Además de la adquisición de una mesa de autopsias e instrumental forense, durante el verano se han realizado obras y se han renovado los ordenadores en el Juzgado

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha realizado mejoras en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) en la isla de El Hierro, donde se ha instalado recientemente una nueva mesa de autopsias y renovado el instrumental, además de acometer durante el verano varias obras en el Juzgado de Valverde y el suministro de material informático.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, anunció la realización de estas medidas en la visita realizada a la isla en el mes de julio, conforme al programa que lleva a cabo su departamento y cumpliendo con el compromiso de la consejera de dotar a las islas no capitalinas de los medios necesarios, tanto en el edificio judicial, como en las instalaciones que tiene en uso el médico forense.

En este sentido, la sala habilitada en el tanatorio municipal de Frontera se ha dotado de una nueva mesa de autopsias ergonómica, con sistema de elevación, ducha extensible e hidroaspirador, equipada también con un sistema de desinfección por ozono, que elimina todo tipo de agentes contaminantes.

En lo que se refiera al Juzgado de Valverde, durante el verano se han sustituido la totalidad de las rejas exteriores de la planta baja, que se encontraban oxidadas, y se ha hecho entrega de los nuevos ordenadores para la plantilla, dentro del pedido informático que se está distribuyendo por las islas no capitalinas de la provincia, que se completará en el mes de octubre con la recepción de las dobles pantallas.

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El instituto está reconocido por el Ministerio de Sanidad como unidad docente para formación sanitaria especializada

El itinerario formativo de cuatro años incluye una rotación en el Servicio Canario de la Salud

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, ha dado hoy la bienvenida a la primera médica interna residente (MIR), Luz María Paredes, que realizará su itinerario formativo en la especialidad de Medicina Legal y Forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas, acompañada por la directora del instituto, María José Meilán.

El IML de Las Palmas es, desde el año2022, uno de los nueve Institutos de Medicina Legal y Ciencias forenses acreditados para formar a los médicos en esta especialidad, de la que se han ofertado doce plazas para toda España.

Durante cuatro años, la MIR se formará en las competencias propias de su especialidad, como son la clínica médico legal y forense, la psiquiatría legal y forense y la patología forense. Además, en virtud de un acuerdo firmado con el Servicio Canario de la Salud, los residentes del IML podrán completar su formación con una rotación por los servicios de Atención Primaria, Radiodiagnóstico, Medicina Interna, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Anatomía Patológica, Ginecología, Pediatría, Psiquiatría y servicios de prevención de riesgos laborales, en los hospitales de la isla.

Según explicó la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, la relación laboral de la residente recae en la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que asumirá las retribuciones durante los cuatro años y que superarán los 150.000 euros, ya que el IML es un centro adscrito a Justicia, y su puesta en marcha supone un impulso importante a la labor que desarrolla el Instituto en las ciencias forenses y en el auxilio a la justicia, tanto en el desarrollo teórico-legislativo como y, fundamentalmente, en el modo más práctico de aplicación de los conocimientos médicos en el ámbito judicial.

Esta especialidad médica resuelve problemas legales, aplicando los métodos y conocimientos de la medicina, a través de la observación, documentación, recolección, asesoramiento e interpretación de las pruebas en el marco de las investigaciones clínicas y post mortem requeridas en los diferentes campos del derecho. Sus objetivos principales son el estudio de la causa y circunstancias de la muerte y la valoración pericial de las lesiones físicas o psíquicas. Asimismo, otras áreas de actuación son la toxicología, psiquiatría, genética o antropología forenses y el asesoramiento en cuestiones legales y bioéticas.

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La finalidad es aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo ajustada a la actual carga de trabajo

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, se ha reunido con representantes del Comité de Empresa del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para concretar las necesidades de personal del centro para hacer frente al incremento que se ha producido en la carga de trabajo en los últimos años. 

“Tanto en el IML de Las Palmas como en el Tenerife nos hemos encontrado con una plantilla insuficiente, que no se ha ido adecuando al progresivo aumento del número de juzgados y, por lo tanto, al aumento también del volumen de trabajo que deben afrontar ambos centros”, explica De León.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de la que depende la Dirección General de Relaciones con la Justicia, se marcó entre sus prioridades al inicio de esta legislatura, hace ahora 9 meses, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para poner solución a este desajuste que ambos centros arrastran desde hace años.

“La reunión de hoy ha servido para identificar qué especialidades y perfiles profesionales hay que reforzar y seguiremos trabajando conjuntamente con el Comité de Empresa para definir esa nueva RPT”, añade Mari Carmen de León, que aclara que hasta que se creen y se cubran las nuevas plazas, la Dirección General afrontará las carencias de personal con contrataciones temporales, como ha venido haciendo estos últimos meses.

