicos– y el procedimiento para hacerlo, así como los servicios que quedan excluidos debido a la naturaleza del puesto de trabajo, cuestiones que hasta ahora no estaban establecidas si se decidía optar por esta fórmula.

El presidente de Fepeco ha agradecido la disponibilidad del consejero y las explicaciones ofrecidas a la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife sobre el texto y propósitos del decreto, y ha mostrado su confianza en que su aplicación sirva para mejorar el rendimiento de los empleados públicos y también la agilidad y eficacia de la Administración.

Durante el encuentro, se han puesto también sobre la mesa las ventajas que ofrece la utilización de la administración electrónica y conocer el funcionamiento de los mecanismos públicos a la hora de relacionarse son la Administración, y, en este sentido, Julio Pérez ha recordado que todos los servicios de atención al público se mantienen de forma presencial, que la cita previa se da para el mismo día, aunque se atiende sin cita previa a quien acude sin ella, y que, además, se puede acceder a la línea telefónica del 012, que está permanentemente disponible y atiende diariamente miles de llamadas.

Igualmente, ha enumerado algunas de las medidas adoptadas y en las que se trabaja para simplificar a la ciudadanía su relación con la Administración, bien incrementando el número de conceptos a resolver a través de la interoperabilidad, lo que agiliza los procedimientos, o bien con la introducción de herramientas que amplíen, por ejemplo, el número de entidades financieras en las que realizar los pagos desde la sede electrónica.

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El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

El Gobierno canario mejora las retribuciones de abogados y procuradores por la asistencia jurídica gratuita

Aprobada una resolución en la que se dictan nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica que rigen este servicio

Clarifica la aplicación del Turno Especial de Extranjería y determina los conceptos por los que se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales, y las incompatibilidades con el letrado de guardia

La partida presupuestaria destinada a esta prestación en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha aprobado, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, una resolución orientada a mejorar las retribuciones que reciben los abogados y procuradores por sus actuaciones profesionales en la asistencia jurídica gratuita, cuya partida presupuestaria en el ejercicio de 2023 asciende a 23 millones de euros.

En concreto, ha dictado nuevas instrucciones y criterios de certificación para la aplicación homogénea de los módulos y bases de compensación económica para la retribución por este servicio de los colegios de abogados y procuradores.

Según ha explicado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, dicha resolución determina cómo se deben retribuir las resoluciones judiciales de archivo y sobreseimiento provisional o libre en procedimientos penales por los juzgados de instrucción, que, a partir de ahora, se hará por el concepto de “procedimiento abreviado con conformidad en instrucción”, del apartado I. Jurisdicción Penal, de los módulos y bases de compensación económica de los profesionales de la abogacía.

También define el criterio por el que se deben retribuir las incompatibilidades con el letrado de guardia, que se llevará a cabo por el concepto “asistencia ordinaria”, del apartado IX. 1. Guardias, de los citados módulos y bases de compensación económica.

Para acreditar la existencia de dicha incompatibilidad, deberá motivarse tal circunstancia en la certificación, acreditándose suficientemente que dicho servicio no pudo prestarse por ninguno de los letrados/as que estaban de guardia el día en cuestión en el partido judicial afectado y aportarse comunicación judicial o policial que justifique la incompatibilidad.

Igualmente, clarifica la anterior instrucción sobre la aplicación del Turno Especial de Extranjería, que incluye la asistencia en comisaría o brigada de extranjería, juzgado, centro de internamiento de extranjeros o similar, solicitud de protección internacional/asilo, así como los recursos de reforma y apelación contra la orden de internamiento, si fuese necesario, y recurso de alzada y contencioso administrativo contra la orden de expulsión.

Para evitar computar doblemente los servicios prestados por los profesionales de la abogacía, al aplicar conjuntamente el módulo y los importes relativos al Turno Especial de Extranjería y los importes relativos al recurso contencioso administrativo incluida vía administrativa, previa preceptiva contra la orden de expulsión para los mismos sujetos, la compensación económica que corresponde a estos servicios es la del Turno Especial de Extranjería.

Además, también se establece que cada profesional designado por el Colegio de Abogados atenderá como máximo a 6 personas, salvo casos excepcionales que se deberán justificar debidamente.

Esta resolución tendrá plenos efectos jurídicos y será aplicada a partir de la certificación correspondiente al segundo trimestre de 2023 que presenta cada uno de los cuatro colegios de abogados del archipiélago.

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El Gobierno canario y la ULL intensifican su colaboración tras la toma de posesión del nuevo rector

El Gobierno canario y la ULL intensifican su colaboración tras la toma de posesión del nuevo rector

Julio Pérez y Francisco García repasan la situación en la que se encuentran entidades como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ubicadas en el campus universitario

Ambas instituciones estudian la posibilidad de instalar una sala de vistas en el centro de educación superior, idéntica a las habilitadas en las sedes judiciales, para las prácticas de los universitarios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido esta semana una reunión con el nuevo rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, en la que han analizado los convenios suscritos entre ambas instituciones y la situación en la que se encuentran algunas entidades como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, órgano técnico dependiente del Gobierno canario, y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, adscrito al Ministerio de Justicia, ubicados en el denominado Campus de la Salud del centro universitario.