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La directora general se ha reunido hoy con el Comité de Empresa del IML de Santa Cruz de Tenerife, que representa al personal laboral

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María del Carmen de León, se reunió hoy con el Comité de Empresa del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, que representa al personal laboral, con el objeto de seguir avanzando en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita incrementar de plantilla existente y adaptarla al Real Decreto 144/2023 por el que se aprueba el reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El personal laboral del IML está integrado principalmente por psicólogos, trabajadores sociales y auxiliares de autopsias.

La modificación de la RPT es una de las actuaciones que tiene en marcha la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirge Nieves Lady Barreto, para mejorar los dos IML de Canarias, además de ampliar los medios materiales y trabajar en una nueva sede para el IML de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En esta línea, desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se ha reforzado la plantilla con la contratación de dos nuevos auxiliares de autopsia para el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife, además de la incorporación de un médico forense en el IML para el partido judicial de Arona, dando respuesta a una demandas existente desde hacía más de un año.

En lo que respecta a material fungible, la Dirección General ha multiplicado un 300% el presupuesto, pasando de 15.000 a 50.000 por cada uno de los IML y ha anunciado la inversión de casi cuatro millones con fondos europeos MRR para mejorar los procesos de gestión y la dotación de medios técnicos.

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Tendrán lugar los días 25 y 26 de noviembre en el Salón de Actos del Museo Casa Colón de la capital grancanaria

El Museo Casa Colón de Las Palmas de Gran Canaria acogerá este 25 y 26 de noviembre las Jornadas Sobre Vulnerabilidad y Violencia de Género, organizadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Según explica la directora del IMLCF de Las Palmas, María José Meilán, estas jornadas están enfocadas en las víctimas especialmente vulnerables porque, a la condición de mujeres víctimas de violencia, se une alguna condición personal que las hace especialmente sensibles, y porque en muchas ocasiones estos tipos de violencia son aún más ocultas por la dificultad que estas mujeres tienen para solicitar ayuda.

Las jornadas están abiertas a la ciudadanía tanto de manera presencial como en línea. Para ello, las personas interesadas tendrán que rellenar la inscripción en la página web jornadasvulnerabilidadyviolenciadegenero.com. Estas jornadas se organizan dentro de las acciones del Pacto de Estado del Ministerio de Igualdad.

El acto de inauguración se iniciará este jueves a las 09.00 horas y contará con la presencia de la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, la directora del IMCLF, María José Meilán, y la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina.

La primera mesa se iniciará a las 09.15 horas bajo el título Los cuerpos de las mujeres prostituidas son el mapa de todas las Violencias Machistas, que la dará Begoña Vera, responsable de formación, sensibilización e incidencia política del Programa Daniela Oblatas. Tras ella, a las 10.15 horas, comenzará la conferencia Mujeres frente a la necropolítica, a cargo de Helena Maleno, investigadora especialista en migraciones y trata de seres humanos.

A las 11.45 horas comenzará la ponencia Violencia de género en mujeres mayores. Intersección de edad y género, a cargo de Elena Ruiz-Santa Quiteria, responsable de incidencia y formación en HelpAge España, e Inma Mora, responsable de comunicación y experta en Estudios de Género en HelpAge España. La primera mesa redonda de las jornadas será a las 12.45 horas con Begoña Vera y Helena Maleno y con la moderación de María José Meilán.

La jornada de tarde comenzará a las 15.30 horas con la ponencia Menores que han vivido la Violencia de Género contra su madre en España, que la realizará María José Díaz-Aguado, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Complutense. El primer día concluirá con una mesa redonda moderada por Eva Bajo, médica forense, con la intervención de María José Díaz-Aguado y de Tomás Martín, magistrado-juez del Juzgado especializado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

La jornada del viernes comenzará a las 10.00 horas con la ponencia Vulnerabilidad a la Violencia de Género y Trastorno Mental Grave, a cargo de Enrique Hernández, exjefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil y exprofesor asociado de la Facultad de Medicina de Las Palmas de Gran Canaria. Tras esta intervención, a las 11.00 horas, será la conferencia ¿Cómo es la violencia de género dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA)?: características y herramientas de apoyo, a cargo de Ariadna María Rodríguez, Monitora de actividades de la Asociación Asperger TEA Islas Canarias (AsperCan), técnica en Integración Social y educadora social graduada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y de Sonia Marrero, psicóloga sanitaria de la Asociación Asperger TEA Islas Canarias (AsperCan), licenciada por la Universidad de Salamanca.

La última mesa redonda de las jornadas se iniciará a las 12.30 horas y contará con la intervención de Ariadna Rodríguez y María José Meilán y será moderada por Esperanza Bosch, jefa del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil. Tras esta mesa, a las 13.30 horas, se clausurarán las jornadas.