Durante el encuentro, desarrollado en el Rectorado de la ULL, Julio Pérez y Francisco García han mostrado su disposición a intensificar su colaboración, por ejemplo, en el convenio suscrito entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la Universidad de La Laguna, para que alumnos de este centro de educación superior puedan realizar prácticas externas en juzgados y tribunales, y, de este modo, completar los conocimientos adquiridos en las aulas.

En este sentido, han manifestado que van a estudiar la posibilidad de instalar una sala de vistas en la ULL, idéntica a la habilitada en las sedes judiciales, para las prácticas de los universitarios.

También han conversado sobre el convenio de cooperación suscrito hace un año con el objetivo de mejorar las políticas de recursos humanos y el uso compartido de las listas de reserva constituidas por ambas administraciones para el nombramiento de personal funcionario interino.

Ambos han mostrado su disponibilidad para continuar colaborando, tanto en las materias que lo vienen haciendo hasta este momento como en aquellas que puedan surgir a partir de ahora y que puedan redundar en el beneficio de los servicios que prestan a la ciudadanía.

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El Plan de Formación del ICAP 2023 incluye la gestión de fondos europeos y la capacitación en medios digitales

El Plan de Formación del ICAP 2023 incluye la gestión de fondos europeos y la capacitación en medios digitales

La programación de este año, que tiene un presupuesto de 858.808,09 euros, oferta 14.005 plazas y contempla 293 ediciones de cursos con 6.543 horas lectivas

Está dirigido al personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos, así como de las entidades locales de las islas, de la Administración General del Estado en el archipiélago y, por convenio, de otras entidades

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, subraya la importancia de la formación continua, una herramienta imprescindible para la actualización de conocimientos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía

El Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha aprobado el Plan de Formación de 2023, que incluye, dentro de su extenso programa, actividades dirigidas a aumentar la formación del personal público en el funcionamiento del sector público por medios electrónicos y la gestión de fondos europeos.

Además, su programación aborda la implementación de la Dirección por Objetivos y la evaluación de políticas públicas, y persigue ampliar los conocimientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, e incrementar la capacitación del personal en competencias digitales y en el conocimiento de herramientas digitales para la transformación digital de la Administración Pública y para la organización y el desarrollo del teletrabajo.

También pretende impulsar la difusión y formación sobre los instrumentos de participación ciudadana en el marco del Gobierno Abierto, fomentar la incorporación transversal del enfoque de género y las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la gestión pública y promover la formación en habilidades directivas, a través de actividades formativas específicas, un curso de especialización de larga duración y el Programa Mentor. La oferta comprende, igualmente, materias que estimulan el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la innovación como valor a compartir en el ámbito público.

El propósito de este plan es ofrecer una formación que dé respuesta a las necesidades reales, colectivas e individuales del personal al servicio de la Administración Pública, dando cumplimiento al derecho a la formación continua del personal empleado público y colaborando en su desarrollo profesional, proporcionándole los instrumentos necesarios para afrontar los nuevos retos derivados de un contexto de transformación sin precedentes.

Tal y como ha subrayado Julio Pérez, la necesaria actualización de conocimientos es hoy una exigencia que tiene mayor intensidad que hace años. La formación continua es una herramienta imprescindible para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación y debe repercutir en una gestión eficiente y de calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, de ahí la importancia de que este plan recoja novedades legislativas y materias de actualidad.

Para ello, por ejemplo, el plan promueve el enfoque práctico de las actividades formativas, incluidas las del área jurídico-administrativa, especialmente en materia de contratación administrativa, procedimiento administrativo y subvenciones públicas, incrementa la oferta de idiomas (inglés, francés y alemán), introduce un nuevo nivel de aprendizaje de la lengua de signos española y fomenta el desarrollo de habilidades personales y sociales.

Con un presupuesto de 858.808,09 euros, el Plan de Formación del ICAP 2023, que se desarrollará entre abril y diciembre de este año, oferta 14.005 plazas y contempla 293 ediciones de cursos con 6.543 horas lectivas, a través de un programa amplio y especializado que facilita que los conocimientos adquiridos puedan transferirse de manera eficaz al desempeño del puesto de trabajo. Tanto en su diseño como en su ejecución se ha incrementado, en relación al año 2022, el desarrollo de actividades formativas a distancia y las de modalidad presencial, y se ha aumentado la oferta de contenidos ofrecidos a través del programa de autoformación.

Esta iniciativa está dirigida al personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos, al personal de las entidades locales de las islas, de la Administración General del Estado en el archipiélago y, en ejecución de los convenios suscritos o que se puedan suscribir con otras entidades y administraciones, al personal a su servicio.

Modificación normativa

Durante el desarrollo del consejo de administración se han hecho diferentes aportaciones, tanto por parte de los representantes de las organizaciones sindicales como de la Administración Pública, para incrementar los porcentajes de ejecución de la programación del plan y resolver las dificultades que existen para atender todas las solicitudes, cuidar la valoración de los docentes, estableciendo mecanismos de respuesta por parte de los alumnos, y certificar los cursos de idiomas de acuerdo con el marco de referencia europea, cuestiones que el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y la directora del ICAP, Eva de Anta, han agradecido.

En su intervención, Eva de Anta ha destacado la modificación normativa que permite que el periodo de ejecución de los planes de formación sea el año natural, con independencia de la fecha en la que se haga efectiva la transferencia de fondos, lo que va a permitir que ayuntamientos y Fecam puedan iniciar las actividades formativas desde el 1 de enero y después imputarlas a los fondos que reciben una vez aprobado el plan de formación.

Con esta medida se pretende aumentar los porcentajes actuales de ejecución de la programación del plan, pues la oferta de los distintos cursos se llevará a cabo mucho antes, e incrementar el número de personas que reciben formación.

Junto con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, han participado en el Consejo de Administración del ICAP, por parte del Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez, en calidad de vicepresidenta; la directora del ICAP, Eva de Anta, como secretaria; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde; y el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, todos ellos como vocales.

También han asistido como vocales, en representación de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), su gerente, Rosa Morales; de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Santiago Martín; de Comisiones Obreras (CCOO), Flor Acosta; de Intersindical Canaria (IC) David Ortuño; del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Jesús Piñero; y de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernán Bravo.

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La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias aprueba el Reglamento que regula el acceso al cuerpo

La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias aprueba el Reglamento que regula el acceso al cuerpo

Incluye los criterios particulares de selección, formación, promoción y movilidad de las diferentes escalas y empleos en que se estructuran jerárquicamente los cuerpos de las policías locales del archipiélago

Consta de 39 artículos, agrupados en tres títulos, Disposiciones generales, Sistemas selectivos y de promoción de las policías locales de Canarias y Movilidad del personal de las policías locales de Canarias

Su presidente, Julio Pérez, resalta la participación especialmente intensa que ha registrado la tramitación de este proyecto: portal de Participación Ciudadana, ayuntamientos (88), Fecam, sindicatos (7), principales asociaciones profesionales (2) y todos los departamentos del Gobierno

La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias ha aprobado por unanimidad, después de un fructífero y amplio debate en su seno, en el que sus miembros realizaron distintas aportaciones, el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula los criterios de selección, formación, promoción y movilidad para el personal de las policías locales de Canarias.

Presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien resaltó la participación especialmente intensa que ha registrado la tramitación de este proyecto de decreto, primando así el principio de transparencia en su elaboración, la Comisión fue informada, en primer lugar, del trabajo realizado a lo largo de los dos últimos años para alcanzar un texto actualizado, técnicamente operable por parte de los técnicos municipales, huyendo, para ello, de complejidades innecesarias y carentes de eficacia.

El Reglamento consta de 39 artículos, agrupados en tres títulos -Disposiciones generales (seis artículos), Sistemas selectivos y de promoción de las policías locales de Canarias (cinco capítulos y veintisiete artículos) y Movilidad del personal de las policías locales de Canarias (dos capítulos y seis artículos)-, que regulan, de acuerdo con la normativa vigente, los criterios particulares de selección, formación, promoción y movilidad de las diferentes escalas y empleos en que se estructuran jerárquicamente los cuerpos de las policías locales de las islas.

Entre las cuestiones a destacar dentro del texto del Reglamento -así se hace constar en el preámbulo del proyecto de decreto- está que se han ampliado las exigencias específicas de una estatura o índice de corpulencia determinado, siguiendo la tónica general del resto de normativa de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entendiendo que la superación de las pruebas físicas es el único criterio objetivo que puede limitar el acceso a la policía local.

Tal y como resaltó su presidente, antes de llegar a la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, el texto articulado que constituye el Reglamento ha pasado por el trámite de audiencia e información pública, a través del portal web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, y, simultáneamente, por todos los ayuntamientos del archipiélago (88), así como por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Igualmente, se ha dado cuenta a los sindicatos (UGT, SEPCA, Co.Bas, CCOO, CSIF, IC y SPPLB) y a las asociaciones profesionales más representativas (Asociación de Jefes de Policías Locales de Tenerife y Asociación de Jefes de Policías de Gran Canaria). Además, se ha efectuado la correspondiente consulta a todos los departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre la versión inicial del texto.

A la vista de todas las aportaciones, sugerencias y observaciones realizadas en los referidos trámites, y de los informes recabados de la Dirección General de Función Pública, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, la Unidad de Igualdad de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la Dirección General de Planificación y Presupuesto, la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se realizaron las modificaciones pertinentes al texto articulado inicial, para su posterior estudio y aprobación en la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Ahora deberá ser la Comisión de la Función Pública Canaria la que dé su visto bueno.

Junto a Julio Pérez, han asistido, entre otros, el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas, en calidad de vicepresidente primero; la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, como vicepresidenta segunda; la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito; el jefe del Servicio de Régimen Jurídico y Modernización de la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE), Carlos Martín; el jefe del Servicio de Formación de la DGSE, Juan José Pacheco; los alcaldes de Icod de los Vinos, Francisco González y El Rosario, Escolático Gil; el teniente de alcalde de Arona, Francisco Marichal; la comisaria jefa de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín; Beatriz Uviña y Víctor García (CCOO); Armando Martín y Jorge Javier Díaz (CSIF); y el presidente de la Asociación de Asociación de Jefes de Policías Locales de Tenerife, José Juan Expósito.