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El proyecto comenzará con la Casa de la Infancia, que se construirá en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, dando cumplimiento a la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, está desarrollando un plan funcional sobre el espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas dentro de los órganos judiciales con el fin de adaptar estos espacios judiciales a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos. El primero de estos espacios adaptados será el de la Casa de la Infancia, que comenzará en breve su construcción en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto de edificios judiciales irá adaptándose entre 2022 y 2023.

Con el planteamiento de estas nuevas salas de espera, atención y declaración específicas para las víctimas se busca evitar situaciones en las que estas puedan verse expuestas públicamente, lo que provoca su doble victimización, así como dotar el proceso de declaración y toma de pruebas de una mayor seguridad, lo que permitirá prevenir el aumento del estrés de estas personas.

Esta mejora en la atención está impulsada desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que ha encargado el análisis de las instalaciones judiciales en las Islas y el diseño del proyecto.

Casa de la Infancia

La Casa de la Infancia adaptará los espacios judiciales en los que se trata con víctimas menores de edad a nuevos modelos organizativos que promoverán evitar el contacto entre ellas y el procesado en cualquier fase del procedimiento y que tratarán de evitar, siempre que sea posible, que las y los menores de edad deban prestar declaración en el plenario.

Según señala la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el espacio dará cumplimiento a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mes de junio. En ella se remarca la importancia de los espacios como entornos adaptados a las víctimas menores de edad.

En concreto, en esta normativa, en el artículo 10, se apunta sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas y, para ello, se hace hincapié en que para ello se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios con el fin de que el testimonio de la víctima se obtenga con rigor, tacto y respeto. Además, el artículo 11 recoge que las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado.

En la actualidad se cuenta con varias salas de espera adaptadas para menores que serán renovadas con este nuevo diseño. En concreto, el proyecto unirá estas en una gran sala de espera en las que las víctimas podrán deambular, aparte de dos salas de espera privadas para casos especiales. Estas serán espacios cálidos que contarán con vegetación interior y mobiliario en tonos cálidos y ergonómicos para mejorar la confianza de las personas.

También se reordenará el espacio dedicado a las salas Gessel, pasando a contar con cuatro salas de este tipo y dos polivalentes para la toma de declaración de menores por videoconferencia, entrevistas a menores o para pruebas constituidas. Así mismo, todos estos espacios contarán con luz y ventilación natural.

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La contratación, financiada a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, permite poner en marcha un sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha incorporado a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife diez psicólogas y psicólogos para poner en marcha un proyecto de sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual.

Desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se ha trabajado para llevar a cabo este programa temporal, que podrá renovarse en años sucesivos, seleccionando a diez profesionales cualificados, cinco para cada uno de los IML, que cuentan con formación y experiencia profesional acreditada en el ámbito pericial forense y, en concreto, en la violencia de género, la exploración, evaluación y diagnóstico de menores víctimas de abuso y explotación sexual, así como en trauma y veracidad del testimonio.

El programa, que deberá ejecutarse hasta que finalice este 2020, está financiado con 96.300 euros provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y permitirá dotar de los recursos necesarios para reforzar sus actuaciones en materia de intervención específico en los casos de violencia de género y violencia sexual contra mujeres y personas menores de edad, además de asegurar la presencia de los profesionales especializados que permitan de una manera eficaz asegurar la protección de las víctimas, creando equipos de asesoramiento técnico penal especializado.

También garantiza las condiciones para la validez procesal de los procedimientos y reúne las condiciones adecuadas para la exploración de personas de mayor vulnerabilidad y para las prácticas de las pruebas que necesitan en el proceso judicial, así como dar respuesta a la alta demanda de solicitudes por parte de las delegaciones judiciales de actuaciones específicas para víctimas de mayor vulnerabilidad.

Así mismo, con la puesta en marcha de este proyecto, se asegura la atención adecuada de las víctimas realizando las intervenciones en un tiempo más corto, lo que favorece las calidades técnicas de la prueba preconstituida u otras exploraciones o informes que se elaboren, reduciendo los riesgos de la victimización secundaria.

La actuación de estos diez profesionales de la psicología comprende varias funciones como la asistencia y valoración inicial de la prueba preconstituida en las víctimas menores de edad o con discapacidad; la evaluación médico-psicológica de las víctimas a través de entrevistas o pruebas diagnósticas; la elaboración de informes periciales; la asistencia a juicio para defensa del informe pericial, para lo cual podrán ser llamados meses después de finalizado el contrato o, en caso necesario, el traslado a otras islas para la adecuada atención de los casos.

Aparte, los profesionales tendrán que elaborar estadísticas y un informe final que contemple, como mínimo, el número de casos, con detalle del número de citas; los datos objeto de las periciales; estadísticas con datos disgregados en cuanto género, edad y tipo de intervención, así como si los hechos se incardinan dentro de la violencia de género o la violencia sexual; y los déficits detectados con propuestas de mejoras.

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