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Julio Pérez resalta la importancia de tener una Administración electoral cualificada e independiente

Julio Pérez resalta la importancia de tener una Administración electoral cualificada e independiente

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda que no hay democracia sin elecciones ni elecciones sin Administración electoral, y a esta no solo hay que proveerla de medios suficientes sino de formación para conocer las leyes, cada vez más complejas

La Jornada de Derecho Electoral organizada por el Gobierno de Canarias reúne a casi 40 jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia que integran las juntas electorales actuantes en las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo

Cuenta con ponentes de la talla de la catedrática de Derecho Constitucional y ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior, Rosario García, y el letrado de las Cortes Generales y director de la Secretaría Técnica de la JEC, Manuel Delgado-Iribarren

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este martes, durante la apertura de la Jornada de Derecho Electoral organizada por el Gobierno de Canarias, que no hay democracia sin elecciones y no hay elecciones sin una Administración electoral independiente, competente, bien provista de medios y, como ocurre en España, semiprofesional, formada por técnicos en Derecho y profesionales de la Administración de Justicia, jueces y magistrados.

Según ha explicado, al Gobierno de Canarias, y más en concreto a su departamento, le corresponde proveer de medios a la Administración electoral, no solo materiales, sino también de formación para conocer las leyes, cada vez más complejas. En este sentido, se ha referido a las novedades que incorpora este proceso, apuntando como la más significativa, aunque no la única, la desaparición del voto rogado.

En ese proceso de dar medios suficientes a la Administración electoral es donde se enmarca la Jornada de Derecho Electoral celebrada este martes en el Hotel Escuela de Santa Cruz, un espacio de trabajo, estudio y reflexión en el que han participado casi 40 jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia, que integran las juntas electorales actuantes en las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo.

La Jornada ha contado con ponentes de la talla de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I, ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior y ex vocal catedrática de la Junta Electoral Central (JEC), Rosario García Mahamut, y al letrado de las Cortes Generales, director de la Secretaría Técnica de la JEC y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Delgado-Iribarren.

Ellos han sido los encargados de analizar el proceso electoral y el marco normativo regulador, desde una visión de conjunto; el sistema electoral en la Ley Orgánica 1/2018 de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias; la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias; las novedades en el procedimiento de votación de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras la reforma del artículo 75 de la LOREG (Ley Orgánica 12/2022, de 30 septiembre); y la Instrucción 1/2023, de 30 de marzo de 2023, de la JEC y sus efectos en el proceso y escrutinio de los votos de los electores CERA en las Elecciones al Parlamento de Canarias.

También han abordado la organización, funcionamiento y competencias de las juntas electorales, así como la función de garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad; la formación de las mesas electorales por los ayuntamientos y la competencia de las juntas electorales de zona de admisión de excusas; y las candidaturas –requisitos de las candidaturas y de los candidatos–; composición equilibrada de las listas; presentación, subsanación de irregularidades y proclamación; y recursos contra la proclamación de candidaturas.

A lo largo de la Jornada se ha hablado de la campaña electoral –concepto–; la precampaña permitida; las campañas y actos de los poderes públicos: campañas institucionales permitidas, y campañas de logros e inauguraciones prohibidas; actuaciones contrarias a los principios de igualdad y la neutralidad; la distribución de medios y espacios públicos gratuitos; el respeto a los principios de pluralismo político, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación social; campaña y redes sociales.

Igualmente, se ha tratado la votación y el escrutinio por la Mesa Electoral; la votación ante la Mesa Electoral; el voto por correo; el escrutinio provisional por las mesas electorales; el escrutinio general por las juntas electorales; el recurso ante la JEC y la proclamación de los candidatos electos por las juntas electorales; y el recurso contencioso-electoral y el recurso de amparo.

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El Gobierno organiza una jornada sobre Derecho Electoral dirigida a los miembros de las juntas electorales del 28M

El Gobierno organiza una jornada sobre Derecho Electoral dirigida a los miembros de las juntas electorales del 28M

El objetivo de esta actividad, que compete a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, es crear un espacio de trabajo para que el proceso electoral se desarrolle con todas las garantías

Tendrá como ponentes a la catedrática de Derecho Constitucional y ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior, Rosario García, y al letrado de las Cortes Generales y director de la Secretaría Técnica de la JEC, Manuel Delgado-Iribarren

El encuentro, de carácter formativo y divulgativo, se llevará a cabo el próximo martes, 18 de abril, de 9:30 a 14:30 horas, en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha organizado, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, una jornada formativa y divulgativa sobre Derecho Electoral, destinada, específicamente, a aquellos jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia en quienes concurre la condición de miembro de las juntas electorales actuantes en las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo, con el fin de crear un espacio de trabajo para que el proceso electoral se desarrolle con todas las garantías.

La citada jornada, que se llevará a cabo el próximo martes, 18 de abril, de 9:30 a 14:30 horas, en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, tendrá como ponentes a la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I, ex directora general de Política Interior del Ministerio del Interior y ex vocal catedrática de la Junta Electoral Central (JEC), Rosario García Mahamut, y al letrado de las Cortes Generales, director de la Secretaría Técnica de la JEC y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Delgado-Iribarren.

La actividad, que se dividirá en dos partes, abordará, en la primera de ellas, cinco apartados: el proceso electoral y el marco normativo regulador, desde una visión de conjunto; el sistema electoral en la Ley Orgánica 1/2018 de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias; la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias; las novedades en el procedimiento de votación de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras la reforma del artículo 75 de la LOREG (Ley Orgánica 12/2022, de 30 septiembre); y la Instrucción 1/2023, de 30 de marzo de 2023, de la JEC y sus efectos en el proceso y escrutinio de los votos de los electores CERA en las Elecciones al Parlamento de Canarias.

En la segunda parte se acometerá, en seis bloques, la organización, funcionamiento y competencias de las juntas electorales, así como la función de garantía de los principios de transparencia, objetividad e igualdad; la formación de las mesas electorales por los ayuntamientos y la competencia de las juntas electorales de zona de admisión de excusas; y las candidaturas –requisitos de las candidaturas y de los candidatos–; composición equilibrada de las listas; presentación, subsanación de irregularidades y proclamación; y recursos contra la proclamación de candidaturas.

También se analizará, en un cuarto bloque, la campaña electoral –concepto–; la precampaña permitida; las campañas y actos de los poderes públicos: campañas institucionales permitidas, y campañas de logros e inauguraciones prohibidas; actuaciones contrarias a los principios de igualdad y la neutralidad; la distribución de medios y espacios públicos gratuitos; el respeto a los principios de pluralismo político, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación social; campaña y redes sociales.

La votación y el escrutinio por la Mesa Electoral; la votación ante la Mesa Electoral; el voto por correo; el escrutinio provisional por las mesas electorales, se tratará en el quinto bloque, y, por último, se planteará el escrutinio general por las juntas electorales; el recurso ante la JEC y la proclamación de los candidatos electos por las juntas electorales; y el recurso contencioso-electoral y el recurso de amparo.

Esta actividad forma parte de los cometidos y aportación de medios materiales precisos que corresponde al Gobierno de Canarias realizar, a través de la consejería competente, para asegurar el correcto funcionamiento del proceso electoral.

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El Gobierno publica la web informativa para las Elecciones al Parlamento de Canarias del 28 de mayo

El Gobierno publica la web informativa para las Elecciones al Parlamento de Canarias del 28 de mayo

canarias2023.infoelecciones.com recoge contenidos relevantes para la ciudadanía como las modalidades para ejercer el derecho al voto –presencial, por correo o desde el extranjero–, el calendario electoral o los detalles de la organización y desarrollo de la jornada del 28M

Procura ofrecer un diseño intuitivo y moderno que facilita la navegación sencilla por los distintos contenidos que la integran y que están divididos en tres grandes apartados: Ciudadanía, Partidos Políticos y Noticias

En las Elecciones al Parlamento de Canarias habrá dos urnas: una para la circunscripción insular, en la que se depositará el sobre y la papeleta sepia; y otra para la circunscripción autonómica, donde se introducirá el sobre y papeleta amarilla

Podrán votar 1.772.423 personas –894.997 en la provincia de Las Palmas y 877.426 en la de Santa Cruz de Tenerife–, según el censo electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de febrero de 2023; de ellos, 1.610.958 residen en Canarias y 161.465 están inscritos en el CERA

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado, a través de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, cuya titular es Marta Saavedra, la página web canarias2023.infoelecciones.com, un portal que recoge información relevante para la ciudadanía sobre las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo. Entre otras cuestiones, se puede consultar cómo y dónde ejercer el derecho al voto, el calendario electoral o los detalles y organización de la jornada del 28M.

La web procura ofrecer un diseño intuitivo y moderno, lo que facilita una navegación sencilla por los distintos contenidos que la integran y que están divididos en tres grandes apartados, Ciudadanía, Partidos Políticos, y Noticias, desde los que se acceden a distintas secciones.

A través de este portal y sus diferentes secciones –Información Electoral, Resultados, Normativa Electoral, Curiosidades y Enlaces de Interés–, los electores tendrán la oportunidad de aclarar sus dudas sobre las modalidades de voto, presencial, por correo, desde el extranjero o accesible; los horarios de apertura de los colegios; o sobre los documentos de identificación personal que se deben presentar en las mesas electorales.

Del mismo modo, podrán conocer que en las Elecciones al Parlamento de Canarias habrá dos urnas: una para la circunscripción insular, en la que se depositará el sobre y la papeleta sepia; y otra para la circunscripción autonómica, donde se introducirá el sobre y papeleta amarilla.

También, que, de acuerdo con la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias, la Cámara autonómica se compone de 70 diputados y diputadas. 61 se eligen a través de las circunscripciones insulares: El Hierro, 3; Fuerteventura, 8; Gran Canaria, 15; La Gomera, 4; La Palma, 8; Lanzarote, 8 y Tenerife, 15. Los otros 9 diputados restantes se eligen a través de la circunscripción autonómica.

En el epígrafe Cómo y dónde votar, incluido en la sección Información Electoral, se resuelven dudas sobre cómo, cuándo y dónde votar, y se expone la información necesaria para ejercer el derecho al voto en función de la situación personal de cada persona, siendo importante el capítulo dedicado a las personas enfermas y las personas con discapacidad. En este último caso se incide de forma especial en las personas con discapacidad visual y en las herramientas puestas a su disposición para, si así lo desean, utilizar el procedimiento de voto accesible regulado.

Se indica, asimismo, cómo ejercer el derecho al voto de forma presencial o por correo y el procedimiento a seguir por las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El apartado dedicado a los Partidos Políticos, dividido en tres secciones –Calendario electoral, Documentación e Impresos online y Normativa– recoge una relación de las principales actuaciones a realizar por las formaciones políticas, formularios para la presentación de candidaturas, sus fechas y artículos de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG), que las regulan. Por su parte, el de Noticias incluye aquellas informaciones institucionales relacionadas con el proceso electoral.

El portal detalla en qué consiste la labor de las personas designadas como miembros de una mesa electoral y permite descargarse el manual correspondiente, e incluye, además, un glosario electoral, un epígrafe específico para quienes votan por primera vez y una explicación del Método D’ Hont y su aplicación en el reparto de los escaños del Parlamento de Canarias.

Igualmente, la web recuerda que el Gobierno de Canarias pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 012, un Servicio de Atención Telefónica desde el que puede obtener información de manera rápida y cómoda estando disponible las 24 horas de los 365 días del año.

Entre sus contenidos también hay una sección dedicada a los resultados de las elecciones al Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias celebradas en 2011, 2015 y 2019, pormenorizando el número de votos, asignación de escaños, candidatos electos, circunscripciones y municipios, entre otros aspectos.

Censo electoral

En las Elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo podrán votar 1.772.423 personas –894.997 en la provincia de Las Palmas y 877.426 en la de Santa Cruz de Tenerife–, según el censo electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de febrero de 2023, censo que también se puede consultar en la página web informativa presentada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

De estos 1.772.423 potenciales votantes, 1.610.958 residen en Canarias y 161.465 están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que en esta ocasión no tendrán que ejercer el voto rogado, sino que podrán participar directamente mediante correo certificado o en urna en los consulados.

La web expone que, para el voto presencial, la Oficina del Censo Electoral envía a todos los votantes una tarjeta censal donde figura la sección en la que están censados y la mesa en la que les corresponde votar, con la dirección del colegio electoral. La identificación se realizará mediante el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o permiso (carné) de conducir (con fotografía), válido también mediante la aplicación miDGT de la Dirección General de Tráfico. No importa que dichos documentos estén caducados, pero deben ser los originales, en ningún caso fotocopia.

Voto por correo

En el caso del voto por correo, se puede solicitar desde el 4 de abril hasta el 18 de mayo y cabe la posibilidad de hacerlo a través del impreso de solicitud en la oficina de Correos o bien de forma online en la página web de Correos. Para esta última opción, es necesario disponer de un certificado DNI Electrónico (obtener DNI electrónico) o un certificado digital válido. Posteriormente, se podrá ejercer el derecho al voto entregándolo en una oficina de Correos.

El solicitante tiene de plazo para depositar el sobre con su voto hasta el 24 de mayo, en los horarios habituales de apertura de las oficinas postales. Hay que tener en cuenta que, una vez solicitado el voto por correo, ya no se puede votar personalmente en la mesa electoral.

Los canarios residentes en el extranjero tienen dos opciones para votar por correo, que depende de la circunstancia en la que se encuentren. Si son residentes permanentes en el exterior, basta con que estén inscritos en el CERA. Si están temporalmente en el extranjero, pero siguen censados en Canarias, deberán solicitar previamente el voto en el Registro de Matrícula Consular (RMC) como no residente.

El votante CERA podrá elegir indistintamente entre votar por correo o votar en urna entre el 24 y el 26 de mayo. En este último caso, deberá entregar personalmente los sobres en la embajada, oficina o sección consular en la que esté inscrito, o en los lugares que a tal efecto se habiliten para ello. También puedes votar en los consulados honorarios de España en el extranjero.

Voto accesible

La legislación española exige que los locales electorales deben ser accesibles a las personas con limitaciones de movilidad. Las personas asistentes pueden facilitar el acceso de personas discapacitadas a los colegios electorales, y en los casos que resulte imposible su acceso, el presidente o la presidenta de la mesa sacará la urna al lugar donde se encuentre esa persona.

En el caso de que no puedan desplazarte a una oficina de Correos, otra persona, autorizada notarial o consularmente, podrá solicitar el voto por correo en su nombre. En ese caso, el desplazamiento del notario o cónsul es gratuito. El plazo para solicitar el voto por correo es del 4 de abril al 18 de mayo y el voto se remitirá entre el 6 y el 24 de mayo.

Las personas con discapacidad visual que conozcan el sistema de lecto-escritura braille y tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o sean afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), y deseen utilizar el procedimiento de voto accesible regulado, deben inscribirse llamando gratis al 900 103 800, desde la convocatoria del proceso electoral hasta el día 1 de mayo.

Una vez realizada la comunicación anterior, el votante con discapacidad visual recibirá una confirmación de la recepción de la misma que le habilitará para recoger la documentación en la mesa electoral. El día de la votación, se dirigirá a el presidente o la presidenta de la mesa electoral, que, tras comprobar que el votante solicitó el voto accesible, le entregará un maletín con la documentación necesaria para ejercer su derecho a votar.

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El portal de Transparencia publica un visor interactivo para conocer qué, cómo y a quién contrata el Gobierno

El portal de Transparencia publica un visor interactivo para conocer qué, cómo y a quién contrata el Gobierno

La ciudadanía ya puede consultar, de una forma sencilla, los contratos suscritos por el Ejecutivo canario desde 2020 y en función de distintos criterios: año, categoría, tipología de contrato o procedimiento, entidad adjudicadora y empresa adjudicataria

De este modo, se facilita el acceso al número de contratos públicos que un mismo proveedor ha suscrito durante un periodo de tiempo o a cómo ha evolucionado el importe total de adjudicaciones que ha desarrollado cada departamento de la Administración autonómica

Según esta herramienta, en 2020 se adjudicaron 3.646 contratos; en 2021, ascendieron a 5.743; en 2022, disminuyeron a 3.647; y, en el tiempo transcurrido de 2023, se han registrado 923

Es una herramienta para informar de la contratación pública de manera ordenada y sencilla, a partir de los datos que obran en mano de la propia Administración, a los que se podía y puede acceder y conocer por distintos portales y plataformas del Gobierno

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado un visor interactivo de contratos, dentro de su portal de Transparencia –www.gobiernodecanarias.org/transparencia–, en el que se puede consultar, de una forma clara y sencilla, los contratos suscritos por el Gobierno de Canarias desde 2020, en función de distintos criterios: año, categoría, tipología de contrato o procedimiento, entidad adjudicadora o empresa adjudicataria.

El propósito de esta herramienta, que forma parte de los objetivos marcados al inicio de la legislatura por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, tal y como explica su titular, Marta Saavedra, es permitir a la ciudadanía comprender la contratación desde todas sus dimensiones (modalidad, adjudicador, línea de tiempo…), de una forma muy intuitiva, gracias a su grafía, y a través de muy pocos elementos.

A juicio de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, es importante que las administraciones visualicen de manera sencilla sus contratos en los portales de transparencia. Cuanto mejor se transmita esta información, más se estará avanzando en buenas prácticas en transparencia. “La ética en la gestión pública se mide, entre otros indicadores, por su manera de comunicar la contratación pública, y este visor no solo sirve para facilitar el acceso a la información, también contribuye, sin duda, a generar confianza al usuario y legitimidad pública”.

Mediante este visor interactivo, la ciudadanía puede acceder más fácilmente al número de contratos públicos que un mismo proveedor ha suscrito durante un periodo de tiempo o conocer de forma sencilla cómo ha evolucionado el importe total de contratación que ha desarrollado cada departamento de la Administración autonómica.

Como su propio nombre indica, es interactivo y ofrece al usuario la posibilidad de interactuar con el visor, establecer criterios de filtrado y consultar los detalles más pequeños en el contrato. En un primer vistazo a esta herramienta, se observa la página dividida en tres porciones. En la primera, se muestra la proporción del importe de los contratos, apareciendo el tamaño de cada departamento adjudicatario en función del montante de los contratos adjudicados. En la segunda, la línea temporal, con cuatro tipos de contratos –patrimonial, suministros, servicios y obras–, y las estadísticas generales; y en la tercera, el detalle de los principales adjudicatarios. Si se pincha o hace clic en uno de los contratos, aparece una ficha detallada del cómo se ha desarrollado el proceso de adjudicación.

De este modo, la ciudadanía puede ver que desde 2020 se han adjudicado 13.959 contratos por un importe de 2.095.980.137,77 euros, 3.346 de ellos en 2020, 5.743 en 2021, 3.647 en 2022 y 923 en el tiempo transcurrido de 2023.

También puede observar cómo, en estos cuatro años (2020-2023), se han suscrito 9.360 contratos de suministros, por un montante de 886.106.951,56 euros; 4.049 de servicios, por un importe de 800.899.284,97 euros; y 538 de obras, por un volumen de 408.406.577,61 euros.

Las entidades que han realizado mayores desembolsos son la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, con 277 contratos por 277.814.123,21 euros; la Gerencia de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, 39 contratos por 266.996,273,97 euros; la Consejería de Sanidad, 160 contratos por 247.151.074,79 euros; la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, con 1.133 contratos por 182.253.024,59 euros; la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, con 953 contratos por 163.805.916,97 euros; y la Dirección general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, con 890 contratos por 137.205.632,08 euros.

El visor de contratos es una herramienta para informar de la contratación pública de manera ordenada y sencilla, a partir de los datos que obran en mano de la propia Administración, a los que se podía y puede acceder y conocer por distintos portales y plataformas del Gobierno.

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El IMLCF de Las Palmas, acreditado como unidad docente del MIR para los médicos especializados en Medicina Forense

El IMLCF de Las Palmas, acreditado como unidad docente del MIR para los médicos especializados en Medicina Forense

Esta acreditación sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los ocho centros de España que pueden impartir esta formación lo que facilita que los médicos forenses continúen después en las islas

También se ha anunciado la habilitación, dentro del IMLCF Las Palmas, de un espacio dedicado a víctimas especialmente vulnerables como los menores, a los que se proporciona un espacio amigable adaptado al niño, niña o adolescente, denominado Casa de la Infancia

Esta actuación forma parte del proceso de humanización de la justicia promovido por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de esta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado este viernes, junto con su homólogo de Sanidad, Blas Trujillo; y la directora y subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, María José Melián y Eva Bajo, respectivamente, la acreditación del IMLCF de Las Palmas como unidad docente responsable del programa de Médico Interno Residente (MIR) para la formación de los médicos especializados en Medicina Forense.

Esta acreditación, que se ha logrado tras un proceso complejo, que ha requerido un importante trabajo, sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los 8 centros dentro de España donde se puede impartir esta formación MIR, (Barcelona, Murcia, Zaragoza, Albacete, Burgos, Bilbao y Cáceres), al poder acoger a un residente por año.

La Medicina Forense es una especialidad médica creada en 2020, que requiere que los IMLCF, para poder impartir esa formación a los MIR, se acrediten frente a Sanidad aportando un proyecto formativo y acreditando el cumplimiento de una serie de estándares de calidad.

Además, esta acreditación sitúa a estos centros no solo como unidades de apoyo fundamental a la actividad judicial, con la elaboración de pruebas periciales, sino como centros de formación e investigación, lo que redunda en la calidad y excelencia de su labor.

Julio Pérez ha explicado que el hecho de poder formar a los MIR es una señal importante sobre la calidad formativa de las instalaciones del IMLCF de Las Palmas, similar a las grandes instalaciones hospitalarias, que es donde habitualmente se lleva a cabo, y ha agradecido al Ministerio de Sanidad la acreditación.

Blas Trujillo ha destacado el esfuerzo del IMLCF de Las Palmas para acreditar la formación MIR de especialistas en Medicina Forense, lo que ha permitido que este IMLCF sea uno de los ocho que existen en España con acreditación del Ministerio de Sanidad. Para ello, ha dicho, se ha firmado un convenio con el SCS para la rotación de los MIR en los hospitales del Servicio Canario de Salud (SCS) durante su periodo formativo de cuatro años.

La directora del IMLCF de Las Palmas ha agradecido al equipo de la Consejería de Sanidad los logros de esta legislatura y se ha referido a la sala de autopsias nivel de bioseguridad, a la colaboración con los centros sanitarios y a la acreditación presentada hoy, que va a permitir el relevo generacional con médicos especialistas formados en el propio IMLCF de Las Palmas. A su juicio, la unión entre Sanidad y Justicia debe estar siempre. Por su parte, Eva Bajo, ha hecho hincapié en que esta acreditación supone un impulso para el IMLCF de Las Palmas.

Casa de la Infancia

Julio Pérez ha mostrado también, a través de una visita a sus instalaciones, la finalización de la obra de la Casa de la Infancia del IMLCF de Las Palmas, una iniciativa promovida desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dentro de su labor de humanización de la justicia como vía de mejora de su calidad y con el objetivo de aportar más valor y alcanzar la excelencia, que se sustenta en la eficiencia y eficacia de todos los procesos.

Dentro de ese proceso de humanización de la justicia se encuentra la adaptación de los espacios judiciales en los que se trata con víctimas vulnerables a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos.

Sin duda, cuando una persona ha sido víctima de una grave agresión afloran unos sentimientos de vulnerabilidad extrema, casi imposible de soportar. Ese daño se revive durante todo el proceso judicial de manera reiterada. Por ello, necesitamos de toda nuestra capacidad para que el resultado de este proceso judicial sea un éxito compartido para todas las personas implicadas, que van desde las víctimas y sus familiares, hasta los profesionales que trabajan en este ámbito. Y muy especialmente en el caso de menores.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estas instalaciones deben ser un ejemplo, un faro que ilumine el camino a seguir por otros juzgados, como han hecho recientemente en Valencia, al copiar las que hay en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Ha resaltado, además, que se ha hecho con unos presupuestos modestos, muy manejables.

Blas Trujillo ha valorado el trabajo de todos los que han hecho posible este espacio amigable, un proyecto referente, en su opinión, calificativo que ha compartido María José Melián, que lo ha puesto como ejemplo para la atención de la infancia en toda España.

La subdirectora del IMLCF de Las Palmas ha señalado que la Casa de la Infancia es un modelo público en el que está todo integrado, una actuación innovadora, donde las instalaciones llevan aparejado un proyecto de investigación y atenciones. Se trata de una experiencia novedosa de la que está pendiente mucha gente fuera.

Tanto en la presentación de la acreditación docente como en la visita de las instalaciones de la Casa de la Infancia han estado presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y el director del IMLCF de Tenerife, Jesús Vega.

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